EDITORIAL: Estado de excepción para el despojo nacional

EDITORIAL: Estado de excepción para el despojo nacional

Mayo y junio han sido meses de agitación y acción colectiva. La defensa de los derechos laborales y de la educación pública, ocuparon un lugar central en la agenda de trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general. En estos dos últimos meses se han realizado más de diez plantones que iniciaron en Quito y que pronto se expandieron a otras ciudades del país en rechazo al recorte de lo público, a los despidos y a las políticas de ajuste estructural del gobierno de Lenin Moreno.

En este contexto de ebullición de la protesta social, Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa, expidió el Acuerdo Ministerial 179 que, con seguridad, abrirá las puertas a la violencia y a los excesos policiales que hoy tienen a EE.UU. en medio de las llamas y la indignación generalizada.

Y es que, aprovechando la declaratoria de pandemia COVID-19, el gobierno ecuatoriano se ha valido del toque de queda como escudo para arremeter contra las universidades, vender empresas públicas, eliminar subsidios a los combustibles, esquilmar al pueblo y continuar pagando a acreedores internacionales.

De acuerdo a información actualizada a mayo de 2020, por servicio de la deuda, entre enero y abril de este año, el ministro Richard Martínez habría pagado USD 2.436 millones. De este monto, más de USD 1.900 millones correspondería al pago de capital e intereses de deuda externa, incluyendo los bonos.

En medio del cumplimiento irrestricto de este trasnochado recetario neoliberal, que ha acentuado la crisis económica en lugar de aliviarla, nos aproximamos de forma casi inadvertida a las elecciones nacionales de 2021, sin contar aún con reglas claras que garanticen la pureza y legitimidad de los comicios venideros. Más transparencia democrática es la mejor receta contra el fraude.

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