A propósito de la reciente tragedia de La Gasca en la ciudad de Quito, se hizo presente como un sacudón ético, la necesidad apremiante de que los municipios, el gobierno central y la propia sociedad, reconsideren profundamente el modelo de desarrollo urbano hegemónico que pone en riesgos la vida de los habitantes y la propia naturaleza de las ciudades en un contexto de plena emergencia climática.
Nuestras ciudades y los territorios que las componen deben mirar más allá de los componentes físicos y materiales y entenderse como bienes comunes. En esta misma perspectiva, es necesario avanzar en marcos legales y de gobernanza que posibiliten construir comunidades más justas y democráticas. Eso pasa por asumir los efectos del cambio climático de forma equitativa.
Pero reclamar la ciudad como bien común, involucra construir un nuevo paradigma que incida en la dimensión material, política y simbólica. Esto pasa obligatoriamente por los siguientes elementos: espacios públicos, tierras públicas, calles y ecosistemas manejados comunitariamente; función social de la propiedad y la ciudad; sistema de gobernanza del suelo inclusivo y articulado; y, sentido de autoridad compartido.
Finalmente, la acción climática debe estar posicionada sobre la base de la noción de justicia climática, orientada a encarar la desigualdad y garantizar los Derechos Humanos. Esta comprensión tiene sus raíces en la noción de igualdad y la responsabilidad compartida que tenemos todos frente a la madre tierra y al futuro.
