Carla Maldonado Pazmiño
Como ciudadana quisiera que la Asamblea tenga acuerdos apoyados por la mayor cantidad de organizaciones políticas. Me gustaría que los partidos y movimientos piensen en el país y no en las próximas elecciones de 2021. Pero este año pre-electoral pesa más que cualquier otra preocupación nacional.
Por ejemplo, hay un Código Orgánico de la Salud que ha sido postergado durante cuatro presidencias: la de Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana; y las de los aliancistas José Serrano; Elizabeth Cabezas; César Litardo porque no han llegado a consensos. Pienso en la salud de los ecuatorianos y en adaptar a ese sector a los nuevos tiempos.
Un segundo ejemplo es el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que es necesario para luchar contra la corrupción de la década correísta. Pero la Asamblea tampoco ha logrado tratar ese tema por falta de acuerdos políticos.
Hay cuatro proyectos al respecto: para recuperar los bienes y dinero producto de la corrupción, para delitos contra la administración pública, sobre el régimen de desarrollo y también en lo relativo a la producción y tráfico ilícito de substancias sujetas a fiscalización. El primero es de Carlos Baca, el ex fiscal de Rafael Correa, que fue presentado al estallar el escándalo de corrupción de Odebrecht; el segundo es del presidente Lenín Moreno con 60 artículos, presentado en noviembre de 2019; el tercero es de Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea; y, el cuarto, es de Fabricio Villamar, ex legislador de CREO, hoy independiente.
El tema de corrupción, que debe ser considerado una prioridad, dadas las circunstancias del país, parece no atraer mucho a los legisladores.
Solamente hay 17 proyectos presentados desde 2017 hasta 2019, para combatir ese fenómeno, según un informe de la Fundación Ciudadanía y Observatorio Legislativo de enero de 2020.
En este caso, otra vez esa falta de consenso entre las siete bancadas y el grupo de independientes que integran el Legislativo: Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, CREO, Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Bancada de Integración Nacional (BIN), Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y SUMA.
¿Pueden legislar o no apuntando al bien común, tal como se hacen en otros parlamentos del mundo? Los intereses partidarios y electorales nunca deberían estar por encima del país.
Hay organizaciones políticas que quieren distanciarse de las acciones del Gobierno para llegar “limpios” a Carondelet, su papel es oponerse a todo y en medio de ello hasta se convierten en aliados de bancadas a las que antes criticaron por negar la corrupción.
Esos asambleístas tienen que responder a sus mandantes, pues se han pasado más en discusiones bizantinas que en tratar los proyectos de ley. Si analizamos el período 2017-2019, en productividad, hay 754 propuestas: 20 son del Ejecutivo, tres del expresidente Rafael Correa, 722 de los legisladores y nueve de otras funciones del Estado. De esa cantidad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó 577, y está pendiente la calificación de 165; sin embargo, eso no quiere decir que esas propuestas se traten y aprueben. La mayoría han sido reformas a leyes vigentes: 552; es decir, hacer leyes para 300 años no se aplica en estos casos. Leyes orgánicas 142 y propuestas a leyes ordinarias 60.
A éste análisis debemos agregarle que el proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica de educación intercultural bilingue, que fue presentado por nuestro actual presidente a inicios de su mandato, nunca ha sido concidetado siquiera, lo que provoca que las inco sistencias sigan vigentes, en perjuicio de la comunidad educativa…