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¿Se debe concesionar las empresas estratégicas del estado?

Fuente: Metro Ecuador

Isaías Campaña C.

Ecuador en los últimos decenios registró crónicos déficits presupuestarios derivado del creciente servicio de la deuda pública, altos niveles de corrupción, evasión/elusión de impuestos, inadecuada gestión de las empresas públicas y deficiente administración de los recursos humanos. Se estima que el déficit fiscal en el año 2019 se sitúe sobre los USD 8.000 millones.

El gobierno del presidente Lenín Moreno, en los últimos años, ha recurrido reiteradamente al endeudamiento externo de los organismos regionales y especialmente del gobierno de la República Popular China, a altas tasas de interés y atados a determinados proyectos.

Se prevé que el Ejecutivo va a seguir en la misma línea de endeudamiento, y que especialmente tiene en la mira acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, a su vez, les abriría las puertas a los créditos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esa dirección el “gobierno de todos” ha enviado señales que se consideran positivas a los organismos multilaterales como la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que permitió la exoneración del pago intereses, multas y recargos que tenían los grandes deudores con organismos públicos, SRI e IESS. También incorporó importantes incentivos a los empresarios a través de la exoneración de impuestos para nuevas inversiones en diferentes zonas del país.

Poco tiempo después, el Ejecutivo elevó los precios de las gasolinas súper, extra y eco, para reducir el nivel de subsidios.

Y según el súper asesor del primer mandatario y principal vocero del Palacio de Carondelet, Santiago Cuesta, se prevé concesionar importantes y estratégicas empresas del Estado al sector privado en el menor tiempo posible.

En la administración del gobierno de la “revolución ciudadana” se deterioraron las relaciones con los organismos multilaterales, el BM y FMI. Sin embargo, en actos de contrición, el presidente Moreno ha dado un giro de 180 grados en la ejecución de la política económica con respecto a su predecesor.

Con el propósito estrechar las relaciones con los organismos multilaterales, el primer mandatario se reunió el 24 de enero de 2019 en Davos, con la directora gerente del FMI, Christine Legarde, quien destacó su apoyo “a los esfuerzos de reforma del presidente Moreno por su fuerte enfoque en la protección de los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana” (Revista Vistazo, 2019).

FOTO: El Telégrafo

El FMI suministra los llamados “planes de rescate” a los países con graves problemas financieros, pero atados a la ejecución de determinadas políticas de ajuste y estabilización orientadas a reducir los gastos públicos y a elevar los ingresos. Las recetas son bien conocidas: eliminar subsidios, incrementar las tarifas de los servicios públicos, promover privatizaciones, subir los aportes de los trabajadores a la seguridad social y aumentar la edad de jubilación, flexibilidad laboral, entre otras.

En 2018, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitó un plan de rescate al FMI por USD 50.000 millones para evitar la fuga de capitales y controlar el desbocado incremento de los precios de los bienes y servicios. El plan acordado con el FMI estableció como metas fiscales un déficit primario de 2,7% del PIB en 2018 y de 1,3% en 2019; así como un descenso de la inflación a un 17% para 2019 y un 13% en 2020.

El gobierno de Macri, que durante la campaña electoral prometió reducir los subsidios porque beneficiaba por igual a ricos y pobres, aumentó drásticamente las tarifas de gas natural 930%, energía eléctrica 920%, agua corriente 683%; así como también, redujo las pensiones de los jubilados. Pese al histórico plan de rescate del FMI, Argentina entró en recesión en 2018, registró una tasa negativa de crecimiento de 2,8%, y no saldrá de la recesión en 2019, puesto se proyecta una tasa negativa de 1,7% (Banco Mundial, 2019).

Grecia tuvo tres programas de rescate del FMI por 288.700 millones de euros, el primer rescate del FMI fue en mayo de 2010. Luego de salir del último rescate, fines de agosto de 2018, perdió el 25% del PIB, la deuda pública subió de 127% a 180% de su PIB, el desempleo se ubicó en cerca del 20% de la población, el empleo que se crea en su mayor parte es a tiempo parcial y los jubilados perdieron el 20% de sus ingresos. A raíz de la crisis financiera, se produjo un éxodo masivo de la población joven, más de medio millones de personas emigraron a otros países en busca de nuevas oportunidades (RTVE, 2018).

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jucker, en el pleno de la Eurocámara, para conmemorar el vigésimo aniversario de la introducción del euro en 1999, “… reconoció que durante la crisis de Grecia que comenzó en 2008 se hicieron cosas `irreflexivas´ y lamentó, en particular, que se atribuyese `demasiada importancia´ al FMI, que participó en los primeros rescates financieros a Grecia” (La vanguardia, 15 de enero de 2019).

 Causas de la ineficiencia de las empresas públicas

En diez años de la administración de Rafael Correa se incrementó la participación del Estado en la economía, a través del financiamiento a las distintas actividades productivas, inversiones públicas, obras de infraestructura, incautación de empresas privadas, -especialmente del otrora grupo Isaías, más de 100 empresas-, creación o repotenciación de empresas públicas.

Se considera que las empresas públicas ayudan a regular los precios en mercados monopólicos u oligopólicos, generan fuentes de empleo, producen ingresos para el Estado. No obstante, en los hechos, son pocas las empresas públicas que cumplen estas funciones.

Tradicionalmente, para puestos gerenciales de empresas públicas se han nombrado a amigos del primer mandatario en funciones y/o amigos de los ministros o de altos funcionarios del Estado. Ha predominado más la amistad, que las competencias y experticias de los funcionarios designados.

También se ha designado en puestos gerenciales o administrativos altos del Estado a cuotas políticas, esto es, dirigentes de organizaciones políticas que apoyaron al presidente electo en los procesos electorales, sin que tengan mayores experiencias o competencias para desempeñar esos cargos. Éstos a su vez han llevado a todo un séquito de empleados.

Las consecuencias de este tipo de designaciones son que se tiene empresas públicas ineficientes, sobrepobladas de empleados, sin planes estratégicos y estados financieros que permitan evaluarlas sobre la gestión de sus administradores, con actos de corrupción crónicos, ausencia de auditorías actualizadas y sobre todo generando pérdidas para el Estado, ésta ha sido la tónica general de las empresas públicas en Ecuador.

Las pérdidas registradas por las empresas públicas contribuyen a aumentar el déficit fiscal, en no pocos casos son deudores de los aportes de sus empleados y trabajadores a la Seguridad Social, proveedores de insumos, servicios básicos; en fin, constituyen una verdadera carga para el Estado.

 Empresas públicas con rentabilidad

En el país hay determinadas empresas públicas, importantes y estratégicas, que generan ingresos para el presupuesto general del Estado o para los gobiernos autónomos descentralizados (GADs), incorporan mano de obra tanto calificada como no calificada, aportan recursos de sus empleados y trabajadores a la Seguridad Social y al Servicio de Rentas Internas.

Petroecuador, la empresa más grande del país, se orienta a la exploración, producción, almacenamiento, refinación y comercialización de petróleo a nivel nacional e internacional. Realiza sus actividades, a través de filiales como Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó las auditorías realizadas por empresas extranjeras sobre 5 proyectos del sector de hidrocarburos, relevantes y estratégicos, del gobierno de la “revolución ciudadana”.

Foto: Archivo, Ecuavisa

En el proyecto de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, el Consorcio Tecnatom de España estableció que el 99% de los montos se contrataron por Régimen Especial, es decir, bajo la figura de giro específico del negocio y solo el 1% por licitación. Algunos proyectos alcanzaron hasta 1.156% de sobrecosto. De ahí se explica que el presupuesto inicial para la repotenciación de la Refinería era de USD 754 millones, pero terminó costando USD 2.323 millones.

En el proyecto de la Refinería del Pacífico, la empresa RSP Energy Ltd. de Reino Unido determinó posible conflicto de intereses, puesto que la empresa que gerenció el proyect,o realizó también estudios de ingeniería. Se realizaron 117 estudios a un costo de USD 395 millones. Solo el 30% de los estudios podría ser reutilizado. El resultado de la evaluación estableció sobrecosto por USD 156 millones en obras de terrenos, vías y campamentos, plataforma y acueducto. En el proyecto de la Refinería se gastaron un total de USD 1.531 millones y no existe ninguna infraestructura.

En el Poliducto Pascuales-Cuenca, la empresa ABS Group Consulting Inc. de Estados Unidos develó que el valor ductos por milla, se encuentra 250% por encima de su precio para poliductos. Los suelos y taludes del Terminal de Cuenca están en situación de riesgo crítico, la operación no es segura. El presupuesto inicial del proyecto del Poliducto fue de USD 250 millones, pero terminó costando USD 623 millones. Se calcula que hubo un sobrecosto de 150%.

Los mismos problemas, sobrecostos, irregularidades, se detectaron en los proyectos Terminal Marítimo Monteverde, cuyo presupuesto inicial fue de USD 210 millones, pero terminó costando USD 371 millones. En el Proyecto de Licuefacción de Gas Bajo Alto, el presupuesto inicial era de USD 40,1 millones y su costo final fue de USD 76,5 millones (Petroecuador, 2018).

A pesar de los problemas de corrupción en los que estuvieron involucrados altos ejecutivos de la empresa Petroecuador, en el año 2017, registró ingresos por USD 9.516 millones de dólares por concepto de exportación de crudo y derivados, venta interna de derivados, comercialización de gas natural, consumo interno de crudo; y obtuvo una utilidad en el ejercicio de USD 1.558 millones, registrando una rentabilidad del 16%.

El patrimonio de la Empresa Pública más grande del país a diciembre de 2017 se sitúo en USD 7.865 millones y, a esa fecha, laboraban 4.445 empleados. Según la ejecución presupuestaria de 2018, Petroecuador tuvo ingresos operacionales ejecutados por USD 10.579 millones y el total de egresos ejecutados fue de USD 2.205 millones; es decir, registró un saldo positivo de USD 8.374 millones que en su mayor parte ingresaron al presupuesto general del Estado (Petroecuador, 2018).

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), cuya actividad fundamental son las telecomunicaciones, según el informe de Rendición de Cuentas de 2017, ocupa el primer puesto de telefonía fija, con 2´060.000 hogares conectados; y brindando internet fijo a 940.000 hogares.

Tiene el segundo puesto en televisión pagada con 377.700 clientes; y el tercer puesto en internet móvil con 1´160.000 usuarios; y en telefonía móvil con 2´051.880 clientes.

En 2017, CNT registró ingresos por telefonía fija de USD 301 millones, por internet fijo de USD 254, por servicio móvil de USD 154, por televisión de USD 96, por trasmisión de datos de USD 41 y otras líneas de negocios por USD 67. Todos estos rubros suman USD 913 millones., registrando una utilidad de USD 150 millones y una rentabilidad del 17%. En la empresa pública de telecomunicaciones laboraban 8.441 empleados, tanto personal fijo como temporal (CNT, 2018). En contraste, la empresa “Claro”, filial de América Móvil, cuya actividad fundamental es la telefonía móvil, con una planta de 2.983 empleados, tuvo ingresos por USD 1.305 millones, obtuvo utilidades sobre los USD 134 millones y una rentabilidad del 18%.

Foto: Archivo, Ecuavisa

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones con una mayor optimización de los recursos humanos y una administración más eficiente podría tener, a su vez, una mayor rentabilidad. Por ello, el principal consejero del primer mandatario y panegirista de las privatizaciones le ha puesto en el primer lugar de las concesiones.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), tiene como objetivo principal brindar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en diez provincias del país, bajo el régimen de exclusividad regulado por el Estado.

CNEL agrupa a las otrora empresas distribuidoras Bolívar, Regional El Oro, Regional Esmeraldas, Regional Guayas-Los Ríos, Manabí, Milagro, Los Ríos, Santo Domingo, Península de Santa Elena y Regional Sucumbíos. En 2014, absorbió a la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil.

En 2017, la Corporación Nacional de Electricidad registró ingresos por USD 1.281,5 millones; gastos y costos operacionales por USD 1.228,3 millones; obtuvo USD 53,2 millones en utilidades; y alcanzó una rentabilidad de 4,2%.

CNEL, en 2017, tenía una planta de 6.975 empleados y 2´494.331 clientes que representaba el 49,5% del total de clientes de las empresas distribuidoras a nivel nacional. En el Informe de Rendición de Cuentas del mismo año, se reporta que la empresa pública registraba activos por USD 2.904 millones y pasivos por USD 1.123 millones (CNEL, 2017).

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) tiene como actividades fundamentales la generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica. CELEC agrupa un conjunto de empresas como las centrales hidráulicas Hidropaute, Hidroagoyán, Hidronación e Hidroazogues; y las térmicas Termopichincha, Termoesmeraldas, Electroguayas y Termogas Machala.

Además, incluye el proyecto emblemático del gobierno de la “revolución ciudadana” Coca Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, con un potencial de 1.500 MW de potencia, ubicado en los cantones de El Chaco y Gonzalo Pizarro de las provincias de Napo y Sucumbíos, respectivamente. Igualmente, los proyectos Toachi-Pilatón con 254 MW de potencia, que todavía no entra en operación por conflictos con los contratistas, y Manduriacu con 65 MW de potencia.

Foto: ceymglobal.com

En la central hidroeléctrica “Coca Codo Sinclair”, a cargo de la empresa china Sinohydro, la Contraloría General del Estado en el examen especial del 14 de noviembre de 2018, estableció que se han generado perjuicios al Estado e identificó 7.648 fisuras, la más grande tiene 38 centímetros, en los distribuidores que están ubicados en la casa de máquinas. La reparación de todas las fallas costaría USD 1.010 millones, e involucraría la remoción de todo el hormigón de la casa de máquinas. El costo total de la central hidroeléctrica fue de USD 2.240 millones (Contraloría, 14/11/2018).

Sin embargo, de los problemas de sobrecostos, irregularidades y corrupción; la Corporación Eléctrica del Ecuador, en 2017, registró ingresos por USD 889,7 millones. Sus costos fueron de USD 649,8 millones, sus gastos por USD 154,4 millones y obtuvo USD 85,5 millones por concepto de utilidades, equivalente a 9,6% de rentabilidad. A fines de año, registró activos por USD 12.196 millones, pasivos USD 1.120 millones y alcanzó un patrimonio neto de USD 11.076 millones (CELEC, 2018).

La otra cara de la moneda

Hay decenas de empresas públicas grandes, medianas y pequeñas que no generan utilidades y por tanto rentabilidad. Esto debido a su inadecuada administración, manejo político, y que en sus informes anuales de rendición de cuentas, que es obligatorio para las empresas públicas, en la mayoría de casos, no incluyen los estados financieros que permitan conocer la situación real de las empresas.

La empresa pública TAME, cuya actividad es el transporte aéreo, en 2017, tenía una flota operativa en promedio de 8 aviones -Airbus, Embraer, ATR, Kodiak-; tuvo ingresos por USD 156,4 millones, pero registró pérdidas por USD 62,4 millones. En la empresa pública laboraban 1.402 empleados.

Según los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado “TAME tuvo pérdidas por USD 104 millones en 2014 y de USD 144 millones en 2015. Entre otras cosas, se señala que la entidad no entregó toda la documentación que justifique sus gastos, por lo que las pérdidas podrían ser superiores” (Contraloría, 2018).

La empresa de Medios Públicos EP agrupa a Ecuador TV, El Telégrafo, Radio Pública, EditoGran, El Tiempo y Andes Agencia Pública de Noticias. En 2017, tuvo ingresos por USD 34,3 millones, obtuvo una utilidad de USD 200 mil y registró un rendimiento de 1%. En la empresa Pública laboraban 1.508 empleados. Según el Balance General que se incluye en Rendición de Cuentas, al mes de diciembre de 2017, tenía activos por USD 99,9 millones, pasivos por USD 46,8 millones, patrimonio USD 48,1 millones y resultados del ejercicio en curso 0,0 (Medios Públicos, 2018).

¿Qué hacer con las empresas públicas?

De la información descrita se infiere que a pesar de que las empresas auditoras extranjeras y la Contraloría General del Estado establecieron sobrecostos, corrupción e irregularidades en las empresas públicas que operan en los sectores de hidrocarburos y generación y suministro de electricidad, esas empresas han generado recursos importantes para el Presupuesto General del Estado, por lo que deberían continuar sus operaciones en estas áreas, esto es, no deben ser concesionadas.

Sin embargo, la actividad petrolera debe estar a cargo de una sola empresa pública, es decir, se debe fusionar Petroecuador y Petroamazonas porque prácticamente tienen las mismas funciones. Esto, a fin de optimizar los recursos económicos, humanos y financieros, y conseguir mayores utilidades.

Igualmente, las actividades de generación y distribución de la energía eléctrica deberían estar a cargo de una sola empresa pública, esto es, se debería fusionar la Corporación Nacional de Electricidad y Corporación Eléctrica del Ecuador, puesto que realizan las mismas actividades en áreas diferentes.

El Art. 314 de la Constitución del Ecuador dispone: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.” A, su vez, el Art. 316, primer inciso, manda: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria.”

El Estado, en el sector de los medios de comunicación debería tener un solo canal de televisión de calidad internacional, para lo cual debería fusionarse Ecuador TV y Canal 10, y mejorar sustancialmente los contenidos de los programas. No es posible que un canal público, Cadena Ecuatoriana de Televisión, en el segmento de noticias destine tanto tiempo a la crónica roja. El Estado debería reservarse el 51% de las acciones para no perder el control de la empresa, las demás acciones se deberían cotizar en los mercados de valores y la administración de la empresa conjunta podría estar a cargo del sector privado.

Uno de los grandes errores de la política nacional de inversiones es que se ha fomentado el ingreso de empresas extranjeras, especialmente multinacionales, que operan independientemente, sin mayores regulaciones; no transfieren tecnología, utilizan precios de transferencia, envían capitales a paraísos fiscales para evadir impuestos y obviamente obtener mayores utilidades. Una política de fomento de empresas conjuntas podría trastocar ésta la situación.

La República Popular China estableció una política de fomento al capital extranjero, pero esta se genera básicamente a través de empresas conjuntas, también llamadas Joint Venture, con los resultados económicos  que son conocidos por todos.

Adicionalmente, se debería reformar las Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código Orgánico Integral Penal para tipificar mejor los delitos derivados de los actos de corrupción que se ha vuelto endémico en el país, e incrementar sustancialmente las sanciones y penas para que no queden en la impunidad, como lamentablemente está sucediendo.

Bibliografía:

Banco Mundial, 2019. Versión electrónica disponible en: http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

CELEC, 2018. Versión electrónica disponible en: ttps://www.celec.gob.ec/images/pdf/eeff/ESTADOS-FINANCIEROS-2017.pdf

CNEL, 2017. Versión electrónica disponible en: https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/resumen-ejecutivo-RC_2017.pdf

CNT, 2018. Rendición de Cuentas 2017. Versión electrónica disponible en: https://corporativo.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/CNT-RENDICION22.pdf

Contraloría General del Estado, 2018. Versión electrónica disponible en: http://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/CGENoticias/20361

Contraloría, 2018. Versión electrónica disponible en: http://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/PrensaDia/20539

La vanguardia, 2019. Versión electrónica disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20190115/454158279180/juncker-lamenta-insolidaridad-grecia-papel-fmi-durante-crisis.html

Medios Públicos, 2018. Versión electrónica disponible en: www.mediospublicos.ec

Petroecuador, 2018. Versión electrónica disponible en: http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/2018/diciembre/soportes/Reporte-Ejecucion-Presupuestaria.pdf

RTVE, 2018. Versión electrónica disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20180820/grecia-sale-su-ultimo-rescate-financiero-pese-dudas-sobre-sostenibilidad-su-economia/1781200.shtml

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EMPRESAS PÚBLICAS SELECCIONADAS, 2017
En millones de dólares
EMPRESA ACTIVIDAD INGRESOS UTILIDADES RENTABILIDAD EMPLEADOS
PETROECUADOR EP PETROLERA 9.516,2 1.558,2 16,0% 4.445
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL) EP ENERGÍA ELÉCTRICA 1.260,5 53,2 4,2% 6.975
CORPORACION ELÉCTRICA DEL ECUADOR (CELEC) EP ENERGÍA ELÉCTRICA 889,7 85,4 9,5% 162
CNT EP TELECOMUNICACIONES 913,0 150,0 16,4% 8.491
BANCO PACÍFICO* BANCA 559,6 91,8 16,4% N/D
SEGUROS SUCRE* SEGUROS 274,6 22,5 8,0% N/D
FLOPEC EP TRANSPORTE DE PETRÓLEO 435,5 N/D N/D 504
TAME EP TRANSPORTE AÉREO 156,4 -62,4 -39,9% 1.402
EMPRESA ELECTRICA QUITO ENERGÍA ELÉCTRICA 397,7 N/D N/D 1.476
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR ENERGÍA ELÉCTRICA 118,4 12 7,6% 440
UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRÍCOLAS 77,3 N/D N/D 393
CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CANAL 10 MEDIO DE COMUNICACIÓN 67,2 0,4 1,0% 467
EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TRANSPORTE TERRESTRE 65,3 N/D N/D 1.963
ETAPA CUENCA ADM. DE SERVICIOS 78,2 6,6 8,0% 1.372
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO LÁCTEOS 75,4 0,9 1,0% 230
MEDIOS PÚBLICOS ( EL TELÉGRAFO, ENTRE OTROS) MEDIO DE COMUNICACIÓN 34,3 0,2 1,0% 1.058
EMAPAG EP AGUA 52,9 27,8 N/D 128
EMELNORTE ENERGÍA ELÉCTRICA 52,8 N/D N/D 581
TOTAL 15.025,0 30.087
FUENTE: Revista Vistazo, 21 de septiembre de 2018 y *Revista Ekos, 2018

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Isaias Campaña
Isaias Campaña
Docente de la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) y ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.

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