Manuel Salgado Tamayo
Entre los años 2007 y 2017 se gestó en Ecuador una retórica de cambio económico y social que habló del sumak kawsay, el buen vivir, la economía social y solidaria, el socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana. Toda esta retórica tenía el gran objetivo de criticar al neoliberalismo para legitimar el capitalismo. El capitalismo entendido como vía al desarrollo. Y el desarrollo interpretado como políticas pragmáticas para la acumulación, con capacidad social y política para neutralizar los riesgos antisistémicos provenientes de la resistencia popular.
En la intensa campaña de propaganda que acompañó el discurso oficial se buscó desatar en el imaginario popular la idea de que todos los que luchan contra el neoliberalismo son compañeros de ruta. La trampa ideológica, diseñada por las élites para capturar a las masas, fue relativamente simple: si el neoliberalismo era el Estado “mínimo” y el reino del mercado, la “revolución ciudadana” impulsa el retorno de un Estado fuerte capaz de regular las fallas de mercado. Si el neoliberalismo era el monetarismo recesivo y la búsqueda del ajuste fiscal, la “revolución” era la promoción del crecimiento y del gasto expansivo. Si el neoliberalismo era el reino del capital especulativo, la “revolución” era su reemplazo por el capital productivo. Las masas empobrecidas y la indigencia intelectual de algunos de sus dirigentes no analizaron, ni entendieron, que las propuestas partían de la intangibilidad del capital y tampoco observaron que las políticas de “inclusión” social y “transferencia monetaria directa” eran recomendaciones formuladas por los mismos teóricos del Banco Mundial que antes los habían sumido en la miseria y la desesperanza a través a través de las políticas de ajuste estructural.
El retorno del Estado y la presencia de un caudillo fuerte coincidieron en los tiempos con el largo ciclo de las materias primas y el boom financiero que lo acompañó.
En una década se hicieron inversiones por un total de 85.000 millones de dólares en el mejoramiento de la red vial principal, en la construcción de 8 proyectos hidroeléctricos, en el impulso a las obras de riego, en la ampliación del sistema de distribución de combustibles, en la reparación de la Refinería de Esmeraldas y en el proyecto de la Refinería del Pacífico, en la construcción de aeropuertos, en las Escuelas del Milenio, la ciudad del conocimiento y las 4 universidades de categoría mundial, en las ciudades del milenio en la Amazonía y en la dotación de edificios para la función judicial y la burocracia.
Los exámenes de esas obras, efectuados por la Contraloría General del Estado han demostrado que se impuso la falta de planificación, la improvisación y, en muchos casos, formas escandalosas de corrupción.
El mayor volumen de los ingresos, estimados en unos 400 mil millones de dólares para la década, se destinó a un desmesurado aumento del gasto público, sobre todo al gasto corriente, desperdiciando la oportunidad histórica de resolver viejos problemas estructurales. Para colmo, el primer presidente economista de la historia careció de políticas de producción y empleo; por lo que, cuando llegó la fase de descenso del ciclo capitalista, Rafael Correa terminó sus veleidades progresistas y di paso a un ajuste fiscal, no muy distinto a los que impone el FMI, que incluyó el recorte del gasto en el Presupuesto del Estado que pasó de 44.3 mil millones de dólares en el 2014, a 37.6 mil millones de dólares en el 2016; y el agresivo endeudamiento público, interno y externo, que llevó la deuda de unos 12.000 millones de dólares a 65.000 millones, es decir, un incremento del 600%. La angustia por tener financiamiento llevó a Correa a negociar el oro de la reserva con uno de los bancos más desprestigiados del mundo: Goldman Sachs; a concesionar los pozos petroleros – considerados como las joyas de la corona – a empresas transnacionales; lo mismo sucedió con las minas de oro, plata y cobre; la telefonía celular; los puertos; las fábricas de cemento; y las bombas de gasolina. También se apoderó de los recursos de los fondos de pensiones y de salud del IESS, dando origen a su actual crisis, para llegar al extremo de abandonar todo su discurso crítico del neoliberalismo al firmar el TLC con la Unión Europea.Correa anunció además, el martes 28 de marzo del 2017 (Ver Diario “El Comercio”, p. 5) que tenía listo el proyecto para vender el Banco del Pacífico; la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); las hidroeléctricas: Sopladora, Manduriacu y Ocaña; la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC); TAME; INMOBILIAR; la Empresa Pública Cementera; y los canales TC y Gama Televisión.
Esas fueron las condiciones en que Rafael Correa deja el poder a su sucesor. Desde el 2015 había estallado en Brasil el escándalo de Odebrech que causó un terremoto social y político en los 12 países en los que jefes de Estado y otros altos funcionarios habían sido penetrados por el departamento de coimas de la transnacional brasileña. Correa pretendió ocultar y minimizar los impactos del escándalo en el Ecuador. El equipo de Moreno debió entender que esconder ese alud de denuncias era como intentar tapar la luz del sol con un dedo y dio inició a lo que llamó “la cirugía mayor contra la corrupción” que permitió llevar a la cárcel al Vicepresidente Jorge Glas y otros ex altos funcionarios del correismo, cuyo lado decepcionante ha sido la imposibilidad de recuperar algunos de los miles de millones que se llevó la mafia del Minotauro.
El gobierno de Lenín Moreno – que siempre buscó ser el rostro amable del correismo – dio continuidad al modelo petrolero primario exportador y a su profundización con los proyectos de la gran minería de cielo abierto, siguió las negociaciones iniciadas por Correa en el 2014 con el Fondo Monetario Internacional (FMI); hasta llegar, el 1 de marzo del 2019, de la Carta de Intención que firman Richard Martínez, como Ministro de Economía y Verónica Artola, Gerente del Banco Central del Ecuador, que impone un reajuste de la masa salarial del sector público; la optimización del sistema de subsidios a los combustibles; la reforma del sistema tributario; la reducción del gasto público; la actualización de las tarifas de los servicios públicos; la concesión de empresas públicas al sector privado y una reforma laboral urgente. Todas medidas que golpean a los trabajadores y a las capas medias y que profundizan y prolongan la duración del ciclo recesivo del capitalismo.
Los hechos demuestran que entre Correa y Moreno, en los decisivos asuntos de la política económica, hay un eje de continuidad y no la “traición” preconizada los beneficiarios del caudillo.
Por esta razón, ahora que se cumplen 40 años de la sobresalta vigencia de una democracia de élites, podría pedirse al talento de nuestros caricaturistas, que diseñen una moneda conmemorativa en la que se refleje, por un lado, el rostro adusto y prematuramente envejecido de la vanidad y descomposición del poder y, en el reverso, el rostro amable, sonriente y dispuesto al diálogo, rodando por la senda de las políticas marcadas por el primero.
Profesor Emérito de la Universidad Central del Ecuador. Ex legislador. Literato. Mgs. en Relaciones Económicas Internacionales mención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolivar. Phd en estudio latinoamericanos en UASB
👍 excelente