Christian Paula Aguirre
Los derechos de la población LGBTI+ provienen de una serie de luchas contra hegemónicas que se enfrentan a los discursos de criminalización de las diversidades sexo-genéricas, como es el caso de los criterios médicos de patologización. El inicio de esta reivindicación nace el 28 de junio de 1969 en Stonewall, Nueva York (Estados Unidos de Norte América), donde un grupo de personas perteneciente a la población LGBTIQ+, especialmente mujeres Trans, lideraron el enfrentamiento contra el Estado a causa de la penalización de las sexualidades disidentes. Esta situación trajo consigo que se comience a pensar en la des-patologización de la homosexualidad que finalmente fue eliminada como enfermedad en 1990 a través de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
El enfrentamiento de la diversidad sexo-genérica no solo es contra el Estado, debido a que la sociedad en general, a causa de la ignorancia y prejuicios de toda índole (especialmente religiosos), deshumaniza la condición de la población LGBTIQ+, a pesar de que las ciencias médicas y sociales, han sido claras en manifestar que las diversidades sexuales y de género son condiciones propias a la humanidad. Es por ello que toda reivindicación de derechos trae consigo crítica, rechazo y represión; porque de alguna manera les estamos quitando de a poco su poder de control y castigo sobre nuestros cuerpos.
Lo dicho anteriormente ya lo vivió el Ecuador, basta remontarnos a las décadas de 1980-1990 cuando estaba vigente el artículo 516 del Código Penal de la época, mismo que criminalizaba la homosexualidad.
Este delito era la justificación para la tortura, persecución, ejecuciones extrajudiciales, rechazo y segregación de la población LGBTIQ+, particularmente de las mujeres Trans. Al igual que en Estados Unidos, las mujeres Trans se pusieron la lucha en sus hombros después de un hecho suscitado en Cuenca a mediados del año 1997, donde se encarcelaron y torturaron a decenas de personas de la diversidad sexual y de género que se encontraban en la discoteca “Abanico’s Bar˝. Este hecho motivó a que colectivos como “Coccinelli˝ comiencen el proceso de recolección de firmas para iniciar la acción de inconstitucionalidad del artículo 516 de Código Penal, lucha que la ganaron el 27 de noviembre de 1997. Apenas van a ser 22 años que la población LGBTIQ+ es ser humano en Ecuador.
A pesar de la descriminalización de la homosexualidad en 1997, la población LGBTIQ+ sigue siendo condenada, excluida y violentada en espacios públicos y privados. La existencia de mejores leyes, de una Constitución garantista (2008) y de una nueva lógica de Estado, no ha transformado los prejuicios sociales que la mayoría de la población mantiene en contra de las diversidades sexuales y de género.
Fuente: El Diario
En este contexto, la lucha por el Matrimonio Igualitario en América Latina, se inicia en la República Argentina en 2010, y progresivamente va siendo acogida por algunos países de la región. En este proceso la población LGBTIQ+ se adscribe al identificar que la Constitución de 2008 nos coloca como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, al no reconocernos todos nuestros derechos, especialmente aquellos relacionados con la convivencia en pareja (salvo la unión de hecho); ya que el texto constitucional literalmente condiciona el acceso al matrimonio y la adopción exclusivamente a parejas heterosexuales.
Si bien la Constitución actual reconoce ampliamente la igualdad y no discriminación de manera transversal en su texto; ya sea como derecho, obligación del Estado o como principio de aplicación de los derechos, en la práctica esto no se respeta.
A pesar de este marco jurídico, las personas LGBTIQ+ desde el año 2009 han tenido que acudir a tribunales a exigir derechos, ya que el Estado no ha tenido la decisión política para garantizarlos. Es meritorio recordar a Estrella Estévez, Bruno Calderón y Amada, que lucharon ante la justicia por su derecho a la identidad auto percibida de género; adicionalmente, Satya, Helen y Nicola, Pamela Troya, Efraín Soria, Diana Amores, entre otras, que tuvieron que acudir a las cortes para que su derecho a la familia en diversidad sea garantizado por el Estado.
Esta serie de luchas judiciales tuvieron un importante resultado el 12 de junio de 2019, cuando se reconoce el derecho al Matrimonio Igualitario a través de la Corte Constitucional, quien solventó la discriminación constitucional del artículo 67, aplicando la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el bloque de constitucionalidad y la interpretación sistémica del principio de igualdad. A pesar de la victoria jurídica, el reconocimiento del Matrimonio Igualitario es una forma de completar la ciudadanía de la población LGBTIQ+ en Ecuador, pero además de ello es un mensaje a la sociedad de respeto a las diferencias y es un llamado de atención para que los prejuicios y estereotipos comiencen a desaparecer, debido a que Ecuador es un Estado Laico, donde las doctrinas religiosas no son la matriz de gobernanza.
Las sentencias sobre Matrimonio Igualitario siguen siendo un ejemplo de la pasividad y desgano del Estado ecuatoriano en tomar en serio y garantizar sin discriminación los derechos de la población LGBTIQ+. En 1997 se tuvo que acudir a la justicia para que se despenalizara la homosexualidad; en la actualidad nuevamente el camino son los tribunales, ya que los otros poderes del Estado se niegan a cumplir sus obligaciones.
Algunos juristas y personas opinan que las y los activistas tomamos el camino más fácil, la vía judicial, para exigir derechos, ya que señalan que debimos acudir a la Asamblea Nacional para que se realizaran los cambios legales y constitucionales pertinentes. Sin embargo, estas personas no están en nuestros zapatos y no saben lo complicado que es ser tomado en serio por el Estado siendo LGBTIQ+, ya que los prejuicios sociales impiden nuestro acceso a las instancias gubernamentales.
La Asamblea Nacional lleva dos años incumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional respecto a reformas legales sobre derechos para la población LGBTIQ+.
Por su parte, el poder Ejecutivo también se encuentra con dos años de retraso en la aprobación de la Política Pública LGBTI y en el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados de derechos humanos del sistema universal.
Por lo tanto, a la población LGBTIQ+ solo nos queda acudir a tribunales donde logramos de alguna forma ser escuchados y escuchadas. Aunque cada vez que nos presentamos a la justicia se nos critica, se nos estigmatiza, se nos revictimiza y constantemente somos perseguidos por los grupos conservadores; quienes en las audiencias públicas nos dicen en nuestra cara que no somos humanos, que no somos iguales y que no merecemos los mismos derechos. A pesar de todo esto seguimos luchando; con los Derechos Humanos como nuestra lanza y la dignidad como nuestro escudo, así lo hicimos en 1997 y así lo lo seguiremos haciendo.
Nacido el 16 de junio de 1986 en Quito. Graduado como Abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y Máster en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Nacional General San Martín de Argentina. Docente de la Universidad Central del Ecuador y Presidente de la Fundación Pakta.
