Los derechos de las mujeres en el contexto actual

Los derechos de las mujeres en el contexto actual

Annabell Guerrero Pita

Para hablar sobre la situación de los derechos las mujeres en el Ecuador debemos referirnos a la lucha histórica del movimiento por allanar el camino hacia la igualdad, la equidad y a una vida libre de violencia. Solo a través de estos procesos se han alcanzado importantes avances. Sin embargo, estamos conscientes de que nada está garantizado y por ello el trabajo por mantenerlos es una constante.

Si bien el Ecuador ha ratificado tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará, 1994) e incluso promulgado normativa que busca avanzar hacia la erradicación de la violencia, estamos muy lejos de alcanzar objetivos mínimos.

Muestra de ello son los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, publicada en noviembre de 2019, que dan cuenta de los altos índices de violencia que enfrentamos las mujeres en el país: 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y una de cada cuatro fueron abusadas psicológicamente en los últimos 12 meses.

Lamentablemente en medio de la crisis sanitaria que vivimos esta violencia no cesa; desde el mes de marzo, hasta la presente fecha se perpetraron 68 femicidios y 2 transfemicidios. Lejos de que el Estado adopte medidas que ayuden a frenar esto índices, nos encontramos frente a un escenario de desinversión, ejemplo de ello es la imposibilidad de ejecutar cabalmente la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres por falta de presupuesto y voluntad política.

Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de leyes económicas urgentes, implican retrocesos en materia de derechos laborales, la crisis global actual no afecta a todos de la misma manera: es la población empobrecida, los microempresarios, trabajadores y trabajadoras autónomas e informales a quienes más golpea y entre ellos sin duda están los más jóvenes y las mujeres. Frente a esto tampoco se han emprendido medidas que impidan la precarización, a pesar de que nuestro marco constitucional garantiza un principio básico de justicia que es la no regresividad.

Fuente: Telesur

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos también se viven momentos difíciles. En medio de la emergencia sanitaria el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos y atención médica oportuna se han visto afectados. El veto del ejecutivo al Código Orgánico de Salud, tratado por la Asamblea Nacional, ha profundizado estas circunstancias e implica una regresión sobre garantías básicas como la atención en casos de emergencias obstétricas; el actual régimen dejó muy claro que la vida y el bienestar de las mujeres y niñas ecuatorianas no son su prioridad.

El Estado ecuatoriano está en deuda con las mujeres y por ello seguiremos demandando que se acojan las recomendaciones de varios comités de derechos humanos de Naciones Unidas que han señalado la necesidad de que en el Ecuador se avance hacia la despenalización del aborto en casos de violación.

Respecto al acceso a la educación, el país ha sido testigo de la reducción presupuestaria que ha significado que diecinueve mil trescientos niños y niñas de los sectores urbanos marginales dejen de estudiar por el cierre de la oferta académica, que miles de jóvenes se queden por fuera del bachillerato internacional y que dos millones quinientos mil estudiantes se encuentren al margen del plan educativo COVID-19 al no tener acceso a la conectividad y herramientas tecnológicas y, como señalan expertas en la materia, las niñas serán quienes principalmente se queden en casa realizando tareas de cuidado condenadas a círculos de pobreza.

Las mujeres representamos más del 50% de la población -según lo establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), somos 8’087.914- pero cuando accedemos a espacios de representativad nos enfrentamos al fenómeno de la violencia política como una constante; en este sentido el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer y la Corporación Participación Ciudadana dan cuenta de un incremento de la violencia política durante la pandemia, principalmente hacia mujeres que tienen un perfil nacional y el espacio en donde más se producen estos hechos son las redes sociales, lo que desincentiva la participación de las mujeres al ser atacadas de forma sistemática.

Fuente: La Palabra Abierta

La represión por parte de la fuerza pública en las diferentes manifestaciones de descontento social que se han producido en el país, también son el reflejo de un Estado que, como lo señalan diversas organizaciones de derechos humanos, utiliza como mecanismo de represión el hostigamiento al cuerpo de las mujeres. Al respecto, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH señala:

“El control del cuerpo de las mujeres en las disputas políticas siempre ha estado presente, sea como trofeo de guerra o como forma de demostración de poder y subordinación sobre los pueblos en resistencia. En la actualidad las formas de represión estatal de la protesta social también atentan contra las mujeres de forma directa. El carácter de la agresión es selectivo y con mecanismos como la contención violenta de movilizaciones masivas, la represión con gases lacrimógenos a mujeres dentro de sus hogares o la intimidación a través de sus familias.”

Las manifestaciones suscitadas en octubre de 2019, en rechazo a medidas económicas inconsultas, no fueron la excepción y las mujeres fuimos víctimas del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte agentes policiales, se lanzó gas lacrimógeno a los sitios reconocidos como espacios de paz, en donde las mujeres del movimiento indígena pernoctaban en compañía de sus hijos, entre otros actos que constituyeron unas graves violaciones de derechos humanos.

Frente a esta lacerante realidad, las diversas organizaciones y colectivos de mujeres tenemos claro que el trabajo para defender y exigir mayores derechos, nos une y que, frente a un Estado indolente, un sistema patriarcal, las violencias y la discriminación de género, la única ruta es la acción de todas.

Abogada, vinculada a la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, miembro del observatorio de género del Colegio de Abogados de Pichincha, activista por los derechos de las mujeres. 

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