Entrevista a Luis Andrango Cadena
Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.
¿Cuáles serán los puntos angulares de su gestión al frente del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades?
Nuestra gestión tendrá 4 líneas de acción prioritaria: (1) relación de autonomía, respeto y colaboración con todas las organizaciones del movimiento indígena, afrodescendiente y montuvio; (2) acceso a la educación y concretamente a la educación superior; (3) fomento del empleo; y, (4) soberanía alimentaria ligado a una propuesta concreta sobre compras públicas.
¿Cómo fomentar la confianza en las organizaciones del movimiento indígena, afrodescendiente y montuvio luego de 10 años de gobierno de Rafael Correa?
Esto es una prioridad para nosotros. En estos 10 últimos años la relación entre el ejecutivo y el movimiento social en general fue de cooptación, división y criminalización. Ahora queremos que esta relación, entre las instancias del Estado con las organizaciones de la sociedad, sea una relación de respeto, de autonomía y de colaboración. Cada uno desde su espacios pero construyendo juntos un Ecuador mucho más justo, intercultural y equitativo.
¿Se va a recuperar la relación con la CONAIE por ejemplo?
Obviamente. La idea es que en el gran marco del diálogo que ha establecido el presidente de la República Lenin Moreno, este Consejo para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, colaborare como un instrumento de encuentro entre las organizaciones del movimiento indígena y todas las instancias del ejecutivo y del Estado en general. Debemos recuperar esa relación que fue perdida y hasta combatida en los años anteriores. Creo que eso es parte de una necesidad histórica que ha planteado el Ecuador entero. El proceso de polarización, de enfrentamiento y de división que vivió durante 10 años la sociedad ecuatoriana, hoy requiere un espacio de reconstitución y reencuentro para construir colectivamente un Ecuador intercultural, pero también para enfrentar los serios problemas heredados del correismo.
¿En el ámbito de derechos qué hará este Consejo?
Precisamente la segunda clave de nuestra gestión tiene que ver con algo que hemos identificado como una demanda central de las organizaciones: el tema de la educación y, concretamente, del acceso a la educación superior de jóvenes de pueblos y nacionalidades. La situación está mejorando pero aún queda mucho por hacer. Según la SENESCYT, para el segundo semestre de 2018 se otorgaron 124.655 cupos, de estos 8.949 corresponden a pueblo y nacionalidades.
¿Cuáles, a su parecer, son las razones de esta inequidad?
Hay dos razones cruciales. La primera es que es evidente que existe una deficiencia de conocimientos por parte de los jóvenes que provienen del sector rural. Eso perjudica de entrada las posibilidades de acceder a los puntajes mínimos que se exige para continuar con la educación superior. La segunda tiene que ver con la incapacidad económica de las familias para ofrecer a sus hijos otra alternativa que, en este caso, sería la educación privada.
Pero, ¿cómo superar estas condiciones de desigualdad estructural?
Para nosotros está claro. Si no logramos garantizar el acceso a la educación de los pueblos y nacionalidades, continuaremos condenados a la pobreza, a la exclusión y a la distribución inequitativa de oportunidades.
Respecto a las oportunidades, ¿cuál es la situación del empleo en indígenas, afrodescendientes y montuvios?
En la planificación 2016-2017 se estableció el plan plurianual de combate a la discriminación y al racismo. Parte de esas medidas implicaban exigir a todas las instituciones del Estado, tener al menos un porcentaje de 6 o 7% de funcionarios públicos que provengan de pueblos y nacionalidades. La evaluación que tenemos es que no llegamos ni siquiera al 1%. Si esto lo extendemos al sector privado, tenemos como resultado un problema serio de acceso al empleo, incluso para las personas que han cursado la educación superior. En ese sentido un tema clave para el Estado es establecer medidas que garanticen mecanismos de promoción del empleo para estos sectores. No únicamente empleo en las instancias gubernamentales y privadas, sino también acompañando y fortaleciendo los procesos de emprendimientos productivos que adoptan una lógica más comunitaria, orientada a jóvenes específicamente.
Mencionó al principio el tema de compras públicas y soberanía alimentaria, ¿cuál es la relación entre ambas?
Esto tiene que ver con algo que para nosotros es trascendental. Todo el sistema de compras públicas que debería estar fortaleciendo a la pequeña y mediana producción, a la economía popular y solidaria, en realidad se ha convertido en un instrumento para favorecer más a los grandes agro-negocios. Por ello desde aquí vamos a gestionar varias acciones para fortalecer las compras públicas con énfasis en alimentación. Queremos que se garantice concretamente la provisión de alimentos por parte de sectores productivos que provengan de organizaciones sociales, con algunas medidas muy concretas. Por ejemplo, todo el sistema de provisión de alimentos del sistema educativo debería enfocarse en 10 productos para la soberanía alimentaria por cada uno de los territorios. Esto porque es muy grave los niveles de desnutrición que tienen los niños provenientes de pueblos y nacionalidades, aun cuando el problema de la desnutrición crónica en la niñez ecuatoriana en general es alarmante: 3 de cada 5 niños padecen de desnutrición crónica. Es decir, este dato proporcionado por Naciones Unidades, muestra la gravedad del problema; todos conocemos que la desnutrición crónica en la infancia, puede estar asociada a que estos niños en el futuro tengan menos capacidad de salir de la pobreza.
Una herramienta clave relacionada con la política pública de igualdad y no discriminación son las agendas nacionales para la igualdad, ¿cómo se construyó esta agenda y cuáles son sus objetivos?
Esta agenda es parte de los mandatos que se aprobaron en la Ley de los Consejos de Igualdad. Es un instrumento mandatorio para la construcción de política pública del ejecutivo y del Estado. La agenda ha venido construyéndose en estos últimos años, y es nuestro afán que hasta el mes de noviembre, podamos concretar su aprobación. Será sin duda un instrumento para que los pueblos y nacionalidades puedan exigir al ejecutivo y a las diferentes instancias del Estado, el cumplimiento de las líneas de acción de este plan. Y también que el ejecutivo tenga una perspectiva más clara sobre cómo construir un Ecuador intercultural y plurinacional.
¿Qué acciones realizarán en el marco del Decenio afrodescendiente?
Este es un compromiso internacional muy importante que asumió el Estado ecuatoriano con las Naciones Unidas. Han pasado 3 años y casi ocho meses en los cuales el Estado debía implementar políticas orientadas a fortalecer su accionar, especialmente en las zonas con presencia afrodescendiente. Asumí el Consejo hace siete semanas y he propuesto algunas acciones a nivel interno, como establecer un nivel de articulación más permanente con las mesas técnicas de la implementación del Decenio, socializar la propuesta en varias instancias del ejecutivo y la sociedad; y finalmente construir una agenda específica del Decenio afrodescendiente con metas e indicadores claros.
¿Qué puntos destaca de esta agenda por el Decenio afrodescendiente?
Esta agenda está orientada principalmente a tres aspectos concretos: el primero es la etno-educación para resaltar y valorizar la identidad; el segundo es combatir la exclusión en zonas específicas donde se asientan los pueblos afrodescendientes a través de planes de intervención integral e interinstitucional; y el tercero tiene que ver con salud como elemento central. Al respecto de este último punto, nos sorprendió conocer que el sistema de salud ecuatoriano ha identificado la existencia de dos enfermedades que atañen con más fuerza a las poblaciones afrodescendientes: la llamada “presión alta” y un tipo de anemia específica que aqueja con más fuerza a poblaciones afrodescendientes.
Estamos por conmemorar el día de la interculturalidad ¿qué es lo que el Consejo ha preparado al respecto?
Hemos organizado la “semana de la interculturalidad” que arrancará con un seminario internacional sobre los 10 años de la declaratoria del Estado como intercultural y plurinacional, conjuntamente con la Universidad Andina Simón Bolívar. Será un espacio de reflexión y evaluación, con una visión crítica sobre los avances, los logros, pero también los desafíos y las limitaciones. Posteriormente tendremos una muestra fotográfica sobre las lenguas que se hablan en Ecuador, tomando en cuenta que el próximo año se realizará la declaratoria sobre el año internacional de las lenguas originarias. En esa perspectiva nos estamos proyectando precisamente. También hemos querido ofrecer el premio a las “juventudes diversas 2018”, recogiendo algunas iniciativas en el ámbito académico, social y cultural de jóvenes provenientes de pueblos y nacionalidades que han logrado algún tipo de reconocimiento. Adicionalmente vamos a tener una muestra de cine en la casa de la cultura y en el cine 8 y medio, de las principales producciones, tanto de cine indígena, afrodescendiente y montuvio. Finalmente, el 12 de octubre cerraremos con una feria de las instituciones públicas, sobre las acciones que están llevando adelante para fortalecer la interculturalidad y la plurinacionalidad en los territorios. También se contará con una sesión solemne donde varios de los ministerios suscribirán un compromiso respecto a los ámbitos laboral, educativo y de salud de pueblos y nacionalidades.
En otro ámbito, ¿cómo mira el Consejo para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades el extractivismo que persiste en las zonas amazónicas? ¿Cómo proteger a las comunidades, pueblos y nacionalidades que están sufriendo el avance de la frontera extractiva en sus territorios?
Es evidente que en Latinoamérica en general, los proyectos de explotación minera y petrolera se van expandiendo y en ese proceso se encuentran con la presencia de territorios pertenecientes a pueblos indígenas. Esto de entrada ya genera un nivel de conflictividad bastante alto. La gran pregunta es qué han hecho las instituciones históricamente para enfrentar esa conflictividad. El marco internacional de derechos plantea un mecanismo concreto que es la consulta previa, libre e informada; sin embargo, los gobiernos han hecho caso omiso a este instrumento que es obligatorio y mandatorio, convirtiéndolo más bien en una estrategia de funcionalización de las comunidades para la implementación de proyectos extractivos. Me parece que una acción concreta que podríamos realizar en esta perspectiva, es garantizar que ese proceso de consulta a las comunidades, pueblos y nacionalidades, cuente con una efectiva participación de los actores de las zonas en conflicto. Justamente podemos constatar el ejemplo del caso Chevron-Texaco, donde la explotación petrolera ha tenido efectos nocivos sobre las condiciones de vida de esas comunidades, afectando también en la capacidad de la Amazonía de mitigar la contaminación ambiental y proveer de oxígeno a la humanidad.
Al respecto, ¿cuál es su evaluación sobre el tratamiento del gobierno anterior en el caso Chevron-Texaco?
Es evidente que en los territorios indígenas, Texaco no tenía ningún compromiso ambiental. Lo único que les guiaba es su afán de lucro. Por ello el Estado debía establecer mecanismos concretos de remediación; lo grave es que la estrategia de defensa del gobierno ecuatoriano en la gestión de Rafael Correa, ha significado una amplia inversión de recursos destinados a esta defensa que no tuvo ningún efecto en concreto. La pregunta es ¿no habría sido más efectivo que todos esos cuantiosos recursos económicos (millones de dólares), se inviertan en la remediación y descontaminación de esas comunidades? Quizá habría tenido mejores efectos en términos prácticos. Es evidente que existió una responsabilidad enorme en las personas encargadas de manejar este tema.
Finalmente, en su trayectoria como parte del movimiento indígena y como ex presidente de FENOCIN, ha reivindicado siempre una posición de izquierda, ¿cuál es el papel de este sector en el Estado y en el gobierno actual?
Estamos claros en que el papel de las organizaciones de izquierda y del progresismo al interior del gobierno, siempre será disputar que el sentido de la política pública orientada a los sectores sociales, deje de estar focalizada en los grupos «vulnerables», y pasen a ser un instrumento más universal de combate a las inequidades y a la pobreza. Creo que nuestro papel en estas instancias pasa por lograr sostener este planteamiento de que los gobiernos son transitorios y lo que queda es el movimiento social. Desde esta perspectiva si existe un qué hacer desde la institucionalidad, es apalancar, en el plano del respeto y la autonomía, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad. No combatirlas, no criminalizarlas, sino respetarlas e incluso favorecer el robustecimiento de su capacidad de organización. Este es un principio fundamental para las personas que venimos de la izquierda. El Estado siempre será un espacio en disputa. En ese contexto, mientras mayor sea la capacidad de los movimientos sociales, mayor nivel de incidencia tendrán en la disputa de políticas para combatir la pobreza y la exclusión.
