Pablo Herrera
La ética como concepto complementario del servicio público resurgió del olvido, como una consigna de lucha contra los tentáculos de la corrupción que han irrumpido en las instituciones del Estado y que tanto daño provoca en los recursos públicos, lo que se traduce en afectación a los derechos constitucionales.
Como doctrina filosófica, la ética recurre a la explicación constante de la moral que permite diferenciar al ser humano lo bueno de lo malo, dualidad que existe desde el inicio de los tiempos, y que ha sido referenciada en un sin número de episodios de la humanidad.
La ética en el servicio público, no puede considerarse como un fenómeno aislado de la sociedad; sino que constituye el resultado de varios eslabones del diario vivir de nuestros pueblos, que ejercida de manera adecuada contribuye al desarrollo del país y la región. Es una suerte de antídoto contra el veneno de la corrupción, que debe suministrarse de manera permanente.
Al político que se postula a una dignidad utilizado un discurso con alta carga demagógica, sin un trabajo de base sostenido, financiado por grupos económicos de oscuros intereses, que no piensa en el bien que puede realizar en su cargo; sino en el provecho mal intencionado que puede obtener una vez posesionado.
A las burlas del Código de la Democracia y sus reglamentos, organizaciones políticas que a la interna manipulan las elecciones primarias, atentando contra los principios que luego profesan y exigen a los órganos de control electoral.
La ética debe considerarse en la formación de los cuadros nuevos en la política, los cuales pueden ser observados en la vida de varios líderes sociales que entendieron el concepto y lo plasmaron en su vida.
En la coyuntura actual, cuando se vive las etapas preliminares a las elecciones, será necesario esbozar algunos hechos que merecen la atención de la ética, como parte de cuestionamientos a quienes nos pretenden gobernar y legislar por los próximos cuatro años.
Será necesario revisar las propuestas de los candidatos presidenciales, y analizar si retoman a la ética de manera transversal dentro de la malla curricular educativa, cuya ausencia ha provocado un gran daño a la juventud.
A todos los candidatos habrá que preguntarles cuál va a ser el control ético dentro de las instituciones y qué tipo de servidores conformarán sus equipos de trabajo.
Surgen más interrogantes como, por ejemplo, qué grupos económicos financiarán las campañas que, aunque no dejan constancia, se notan y; cómo eso influirá en futuras relaciones entre el sector público y privado.
Todas estas preguntas son el anuncio de lo que hoy pasa, de instituciones en las que grupos de malos servidores hacen todo lo posible para frenar el trabajo honesto e iniciativas de quien en ese momento está liderando una dependencia.
Por estas y otras razones es necesario curar de la corrupción a las instituciones públicas con acciones que, por supuesto dependen del grupo político que gobierna el país, pero también responde a la voluntad individual de cada servidor público.
El país requiere de acciones concretas, una de ellas, por ejemplo, es transparentar las compras públicas, procesos que más allá de cumplir con todos los requisitos legales no gozan de legitimidad por varios factores antes, durante o después de la entrega del bien o servicio.
Las instituciones públicas, también gozan de excelentes servidores públicos, por tanto, el país merece que el ingreso de futuros profesionales se lo realice con auténticos concursos de méritos y oposición, pues la precarización laboral en el sector público también provoca actos de corrupción que han sido puestos de manifiesto en varios escándalos de diezmos personales que iban directamente a las cuentas de algunas autoridades.
La voluntad individual a la que hacía referencia también debe cuestionarse a cada profesional que quiere ingresar al sector público, pues el primer acto de corrupción es aceptar un cargo al cual no están preparados.
Mientras la ética cale en el servicio público se requiere fortalecer las instancias de control, comités de ética institucionales, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado.
Por último, la inclusión de la ética no pretende regular todas las actividades del sector público; sino que pretende ser una herramienta complementaria a toda la normativa que rige en nuestro país, será un ingrediente que frene la crisis social y económica que agobia la nación, la riqueza del pueblo no puede diluirse en los bolsillos de los corruptos.
El país ha volteado su rostro a la ética como símbolo de esperanza y exigencia a nuestras autoridades, la lacra de la corrupción debe ser desterrada de las prácticas individuales e institucionales, solo así el presente de nuestra generación y el futuro de nuestros hijos podrán gozar de derechos plenos.
El progreso de nuestro pueblo será posible con jueces probos, médicos íntegros, maestros rectos, policías impolutos, en fin, servidores cuyo norte sea la ética.
Pablo Herrera Naranjo, Abogado por la Universidad Central del Ecuador con una maestría en investigación con mención en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha laborado por varios años en el sector justicia
