Manuel Salgado Tamayo
Crisis y ajuste estructural.
El Ecuador vive desde el segundo semestre del 2014 los impactos del final del llamado largo ciclo de las materias primas al que se sumó, desde marzo del 2020, el efecto dramático de la enfermedad del Covid 19 originado por el virus Sars-CoV-2. A los hechos señalados, que han golpeado también a la región latinoamericana y a la comunidad mundial, se sumó el impacto negativo de las políticas de ajuste estructural aplicadas durante el último lustro por los gobiernos de Lenin Moreno de Alianza País y Guillermo Lasso de Creo.
En su primer año de gestión Lasso pudo exhibir como un éxito la campaña de vacunación, apoyándose en ese logro extraordinario de la comunidad científica que puso a disposición del mundo varias vacunas en un tiempo record, pero el confinamiento obligatorio del 2020 determinó una caída espectacular del crecimiento económico de -7.8% del PIB, según el Banco Central, que agravó los problemas preexistentes en la sociedad ecuatoriana. Las políticas gubernamentales han creado una dramática situación que se expresa en el hecho de que 7 de cada 10 ecuatorianos en edad laboral no tienen un empleo adecuado; además, en las regiones campesino indígenas y en los barrios periféricos de las grandes ciudades se han profundizado la pobreza y la desnutrición; en los hospitales, centros y subcentros de salud públicos no hay medicamentos básicos; el retorno a la escolaridad presencial, después de una calamitosa experiencia de educación a distancia por el bajo nivel de conectividad del país, nos encontramos ahora con una infraestructura educativa básica destruida; las universidades han sufrido recortes presupuestarios y no tienen la infraestructura necesaria para recibir a más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. A los problemas señalados se suma una ola de violencia e inseguridad delincuencial que tiene como causas estructurales la desocupación y la pobreza. Las cárceles viven una situación de hacinamiento y corrupción que el Estado parece incapaz de controlar. Para colmo la vecindad con países productores de drogas heroicas nos ha convertido en ruta del narcotráfico y se han generado, de modo simultáneo, redes de microtráfico y sicariato que hace años parecían fenómenos inexistentes en la sociedad ecuatoriana.
Las organizaciones campesino – indígenas ejercen el derecho a la resistencia.
Frente a estos hechos las principales organizaciones de campesinos, indígenas, afroecuatorianas y montuvios que son la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, han elaborado una plataforma de reivindicaciones básicas, contenidas en un pliego de 10 puntos, entregadas al gobierno nacional que se consideran las políticas públicas mínimas necesarias para aliviar en parte los impactos de la situación desastrosa en que sobreviven los pueblos pobres del campo y los sectores urbano – marginales.
La plataforma de 10 puntos del pueblo ecuatoriano.
En el extenso documento entregado al jefe de Estado constan los diez puntos que resumo de modo telegráfico:
- Congelación del precio de los combustibles. El diesel a 1.50 y las gasolinas extra y ecopais a 2.10 dólares el galón. El precio actual del diesel es de 1.90 y el de las gasolinas de 2.55 dólares.
- Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y en las cooperativas en favor de 4 millones de familias que no tienen los recursos necesarios para pagarlas; esta moratoria debe ser por un año y, de modo simultáneo, establecer la renegociación de las deudas y la reducción de las tasas de interés. Demandan también que los bancos no embarguen los bienes como a casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
- Establecimiento de una política de precios justos para los productos del campo.
- Implementación de políticas de inversión pública que dinamicen el empleo, garanticen los derechos laborales y frenen la precarización del trabajo. Se recuerda que hace poco el gobierno pagó 140 millones de dólares de la deuda que tiene con el IESS, suma que equivale apenas al 1.7% de los más de 8.000 millones que debe el Estado.
- No a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera. Auditoría y reparación integral de los impactos socioambientales para la protección de los territorios, las fuentes de agua y los ecosistemas frágiles. Inmediata derogatoria de los decretos ejecutivos 95 que incrementa la explotación petrolera y del 151 que incrementa la gran minería de cielo abierto.
- Respeto a los derechos colectivos como la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena, la consulta previa, el derecho a la organización y la preservación de las culturas indígenas.
- Alto a la privatización se los sectores estratégicos.
- Establecimiento de políticas de control de precios y freno a la especulación.
- Incremento del presupuesto para salud y la educación. Establecimiento de nuevas políticas que permitan el ingreso de los bachilleres a las universidades.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado.
Las respuestas gubernamentales.
Las respuestas del gobierno, anunciadas el 20 y 26 de junio, demuestran que el Lasso y sus ministros no conocen la magnitud de la crisis que soporta el País y carecen de la formación, la autonomía y la capacidad política necesarias para diseñar y ejecutar políticas públicas que tomen distancias de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y den respuesta a las demandas populares.
- En respuesta primer punto de la agenda el gobierno dice, el 20 de junio, que ya se congeló el precio de los combustibles y no se incrementarán en el futuro. El 26 junio, mediante Decreto 462 admite una rebaja de 10 centavos en el precio del galón de las gasolinas que entrará en vigor desde el 28 de junio.
- A la petición sobre las deudas bancarias el gobierno responde que ha dispuesto que BanEcuador condone todos los créditos de hasta 3 mil dólares y el incremento del Bono de Desarrollo Humano de 50 a 55 dólares. Como se puede ver el presidente banquero no topa los intereses de la burguesía bancaria y financiera privada que en el Ecuador cobra tasas de interés de usura, de hasta el 33% en las operaciones de microcrédito, imposibles de pagar bajo un esquema de dolarización y recesión.
- A lo solicitud de una política de precios justos para los productos agrícolas básicos el gobierno ofrece negociar con el sector privado la vigencia de un subsidió del 50% a la comercialización de la urea, y abrir una línea de crédito agrícola de hasta 5.000 dólares, al 1% de interés y de hasta 30 años plazo. No se menciona el monto de los recursos destinados a sostener este proyecto.
- No responden al pedido de incrementar la inversión pública para generar empleo. Agregan que no se permitirá la precarización laboral. No se responde al pedido del pago de la enorme deuda de más de 8.000 millones de dólares que tiene el gobierno con el IESS.
- Al pedido de moratoria de la frontera extractiva minera y petrolera el gobierno no responde pues atañe al corazón de su promesa de duplicar la explotación de petróleo y ampliar las concesiones mineras metalúrgicas. El gobierno actual como los que se han sucedido desde la década de los 70 del siglo XX sigue la ruta del extractivismo primario exportador que, ante la posibilidad de que se agote el petróleo, se plantea la alternativa de dar paso a la gran minería de cielo abierto de metales preciosos que se considera mucho más contaminante que los hidrocarburos, hecho que pone en grave peligro la conservación del principal patrimonio del Ecuador que es su biodiversidad.
- A la petición de que se respeten los derechos colectivos responden que el gobierno duplicó el presupuesto para la educación intercultural bilingüe.
- No habrá privatización de los sectores estratégicos dice en la respuesta, pero, la promesa se queda en el aire pues estamos ante un gobierno que aceleró la aplicación del neoliberalismo: desmanteló la empresa estatal de Seguros Sucre, creo un mercado de comercialización del petróleo para golpear a la Empresa estatal Petroecuador. Ha trabajado de manera abierta en el proyecto de privatizar el Banco del Pacífico y la CNT. Envió al Parlamento en el último trimestre del 2021 un proyecto de ley de más de 400 artículos en el que se reformaban 30 leyes destinadas a anular los derechos de los trabajadores y privatizar los sectores que todavía permanecen en manos del Estado. Por suerte una mayoría parlamentaria negó ese proyecto de ley.
- Al pedido de que se establezca una política de control de precios y freno a la especulación responden con el Decreto 252 que dispone instrucciones para que los gobernadores e intendentes controlen precios.
- A demanda para que se compren los medicamentos necesarios, señalan que se ha declarado el estado de emergencia del sistema de salud pública y la compra urgente de medicinas, mediante el Decreto 454. La ministra de Educación señala que están reparando escuelas. No hay respuesta sobre las políticas admisión a las universidades ofrecidas por el candidato presidencial Lasso.
- 10. Sobre la seguridad interna el gobierno responde que está en marcha un programa nacional de seguridad, pero todos los días vemos en los noticieros como se desangra el País.
La mecánica del poder busca derrotar el Paro Nacional.
El gobierno Lasso, que ha venido negociando con la CONAIE desde hace un año, dice que las 10 demandas son legítimas y responden a las aspiraciones de los más amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. El propio presidenta Lasso en declaraciones realizadas el domingo 26 de junio afirmó que: Su gobierno tiene el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de “nuestros hermanos indígenas y campesinos”.
Simultáneamente la opinión pública nacional sabe que en las últimas cuatro décadas la CONAIE, que agrupa a 53 organizaciones, 18 pueblos y 14 nacionalidades, construidas en 3 unidades regionales: La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Confeniae, Ecuarrunari que agrupa a los pueblos quichuas de Sierra y la Conaice, en la que se integran las nacionalidades indígenas de la Costa, se ha convertido en la organización social dotada del poder necesario para enfrentar las políticas neoliberales impuestas por las élites criollas en contubernio con el FMI y el BM, pero también a la deriva posneoliberal, autoritaria y corrupta, que vivió el país entre los años 2007 – 2017 en el régimen correista .
El liderazgo histórico de la CONAIE se ha fortalecido.
En este Paro Nacional el liderazgo de la CONAIE se ha fortalecido porque sus dirigentes han tejido acuerdos y puentes de unidad primero con las otras organizaciones de campesinos, indígenas, negros, cholos y montuvios, también con el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, en el que se agrupa la clase obrera, que dispuso una movilización nacional a partir del 22 de junio, los maestros organizados en la Unión Nacional de Educadores, UNE, los estudiantes en sus federaciones secundarias y universitarias, los sindicatos de choferes, los gremios artesanales, las organizaciones barriales, los movimientos de mujeres y los ecologistas, las organizaciones parroquiales, es decir, se ha elaborado una agenda que recoge las aspiraciones de la absoluta mayoría del pueblo ecuatoriano.
Las singularidades de la coyuntura de junio del 2022.
Algunos analistas superficiales sostienen que el Paro Nacional es una reedición de lo ocurrido en octubre del 2019 y por ello los medios de comunicación alineados con el proyecto neoliberal y las élites en el poder han difundido lo que podríamos llamar el síndrome de octubre con su poder destructivo-constructivo. Sin embargo, las condiciones históricas son radicalmente distintas, aunque la profundidad de la crisis económica y social sea mayor. El primer lugar vivimos todavía los impactos de la pandemia, cuyo poder letal ha sido disminuido por las vacunas, pero no eliminado. En segundo término, en la cúpula del Estado en acción tenemos un gobierno de extrema derecha que ha profundizado la implementación de las políticas neoliberales. Un tercer aspecto es que el movimiento político electoral hegemónico durante 14 años, como Alianza País primero y hoy como la Revolución Ciudadana se ha dividido y debilitado, aunque cuenta con un numeroso bloque parlamentario: UNES. En cuarto término, constamos un severo debilitamiento de la institucionalidad del Estado que se muestra incapaz de controlar las cárceles y ha sido penetrado, según denuncias públicas, por el narcotráfico. Finalmente, como lo sabemos por la experiencia acumulada entre los años 1982 y el 2006, el neoliberalismo es un proyecto económico, social y político perverso que busca multiplicar la acumulación por desposesión en manos de la burguesía financiera y comercial, asociadas a las empresas multinacionales, pero cuyo lado más nefasto en su carencia de políticas productivas que dinamicen el desarrollo rural y la industrialización, factor que explica la pobreza y la desnutrición en el campo y el crecimiento del ejército industrial de reserva en las ciudades. La Universidad Central del Ecuador ha publicado un informe de un estudio clínico realizado durante la permanencia de dos semanas en sus predios de de 450 niños y niñas indígenas llegando a la conclusión del que el 80% son víctimas de desnutrición crónica por lo que tuvieron que proporcionarles durante su permanencia micronutrientes.
La estrategia de Lasso para enfrentar el Paro Nacional indefinido.
En las condiciones mencionadas el inicio del Paro Nacional indefinido el lunes 13 de junio significa un desafío extremo para el gobierno cuando todavía le faltan tres años en el ejercicio del poder. Frente a la magnitud del reto la cúpula gubernamental ha desarrollado una estrategia que combina los mecanismos del Estado de excepción con la acción simultánea de los aparatos ideológicos del Estado que están orientados a criminalizar la protesta social, deslegitimar y estigmatizar el liderazgo de la CONAIE a base de una campaña racista y de odio que significa un grave retroceso en la construcción del proyecto nacional de la diversidad que se ha desarrollado en las últimas décadas.
En la primera línea de lo que Gramsci llamaría el Estado de coerción se ubican la detención ilegal del dirigente Leonidas Iza, que partía de la falsa premisa de que al decapitar al jefe se derrumbaba el movimiento, como habría ocurrido, según algunos historiadores, con la captura de Atahualpa en Cajamarca. Una jueza determinó la ilegalidad del hecho y dictó la orden de libertad. El intento de debilitar al liderazgo de Leonidas Iza parte del desconocimiento por parte del gobierno de las formas de democracia colectiva que se practican en la CONAIE, de modo que al insultar y negar al líder se golpea a todo el movimiento. Por ello el resultado visible de la acción gubernamental fue el fortalecimiento de la unidad en la CONAIE y su brazo político Pachakutik que mantenían algunas contradicciones internas. En segundo lugar, es evidente que para un sector de la burguesía ecuatoriana es desconcertante que los mitayos y conciertos de ayer tengan en sus filas como dirigentes a profesionales universitarios y a una intelectualidad indígena que en el debate demuestra una mayor formación ideológica política y un conocimiento más profundo de la realidad nacional que el exhiben los ministros reclutados de entre las élites empresariales privadas.
La invasión a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Luego vino la invasión militar y policial a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la mañana del 19 de junio, en un hecho que reeditaba las acciones de la dictadura militar en 1963, de la dictadura civil velasquista en junio de 1970, de la dictadura de Rodríguez Lara en 1972 y del gobierno socialcristiano de Febres Cordero que intervino en el Núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura en los años 80.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana es una magna institución creada desde la sociedad civil por una de las personalidades más eminentes y creativas del Ecuador del siglo XX: el socialista Manuel Benjamín Carrión, por ello su atropello causó el repudió masivo de los intelectuales y artistas que trabajan en el enorme universo de la cultura. La Casa de Carrión y el parque del arbolito han sido sitios tradicionales de reunión del movimiento indígena en los levantamientos y otras medidas que han adoptado en su larga lucha desarrollada desde mediados de los años 80 del siglo XX para lograr la construcción de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, como dice la Constitución vigente en su artículo primero aprobado en Montecristi.
La presión gubernamental a las universidades.
De modo simultáneo el gobierno presionó a las autoridades de las universidades públicas y privadas para que no cedan sus campus e instalaciones como sitios de paz y acogida al movimiento campesino indígena compuesto por grupos familiares – el ayllu – que concurren a la ciudad de Quito, para dormir juntos en los patios de los coliseos universitarios y compartir su cucayo y/o los alimentos solidarios que les entregan los estudiantes y ciudadanos que comparten la certeza de la justicia y urgencia de sus causas. La represión desmesurada sobre estos pueblos explotados, marginados y empobrecidos indigna a la conciencia civilizada porque las bombas de gas lacrimógeno y el uso de otras armas “no letales”, como dice el discurso oficial, se lanzan y descargan sobre los manifestantes que en este caso son hombres, mujeres, niños y ancianos que vienen desde las estribaciones de los andes a defender los derechos de los pobres y las capas medias de una sociedad caracterizada por su profunda desigualdad. La Universidad Politécnica Salesiana, fiel a sus compromisos pastorales, y la Universidad Central del Ecuador, consecuente con sus tradiciones de lucha, por decisión de sus máximas autoridades colegiadas, no cedieron ante la presión gubernamental y siguieron cumplimiento su misión de ser sitios de paz y convivencia solidaria. La Universidad Andina “Simón Bolívar” decidió como un aporte humanitario crear un Centro de atención de emergencias de salud y apoyo a la lactancia.
El viernes 17 de junio la Confederación de movimientos indígenas del Chimborazo, CONMICH, denunció que la violenta represión policial les causó 40 heridos entre sus militantes.
En la noche del martes 21 de junio se produce un choque violento entre la Policía y los manifestantes en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, que deja como saldo un muerto, 6 policías heridos, destrozos en 3 locales de las UPC y patrulleros quemados.
El jueves 23 ante la presión de opinión pública nacional e internacional el gobierno desmilitarizó el Parque del arbolito y permitió el acceso de los manifestantes a la Casa de la Cultura, parecía un gesto de buena voluntad que habría las puertas al diálogo y la negociación, pero en horas de la tarde cuando el movimiento marcha hacia el Palacio Legislativo se produce una brutal represión que cobra la vida del ex alumno del Colegio Nacional Mejía Henry Quezada Espinoza. En horas de la noche del jueves 23, en la vía a Calacalí, un convoy que traía alimentos para la ciudad, con protección militar, es atacado por un grupo de manifestantes, el hecho violento que deja como saldo 3 camiones quemados y 17 militares heridos. Según denuncian los moradores del lugar la reacción popular se produjo por la represión violenta de los militares que segó la vida de uno de sus vecinos. El viernes 24 la fuerza pública desaloja a los manifestantes del Parque del arbolito y de la Casa de la Cultura. Y la represión estatal avanza, en horas de la noche, hasta los locales universitarios que son inviolables según disposición constitucional.
En la noche del 23 de junio unos 300 manifestantes se toman la subestación eléctrica de Tisaleo, en la provincia de Tungurahua, que pidieron, aunque no lograron su objetivo, desconectar las instalaciones que transmiten la energía desde la Central Coca, Codo, Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del País, hasta la subestación de Chorrillos en la ciudad de Guayaquil.
El fin de semana, 25 y 26 de junio, se conoce que se realizan contactos entre el gobierno y los movimientos sociales facilitados por el presidente de la Asamblea Nacional, la Iglesia y las gestiones internacionales desarrolladas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Human Rights Watch.
El trámite de la muerte cruzada en la Asamblea Nacional.
El mismo sábado 25 de abre un nuevo escenario de confrontación cuando a las 18h00 se instala la Asamblea Nacional para debatir y votar el pedido de aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución que le faculta destituir al presidente de la República “por grave crisis política y conmoción interna”.
El lunes 27 de junio se realiza el primer diálogo entre los movimientos sociales y el gobierno. Personalidades presentes en el diálogo informan que hay un ambiente propicio de las partes para encontrar soluciones.
Pero en la madrugada del martes 28 de junio un convoy militar que llevaba 17 tanques de combustible para el bloque petrolero ITT es atacado por un grupo de manifestantes que los intercepta en Shushufindi, provincia de Sucumbios, con el saldo de un militar muerto y 12 heridos. El nuevo hecho de violencia es utilizado por el presidente Lasso para romper el diálogo con la CONAIE y estigmatizar a su principal dirigente, Leonidas Iza, como interlocutor válido de la organización para lograr acercamientos. En cadena nacional Lasso dijo que el gobierno no se puede sentar a conversar con quienes pretenden secuestrar la paz. Recordó los acontecimientos ocurridos en Shushufindi. “No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén; con quienes atacan a nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos” Dirigiéndose al movimiento indígena manifestó: “Ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado y a todo un país”.
La CONAIE respondió de inmediato por las redes sociales que: “El gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad. Responsabilizamos al gobierno de Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista.” Además, exigieron al gobierno “respeto para nuestro máximo líder” y afirmaron que “Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo”.
Casi a la medianoche del 28 de junio en la tercera votación en la Asamblea Nacional el presidente Lasso se salva de la destitución en la Asamblea Nacional que registra 80 votos a favor de la moción de UNES, 48 votos en contra y 9 abstenciones. Solo les faltaron 12 votos para destituir al presidente de la República.
Este primer desenlace pone al descubierto lo que podríamos llamar la estrategia ideológico – política del gobierno que ha estado encaminada desde el inicio a insistir en el argumento de Lasso de que Rafael Correa y Leonidas Iza “seguramente acordaron acciones para generar violencia y anarquía”. “Iza estuvo con el candidato de Correa, recordó, pero las bases indígenas estuvieron conmigo”, le dijo a la periodista Ana María Cañizares”. “Aquí hay un anarquista que solamente tiene una agenda personal, política”. “Engaña a 35.000 indígenas que los lleva a Quito y abren las puertas para que los infiltrados cometan actos terroristas”. “Anarquista que solo quería derrocar al gobierno legitimante constituido”.
La ruptura del diálogo se implementó al parecer en el momento que supieron que la Asamblea Nacional no tenía los 92 votos necesarios para la destitución del presidente.
En la noche del martes 28 de junio en la entrada a la Universidad Politécnica Salesiana un grupo de militantes socialistas, dirigidos por el compañero Luis Chávez, que cumplían tareas de solidaridad son abaleados desde una motocicleta sin placas. El presidente nacional del PSE, Gustavo Vallejo, presentó al día siguiente la denuncia del hecho en la fiscalía general del Estado.
Se vivieron entonces en el Ecuador horas de enorme tensión e incertidumbre por la sospecha de que el gobierno conservador, alentado por los sectores más fanáticos y reaccionarios, pudieran intentar el desalojo por la fuerza de los manifestantes de la ciudad de Quito, por suerte se impuso la vía del diálogo impulsada desde varios sectores nacionales e internacionales.
Se retoma la vía del diálogo y la negociación.
En la noche del miércoles 29 el ministro de Gobierno anuncia que aceptan la mediación de la Conferencia Episcopal y la continuación del diálogo, no queda claro si persisten en la negativa a conversar con Iza, pero queda claro que no aceptan como mediador o facilitador de la negociación al presidente de la Asamblea Nacional que votó por la destitución del presidente Lasso.
Al mediodía del jueves 30 de marzo la Conferencia Episcopal informa que se ha trabajado toda la noche y en horas de la mañana con los dirigentes del movimiento indígena y con la representación del gobierno. A las 14h00 se advierte que hay observaciones al documento tanto del presidente de la CONAIE como del dirigente de la FENOCIN. En medio de un ambiente tenso, a las 14h20, se firma el documento que pone fin a la medida de hecho.
La lectura del documento demuestra que se mantienen los compromisos del gobierno contenidos en las respuestas del 20 y 26 de junio que ya hemos mencionado. Adicionalmente, mediante el Decreto 456 se dispone la creación de políticas públicas compensatorias en favor de los sectores rurales y urbano marginales.
Como medidas adicionales el gobierno acepta la derogación del Decreto 95, emitido el 7 de junio del 2021 que abría a la inversión privada campos petroleros maduros que están en manos de Petroecuador y que generan importantes recursos para el Estado.
Se reforma el Decreto 151 para que las actividades mineras no puedan desarrollarse en zonas protegidas, áreas intangibles, yacimientos arqueológicos, zonas de protección hídrica y el cumplimiento irrestricto de realizar la consulta previa en los proyectos mineros de acuerdo con los parámetros de la CIDH y la Constitución del Ecuador.
Se establece una mesa de diálogo para que en el plazo de 90 días entregue una propuesta de solución para los problemas pendientes en este diálogo. La metodología de trabajo será establecida por las dos partes.
Se acuerda, finalmente, el cese de las movilizaciones, así como la suspensión de todo acto que altere el orden y la paz y los manifestantes retornarán paulatinamente a sus territorios.
Se derogará el Estado de excepción de manera progresiva.
Respecto al precio de los combustibles de acepta una rebaja adicional de cinco centavos, a las 10 ya mencionados, en el precio de las gasolinas extra y eco país y también en el galón de diésel.
Un balance provisional del Paro nacional de 18 días.
La firma de la llamada “Acta de paz” significa que el movimiento indígena popular, después de una sacrificada lucha de 18 días, logró arrancar algunas pequeñas pero importantes conquistas en favor de las mayorías empobrecidas del pueblo ecuatoriano, por ello, pudimos ver en las calles de Quito, en la tarde del 30 de junio, a multitudes que aplaudían y vitoreaban a los dirigentes del movimiento indígena, mientras en las redes sociales, se hacía tendencia el Twitter #DondeEstaLasso, pues el jefe de Estado no tuvo el valor de participar en la negociación como era su deber ético.
El movimiento indígena y popular pudo comprobar en esta nueva jornada de lucha, una vez más, que el Estado es un aparato de dominación al servicio del bloque histórico en el poder, constituido por el conjunto de las clases sociales dominantes y que, solo mediante la lucha se pueden arrancar políticas públicas que favorezcan los intereses de las mayorías. Pero también esta jornada demostró la importancia de la unidad programática y de acción entre las fuerzas populares que puede permitir superar prácticas equivocadas como el vanguardismo, el sectarismo y otras desviaciones que conducen al aislamiento y la derrota.
Esta jornada de lucha demuestra también que en el régimen presidencialista, diseñado en la Constitución vigente, la Asamblea Nacional tiene poderes muy limitados por la existencia de candados que le impiden fiscalizar y controlar las acciones del Ejecutivo.
El gobierno conservador de Lasso y sus socios del Partido Social Cristiano sufren una considerable derrota política en su pretensión de avanzar en la implementación de las políticas neoliberales. Esa realidad debería obligar al gobierno a desembarazarse del frente económico que no puede seguir con la titularidad de un ministro de finanzas que es un empleado del Fondo Monetario Internacional, un mínimo de sensatez debería llevarlos a buscar un ministro que pueda poner en marcha un plan de reactivación productiva y generación empleo.
El proyecto de reconstitución del partido socialdemócrata en el Ecuador sale de esta jornada de lucha muy fracturado no solo por las desavenencias internas del bloque de la Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional sino por la torpeza de votar en favor de un gobierno neoliberal, débil y profundamente antipopular.
El viejo Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, con su aguerrida militancia de la FENOCIN, bajo la dirección experimentada y valiente de Gary Espinoza forma parte del torrente popular, también hizo su aporte la voz de su única representación parlamentaria la del compañero Diego Esparza, de la amazónica provincia de Zamora Chinchipe que votó por la destitución del presidente, acciones que fueron complementadas con la lucha en las calles, el mantenimiento de “la olla popular” destinada a brindar alimentos a los manifestantes indígenas y campesinos, además del trabajo en las redes sociales que buscó enfrentar la campaña de desinformación, estigmatización racista del movimiento indígena desarrolladas por el gobierno, los grandes medios de comunicación y la extrema derecha. El Socialismo Ecuatoriano ratificó así su compromiso histórico con la lucha de los movimientos indígenas y campesinos, de la clase obrera, de los intelectuales progresistas, de las mujeres que luchan por su emancipación, de los movimientos ecologistas que se oponen a la prolongación de las políticas extractivistas y por la implementación de un nuevo modelo de desarrollo que preserve la enorme biodiversidad de nuestra naturaleza y garantice el buen vivir para las mayorías del pueblo ecuatoriano.
Profesor Emérito de la Universidad Central del Ecuador. Ex legislador. Literato. Mgs. en Relaciones Económicas Internacionales mención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolivar. Phd en estudio latinoamericanos en UASB
