Pablo Herrera
La seguridad social en el país atraviesa por una profunda crisis, que obedece a los rezagos de la irresponsabilidad en el manejo de recursos por parte de los administradores de anteriores gobiernos, quienes utilizaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como plataforma política, y a sus fondos sin ningún tipo de control.
Bajo ese contexto, es necesario un consenso nacional que involucre las voces de todos los sectores y que surjan alternativas idóneas para sostener al IESS.
Sin embargo, no es posible dar paso a pretensiones privatizadoras que como un espejismo muestran una propuesta probada pero no eficaz.
A propósito de las “VI Jornadas de Derecho Administrativo” desarrolladas hace pocos días en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), cuyo eje central fue la seguridad social en nuestro país, se contó con la participación de expertos nacionales y extranjeros. De estos últimos, recibimos la experiencia en naciones vecinas, Chile para ser específico, donde se abordó lo desastroso que puede llegar a ser la privatización de la seguridad social.
La experiencia privatizadora iniciada en este país, en plena dictadura militar, buscaba reducir los gastos administrativos de la seguridad social, con un aparente propósito de ahorro a largo plazo, a través de administradoras privadas de pensiones. Pero, de manera paradójica, el Estado siguió cubriendo únicamente la seguridad social de los militares, así el desenlace de fracaso ya fue previsto desde ese momento.
Es importante recordar que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 367, prohíbe la privatización de la seguridad social, pues funciona como un candado para quienes pretenden obviar esta garantía.
Por tanto, de los pocos aciertos que tuvo la Constituyente de Montecristi, fue la inclusión de este artículo, tan discutido en el momento de aprobación.
Situaciones como la de nuestro hermano país, Chile, han sido implantadas y revertidas generando graves resultados; así lo reveló el informe de la Organización Internacional del Trabajo, titulado “Reversing Pension Privatizations, Rebuilding public pension systems in Eastern Europe and Latin America,” en el que se abordó la coyuntura de varios países de nuestra región, de Europa y África, durante más de 3 décadas.
Pero más allá de la discusión sobre la apreciación de este tema, es necesario mostrar algunos detalles:
El primero, responde a las condiciones de transición: tanto para la privatización como para el retroceso de esta, implica manejar el futuro de generaciones; es decir, la incertidumbre social que generaría en los miles de afiliados y pensionistas.
Segundo, se debe considerar gastos en los que el país deberá incurrir, como la asesoría política y económica con condicionantes asumidas; la implementación de software de transferencia de información y los demás aspectos propios del cambio.
Y tercero, ¿quién asumirá el fracaso de la fallida privatización? Seguro no será quienes hoy la promueven.
El propósito final del que todos debemos participar activamente, es que las pensiones del sistema de seguridad social deben ser sostenibles; con la nueva administración del IESS, el camino es posible y se lo ha iniciado.
Pablo Herrera Naranjo, Abogado por la Universidad Central del Ecuador con una maestría en investigación con mención en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha laborado por varios años en el sector justicia
