La Asamblea Nacional del Ecuador se enreda en prejuicios y dogmas al regular el aborto por violación. Los legisladores contraponen a las razones y estándares internacionales, sus propias creencias religiosas.
El aborto en casos de violación está despenalizado en Ecuador desde abril del año pasado por una sentencia de la Corte Constitucional. Desde ahí la Asamblea Nacional tiene la obligación de regular el acceso de las mujeres embarazadas víctimas de violación a la interrupción del embarazo sin que haya requisitos que obstaculicen su decisión. Sin embargo el debate legislativo ha estado repleto de trabas, absurdos y justificaciones.
Justamente, una de esas trabas ha sido establecer plazos para acceder al aborto por violacion, introduciendo parámetros de discriminación entre las propias víctimas en función de cuán temprano llegan al sistema de salud. Al respecto, y como lo menciona nuestra articulista Johanna Romero, la demora no debe ser una carga para las víctimas cuando es el Estado el responsable de esa «tardanza».
Por ello es que cualquier diferencia en el acceso al aborto por violación, en términos de plazos, reafirma la discriminación que la Corte buscó eliminar con su sentencia.
El fallo de la Corte determinó que no puede darse discriminación en el trato hacia una mujer gestante producto de una violación, a menos q exista justificación objetiva y razonable. Cabe por tanto preguntarse ¿cuál es el criterio objetivo y razonable que está usando la Asamblea Nacional para llegar a estos plazos?
Por ejemplo, la propuesta de la Izquierda Democrática contempla el plazo de 20 semanas para las niñas de hasta 14 años; 18 semanas para mujeres de 14 a 18 años; y, 16 semanas para mayores de 18 años. Cabe por tanto reiterar la pregunta ¿cuál es el criterio que utilizó este partido para plantear estos plazos y no otros?
La Asamblea debe hacer historia y darle al país una ley justa y reparadora. Lastimosamente, el único partido político con una postura clara, institucional y orgánica, en defensa del aborto por violación es el Partido Socialista Ecuatoriano que, coherente mente, aseguró los votos de sus asambleistas Rocío Yépez y Diego Esparza en favor de un informe justo, digno y reparador.
