Balance del gobierno de Moreno y la alternativa de la izquierda

Balance del gobierno de Moreno y la alternativa de la izquierda

Víctor Granda Aguilar.

En la mitad del período del gobierno del presidente Lenin Moreno, conviene tener un balance de su gestión; por lo menos sobre los aspectos más relevantes de su política interna y externa, la conducción económica y la atención a las principales necesidades sociales.

En los dos años de gobierno, se ha logrado un aceptable clima de tolerancia y respeto a las libertades públicas y a la libre opinión; un restablecimiento institucional ambiguo y un desigual avance en la lucha contra la corrupción.

La actitud no agresiva del Presidente; las reformas a la ley de comunicación; la eliminación del aparato de propaganda y las sabatinas; y la no manipulación directa de fiscales, jueces y fuerza pública; contribuye por lo menos a disminuir la agresividad oficial del Estado y los funcionarios, y limita la criminalización de la lucha social y la persecución de opositores.

La consulta popular de 2018, en la que una amplia mayoría de ecuatorianos se pronunció a favor de combatir radicalmente la corrupción y reestructurar democráticamente la institucionalidad del país, fue respetada parcialmente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) evaluó y removió a la Corte Constitucional y a los Organismos de Control; pero los sustituyó con algunos personajes progresistas e incluyó en su mayoría a otros que de manera solapada expresan los intereses protervos de la derecha socialcristiana que desvergonzadamente se acomodó al correísmo y medra actualmente del actual gobierno. Ventajosamente, el CPCCS-T, que no aportó significativamente para desenmascarar y recuperar los activos de la corrupción, respetó la estabilidad del Contralor Subrogante, único funcionario con una línea radical para desenmascarar todos los negociados y saqueos del gobierno pasado.

Fuente: Diario Popular

La débil acción del régimen y de la mayoría de fiscales y jueces afines al pasado, han impedido que la justicia sancione a Rafael Correa y sus cercanos colaboradores; y recupere los activos ilícitos, por los escandalosos casos de corrupción que patrocinaron en toda su gestión pública, tanto en  el endeudamiento externo como en el manejo de la actividad y los contratos petroleros y en general en la negociación de toda la gran obra pública nacional entregada a Odebrecht, a empresas Chinas y a otras que sobornaban  al círculo gubernamental a cambio de escandalosos sobreprecios.

La política internacional del país no ha tenido ni la voluntad, ni las iniciativas necesarias para definir un perfil propio de soberanía y de identidad progresista del país. Se ha supeditado a la hegemonía norteamericana y no ha logrado desmontar la imagen perversa de Correa de utilizar ideas e imágenes de izquierda para esconder su proyecto personalista, fundamentado en la corrupción y en su propósito central de articular más la economía nacional al capitalismo mundial.

En el modelo económico de los dos últimos años se evidencia la manifiesta continuidad con el correísmo; ya que jamás se pretendió, ni se pretende construir una real alternativa social y solidaria.

Sino responder, con ciertos ajustes y giros verbales, a la reproducción del capital transnacional y a los intereses del capitalismo local.

El despilfarro de los recursos públicos y del endeudamiento externo en fomentar un consumo desordenado; en la corrupción; en la inversión de mala calidad en obras públicas con sobreprecios y en una débil redistribución social en los servicios, ahora debe ajustarse, por la renovada decisión del régimen, a los planes recesivos del FMI ya introducidos en los dos últimos años de gestión del gobierno pasado, que siguen siendo injustos, pues aseguran el pago de la deuda externa y benefician a las transnacionales y a los grupos económicos empresariales y comerciales rentistas con generosas exoneraciones e incentivos; mientras se exige una mayor contribución tributaria y sacrificio a los sectores medios y populares.

Con las medidas de flexibilización laboral se pretende aumentar la rentabilidad empresarial.

El anunciado “plan de prosperidad” para la reactivación productiva que fue anunciado por Moreno, no incluye la recuperación de los cuantiosos activos provenientes de la corrupción; y se reduce a aumentar beneficios a los grupos empresariales extranjeros y locales con devoluciones y remisiones tributarias para motivarlos supuestamente a retornar voluntariamente sus capitales al país. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, con esas medidas, se ampliará la fuga de capitales y no se aumentará significativamente el empleo de calidad.

Fuente: Radio Huancavilca

El mal uso del esquema de alianzas público-privadas promovidas por el gobierno pretende trasladar las actividades económicas estratégicas más importantes, las grandes obras y servicios públicos del Estado, al capital transnacional y local; asegurándoles una gran rentabilidad por varias décadas, sin garantizar una real y significativa inversión de dichos asociados privados. Todo ello equivale a una disimulada privatización y una desvalorización de los activos públicos en las que no se excluyen actos de corrupción de quienes negocien el traslado o la “delegación” de los activos estatales al sector privado.

La “reactivación” y la transformación productiva y social del país es, sin duda, una necesidad imperiosa para general empleo, impulsar el desarrollo y transformar las tradicionales inequidades que soportan la mayoría de la población.

Pero para ello se requiere adoptar una política económica no subordinada a los intereses de la acumulación capitalista mundial; sino, fomentar con la explotación de nuestros recursos y una sana, eficiente y equitativa política tributaria y financiera, los grandes, medianos y pequeños emprendimientos productivos e insertando nuestros productos en las redes comerciales internas y externas con justicia y equidad.

Definir un programa económico y social alternativo para enfrentar la crisis, el desempleo, la pobreza y las inequidades del sistema, que no han sido, ni serán, superados por los modelos neoliberal y neointervencionaista, o su mezcla; es una necesidad ineludible para alcanzar la unidad de las fuerzas sociales y políticas populares y de izquierda, para así derrotar a las alternativas políticas de la derecha que hábilmente han crecido con gobiernos seudoprogresistas.

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Director de la Revista Digital Opción S. Docente de derecho en la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB). Doctor por la Universidad de Salamanca (España). Ex diputado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

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