Wilma Salgado
El corona virus profundizó tendencias recesivas[1]
El corona virus profundizó las tendencias recesivas presentes en la economía mundial y desnudó los problemas que se encontraban subyacentes en dicha economía, como la profunda precariedad de los mercados laborales, en particular en los países en desarrollo, con la mayor parte de la población económicamente activa en situación de informalidad, así como la profunda debilidad de los sistemas alimentarios y de salud.
En efecto, el corona virus profundizó la tendencia al estancamiento económico que se venía registrando en la economía mundial, como consecuencia de una confluencia de factores, entre los que el propio FMI incluyó: “la agudización de las tensiones geopolíticas, particularmente entre Estados Unidos e Irán, el aumento del malestar social, un nuevo empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y sus socios comerciales, y una profundización de las fricciones económicas entre otros países”[2].
Las medidas de confinamiento aplicadas en la mayor parte de países del mundo, transformó el estancamiento en la peor recesión de la posguerra, incluso similar a la gran depresión de los años treinta, con el consecuente impacto devastador sobre el mercado laboral.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que en el segundo trimestre del 2020, se habrían perdido 305 millones de empleos a tiempo completo a nivel global[3]. La OIT advierte también que: “más de 2.000 millones de personas en el mundo trabajan en la economía informal, en empleos caracterizados por una falta de protección básica, incluida la cobertura de protección social. Muchos de ellos no tienen la posibilidad de trabajar a distancia desde sus hogares. Permanecer en casa significa perder su empleo y, sin ingresos, no tienen acceso a alimentos”[4]
El corona virus desnudó también los graves problemas de los sistemas alimentarios y de la salud, debilitados luego de la aplicación de las políticas neoliberales, que dieron lugar a la reducción de los presupuestos sanitarios y de las políticas de apoyo a la producción de alimentos.
El cuestionamiento al paradigma neoliberal
La pandemia está dando lugar a un profundo cuestionamiento del paradigma neoliberal dominante que ha estado vigente, por lo menos en los últimos cuarenta años, que propone la reducción del tamaño del Estado y de su capacidad reguladora y la liberalización de los mercados de bienes, servicios y capitales incluso a nivel internacional. El coronavirus está obligando a reconocer que la única respuesta efectiva frente a las crisis, es la intervención del Estado en la economía, en una magnitud no registrada en las anteriores crisis.
Los Bancos Centrales y los gobiernos, en especial de los países industrializados, vienen interviniendo en forma masiva en los mercados, inyectando recursos financieros, para evitar quiebras empresariales y salvar los empleos en prácticamente todos los sectores económicos. Estados Unidos puso en operación el paquete más grande del mundo, de 2 millones de millones de dólares[5], equivalente a prácticamente el triple del paquete de estímulo puesto en operación luego de la crisis del 2008; y, se apresta a aplicar un nuevo paquete de 3 millones de millones de dólares.
El Parlamento Europeo ha solicitado 2 billones de euros para hacer frente a la crisis y la Comisión Europea está impulsando un paquete de 750 mil millones de euros, al que se añaden los paquetes puestos por cada uno de los países miembros[6]. Se han impulsado paquetes de estímulo, de diferentes magnitudes, en la mayor parte de países del mundo.
La guerra por el dominio tecnológico y comercial
Lo anterior acaece en un contexto de guerra por el dominio tecnológico y comercial desatada por el presidente norteamericano, tema que también es anterior a la pandemia, guerra comercial especialmente en contra de China, pero también en contra de todo país o región con el que Estados Unidos tiene un déficit comercial.
China se ha transformado en los últimos cuarenta años, en la primera potencia productiva mundial, no solamente en productos intensivos en el uso de mano de obra, como en los años ochenta, sino inclusive en productos de alta tecnología, amenazando con desplazar a Estados Unidos en este campo, en condiciones en que se encuentra en marcha la cuarta revolución industrial, destacándose dos sectores en los que EEUU y China quieren ser líderes mundiales: la inteligencia artificial (aprendizaje automático) y las telecomunicaciones, sobre todo las redes 5G (aquí se ubica la prohibición realizada por Trump en mayo 2019 de que Huawei vendiera sus productos en Estados Unidos, y de que cualquier empresa norteamericana hiciera las veces de proveedor para dicha empresa china, esto a pesar de que Estados Unidos tiene todavía el monopolio tecnológico en este campo, con google, apple, facebook y Amazon).
Expertos señalan que los cambios tecnológicos en marcha y en disputa, modificarán definitivamente los procesos industriales, reduciendo el tiempo de fabricación o aportando nuevos materiales con propiedades más avanzadas.
La guerra comercial va acompañada, en consecuencia, de una intensificación del proceso de concentración y centralización del capital, donde el pez grande se come al pez chico y las grandes transnacionales absorben a las pequeñas. Este proceso viene acompañado de una crisis del multilateralismo y sus organizaciones en todos los campos: Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de la Salud, especialmente.
Esta crisis económica, de alcance mundial, se inscribe en ese contexto de intensa competencia entre las naciones por el acceso a los mercados. Mientras China busca reemplazar al enorme mercado norteamericano, a cuyo acceso se ve impedida por los aranceles impuestos, Estados Unidos trata de lograr el retorno de empresas a su territorio para que allí generen producción y empleo, buscando recuperar la hegemonía productiva perdida en la posguerra. Cada país trata de conservar los empleos dentro de su territorio en un resurgimiento del nacionalismo.
Solidaridad internacional: únicamente con países pobres altamente endeudados
La solidaridad con las naciones más pobres, altamente endeudadas, provino del Papa Francisco y del G20[7], que propusieron al Club de París[8] la moratoria de la deuda externa de los países pobres altamente endeudados, esto es la suspensión temporal de su pago. El Ecuador está ubicado entre los países de ingreso per cápita medio alto, por lo cual no se benefició de esta moratoria. La directora del FMI propuso la emisión de derechos especiales de giro para aumentar la liquidez mundial sobre todo a favor de los países en desarrollo, para paliar la crisis del covid-19; sin embargo, el Comité Financiero del FMI no logró el apoyo necesario, debido a la oposición de algunos miembros encabezados por Estados Unidos[9].
El contexto actual ha puesto en evidencia la profunda crisis de los esquemas de integración subregional y regional, que se manifiesta en su nula capacidad de reacción y de propuesta sobre un tratamiento común de los problemas financieros derivados de la pandemia.
Esto ha provocado que cada país busque solucionar sus problemas por sí solo, renegociando como puedan sus deudas, sin ningún cuestionamiento del orden monetario y financiero internacional.
Ecuador perdió la brújula
En plena crisis sanitaria, mientras la población moría en las calles de Guayaquil por falta de atención básica frente a la pandemia, el gobierno nacional privilegio el pago del servicio de la deuda pública a los acreedores externos, aun cuando muchos de ellos son tenedores locales de papeles de deuda.
La ministra de salud de entonces, renunció con el argumento de que no contó con los recursos económicos para atender la emergencia, mientras el personal de salud demandaba insumos y equipos de bioseguridad para evitar los contagios. A inicios de abril, el 43.8% de las 3.646 personas contagiadas del covid-19 era personal médico[10].
El gobierno nacional aprovechó también el confinamiento para poner en vigencia leyes y medidas impopulares, acordadas en el programa suscrito con el FMI, como el decreto ejecutivo 1054, mediante el cual se imponen precios de mercado para los combustibles; esto es, se eliminan los subsidios a los combustibles[11], para garantizar la generación y extracción de excedentes financieros para cumplir con el pago del servicio de la deuda pública, convertida en el objetivo fundamental de la política económica como en tiempos normales, antes de la pandemia.
Y mientras en el resto del mundo se recupera el papel del Estado y se inyectan recursos económicos para la reactivación productiva, en el Ecuador se continúa con las políticas de austeridad, despidiendo empleados públicos, reduciendo el presupuesto en gasto e inversión pública, incluso dictando leyes para limitar el monto del gasto, no solamente de las instituciones que se encuentran dentro del presupuesto del Estado, sino también de las empresas públicas y gobiernos locales; e incluso, de la seguridad social, contrariando normas constitucionales expresas[12].
Cuando en todo el mundo aumenta el peso de la deuda pública para financiar la recuperación económica, hasta alcanzar cifras muy por encima del 100 por ciento del PIB, el gobierno nacional insiste en que esta deuda no debe sobrepasar el 40% del PIB[13], a pesar de que por causa de la crisis económica ya bordea el 60%. En Estados Unidos se estima que la deuda pública podría ascender al 140% del PIB, mientras que en la Unión Europea podría ascender al 132%[14]. Una carga soportable si las tasas de interés se mantienen bajas, y se prevé que se mantendrán muy bajas mientras la economía no se recupere, vinculando la sostenibilidad de la deuda a la tasa de interés y no al tamaño de la deuda.
El gobierno ecuatoriano continúa con las negociaciones para el acceso a la Alianza del Pacífico y para la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en plena guerra comercial, pretendiendo que las empresas locales debilitadas por la crisis, compitan con las empresas que producen fuera del territorio nacional, en donde han recibido el apoyo de sus gobiernos, o de países en los que cuentan con monedas nacionales a las que devalúan para mejorar su competitividad. El Ecuador, no cuenta ni con la chequera para canalizar estímulos a sus empresas, ni con una moneda devaluable, al estar dolarizado.
Igualmente, el gobierno ecuatoriano continúa en la tarea de identificar los mejores activos públicos para su traslado al sector privado, descapitalizando al Estado. Lo más grave y denigrante, es que la delincuencia organizada ha continuado asaltando los hospitales públicos y los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, utilizando los mismos mecanismos empleados por los banqueros en la crisis financiera de 1999; esto es, la creación de empresas fantasmas, en el caso de los banqueros para apropiarse de los ahorros de los depositantes mediante los autopréstamos; y, en este caso, para autoasignarse los contratos en la adquisición de bienes y servicios médicos con sobreprecio.
En ese escenario de crisis, no solamente sanitaria, económica y social; sino incluso crisis de valores, crisis institucional y de liderazgo (y en un contexto internacional de competencia encarnizada por los mercados), necesitamos diseñar, los ciudadanos, un paquete de medidas de supervivencia.
Algunas medidas alternativas a las acordadas con el FMI
Una alternativa factible sería crear un fondo de garantía alimentaria para el abastecimiento de alimentos nutritivos y saludables, mediante la puesta en práctica de políticas integrales de fomento de la producción y el empleo en el agro, sector que genera el 28.5% del empleo a nivel nacional, apoyando a la producción agroalimentaria, ambientalmente sostenible, para mejorar su productividad, disminuir o eliminar las pérdidas poscosechas, fortaleciendo los nexos directos entre el productor y el consumidor, e incluso promoviendo la agroindustria.
Esto permitiría garantizar el acceso a una canasta alimenticia básica, por parte de toda la población, en particular de la población más afectada por la crisis.
Se puede también diseñar un sistema de crédito alimenticio, utilizando para ello una billetera móvil, pagando al productor un precio justo y abaratando el costo de dicha canasta para el consumidor.
Este fondo de garantía alimentaria se podría financiar de varias formas, tales como:
- Reducción del 20% del gasto tributario. Según las estimaciones del Ministerio de Finanzas para el año 2020, las exoneraciones tributarias y devoluciones de impuestos, ascenderían a la cifra de 7 mil millones de dólares[15], luego del generoso paquete de exoneraciones incluidas por el actual gobierno en la ley llamada de fomento de la producción y el empleo que se encuentra vigente desde agosto del 2018. El 20% de 7 mil millones, serían 1.400 millones de dólares.
- Un impuesto del 2% de los ingresos anuales por 35 mil millones de dólares[16], que tendrían, según información del SRI, los grupos económicos que operan en el Ecuador y que tienen sociedades en paraísos fiscales. El 2% de 35 mil millones ascendería a 700 millones de dólares anuales. Dichos grupos, según esta misma fuente, pagarían por impuesto a la renta apenas el 2.2% de sus ingresos anuales, una de las tasas más bajas en la región.
- Un impuesto a los excesivos márgenes de intermediación que impone el sistema financiero, tomando en cuenta que por cada 1% de interés que cobra, el sistema extrae del conjunto de la economía 445 millones de dólares anuales, tomando en cuenta que el saldo del crédito al sector privado, al 31 de diciembre del 2019, es de 44.536,9 millones de dólares[17]. Esto significa que por un 3% de interés, el sistema financiero extrajo un ingreso bruto de 1.335 millones de dólares de la economía en el año 2019.
- Renegociación de los contratos petroleros, revisando el excesivo costo de producción por extracción de cada barril de petróleo que el Estado está reconociendo actualmente a las petroleras privada, de entre 31 a 41 dólares por barril, cuando dicho costo no supera los 18 dólares. Por este concepto se podrían recuperar alrededor de mil millones de dólares.
- Los recursos que se ahorren, luego de la necesaria renegociación de la deuda externa; en la programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023, (Tabla No. 11), está previsto el pago de 3.390 millones por intereses de la deuda pública; y, 4.311 millones de dólares por concepto de amortización, lo que corresponde a un total de 7.701 millones de dólares. Un 10% de ahorro, ascendería a 770 millones de dólares.
Mediante la billetera móvil se diseñaría un sistema de crédito que permita el acceso únicamente a alimentos producidos localmente, fomentando la producción y la conservación de los empleos a nivel nacional.
Esta experiencia, para garantizar el acceso a alimentos, podría luego extenderse a vestimenta y a los demás bienes de consumo de la canasta familiar básica, a fin de vincular al productor con el consumidor, promoviendo el consumo de nuestra producción nacional, gravemente amenazada por los tratados de libre comercio que el gobierno actual está negociando. De esta manera protegeríamos el empleo nacional, operando esta vinculación productor/ consumidor como una barrera a la competencia de productos importados.
Este crédito alimenticio, podría ser devengado por los beneficiarios que no cuenten con una fuente de ingresos, mediante su participación en programas de construcción de infraestructura básica en el agro, como dotación de agua de riego, caminos vecinales, infraestructura para almacenamiento y manejo poscosechas, así como en obras de remediación y mitigación ambiental, con participación activa de los gobiernos locales, programas para remediar la erosión, programas de reforestación, de gestión de cuencas hidrográficas, manejo de desechos sólidos, etc.
Otras salidas posibles
Promover ferias barriales itinerantes sería otra opción factible, con el objeto de dar una fuente de sustento a los comerciantes informales. Los gobiernos locales: juntas parroquiales, prefecturas y municipios, además de organizaciones campesinas y de comerciantes informales, podrían coordinar acciones para asegurar el manejo adecuado de los productos alimenticios que son provistos por el campo en condiciones higiénicas y respetando las medidas de bioseguridad. Las organizaciones no gubernamentales que tienen experiencia en comercialización solidaria, como CAMARI, podrían aportar su experiencia.
Por otro lado, en lugar de privatizar los activos más rentables del Estado, como el campo petrolero Sacha[18], el Banco del Pacífico, las hidroeléctricas, etc., que pertenecen a todos los ecuatorianos, se podría promover la venta de acciones de dichos negocios a toda la población, recogiendo la liquidez que existe en ciertos segmentos de la población, dándoles oportunidad de participar en dichos negocios rentables; pero asignando sin costo, acciones intransferibles a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, dotándoles de capital de trabajo, mediante la participación directa en la propiedad de los activos públicos, con el objeto de que sean acreedores a la correspondiente rentabilidad, así como de que estas acciones sean utilizadas como garantía para acceso a financiamiento, esto es, como garantía crediticia.
En esta misma perspectiva, se podría también estratificar a la población por nivel de ingreso, para establecer subsidios cruzados mediante tarifas diferenciadas para todos los servicios públicos, de tal manera que los estratos superiores de mayores ingresos, paguen un porcentaje mayor y de esta forma, con esa diferencia, subsidiar a estratos inferiores de menores ingresos. Esta política está siendo aplicada en ciudades como Bogotá, Colombia, con muy buenos resultados.
Paralelamente se debería impulsar políticas de verdadera lucha contra la corrupción, desterrando las prácticas de creación de empresas fantasmas para evadir obligaciones tributarias y obligaciones laborales, identificando a los testaferros a cuyo nombre son colocados activos mal habidos; imponiendo restricciones a las importaciones de productos que compitan con la producción nacional, mediante aranceles y medidas no arancelarias, así como mediante mayores impuestos a la salida de capitales, excepto para la importación de materias primas y bienes de capital de los que no se disponga a nivel nacional, para evitar la fuga de capitales a paraísos fiscales, y como una medida de restricción de importaciones no esenciales. Es fundamental para ello tecnificar y controlar las aduanas con el fin de evitar la sobre y subfacturación en las operaciones de comercio exterior. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que por este concepto, el Ecuador habría perdido 13.847 millones de dólares entre 2004 y 2013[19], esto es una pérdida promedio anual en ese período de 1.384.7 millones de dólares. Así también, desde el 2004 hasta el 2013, la suma total del gasto en Desarrollo Agropecuario, de todos esos años, ascendió a 2.526.8 millones de dólares, esto es, apenas el 18 por ciento de las pérdidas por sobre y subfacturación en las operaciones de comercio exterior. Información del SRI muestra que estas prácticas de sobre y subfacturación se mantendrían hasta ahora.
La crisis fiscal solo es el resultado de las políticas implementadas por el gobierno. Si en lugar de condonar intereses, multas, recargos y conceder amplias exoneraciones tributarias (como lo hizo este gobierno con la ley de fomento de la producción vigente desde agosto del 2018), hubiera cobrado las deudas pendientes por impuestos no pagados al SRI, el gobierno habría dispuesto de por lo menos 4.291 millones de dólares. Así también, si en lugar de conceder amplias exoneraciones tributarias fueran estas eliminadas, el gobierno contaría con 7 mil millones de dólares adicionales.
Si en lugar de pagar a las empresas petroleras costos de producción excesivos, superiores a los 30 y hasta a los 40 dólares por barril, se pagaría el costo real de alrededor de 18 dólares, el gobierno contaría con, por lo menos, mil millones de dólares de ingresos adicionales.
De igual forma, si en lugar de privilegiar el pago de la deuda pública a los acreedores externos, hubiera renegociado dicha deuda desde el inicio del régimen, nos habríamos ahorrado unos cuantos miles de millones de dólares adicionales.
En la programación presupuestaria cuatrianual está previsto para el año 2020, por concepto de intereses de la deuda pública, pagar 3.390 millones de dólares y por concepto de amortización, 4.311 millones, lo que da un total de 7.701 millones de dólares. Si en lugar de las políticas recesivas que viene aplicando este gobierno, en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional, se impulsarían políticas de fomento de la producción y el empleo, la recaudación fiscal aumentaría y se superaría la crisis fiscal del Estado. La experiencia histórica muestra que la deuda pública solo se ha podido pagar en condiciones de crecimiento económico.
Finalmente, en las condiciones de intensa competencia por los mercados, que caracteriza la economía mundial contemporánea, es indispensable que diseñemos una estrategia de producción y empleo, tomando en cuenta el potencial productivo nacional, pero también la dinámica de las cadenas productivas que operan a nivel mundial.
Referencias:
[1] Estas reflexiones fueron parte del foro virtual: “Alternativas a la crisis economica del Ecuador”, organizado por el INEL, Instituto de Educación Libre, adscrito a la CEOSL; y, X.Q. Laboratorio social (espacio de reflexión sobre problemas de Quito y el país). El evento se desarrolló el día miércoles, 1 de julio de 2020.
[2] Ver: imf.org Fondo Monetario Internacional. INFORME DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL. Enero 2020, p.1
[3] Ver: Observatorio de la OIT: El covid-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición, p. 4
[4] Ver: Ibidem. p. 8
[5] Ver: cnnespanol.cnn.com “Que hay en el proyecto de ley de estímulo de US $ 2 billones aprobado por el senado de EE.UU. Para enfrentar la crisis por el covid-19?”, 26, marzo, 2020
[6] Ver: europarl.europa.eu “COVID-19: el plan de la UE para la recuperación económica”, 18-05-2020.
[7] G20 es el principal foro de deliberación política y económica del mundo, integrado por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, y Turquía).
[8] El Club de París es un foro de países acreedores de la deuda externa, constituido en 1956, para enfrentar en forma conjunta, los problemas de pagos de los países deudores. El FMI tiene el estatuto de observador, pero en realidad, es el encargado de aplicar la condicionalidad impuesta por el Club de París a los países deudores que renegocian allí sus deudas.
[9] Ver: expansion.com “La oposición de EEUU frena la emisión de moneda virtual del FMI para inyectar liquidez a la economía mundial”, EXPANSION, Washington, 16/04/2020.
[10] Ver: elcomercio.com “El 43.8% de contagiados es personal médico, según Salud”, El Comercio, 6 de abril del 2020, Actualidad (I).
[11] Ver: https://www.recurosyenergia.gob.ec “El Gobierno decreta la vigencia del nuevo Sistema de Comercialización de Combustibles- Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 20 de mayo 2020.
[12] Ver: elcomercio.com “Asamblea Nacional aprueba Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, después de tres intentos”, El Comercio, 16 de mayo del 2020.
[13] Ver: Disposición transitoria vigésima sexta agregada a través del Art. 45 del Proyecto de Ley Orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, establece que el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública hasta alcanzar el límite del 40% a partir del año 2032 en adelante.
[14] Ver: González, Alicia. “La crisis del coronavirus. El Estado ha llegado a la economía para quedarse”. Madrid. 25 de Abril 2020. https://elpais.com/economia/2020-04-25/el-estado-ha-llegado-para-quedarse-en-la-economia.html/1/10 p.4
[15] Ver: Ministerio de Economía y Finanzas. Programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023. Sección V. Estudio fiscal. Desarrollo metodológico para proyección de gasto tributario aplicado en el Ecuador. Tabla No. 10, p. 31
[16] Ver: Báez Valencia, Jonathan. “Ranking de los Grupos Económicos que sacaron 563 millones en divisas a paraísos fiscales en 2017”. Mayo 6, 2020, p.1
[17] Ver: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual, No. 2015, Enero 31 de 2020, cuadro 1.9 CREDITO AL SECTOR PRIVADO (PARTICULARES) POR TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA, Millones de dólares, al final del período.
[18] Ver: https://www.eluniverso.com Sandoval, Patricia. “Carlos Pérez García: No es lo mejor para el país monetizar Sacha”/política/Noticias/El Universo. 20 de Noviembre 2019.
[19] Ver: CEPAL. Andrea Podestá, Michael Hanni, Ricardo Martner. “Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe”. Enero 2017. Serie MACROECONOMIA DEL DESARROLLO. Cuadro 3. América Latina y el Caribe: salidas financieras estimadas por la manipulación de los precios del comercio internacional de bienes. Años 2004-2013l, p. 28
Economista, ex ministra de Economía y ex Parlamentaria Andina.
Doctora en Economía por la Univerisad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
