Juzz Pincay Pazmiño
El viernes 18 de octubre, se hizo público el veto presidencial respecto a la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Ese viernes quedó en manos de la Corte Constitucional la vida de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. Desde ese viernes empezó la cuenta regresiva para saber si el Estado vuelve su mirada hacia nosotras o no.
En el texto del veto el Presidente de la República, Lenin Moreno, le solicita a la Corte Constitucional que se pronuncie respecto a la constitucionalidad de la disposición transitoria del artículo 150 del COIP, que trata sobre el aborto no punible, cuya reforma no fue aprobada por la Asamblea Nacional.
En el veto el Presidente señala que es ambigüa una norma transitoria que no tiene sustento en una norma principal, que esto pone en riesgo la seguridad jurídica del país y es causa de incertidumbre.
Pero además, también solicita a la Corte Constitucional que no solo analice esta disposición transitoria, sino que lo haga en relación al artículo 150 del COIP -que criminaliza a una mujer violada que decide abortar-, a la luz de los principios de igualdad, no discriminación y no revictiminzación de la mujer, contemplados en principios constitucionales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención para la Eliminación de todas las formas de Disciminación contra la Mujer CEDAW.
Sus argumentos son tan claros como urgentes: el texto es ambiguo, y genera conflicto con los derechos de las mujeres, pues nos revictimiza, nos discrimina y nos anula.
La discusión alrededor de la despenalización del aborto por violación tiene algunos años. En el 2013 existió un intento por parte de las asambleístas de colocar el tema sobre la mesa pero el Presidente Correa las castigó por tener la osadía de discutir la posibilidad de no criminalizar a las mujeres violadas que abortan. Ese debate acabó allí.
En 2017 volvió a discutirse el aborto en casos de violación desde las curules de la Asamblea Nacional, a propósito de las reformas al COIP. Es decir, recién hace dos años el Estado discute sobre algunos derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual.
A la Asamblea le quedó grande la responsabilidad de darle una opción digna a las mujeres y niñas violadas que no desean continuar sus embarazos, y este tema ahora queda en la competencia de la Corte Constitucional que deberá emitir su decisión en base a la Constitución, las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador en materia de derechos humanos y lo dispuesto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Con la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación en cancha de la Corte Constitucional, las mujeres y defensores de los derechos humanos, vemos una luz al final del túnel, pues este año este organismo nos demostró, cuando falló a favor del reconocimiento del Matrimonio Igualitario, que respeta y garantiza los derechos fundamentales de todos y todas. Sin embargo, no nos confiamos ya que conocemos de primera mano que nuestros derechos siempre han requerido ser conquistados movilizándonos y alzando la voz. Nada nos han regalado y el aborto en casos de violación, no ha sido, y seguramente no será, la excepción. Cualquier cosa puede pasar.
En un país justo las niñas no son madres, pero en Ecuador siete niñas menores de 14 años son forzadas a parir diariamente.
Son principalmente a las mujeres más pobres a las que el Estado continúa criminalizando, obligando a llevar adelante embarazos productos de un crimen, diciéndoles qué hacer con sus cuerpos. En consecuencia, más muerte y más pobreza. Los movimientos feministas junto a defensores por los derechos humanos hemos trabajado por derrumbar ese muro de injusticia, pero en este momento es la Corte Constitucional quien debería darnos la mano para hacerlo caer.
En la región existe un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se ha establecido un debate social y legislativo casi permanente en nuestro país acerca del aborto, y si la Corte Constitucional en su análisis concluye que criminalizar a mujeres violadas que abortan es legal y constitucional, los abortos clandestinos continuarán, las mujeres seguirán siendo judicializadas, y habremos retrocedido como país.
Negar la opción de decidir sobre abortar o no, en el caso tan particular de la violación, solo profundizará la desigualdad social y de género, y engordará los números de violencia sexual.
A la Asamblea Nacional no le importó esto, a pesar que los organismos internacionales sobre derechos humanos le solicitaron al país, una y otra vez, que despenalice el aborto, por lo menos, en caso de violacion incesto, o grave malformación del feto que sea incompatible con su vida, porque obligar a una mujer a la maternidad en esas circunstancias es una tortura, porque la clandestinidad no salva ninguna vida y los dogmas religiosos no reparan ni aportan al debate, peor a las mujeres. Es por todo esto que la decisión del presidente de enviar mediante veto el tema del aborto por violación a la Corte Constitucional fue lo más acertado.
No olvidemos que las niñas, adolescentes o mujeres que deciden abortar están eligiendo la vida, su vida. Hoy estamos cerca de tener un país más justo para las víctimas de violencia sexual. La Corte Constitucional tiene en sus manos la oportunidad histórica de devolvernos la dignidad, y estoy segura que no la dejará pasar, y en caso que lo haga, nosotras no nos rendiremos, continuaremos juntas por nuestro derecho a decidir, y tomaremos las alternativas legales posibles porque más temprano que tarde, como sea, el aborto será ley.
¿Qué cómo estamos? Algo esperanzadas, bastante nerviosas pero con las ganas intactas por continuar luchando, con las armas legales que nos quedan, por la reivindicación de lo que nos pertenece: la autonomía de nuestros cuerpos. Porque ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, el aborto clandestino se va a caer, se va a caer.
Guayaquileña, comunicadora social y política, feminista, activista y defensora de los derechos de las mujeres. Parte de la colectiva Aborto Libre Guayaquil.
