La Corte Nacional de Justicia el Fiscal General del Estado Estado, Paúl Pérez Reina, acusó a Rafael C., expresidente de la República, Pablo R., exsecretario de Inteligencia, a Raúl Ch., y Diana F. exagentes de la Policía Nacional, como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) a Fernando Balda. También solicitó a la Jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, el correspondiente auto de llamamiento a juicio para cada uno.
La máxima autoridad de la institución presentó en total 103 elementos de convicción en contra de los procesados y solicitó a la magistrada, se ratifiquen la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de las respectivas cuentas bancarias de los todos los procesados así como las medidas cautelares de protección en favor de Fernando Balda, Raúl Ch., y Diana F., los dos últimos, forman parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado.
Dentro de los elementos presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, están las versiones rendidas por funcionarios de la Presidencia, del Ministerio del Interior, de la Secretaria de Inteligencia, informes periciales que demuestran que los hechos no fueron aislados sino que obedecieron a una cadena de mando. También cotejamientos de voces de una conversación de 2015 entre Pablo R., Raúl Ch., y Diana F. cuyo tema principal fue el secuestro a Balda.
Asimismo, se pusieron a disposición de los sujetos procesales oficios en los que demuestran que los exagentes nunca tuvieron autorización para viajar a otro país para realizar un determinado trabajo, las cartas de Raúl Ch., y Diana F. enviadas a Rafael C. en las que le advierten sobre el descuido o caso omiso de las autoridades de Estado sobre este caso y los testimonios anticipados de los exagentes que sustentan la teoría del caso presentada por la Fiscalía.
De acuerdo a las investigaciones realizadas el delito suscitado en Colombia en 2012, se habría realizado por orden del expresidente de la República, quién aprovechándose de su autoridad dispuso al exsecretario de Inteligencia ubicar y traer a toda costa a Balda al territorio ecuatoriano esto en virtud de que el exasambleista habría hecho pública, en redes sociales, la denuncia de un ciudadano quién aseveró ser víctima de acoso sexual de parte de Rafael C. lo que se conoce como el caso “Mameluco”.
Obedeciendo a la cadena de mando, Pablo R., dispuso a Raúl Ch., en aquel entonces agente de Inteligencia de la Policía Nacional, cumpla con lo dispuesto y éste para lograr el cometido, contrató a cinco personas a las que habría pagado con fondos de gastos reservados del Estado, para no levantar sospechas.
Por su parte Diana F., a más de acompañar y vigilar las acciones de Raúl Ch., informaba verbalmente a su inmediato superior cada una de las actividades que se realizaban en Colombia lo que fue corroborado en los testimonios anticipados rendidos por los exagentes de Policía dentro de la técnica de investigación conocida como cooperación eficaz.
El Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, resaltó que el trabajo realizado por la institución en este y los demás casos que investiga se lo realiza con objetividad, transparencia y sin ningún tipo de presión política. Recalcó que rechaza todo tipo de presión que han recibido los exagentes de Policía acto que lo calificó como deslealtad procesal. “Buscamos la verdad de los hechos y los responsables responderán ante la justicia”, manifestó.
Operaciones “secretas”
El secuestro a Fernando Balda -operación balón o Wilson- tuvo su antecedente en la denominada operación Guayacán que planificó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para asistir a una reunión de políticos y activistas en Medellín, en el salón Guayacán del Hotel Las Lomas, a la que asistió el expresidente de Colombia Álvaro Uribe y Fernando Balda. Allí se infiltraron los exagentes Raúl Ch., y Diana F.
Según la Contraloría General del Estado, para financiar las dos operaciones se utilizó dinero de los fondos especiales de la Senain a través de dos cheques girados a nombre de Raúl Ch, por USD 10 mil y USD 11 mil 800, respectivamente. Además, se conoció a través de la información desclasificada por la Secretaria de Inteligencia que existe un documento que detalla que USD. 43 mil 300 se utilizaron en una operación denominada secuestro.
Datos:
El plagio está tipificado en los artículos 188 y 189 numeral 4 y la asociación ilícita en el 369 de Código Penal vigente a la fecha que se cometió el delito. Actualmente, ambos delitos se encuentran en los artículos 161, 162 y 370 del Código Orgánico Integral Penal, respectivamente.
Fuente: Fiscalía General del Estado (Boletín 188)
