Sentencia ordena: disculpas del Estado, indemnizaciones y juicio de repetición a responsables de tragedia.
El 24 de enero de 2019 se cumplen doce años de la muerte trágica de la Ministra de Defensa Guadalupe Larriva, su hija Claudia Ávila y cinco oficiales de la Aviación del Ejército, coronel Marco Gortaire, capitanes Hugo Acosta, Byron Zurita y Richard Jurado y teniente Luis Herrera como resultado de las órdenes y decisiones irresponsables e ilegales del alto mando militar allí presente y de los jefes de la brigada de Aviación del Ejército de Montecristi, que involucraron a la máxima autoridad política de las Fuerzas Armadas y a su hija menor de edad en un ejercicio peligroso en el que se disparaba fuego real e incluía un vuelo nocturno no programado entre el polígono de tiro y la base de Manta.
Luego de varios años de litigio la justicia penal común dictó un sobreseimiento por el delito de homicidio inintencional agravado mientras que la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, luego de un dilatado proceso que incluyó una acción extraordinaria de protección, emitió la sentencia definitiva en la que reconoció la responsabilidad del Estado en la muerte de Guadalupe Larriva y su hija Claudia y dispuso que el Ministerio de Defensa pida disculpas a la familia, pague indemnizaciones por los daños material e inmaterial ocasionado por un monto total de alrededor de 500.000 dólares y ordene a la Procuraduría inicie las acciones de repetición a quienes por acción y omisión ocasionaron la tragedia.
Durante estos doce años fue evidente la actitud de encubrimiento de Rafael Correa y sus colaboradores con los responsables de la tragedia y de los dirigentes del Partido Socialista que por beneficiarse personalmente en la colaboración con el gobierno no exigieron el esclarecimiento total del hecho y la sanción a los responsables del mismo.
En los primeros días de enero del presente año, el juez ponente del Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca doctor José Alfredo Vásquez Paredes, en su parte final del auto de ejecución del Juicio 2008-0109, dispuso:
“1) La petición de disculpas públicas constan ordenadas en sentencia que se ejecuta; por lo que el Ministerio de Defensa Nacional, en el término de 5 días presente a este Tribunal, el texto de disculpas a ser publicado y señale las fechas de publicación en un diario de circulación nacional y de publicación a constar en su página web institucional.- 2) Corrido traslado a las partes procesales del informe pericial presentado, mediante providencia de 22 de noviembre de 2018 a las 08h13; ninguna de ellas se pronuncia; por lo que mediante razón actuarial de 18 de diciembre de 2018, se establece que no hay constancia procesal de pronunciamiento alguno respecto del informe ingresado el 20 de noviembre de 2018.- 3) En virtud de lo descrito, se aprueba el informe pericial presentado y se dispone se oficiar al Ministerio de Defensa a nombre del Estado Ecuatoriano y de las Fuerzas Armadas, para que en el término de 30 días pague o dimita bienes saneados por los valores dispuestos en la experticia que se aprueba; para lo cual observará lo dispuesto en el artículo 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Se adjuntará copia de la liquidación.- Hágase saber.”
Las familias Ávila Larriva, Larriva-González y Ávila Encalada han solicitado al Ministro de Defensa Osvaldo Jarrín una audiencia y la ejecución de la sentencia dispuesta por la Corte Nacional y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca.
Víctor Granda Aguilar,
ABOGADO DE LAS FAMILIAS RECLAMENTES.
Docente de derecho en la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB). Doctor por la Universidad de Salamanca (España). Ex diputado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
Me parece bien una decision que reconozca responsabilidades. Pero porque siempre, «aunque sea de refilon» como dicen, tratan de involucrar a Correa?. Si Ud. Abo Granda hubiera estado de funcionario actuaria igual?. No, verdad. Seamos mas maduros objetivos, dejemos de ser tontos utiles para otros.