El linchamiento mediático fue un pretexto para restringir la libertad de prensa y el acceso a la información

El linchamiento mediático fue un pretexto para restringir la libertad de prensa y el acceso a la información

Carla Maldonado Pazmiño

Vivimos 10 largos años con autocensura y censura. No podíamos decir muchas cosas durante el Gobierno autoritario y concentrador de poder de Rafael Correa. La Superintendencia de Comunicación (Supercom) cumplió una tarea inquisitoria y vigilaba a los medios, periodistas, opositores y organizaciones sociales. Todo eso para acallarnos y evitar que se conozca la verdad: la pésima gestión administrativa que era solo maquillaje y, sobre todo, la corrupción.

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de impronta correísta, contradice los preceptos de los organismos internacionales para la libertad de expresión, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Declaración de Chapultepec o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Pero con la llegada del presidente, Lenín Moreno Garcés, ese escenario cambio. Él presentó un proyecto de Reformas a la LOC, el 21 de mayo de 2018, que actualiza la ley, según la normativa y tratados internacionales. Ese día el Primer Mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “Este es el resultado de nuestra política de diálogo con varios sectores. Garantizamos a los ecuatorianos el derecho a la libertad de expresión”. La Secretaría de Comunicación señaló en un comunicado que el proyecto se da «en un marco global de reinstitucionalidad del país».

La iniciativa del Ejecutivo, que fue tratada por la Comisión de Derechos Colectivos, tiene 93 artículos, 7 disposiciones generales y 6 transitorias. Ya pasó el primer debate en la Asamblea, el 5 de septiembre. Lo más destacado de ella es la eliminación del régimen sancionatorio económico, de la Supercom y de la figura de linchamiento mediático.

Me centro en el linchamiento mediático; el artículo 26 de la actual LOC señala que es la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Con ese artículo la Supercom de Correa sancionó a Teleamazonas, en 2014. ¿Por qué? Luis Chriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), actualmente con arresto domiciliario por corrupción, denunció a ese canal por difundir en el programa Dream Team que él compraría votos para ser reelegido. Ese medio fue obligado a pedir una disculpa pública a Chiriboga, aunque ya conocemos como terminó él: con grilletes por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En realidad, el linchamiento mediático es completamente subjetivo y constituyó un pretexto para restringir la libertad de prensa y el acceso a la información. Al exgobierno le convenía silenciar a medios y a periodistas para evitar que saquen a la luz los casos de corrupción que invadieron toda su gestión. Por ejemplo, en el caso de Petroecuador, el exvicepresidente Jorge Glas y otros dos funcionarios están detenidos, 20 son investigados, 7 huyeron a Estados Unidos y afrontan un pedido de extradición.

La bancada de la Revolución Ciudadana, que está conformada por 29 legisladores, obviamente se opone a las reformas. Esta agrupación vendió la idea de que la carga en los juzgados por reclamos en contra de los medios de comunicación aumentaría a causa de la desaparición de la Supercom, las sanciones económicas y el linchamiento mediático. Sin embargo, las reformas establecen que la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) recibirán las quejas ciudadanas.

Otro tema destacado es la renovación de las frecuencias de radio y televisión, que se manejaron por intereses políticos en el Gobierno correísta. La reforma a la LOC (Disposición Transitoria Quinta) señala: las personas naturales que tienen una frecuencia de radio o televisión de señal abierta, podrán conformar una compañía o una persona jurídica sin fines de lucro, y pasarán a ser titulares de esas frecuencias según el contrato original de concesión. Sin embargo, esto no será automático, requiere de la autorización del titular de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Pero hay algunas voces contrarias a esa renovación de frecuencias. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), por ejemplo, está a favor de concursos públicos y transparentes.

El 3 de octubre la Arcotel anunció que terminará el contrato de concesión de las frecuencias de radio y televisión del grupo “Canela” después de un informe de la Contraloría sobre el tema. La Agencia verificó un incumplimiento de las disposiciones que “prohíben la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión”.

“Canela” es un conglomerado de medios vinculados al asambleísta elegido por Alianza PAIS, Jorge Yunda, aunque él ha negado ser su titular, “soy propietario de marca y productor de sus programas”, dijo públicamente. El holding comprende Canela TV, canal 24 UHF de Guayaquil y su repetidora para transmitir en Quito; Canela Radio Corp., que tiene su matriz en Quito y repetidoras en Esmeraldas y Santo Domingo; Canela Central para el área de cobertura a Latacunga, Ambato, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Píllaro, Cevallos, Quero, Mocha, Tisaleo y Patate.

Los gremios periodísticos aún creen que faltan otros artículos por cambiar…

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