Víctor Granda Aguilar
Desde que se aprobó la Convención de las NNUU contra la corrupción en 2003, se ha adoptado a nivel internacional una nueva política criminal y se ha modificado la legislación para perseguir y sancionar a los corruptos y para recuperar los activos ilícitos en paraísos fiscales, en centro financieros internacionales y en diversas inversiones en los países del mundo.
En Ecuador, los asambleístas correístas y nebotcistas, cuyos líderes son hermanos siameses en autoritarismo, corrupción, prepotencia y falsedad, al igual que otras organizaciones políticas, han impedido que se aprueben iniciativas jurídicas internacionales para establecer el comiso sin sentencia, el embargo preventivo y la incautación de bienes y recursos provenientes de los delitos de corrupción (peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho, concusión).
Se requiere decisión política del Estado y en especial la acción eficaz del Presidente de la República, de la Procuraduría y de la Fiscalía para que no se mantengan en la impunidad a los corruptos ya que éstos, cuando son detenidos, se apresten a salir de la cárcel sin devolver los cuantiosos recursos públicos robados.
Por ello se debe apoyar la iniciativa legislativa planteada por el ex Contralor Alfredo Corral para que los sentenciados por corrupción no recuperen su libertad hasta que devuelvan lo usurpado.
Las principales empresas corruptoras extranjeras como Odebrecht y las empresas chinas, así como el club de grandes constructores nacionales, y los sobornados en Ecuador -en todos los gobiernos- están perfectamente identificados. También lo están las instancias financieras de Brasil (BNDS) y de China (Banco de Desarrollo o de China –CDB-, EXIBANK y otros) y aún los organismos multilaterales de financiamiento (BM, BID, CAF) que otorgaron créditos y contratos de financiamiento en los que estaban incluidos los sobreprecios y los sobornos y que además, como en el Metro de Quito, no podían celebrarse con empresas sentenciadas por corrupción.
El gobierno con el patrocinio del Procurador del Estado debe enjuiciar a las referidas entidades financieras o cuando menos renegociar con ellos los onerosos créditos que paga el Ecuador por los sobreprecios y los sobornos.
En cuanto a la empresa Odebrecht, que contrató con Ecuador más de 6.000 millones de dólares desde el Trasvase a la Península de Santa Elena, hasta el costoso terraplén de la Refinería del Pacífico y el Metro de Quito y pagó más de 1.000 millones de dólares en sobreprecios y más de 100 millones en sobornos, y debe al Estado más de 200 millones en tributos y 150 millones en glosas, debe ser enjuiciada para exigirle que compense y devuelva al país los recursos mal habidos, como lo ha hecho ya en otros países. De igual manera se debe proceder con las empresas chinas que construyeron centrales hidroeléctricas y comercializaron dolosamente el petróleo ecuatoriano utilizando los mismos esquemas de corrupción.
Resulta extraña la actitud del Procurador que no formula ni toma iniciativa alguna en contra de Odebrecht utilizando ahora el pretexto del incendio de los archivos de la Contraloría cuando los documentos constan también en la Fiscalía desde mucho tiempo atrás.
El Procurador del Estado y la Fiscal General, como lo ha exigido la Contraloría Social de la Comisión Anticorrupción, no pueden seguir sentándose pasivamente en una mesa de “negociaciones” con Odebrecht, sino colocarla en el banquillo de los acusados primero y demandarle que devuelvan al país los sobreprecios y los sobornos que pagaron a los delincuentes disfrazados de funcionarios públicos, además de tributos no pagados y las glosas y multas determinadas e impuestas por la Contraloría en más de 60 exámenes especiales realizados.
Docente de derecho en la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB). Doctor por la Universidad de Salamanca (España). Ex diputado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
