Carla Maldonado
La corrupción no debe ser normalizada. Los ciudadanos no podemos aceptar como una práctica común los sobornos, el tráfico de influencias, la asociación ilícita, el peculado o el lavado de activos en la función pública. Eso rompe los cimientos éticos de la sociedad, destruye la economía porque le roba a los más pobres y merma la confianza en el sistema democrático.
El jurisconsulto Xavier Zavala citaba al expresidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy, del Partido Colorado, en una reflexión sobre la corrupción: «Nos hemos acostumbrado a las soluciones fáciles y admiramos a los ventajistas, es decir, a los ‘vivos’, a aquellos que sacan provecho de cualquier situación favorable, por más inmoral que fuera”.
Eso nos remite a una frase que se escucha con frecuencia en Ecuador: “No importa que roben con tal de que hagan obras, construyan carreteras, escuelas, hospitales”. De esa manera, aplauden al “pícaro” y justifican la corrupciógn.
La corrupción y la política resulta una combinación fatal. Los dignatarios son elegidos para administrar la cosa pública con transparencia y honestidad, no para abusar de su poder y delinquir.
Tenemos ejemplos del más alto nivel como el caso Sobornos que involucra al expresidente Rafael Correa, con sentencia de primera instancia a 8 años de prisión; y a su exvicepresidente, Jorge Glas, quien está en la cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Por primera vez en la historia republicana de Ecuador, las dos primeras y máximas autoridades fueron “los capos de una estructura delincuencial que cobraba sobornos a cambio de entregar contratos de obras públicas a empresas privadas”, según la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNAC) señala que la corrupción en los 10 años de “revolución ciudadana” está calculada en 45.000 millones de dólares.
En el ámbito Legislativo hay otros casos de corrupción que se conocieron en medio del dolor y de la muerte de la pandemia. Por ejemplo, el del exasambleísta Daniel Mendoza, del Movimiento Mejor, presunto responsable de una red de delincuencia organizada en la construcción de obras en Manabí.
Esa red habría extorsionado y exigido coimas a los gobiernos autónomos y contratistas para adjudicar contratos millonarios por obras, a través de autoridades del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Mendoza, quien era presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, está en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos. También hay otros legisladores que estarían implicados en este caso: Eliseo Azuero, de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), quien tiene orden de prisión preventiva.
Pero este no es único caso irregular en el primer poder del Estado. Durante la emergencia sanitaria se conoció que cuatro asambleístas tienen carnés de discapacidad. Uno de ellos justificó ese documento, pero los otros importaron autos del exterior sin pagar impuestos al Estado.
Los padres de la patria obtuvieron esos carnés con relativa facilidad y en cuestión de pocos meses, mientras las personas con discapacidad necesitan años para conseguir ese certificado.
Uno de esos parlamentarios incluso propuso la Ley de Extinción de Dominio para combatir la corrupción y logró una disminución en la pensión alimenticia para su hijo.
Además, hay 20 parlamentarios que son investigados en la Fiscalía por supuestos cobros ilegales a los funcionarios a cambio de trabajo en sus despachos. Una de ellas ya fue sentenciada a un año de prisión por concusión: Norma Vallejo, de Alianza PAIS. Por un caso similar fue condenada la exasambleísta y exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien renunció a su cargo después del escándalo.
La pandemia destapó otros casos de corrupción en el ámbito político. Por ejemplo, el expresidente Adbalá Bucaram, quien tiene un grillete, y está acusado un presunto delito de tráfico de armas y municiones. En el allanamiento en su casa encontraron 5.000 cajas con pruebas rápidas de covid-19. La fiscal del Estado Diana Salazar dijo que el allanamiento obedeció a un caso de presuntas compras de insumos médicos con sobreprecio en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Seguro Social, en Guayaquil. Tres hijos del exmandatario también tienen orden de prisión.
Mientras escribía este texto se conocieron nuevos casos. Pero me faltaría espacio para incluir todos, esa es la triste realidad del país. Una realidad que solo podrá revertirse con el trabajo mancomunado de todos los ciudadanos.
