El contexto del Ecuador actual frente a los derechos de la niñez y la adolescencia se encuentra en un momento crítico debido al descuido institucional, los intereses particulares de ciertos sectores y su utilización para fines políticos es ideológicos. Esto se complemente con el cúmulo de casos y denuncias sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes cometidos tanto en los espacios privados, como en los espacios públicos; poniendo en evidencia su alta vulnerabilidad y abandono por parte de las familias, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Si bien la Constitución del Ecuador de 2008 (CRE) abrió un catálogo de derechos importante para la niñez y adolescencia de nuestro país, la falta de institucionalidad y sistemas integrales de protección han causado que surjan varias formas de vulneraciones de derechos.
La CRE y la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad crearon cinco Consejos encargados de varios temas: Género, Interculturalidad, Intergeneracionalidad, Discapacidad y Movilidad Humana. En el caso particular del Consejo Intergeneracional, esta transformación se la realizó a costa de la desmantelación del sistema especializado de niñez que se configuró con el vigente Código de la Niñez y Adolescencia desde el año 2003; lo que provocó una dispersión en las competencias de protección, generación de política pública y vigilancia entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Gobierno Central y el mecanismo nacional de igualdad intergeneracional.
A partir de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, los grupos conservadores han colocado siempre el discurso de la “destrucción de la familia” siendo para ellos la niñez y adolescencia el centro de la afectación de la progresividad de derechos. Sin embargo, esas posturas no son nuevas ya que se vienen reciclando desde antes 1887 en cada lucha social conquistada por estos grupos sociales afectados por la violencia de género[1]. Empero, en situaciones sociales donde niños y niñas han estado en peligro por los usos morales de la familia, como el matrimonio infantil, jamás fue un tema por el cual lucharon los grupos conservadores.
En el Ecuador, el matrimonio infantil dejó de ser legal apenas en 2015 por la presión del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que insistía que mantener esta figura era vulnerario contra la niñez ecuatoriana[2].
En la actualidad este discurso sigue estando vigente bajo el lema #ConmisHijosnoteMetas que revela la perversa estrategia de limitación de derechos, especialmente de la niñez, porque estos movimientos pretenden alejar al Estado y a la Sociedad de la protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes para descargar toda esa responsabilidad a las familias. El problema de esto, es que la realidad del Ecuador muestra que, especialmente para las niñas y la niñez de la diversidad sexual y de género, los hogares y sus familias son los principales vulneradores de sus derechos[3]. Entonces, si el Estado y la sociedad no intervienen en la protección de la niñez, incluso dentro de las familias, estas violencias seguirán normalizándose y quedando en la impunidad. A pesar de este contexto, se insiste en bloquear la posibilidad del aborto por violación, ignorando la violencia pederasta e incestuosa que son víctimas las niñas en Ecuador; mientas que en el caso de la niñez y adolescencia LGBTIQ+ las “clínicas de deshomosexualización” siguen siendo un peligro latente al que sus familias les exponen[4]. Esta situación se ha venido agravando por el confinamiento, ya que niños y niñas están obligados a convivir con sus agresores, sin tener mecanismos de escape o ayuda.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes trasciende de la familia ya que se ha trasladado a otro espacio que se debería entender como seguro. En las escuelas y colegios la niñez y adolescencia vive situaciones de vulneraciones a sus derechos, sin que existan mecanismos de protección cercanos, oportunos y efectivos. Lo señalado se demuestra con los casos: AAMPETRA[5], Paola Guzmán[6] y Valentía Cocíos[7]; que son ejemplos de la violencia sexual que son víctimas niños y niñas sin que el Estado y la sociedad puedan responder de manera adecuada para prevenir este tipo de casos.
Frente a esta realidad, es imperante que el Estado, las familias y la sociedad tengan un rol de vigilancia, sobre todo, respecto al mejoramiento de los ambientes educativos para que los derechos humanos, la educación sexual y de género puedan ser mecanismos que faciliten empoderar a niños y niñas con el objetivo de proporcionarles de herramientas para reconocer y denunciar las violencias.
Respecto a la violencia sexual en espacios educativos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acabó de declarar la responsabilidad internacional del Ecuador por el caso de Paola Guzmán. Esta niña fue acosada, violada y desprotegida dentro de su Colegio lo que provocó su suicidio. Los perpetradores de Paola, autoridades del Colegio, no fueron sentenciados por la justicia penal, motivo por el cual no existió ningún tipo de reparación integral a favor de la familia de Paola. Este caso es importante para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; ya que la sentencia obliga al Ecuador la educación sexual progresiva a lo largo del sistema educativo, además de reforzar los sistemas de detección, sanción y reparación de la violencia sexual en espacios educativos.
Lo indignante de la situación, es que el Ecuador tiene leyes y políticas públicas para afrontar este problema, pero no existe voluntad política para que los presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres sea una realidad. Lo que implica que el descuido hacia las niñas sigue siendo una constante del estado ecuatoriano[8].
La realidad del Ecuador sobre la niñez también ha cambiado sobre la interseccionalidad que se debe aplicar para garantizar sus derechos, ya que niños, niñas y adolescentes no son un grupo humano homogéneo. La niñez en su diversidad merece de un especial análisis para la garantía de derechos, ya que aquella que forma parte de la diversidad sexual y de género, la migrante, la indígena, la que vive con discapacidad, entre otras; son ignoradas y segregadas por las políticas públicas y las reformas legales. Por ejemplo, las situaciones de discriminación que viven niños, niñas y adolescentes de la población LGBTIQ+ se mantienen constantes a pesar de la judicialización de ciertos casos. El Registro Civil del Ecuador insiste en ignorar la garantía de la identidad de género auto percibida por la niñez Trans[9], motivo por el cual el caso ha subido a la Corte Constitucional. El caso de Satya y sus madres fue paradigmático para Ecuador, donde se reconoció el registro de una niña con los apellidos de sus dos madres en función de la decisión de la Corte Constitucional, empero, han pasado más de dos años de dicha sentencia sin que la Asamblea Nacional cumpla su obligación proveniente de la misma, provocado que otros casos como el de Satya se sigan judicializando[10].
En estos momentos la Asamblea Nacional a través de la Comisión especial de la Niñez y Adolescencia está reformando el Código de la Niñez, pero este proceso adolece de inconstitucionalidades de forma y fondo. En el caso de la forma, el derecho a ser escuchados es una protección obligatoria que debe respetar el Estado cuando decide sobre derechos sobre la niñez y adolescencia; pero la situación de la pandemia no ha generado la posibilidad que exista un proceso amplio y participativo donde la Asamblea escuche a la mayoría de los sectores y diversidades de la niñez del Ecuador. Esta situación tiene como consecuencia las omisiones de fondo de la actual reforma, donde se ignoran las necedades particulares de la niñez y sus familias desde un enfoque interseccional que acoja las diversidades humanas. Es lamentable que estos cambios que se pretenden aprobar al apuro por la Asamblea Nacional vayan en contra de los estándares jurídicos del Comité de los Derechos del Niño, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional del Ecuador.
Entre las varias omisiones que de fondo tiene las reformas del Código de la Niñez se destacan aquellas respecto a las niñas y la niñez en su diversidad. El tema del aborto por violación y la violencia pederasta que viven las niñas no se encuentra desarrollada en el texto.
En lo que respecta a la niñez con discapacidad, el enfoque médico es imperante desarrollando los prejuicios, como la propuesta de la pérdida de la patria potestad por discapacidad intelectual. Lo que se refiere a los derechos de la niñez LGBTIQ+ no se norman sus derechos como el de la identidad de género, la familia en diversidad, la protección contra la tortura o “deshomosexualización” e incluso no discute la posibilidad de la adopción de las parejas del mismo sexo. Lo dicho solo representa que la propuesta de reforma contenida en el informe de primer debate, no recoge los estándares de derechos humanos de la niñez y adolescencia, además de no responder a la realidad social ecuatoriana.
Frente a todas estas violencias, descuido del Estado y parcialización de la Asamblea Nacional, se ha realizado un pronunciamiento desde un amplio sector de la sociedad civil en contra de las actuales reformas del Código de la Niñez. Este grupo de personas y organizaciones solicitan el #ArchivoReformasCONA por considerar que el texto de este proyecto no desarrolla la Doctrina de Protección Integral. Esto significa que este proyecto no mira a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos con voz y decisión sobre sus vidas; sino que, les retrotrae a objetos de tutela bajo el dominio de los adultos y el Estado. Esto sin lugar a duda representa regresividad en derechos e inconstitucionalidad de la propuesta.
Frente a todo este contexto social, jurídico y social, los derechos de niños, niñas y adolescentes están en riesgo en Ecuador; por lo que las políticas públicas y las reformas legales deberían ser más serias. La discusión y visiones sobre la protección de los derechos de la niñez debe ser amplio, con su participación y sobre todo con la representación de todas las diversidades. El replantearse los sistemas de protección a través del mejoramiento del sistema, especializándolo y centrando su acción con presupuestos y competencias diferenciadas y complementarias entre las entidades estatales, es la manera adecuada de cimentar el proceso.
Por lo tanto, la reforma de una ley tan importante como el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no puede realizarse de manera parcializada y apresurada. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de generar mayores espacios para receptar las necesidades específicas de la niñez, de las familias, la academia y la sociedad civil; para que el debate tenga como resultado la garantía progresiva de los derechos de niños y niñas en Ecuador. La situación actual de la pandemia es una gran limitante para que esta ley sea reformada de manera adecuada y participativa; además que, al no recoger su propuesta los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, es inconstitucional, motivo por el cual su archivo es necesario.
Referencia:
[1] https://www.labarraespaciadora.com/ddhh/derechos-de-las-mujeres/
[2] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/2-251-menores-se-han-casado-en-ecuador-infografia
[3] https://wambra.ec/las-ninas-invisibles-ecuador/#:~:text=En%20promedio%2C%20cada%20a%C3%B1o%202.181,de%20catorce%20a%C3%B1os%20es%20violaci%C3%B3n.
[4] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/clinicas-de-deshomosexualizacion-un-fenomeno-conocido-e-impune-en-ecuador/20000013-3662580
[5] https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-solicitara-control-de-cumplimiento-de-sentencia-en-el-caso-aampetra/
[6] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf
[7] https://www.elcomercio.com/actualidad/madre-valentina-recibi-cadaver-femicidio.html
[8] https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/gobierno-reduce-prepuesto-para-atencion-victimas-de-violencia-de
[9] https://gk.city/2018/09/24/nina-transgenero-amada-ecuador-quito/
[10] https://www.elcomercio.com/actualidad/familias-diversas-reconocimiento-matrimonio-leyes.html
Nacido el 16 de junio de 1986 en Quito. Graduado como Abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y Máster en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Nacional General San Martín de Argentina. Docente de la Universidad Central del Ecuador y Presidente de la Fundación Pakta.
