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Los derechos al mínimo en el Estado de excepción

José Luis Chuquizala Viera

La crisis sanitaria mundial, como presupuesto y motivación para la declaratoria de regímenes especiales de actuación estatal (básicamente estados de excepción, de alarma o de sitio)[1], ha provocado una especial consecuencia jurídica en la adopción de medidas excepcionales que se traducen en restricción o suspensión a los derechos constitucionales, fundamentales o humanos[2], con la finalidad de proteger “bienes jurídicos superiores”: la vida y con ello la salud pública. Sin embargo, dichas restricciones o suspensiones no se pueden manejar someramente, sino por el contrario, con estricto cuidado y análisis, respetando la Constitución y los instrumentos internacionales que regulan aquellas limitaciones a los derechos y  la responsabilidad que tiene el Estado en garantizarlos.

Desde mediados del mes de marzo de 2020, fecha en la cual se agudizó la emergencia sanitaria por el Covid-19, varios Estados se han visto obligados a aplicar medidas excepcionales respecto a la conducta de sus habitantes, amparados en declaratorias de emergencia o su equivalente, para facultar su actuación de manera extraordinaria. Esto, con el fin de atenuar los efectos de la pandemia mundial en lo referente a la salud, lo que ha desencadenado en una serie de limitaciones y suspensiones a los derechos.

Efectivamente existen derechos limitables y no limitables. Los derechos limitables reconocidos en Constituciones e instrumentos internacionales, son aquellos cuyo núcleo esencial puede variar, como el derecho a la libre circulación, al libre tránsito o a la libre asociación.

Estos derechos, en momentos especiales, pueden modificarse o restringirse, e incluso suspenderse; por ello la importancia del carácter temporal que deben tener las medidas. En cambio, los no limitables, son aquellos que no pueden restringirse y peor aún suspenderse, como es el caso del derecho a la vida, a la integridad física o a la prohibición de tortura; es decir estos derechos, por ninguna circunstancia, pueden mermarse.

Para limitar a los derechos es necesario hacer un ejercicio hermenéutico, muy riguroso, con la finalidad que, en la medida de lo posible, no se afecte a su núcleo esencial. Los debates especializados sobre la materia, concluyen que el principio de proporcionalidad nos brindaría una herramienta idónea para analizar la limitación de los derechos constitucionales e internacionales. Este principio señala que deben existir tres pasos fundamentales: el primero es la idoneidad–finalidad, el segundo es la congruencia–necesidad, y el tercero es la proporcionalidad en sentido estricto. En definitiva, el principio de proporcionalidad recomienda analizar si la satisfacción que conseguimos con la protección de ese bien constitucional, es mayor a los perjuicios que causaría su limitación.

Fuente: DW

La idoneidad–finalidad, hace referencia al fin previsto en la Constitución, o en tratados internacionales, fin lícito, interés que justifique al Estado esa restricción de derechos. La congruencia–necesidad, implica contrastar el medio a emplear con otras medidas, menos restrictivas a los derechos, que posiblemente den el mismo resultado. Entonces las medidas adoptadas deben ser idóneas pero también necesarias. Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto–equilibrada, involucra la prohibición del exceso en la medida tomada para limitar el derecho.

En lo que respecta al Ecuador, la Constitución de 2008, en los artículos  164, 165 y 166, señala cuáles derechos pueden ser limitados y prescribe de manera expresa que los únicos derechos que se pueden limitar son “el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información”.

Es decir, sólo para estos derechos deben aplicarse medidas que afecten, de alguna manera, a su núcleo esencial (artículos 66.22; 66.21; 66.14; 66.13; 66.25) que son considerados como derechos de libertad. De esto se deduce, además, que sólo los derechos descritos pueden ser limitados, mientras que todos los demás, reconocidos en instrumentos internacionales y ratificados por el Ecuador, deben ser protegidos sin excepción, restricción o condición.

La Convención Americana de Derechos Humanos[3], determinan, en su artículo 27, qué derechos no pueden ser limitados, estableciendo que “no (se) autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

La Convención Americana se convierte, de esta manera, en un complemento al ordenamiento jurídico nacional, y es de observancia obligatoria para el Estado, puesto que, si bien la Convención no menciona qué derechos pueden limitarse, sí establece cuáles derechos (sea la situación que fuere) no pueden ser conculcados. El artículo 4 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también se refiere de manera genérica a que se debe limitar los derechos en estricto apego al principio de legalidad, en afán de conseguir un “bienestar general en la sociedad democrática”.

Precisamente, el marco constitucional e internacional citado, ha sido funcionalizado por el actual gobierno, para aplicar medidas de limitación de derechos; sobre todo el derecho a la libertad de tránsito y el derecho de reunión y de asociación, por lo que resulta superfluo insistir en su análisis[4].

Sin embrago, no solo hay que reflexionar sobre el contenido de estas restricciones, sino, y sobre todo, abordar detenidamente qué ha hecho el Estado, y qué no, para garantizar el ejercicio de derechos constitucionales como la salud y la educación.

En esta perspectiva, es necesario revisar brevemente el Acuerdo 179, expedido por el Ministerio de Defensa, relacionado con el uso de la fuerza por parte de personal militar.

Fuente: La República EC.

El referido Acuerdo, contiene una serie de directrices[5] que, bajo una motivación aparentemente “constitucional”, deja a discrecionalidad de los miembros de las fuerzas armadas el uso de armas letales (nivel 5 de la escala de uso de la fuerza) que podrían vulnerar la integridad física y la vida de los ciudadanos. El ejecutivo debe retirar las facultades exorbitantes que ha concedido a las fuerzas armadas, porque que solo la Policía Nacional, como lo establece la propia Constitución, es la entidad encargada de garantizar la seguridad ciudadana, en estricta observancia a los derechos humanos. Lamentablemente, el último Decreto Ejecutivo número 1074, de fecha 15 de junio de 2020, “insiste” en que la movilización de las Fuerzas Armadas tienen una actividad “complementaria” a la Policía Nacional, con lo cual se ratifica el espíritu restrictivo e inconstitucional del Acuerdo Ministerial y del propio Decreto. En este marco es fundamental hacerse una pregunta, ¿cómo se garantizará el derecho a la libertad de expresión de aquellas personas que lo único que tienen para ser escuchadas es hacerse sentir en las calles?

No puede el Estado legitimarse en la justificación de la “excepcionalidad”, para lesionar derechos que no son susceptibles de ser limitados bajo ningún concepto.

Por otro lado, durante el estado de excepción han existido una serie de irregularidades en la contratación de bienes y servicios. Tan solo por citar dos ejemplos, la construcción de hospitales y la adquisición de kits de alimentos, fueron temas denunciados por corrupción y sobreprecios. Al respecto, los organismos técnicos de control, como la Contraloría General del Estado, deben velar por el buen manejo de los recursos públicos y también por la calidad de la gestión y el cumplimiento de las competencias y responsabilidades de cada entidad estatal.

Vivimos en un escenario de crisis sanitaria muy complejo, que obliga al Estado ecuatoriano, y en general a todos los Estados, a adoptar decisiones en estricto apego a la Constitución y a los instrumentos internacionales vigentes.

El Estado de excepción debe servir para garantizar los derechos que están en peligro de ser afectados como consecuencia de la pandemia; pero también para proteger otros derechos (a más de los dispuestos por la Convención Americana), como el derecho a la educación, al trabajo, a la atención de grupos prioritarios; y, por supuesto, al derecho a la protesta social.

Referencias:

[1] En Ecuador, el 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, expidió el Decreto Ejecutivo N° 1017 relativo al estado de excepción por calamidad pública por la pandemia de la COVID-19. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 emitido el 15 de mayo de 2020, el presidente de la República dispuso que se renueve el estado de excepción por calamidad pública. Y, mediante Decreto Ejecutivo 1074, de fecha 15 de junio, el Presidente dicta un nuevo estado de excepción, que regirá por 60 días.  En España se expidió el Real decreto 462/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el Covid-19 y otros reales decretos que modificaban o renovaban el estado de alarma en España. Además en América, algunos Estados han declarado Estado de emergencia o su equivalente como Bolivia, Chile, Colombia Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

[2] Estas tres categorías no están tomadas como sinónimos, sino que hacen referencia a la distinta denominación que le dan los diferentes ordenamientos jurídicos respecto de los derechos trascendentales. Así en Ecuador hablamos de derechos constitucionales y en Alemania, por ejemplo, hablamos de derechos fundamentales.

[3] Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969.

[4] La Corte Constitucional mediante dictamen N° 1-20-EE/20 declaró la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 1017 relativo al estado de excepción por calamidad pública. Además mediante dictamen Nro. 2-20-EE/20, declaró la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1052 emitido el 15 de mayo de 2020, en el cual el presidente de la República dispuso que se renueve el estado de excepción por calamidad pública.

[5] Ecuador, Función Ejecutiva, Ministerio de Defensa Nacional Acuerdo 0179. Publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 610. Viernes 29 de mayo de 2020.

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José Luis Chuquizala Viera
José Luis Chuquizala Viera
Abogado por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional, por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (UASB). Candidato a Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Asesor de organizaciones sociales desde el 2008.

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