Opción S dialogó con Andrés Campaña Remache, analista político por la Universidad Complutence de Madrid y licenciado en ciencias jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con más de 12 años de experiencia en el sector público; en la actualidad, es el Director Provincial del IESS – Pichincha. Con el platicamos sobre varios temas importantes para la seguridad social en el pais: lucha contra la corrupción, situación del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y perspectivas futuras de fortalecimiento institucional.
¿Qué es la seguridad social y en qué radica su importancia?
Para nosotros, la seguridad social constituye la piedra angular de una sociedad con justicia. Un politólogo alemán, Jürgen Habermas, señala que la seguridad social así como la libertad son los pilares fundamentales de una sociedad democrática y es por eso que nosotros estamos impulsando una serie de medidas que buscan fortalecer un modelo sostenible, eficiente, público y autónomo que transforme la seguridad social en el país.
Al iniciar la gestión al frente del IESS, Paúl Granda mencionó que el saldo de la institución era negativo. Sostuvo que las deudas, moras y pérdidas superaban los 3.417 millones de dólares ¿Qué acciones han tomado para enfrentar esta realidad?
Es importante decir que, a partir de la llegada de Paul Granda a la Presidencia del Consejo Directivo, se trazó una hoja de ruta que es el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social que contempla tres momentos:
El primer momento es transparentar la situación en la cual se encuentra la institución; por primera vez desde la institución, informaremos cuál es la real situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social evitando especulaciones y permitiendo tomar medidas según las circunstancias.
Sería muy irresponsable tomar cualquier medida sin conocer primero cuál es nuestra línea base y punto de partida.
Hay un segundo momento que corresponden a un conjunto de acciones urgentes e inmediatas que ya se está aplicando, y, finalmente, hay un tercer momento que es la convocatoria a un diálogo democrático, amplio y plural con los principales actores que están involucrados en la seguridad social.
¿Cuándo tienen pensado hacer público el informe de transparencia sobre la situación del IESS y qué medidas urgentes se están aplicando?
En estos precisos momentos se están levantando los informes actuariales para conocer cuál es la real situación que atraviesa la institución. El resultado de este trabajo informaremos a los ecuatorianos próximamente. No obstante, en cuanto a ese conjunto de acciones urgentes e inmediatas, es fundamental señalar cuatro pilares fundamentales: el primero es el cambio del modelo de atención de salud; el segundo contiene varios aspectos como una buena administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), la optimización del personal a través de una platilla óptima y el mejoramiento de la recaudación de la cartera vencida; el tercero tiene que ver con el incremento del número de afiliados; y, el cuarto es la lucha frontal contra la corrupción.
¿Qué se ha podido avanzar respecto a la lucha contra la corrupción en el IESS?
La lucha frontal contra la corrupción ameritó que el Consejo Directivo cree un Comité de Ética y Transparencia encargado de la recepción de cualquier tipo de denuncia, sea interna o externa, acerca del manejo de la gestión institucional. Este Comité es el encargado de canalizar estas denuncias junto a los órganos de control, ya sea la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y, también, la Superintendencia de Bancos.
En cuanto al número de afiliados es importante decir que estamos empeñados en ampliar la cobertura de la seguridad social y para eso es fundamental informar que cuando una persona se afilia a nuestra institución adquiere un sinnúmero de beneficios: pensiones, seguros de riesgos del trabajo, prestaciones de salud, auxilios funerales, fondos de reserva, fondos de cesantía, seguros de desempleo; y, también, acceso a créditos hipotecarios o quirografarios a través del BIESS. Son los principales beneficios que tiene una persona al afiliarse al IESS.
¿Qué nos puedes decir respecto de la plantilla óptima del personal que labora como parte de la Seguridad Social a nivel nacional?
A enero de 2019 teníamos una plantilla de aproximadamente 38.400 personas. En la actualidad contamos con 36.900; es decir, 1.500 funcionarios menos. Sin embargo, seguimos avanzando en este proceso para determinar cuál es la plantilla óptima.
En cuanto a recaudación tenemos algunas metas, en el caso de Pichincha, nosotros tenemos como meta macro recaudar USD 230 millones de dólares.
El año pasado, para que tengamos una idea, se recaudó aproximadamente USD 79 millones de dólares; y, en lo que va de este año, en esta provincia de Pichincha hemos recaudado USD 127 millones.
¿Cuál es la infraestructura nacional del IESS? ¿El país cuenta con un número adecuado de hospitales y centros médicos?
A nivel nacional, nosotros tenemos 101 unidades médicas. Solamente en la provincia de Pichincha estamos a cargo de 19 unidades médicas: un hospital de especialidades de tercer nivel que es el Hospital Carlos Andrade Marín, dos hospitales generales (el Hospital del Sur y el Hospital San Francisco), siete hospitales del día, cuatro centros de especialidades de salud y cinco centros de salud. Todas estas instancias conforman la red de salud del IESS en la provincia de Pichincha. Hemos identificado que, por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, un hospital de especialidades diseñado para problemas graves de salud como temas oncológicos, el 85% de sus atenciones giran en torno a cuestiones de primer y segundo nivel de salud; es decir, niveles básicos ligados a medicina general, odontología o ginecología.
¿Hay personas que van por una gripe al Hospital Carlos Andrade Marín?
Así es. Hay pacientes que van por una gripe al Hospital Carlos Andrade Marín y ello tiene una consecuencia: el IESS financia esa atención médica por un valor de 129 dólares. Si esa misma atención para una enfermedad como la gripe se logrará atender en un hospital de segundo nivel como, por ejemplo el Hospital General del Sur, esa misma gripe nos costaría 85 dólares. Y si esa misma gripe fuese atendida en el primer nivel de atención de salud, es decir, un centro de salud o un dispensario médico del seguro social campesino nos costaría 29 dólares. Existe por tanto una racionalidad económica que no se está observando. Si nosotros descongestionaríamos el Hospital Carlos Andrade Marín, evidentemente tendría un 85% menos de personas que atender y con ello podría enfocar sus esfuerzos en tratar los problemas graves de salud que requieren una atención especializada.
¿Cómo fortalecer el primer nivel de salud entonces?
Hay varios elementos que estamos considerando, por ejemplo, la creación de los llamados “consultorios anidados”.
Nosotros en la provincia de Pichincha tenemos 13 centros de atención del adulto mayor, qué importante sería que en cada uno de estos centros pueda funcionar un consultorio médico básico que tenga su médico general y su odontólogo de tal forma que cuando una persona tenga una gripe acuda a su consultorio anidado y sea el médico del primer nivel, su médico de cabecera.
De esta forma hacemos que los centros especializados en temas complejos de salud se dediquen de forma exclusiva a solventar la atención a las áreas para las que fueron creados.
Un examen especial realizado por Contraloría General del Estado estableció 7 millones en pérdidas por medicamentos caducados en el periodo 2013-2018. Solo en el Hospital Carlos Andrade Marín se habría encontrado 87.400 medicamentos caducados ¿Qué se está haciendo para corregir estos problemas?
Justamente, como parte de la actual gestión, se ha identificado esta problemática y fue la actual administración la que solicitó a los órganos de control, en este caso, a la Contraloría General del Estado que realice un examen a la administración de los medicamentos e identifique qué problemas existen. Para nosotros el tema de medicamentos es un tema extremadamente sensible y frente a ello se están realizando un sinnúmero de estrategias para combatir temas como el desabastecimiento y los medicamentos caducados.
En enero de 2019, el Sistema de Naciones Unidas firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el IESS para, entre otras cosas, combatir la corrupción ¿en qué se ha avanzado respecto a este convenio?
Dentro de los procesos de diálogo y consenso, un actor fundamental ha sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, además de su alto prestigio internacional, tiene una composición sui géneris que peculiarmente también es reproducida por la arquitectura institucional del IESS. Defendemos el tripartismo.
Tanto la OIT como el Consejo Directivo del IESS están conformados por representantes del gobierno nacional, por representantes de las organizaciones de los trabajadores y por representantes de los gremios empresariales.
Es importante hacer este hincapié, pues a diferencia del Acuerdo Nacional que está llevando el Gobierno nacional, el proceso de diálogo por la seguridad social cuenta con el concurso y acompañamiento permanente de la OIT. Tanto es así que fue esta entidad la que levantó la metodología para el diálogo. Esto es importante pues una vez que se definan los compromisos y las reformas que correspondan serán los mismos actores que están participando los encarados del acompañamiento a las reformas futuras.
Precisamente, uno de los planteamientos de los trabajadores ha sido el poder estar representados en el Consejo Directivo ¿cómo mira usted ésta petición?
En mi caso personal, por mis convicciones éticas y políticas, soy un firme defensor del tripartismo. Sobre todo tratándose de un sector tan importante para la economía como son los trabajadores. En esta perspectiva es importante hacer una lectura política de los últimos años en el país en que se propuso una serie de acciones administrativas y constitucionales que derivaron en el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo Directivo. De igual forma, en su momento, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado destituyeron a los representantes de los trabajadores.
¿En qué consistió esa declaratoria de inconstitucionalidad?
Es una declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social con la cual se trunca la participación de los trabajadores en el Consejo Directivo.
Dicho sea de paso, esa decisión de la Corte fue bastante controversial, pues fue una declaratoria de inconstitucionalidad “diferida” que suspendía los efectos de la anterior conformación del Consejo Directivo hasta la expedición de una nueva Ley.
Actualmente, la Asamblea Nacional está en ese proceso y se encuentra analizando cuál sería el mecanismo más idóneo para la elección del Consejo Directivo. No obstante este proyecto aún no ha sido aprobado.
¿Qué opinión tiene usted sobre la universalización de la seguridad social? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con que la seguridad social cubra a los hijos de un afiliado, menor de 18 años?
Al iniciar la gestión, analizamos con rigurosidad las causas por las cuales el IESS afrontaba un proceso de crisis institucional. Fruto de ello hemos encontrado varios hitos que fueron perjudiciales para la seguridad social: el primero es la dolarización que licuó los ahorros que existía en sucres producto de las aportaciones de varias décadas de los afiliados. Otro factor es la expedición en el 2001 de una nueva Ley de Seguridad Social que fue declarada inconstitucional en una parte sustancial. Otro elemento fue la incorporación de grupos sin contar con el financiamiento estatal adecuado como, por ejemplo, los hijos menores de 18 años de los afiliados. Otro de los elementos sin lugar a dudas fue la expedición de la mal llamada Ley de “Justicia Laboral” que eliminó el aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares. Otro de los hitos negativos también fue la expedición de la Resolución Nro. 510 que cambia el financiamiento que antes iba al fondo de pensiones y luego fue direccionado al fondo de salud.
Vamos a lo positivo, ¿es verdad que el BIESS por primera vez tiene excedentes?
Este es un tema sin duda positivo. Durante los cuatro últimos años, el BIESS venía desinvirtiendo un promedio de USD 1.700 millones anuales. En el 2016 se desinvirtió USD 1.679 millones; en el 2017, USD 1.755 millones; en el 2018, USD 1.632 millones; y, estaba planificado que para el 2019 se desinvierta USD 1.708 millones más. Qué quiero decir cuando hablo de desinversión del BIESS: en el 2008 se estableció la necesidad de que el patrimonio del IESS sea invertido y genere réditos que a futuro sirvan para pagar pensiones. Qué paso en los últimos cuatro años, el IESS de nuestro portafolio, equivalente a USD 19.000 millones de dólares, veníamos, todos los años, sacando USD 1.700 millones de dólares, ese dinero nos servía para pagar pensiones.
Entonces, ¿el IESS se estaba devorando sus propios recursos?
Así es, nos estábamos comiendo nuestros propios ahorros. Hay dos elementos que quiero resaltar, el primero es el pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la mal llamada “Ley de Justicia Laboral” obligando a que el Gobierno nacional financie el 40% de las pensiones jubilares. Dicho sea de paso, el Presidente se comprometió a cumplir con este pago. Esto es un elemento fundamental y el otro elemento tiene que ver con un sinnúmero de acciones que se han tomado en la administración del Presidente Paúl Granda con la finalidad de mejorar la economía de la institución como, por ejemplo, aumentar el número de afiliados, mejorar la recaudación, establecer una planilla óptima del personal e incrementar las inversiones a través del BIESS.
¿Todo esto ha generado que el BIESS tenga por fin excedentes?
Efectivamente. Este año, por primera vez, nosotros tenemos excedentes. En lo que va del 2019, tenemos más de 400 millones en excedentes a través de BIESS.
Mientras que en el pasado se desinvertía y nos comíamos nuestros ahorros, ahora existe excedentes y la política que hemos tomado es que esos excedentes contribuyan con la recuperación económica del país.
Esos excedentes han sido puestos a disposición de la ciudadanía a través de créditos en condiciones favorables, créditos baratos. Por ejemplo, en lo que va del año, el BIESS ha invertido USD 2.094 millones y esperamos que, hasta diciembre de este año, se invierta USD 2.700 millones, entre ellos, USD 900 millones corresponden a crédito hipotecario.
La gente adquiere su crédito, ello dinamiza la economía de un sector tan importante como la construcción que genera una demanda de mano de obra de múltiples oficios como albañiles, plomeros, carpinteros, electricistas, cerrajeros y también personal calificado como arquitectos e ingenieros. Todos ellos, a través de esta política, tendrán una fuente de trabajo. De esta forma contribuimos en la dinamización de la economía generando un círculo virtuoso.
¿Qué opina sobre el escenario de una virtual privatización de la Seguridad Social?
En ningún momento las autoridades del IESS han planteado como una alternativa la privatización de la seguridad social. Quiero hacer hincapié en que nosotros estamos defendiendo una seguridad social sostenible a largo plazo, una seguridad social pública y no dependiente de ningún gobierno de turno.
En mi criterio personal pienso que si analizamos las reformas que se han tomado en los países de la región, en los últimos años, cuyo ejemplo emblemático puede ser Chile, podemos concluir que la privatización de la seguridad social fracasó en Latinoamérica y no es el camino más adecuado para nuestros países.
Existe un tema del cual se ha especulado mucho ¿es verdad que se incrementará los años de jubilación?
De plano hay que descartar cualquier rumor. No existe ningún planteamiento respecto al incremento de los años de jubilación. Esto obedece a declaraciones del Presidente del Consejo Directivo Paúl Granda que fueron absolutamente distorsionadas con el objetivo de tergiversar y mentir al país. De existir una reforma técnica en materia de seguridad social, esta provendrá del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Pero debo ser enfático en que no existe ninguna discusión, ninguna propuesta, ningún documento que promueva la elevación de la edad de jubilación.
