“Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente” (Canto al programa, 1970. Inti Illimani)
Por Camilo Retamal y
Bárbara Venegas
Una mirada hacia el pasado reciente
El 5 de octubre del 1988 se produjo en Chile el plebiscito para terminar con la cruenta dictadura del General Augusto Pinochet que se mantuvo en el poder desde 1973 hasta 1990; en aquel plebiscito, la mayoría del pueblo chileno dijo “NO” más represión ni terrorismo de Estado. Luego de diecisiete años de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, con la prensa acallada y los poderes del Estado suspendidos, se constataron los hechos concretos para definir a la dictadura con carácter de tiranía y, ante ello, es preciso mencionar que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce que la rebelión es una opción frente a un régimen tiránico. En ese sentido, el rol que jugó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue clave en la recuperación de la democracia y, luego de la victoria en el plebiscito de 1988, los partidos políticos conformaron un conglomerado amplio y diverso; el arcoiris prometió una alegría que nunca llegó y se perdió entre la corrupción y los disfraces que utilizó la oligarquía para continuar administrando el Estado. Todo lo anterior se desarrolló bajo los márgenes del nuevo orden social que instaló el dictador Pinochet a través de su Constitución promulgada en 1980.
Los años posteriores a la dictadura pueden ser denominados como la transición, donde gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia (entre 1990-2010). Esta concertación estuvo conformada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical Social Demócrata y la Democracia Cristiana, quienes gobernaron sobre la base neoliberal que instaló la dictadura por medio de la constitución del 80’, colocando a la propiedad privada por sobre el bien colectivo, entorpeciendo los avances en justicia, verdad y reconciliación que reclamaba el pueblo chileno.
Los gobiernos de la Concertación finalizaron el 2010, cuando asumió el primer gobierno de Sebastián Piñera a través de su alianza Coalición para el Cambio, conformada por la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Chile Primero, Movimiento Norte Grande y Humanista Cristiano. Luego, desde el 2014 al 2018, retornó Michelle Bachelet con el conglomerado de la Nueva Mayoría (conformada por el Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido Radical Socialdemócrata, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social Región). Actualmente, vivimos el segundo gobierno de Piñera; el que ha cometido violaciones horrendas a los derechos humanos de la ciudadanía y ha revivido los crímenes más atroces del pasado reciente de Chile.
Los distintos conglomerados que administraron el modelo durante los últimos 30 años, ejecutaron políticas públicas y económicas que fueron profundizando la desigualdad social, la exclusión y la mercantilización de los derechos básicos que pueden garantizar una vida en Dignidad. La salud, la vivienda, la educación, el trabajo y las pensiones se encuentran a merced del libre mercado; Chile firmó acuerdos de libre comercio que profundizaron el modelo neoliberal y, en la misma línea, se privatizaron carreteras, se entregaron derechos de agua a empresas transnacionales (ENDESA, por ejemplo), se promulgaron leyes a favor de las empresas pesqueras y forestales (Ley de Pesca o Ley Longueira en el año 2012). Por su parte, las administraciones de los fondos de pensiones (AFP), acumularon las riquezas de la clase trabajadora y con aquellas utilidades financiaron e invirtieron en la banca.
La alternancia en el poder del binomio derecha-concertación fue instaurando ciertas prácticas que viciaron a la política, la crisis de la representación se agudizó con los hechos de corrupción y se develaron importantes negocios entre quienes administraban políticamente el Estado y quienes controlaban el poder económico.
Es necesario reconocer que, durante la transición a la democracia, las instituciones perdieron legitimidad entre la ciudadanía; los casos de corrupción política e implementación de la economía neoliberal, revelaron el gran enriquecimiento -ilícito- de un grupo reducido de familias que sostienen la máxima concentración de riqueza en el país. Los civiles de la dictadura coimearon a políticos de la derecha y de la concertación; el caso de las empresas SQM y el Caso Penta, demostraron que existía un vínculo vicioso entre los intereses económicos y el ejercicio del poder político. Sumado a lo anterior, en la década del 2000 se reveló el multimillonario robo por parte de altos mandos de Carabineros de Chile (caso Pacogate 2006-2017) y las Fuerzas Armadas (Caso Milicogate, viajes al extranjero, caso del Fondo de Ayuda Mutua, entre otros).
Estallido Social. No son 30 pesos, son 30 años.
Los distintos gobiernos de la transición democrática fomentaron un profundo letargo sociopolítico; la dictadura militar fue un golpe constante durante 17 años y aquello, sin duda, dejó marcas importantes en los cuerpos de la sociedad chilena: miedo, individualismo y competencia fueron los conceptos -y fenómenos- que se sembraron durante la dictadura y postdictadura. Mientras la sociedad chilena reclamó justicia, verdad y no impunidad, los gobiernos hablaron de desarrollo, progreso y estabilidad; incluso Sebastián Piñera, el 8 de octubre del año 2019, declaró que Chile era el oasis de la democracia en la región latinoamericana[1].
Las autoridades de gobierno han provocado y violentado sistemáticamente la dignidad humana del pueblo chileno; la idea de que el neoliberalismo es sinónimo de progreso, estabilidad y crecimiento económico, oculta la manera en que se ha destruido el medio ambiente a raíz de la sobre explotación de los recursos naturales, lo cual influye directamente en la calidad de vida de las distintas poblaciones. Ejemplo de ello es lo que viven las regiones del norte chileno (donde destaca el caso de la minera Pascua Lama, perteneciente a Barrick Gold, que amenazó glaciares milenarios en la Cordillera del Desierto de Atacama); en el norte, la mega minería a cielo abierto ha generado que las comunidades posean escasez de agua y estén desarrollando enfermedades producto del contacto con metales pesados. En la zona centro-sur del país, la sequía que generan las forestales impacta la vida agrícola, frutícola y ganadera. Estos escenarios se expresan en todo el territorio nacional, incluso en la zona sur austral, donde la industria salmonera y mitilicultora ha generado serios daños al ecosistema de los territorios [2].
Como consecuencia de lo anterior, se han levantado una serie de movilizaciones territoriales que buscan proteger los recursos naturales, ejemplo de esto es lo ocurrido durante el 2011 en Magallanes (región austral de Chile), donde los habitantes se movilizaron por demandas ambientales, educacionales y sobre el precio del combustible.
Por su parte, durante el 2012, en la Región de Aysén, los habitantes se movilizaron para detener proyectos energéticos de alta envergadura; en ambos casos las movilizaciones se extendieron a todo el territorio nacional como una muestra de solidaridad y generó, como consecuencia, un giro en la agenda política del país y la salida de varios ministros de aquella época.
La defensa de la naturaleza se ha ido desarrollando y fortaleciendo junto con los distintos movimientos y colectivos feministas que están planteando nuevas formas de relacionarnos y reconstruirnos. Desde distintas conjugaciones teóricas y prácticas, se intenta construir el Nuevo Chile; despierto, activo y vigilante de todas las transformaciones que se están desarrollando. Están cayendo estatuas -que representaban todo el poder colonial y patriarcal- mientras nuevos símbolos emergen y aparecen enarbolados por la mayoría de
quienes están en la calle. Podemos decir que estamos escribiendo una nueva historia con alta participación popular, organizada y consciente.
Si bien los movimientos sociales en Chile tienen un nacimiento en el seno de la clase trabajadora, estas demandas son compartidas por un amplio espectro de la población, como son las demandas ambientales, la lucha por la educación pública y gratuita, los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento y respeto hacia las diversidades sexuales e identidades de género, el movimiento “No más AFP” y no a la impunidad.
Estas demandas se expresan en la calle, por medio de la protesta popular, pero también se divulga y profundiza a través de los nuevos medios y redes de comunicación social, que aceleran el debate público y presionan e influyen en la agenda política nacional. En este punto, reconocemos la acción política que se expresa a través de los nuevos medios, tal como han afirmado los/as autores/as contemporáneos sobre cultura digital Elisenda Ardèvol (2019), Gemma San Cornelio (2010) y Adolfo Estalella (2013).
Durante el 2006, se desarrolló el primer gran movimiento en defensa de la Educación Pública, Gratuita y de Calidad, que agrupó a la mayor parte de estudiantes de la Enseñanza media en Chile (secundaria), y que tuvo su pico el año 2011, cuando los sectores universitarios, algunos gremios de trabajadores por la educación, salud y funcionarios públicos, se sumaron a la construcción de movimiento social para luchar por una educación gratuita, universal y sin lucro. Este movimiento tuvo respuestas y apoyo en otros países de la región como Colombia, México, Argentina e incluso España (con la llamada primavera
valenciana). Allí también convergieron una serie de líderes y colectividades que irrumpieron en la política nacional. Podemos reconocer que, de alguna manera, todas aquellas generaciones han ido construyendo movimiento social mientras se ha ido profundizando el modelo neoliberal; finalmente, la lucha actual del pueblo chileno no es por 30 pesos, es por 30 años de saqueo y explotación.
El Proceso Constituyente; en busca de un nuevo orden social.
La persistencia de la lucha popular; la unidad entre los mundos estudiantiles, obreros y feministas, ha permitido que hoy estemos ad portas de un plebiscito vinculante para alcanzar la construcción de una Constitución escrita en democracia. Una carta magna que coloque en el centro la Dignidad humana.
Los sectores que históricamente han sido golpeados y excluidos de la toma de decisiones nacionales (mujeres, trabajadores/as, inmigrantes, jóvenes, pueblos originarios y comunidades LGTBI) esta vez están siendo actores claves en la construcción del Nuevo Chile. Los principios de egoísmo, individualismo y competencia que instauró la dictadura militar y el neoliberalismo chileno, están siendo superados por los principios de solidaridad, colaboración y buen vivir. Al remirar el pasado reciente de nuestra historia intentamos reconstruir los cimientos de soberanía popular y democrática; entendemos que el poder no sólo debe ejercerse de manera unilateral, rígida y vertical, sino que debe ser dispuesto de manera horizontal y colectiva, donde los movimientos sociales puedan participar activamente en los planes de desarrollo estratégico locales y nacionales.
La apuesta por construir una Nueva Constitución es la madre de muchas batallas porque pretende refundar el carácter del Estado; no más un Estado subsidiario, es tiempo de construir un Estado Social y Democrático que garantice derechos.
La Nueva Constitución fijará los límites de un nuevo orden, con mayor justicia y equidad social para acortar las gigantescas brechas que ha generado la desigualdad neoliberal. El próximo 25 de octubre del 2020, la sociedad chilena tendrá una posibilidad histórica para manifestar su opinión a
través de un plebiscito vinculante que sea capaz de fijar el mecanismo para redactar la nueva carta magna. En el próximo plebiscito no sólo se tratará de APROBAR una Nueva Constitución sino también de apostar por una Convención Constitucional que le permita al pueblo chileno una representación directa en el proceso; no queremos que los/as mismos/as políticos/as administradores/as del modelo por 30 años sean quienes escriban la Nueva Constitución. Este momento histórico lo ha gestado el pueblo soberano y organizado, las bases sociales que se dispusieron en primera línea a luchar contra el status quo que había instalado la Concertación (socialdemocráta) y la Derecha (fascista y neoliberal).
Para finalizar queremos decir que nada ni nadie está olvidado; el Nuevo Chile espera la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as, la refundación de las Fuerzas Armadas y de Orden Público al mismo tiempo que se avanza en justicia y verdad sobre las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. No olvidamos a las víctimas de la dictadura militar de Pinochet y mucho menos olvidamos a las personas que representan las 460 lesiones oculares que se produjeron durante el Estallido Social según el Instituto Nacional de Derechos Humanos[3]. Entendemos que el negacionismo solo favorece a las clases dominantes que construyen una historia oficial para ocultar otras voces, visiones y versiones de los hechos. A todos/as ellos/as, les decimos que “Esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente”.
Referencias:
- [1] Se puede revisar la prensa de aquel día https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
- [2] Al respecto, el Centro de Estudios Sociales de Chiloé presenta varios aportes teóricos para comprender el impacto que ha generado el extractivismo en la región sur-austral de Chile. Se recomienda visitar el siguiente sitio web https://cesch.org/
- [3] Acá se puede revisar el informe completo elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-INDH-19-de-marzo-de-2020.pdf
Antropóloga con mención en Antropología Sociocultural, egresada de la Universidad de Concepción (2015). Diplomada en Desarrollo, pobreza y territorio por la Universidad Alberto Hurtado (2016) y actual tesista de la Maestría en Antropología Visual por FLACSO-Ecuador (2018-2020). Se interesa por los estudios de memoria y la utilización de los medios audiovisuales desde una perspectiva comunitaria y colaborativa.
Antropólogo con mención en Antropología Sociocultural, egresado de a Universidad de Concepción (2015). Diplomado en Desarrollo, pobreza y territorio por la Universidad Alberto Hurtado (2017). Se interesa por los estudios de memoria, patrimonio y museografía en contextos aislados.
