Berenice Cordero
Entre las causas además de la caída del bono demográfico, se observa una disminución de la matrícula escolar. Según el MINEDUC, cuya política prioriza la educación pertinente, inclusiva y contextualizada (al contexto social e individual de los estudiantes), la matrícula se ha reducido: en 2014 el pico más alto fue de 4’722.582, la cifra más baja fue en el año lectivo 2021-2022, con 4’309.139 estudiantes. También desde 2014 se registra un descenso del número total de instituciones educativas, de 23.317 se pasó en 2016 a 18.625 y en 2022/2023, a nivel nacional, 15.997 establecimientos fiscales, privados, fisco misionales y municipales.
Este decrecimiento sostenido, se podría explicar por descenso de la natalidad, reducción de la demanda migratoria (aunque crece la migración urbana interna), cierre de las pequeñas escuelas, las secuelas del COVID sobre los ingresos familiares y otro tipo de requerimientos como la coordinación sostenida entre la política educativa y otras políticas sociales o los cambios abruptos en los escenarios políticos y las debilidades fiscales que el país está arrastrando, a lo que se suma el hecho de que el 60% de las familias no puede cubrir la canasta básica. Sólo el 48% de establecimientos educativos tiene agua de la red pública.
Según UNICEF/MINEDUC, en 2020, 268.000 niños estaban fuera del sistema educativo antes de la Pandemia. El rezago escolar, un riesgo asociado a la exclusión educativa afectaba a 400.000 niños, niñas y adolescentes. Sólo 2 de cada 10 estudiantes dispusieron de una laptop para seguir la educación virtual y en 2021 el 58% de los establecimientos educativos no disponía de conectividad. Para 2023, el MINEDUC destacó que 60.000 a 70.000 niños, niñas y adolescentes no se matricularon en el régimen costa o fueron expulsados del sistema educativo. La principal causa que se reporta, desde 2007, es la dificultad económica de las familias y la incorporación de los niños al mercado laboral o de las niñas a las tareas de cuidado.
Las barreras persisten, en por lo menos 4 dimensiones (UASB/DYA): i) exclusión de la educación inicial y el desarrollo infantil, ii) exclusiones de la educación básica, iii) exclusiones en la educación secundaria; y, iv) adultos que no terminaron los ciclos educativos. Dos exclusiones son prioritarias: la educación inicial (se oferta apenas el 50%) y el bachillerato que bordea el 80%.
Los niños y adolescentes que han dejado la escuela están en las ciudades, pero también en las zonas rurales, ahí la pobreza multidimensional ataca al 70%. El experto De Shutter, Relator sobre Pobreza de Naciones Unidas, en 2023 dijo, luego de visitar el Ecuador, “las escuelas del país son inseguras y la calidad de la educación es tan baja que no compensa las desventajas que tienen los niños de entornos desfavorecidos”.
Hay mucho por hacer para que la niñez y adolescencia vuelva a la escuela. Cambios trascendentes y profundizar lo que ha dado resultados. Las escuelas deben adaptarse. Deben ser pertinentes, equitativas y relevantes. La inclusión educativa no implica crear sistemas paralelos o segregar. La inclusión educativa no está asociada a necesidades educativas especiales. Todos tenemos necesidades educativas especiales. Las oportunidades de aprendizaje deben ser equivalentes en todas las escuelas para todas las niñas, niños y adolescentes.
El país debe buscar activamente a cada niño que no se matriculó, buscar a cada niño que deja la escuela (escolarizados y no escolarizados), muchos casos requerirán respuestas personalizadas que combinen protección social (económica y acompañamiento familiar) y política educativa. Como señala Juan Pablo Bustamante: “Las estimaciones de la exclusión educativa pueden incrementarse en el futuro si no se toman medidas para reducir el hacinamiento escolar y garantizar el personal y la oferta educativa”, a lo que necesariamente hay que sumar la profunda “crisis de los aprendizajes” en la que viven los niños y adolescentes que se educan: según el Banco Mundial, 6 de cada 10 estudiantes de 10 años de edad no entienden lo que leen (hay una dimensión de la exclusión que es la pobreza de los aprendizajes).
Las medidas de protección social, para la niñez, siguiendo a Mauricio León, son un conjunto de decisiones y medidas concretas de política pública social, ejercidas directamente por instituciones estatales o autorizadas o delegadas a actores privados, que se orientan a garantizar un nivel básico de vida a niños, niñas y adolescentes, asegurarles frente a los riesgos y problemas sociales específicos de su edad, y moderar y reparar los daños sociales y vulneración de derechos que enfrenta este grupo etario al materializarse aquellos riesgos y problemas sociales. Esta política de protección social implica prevenir, reducir y eliminar la vulnerabilidad económica y social de los niños y adolescentes ante la pobreza y la privación.
Esas medidas de protección social deben ser entendidas como derechos de la niñez y deben ser parte de un conjunto de innovaciones intersectoriales del aparato público, diálogos y gestión conjunta entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, perduran mitos y prejuicios que hacen imposibles las relaciones transparentes y las causas comunes entre ecuatorianos, ahí los actores políticos tienen mucha responsabilidad. Hay desconfianza, polarización y otras agendas que se imponen por la coyuntura.
La educación intercultural bilingüe, la oferta educativa flexible (ABC), la alfabetización y educación de adultos, las modalidades de educación inicial comunitaria, las escuelas multigrado y acompañamiento pedagógico, la educación para la paz, la educación en casa, son parte de los procesos de inclusión educativa.
Citando nuevamente a Bustamante “La búsqueda activa (experiencias documentadas desde el 90) en la mayor parte de casos fueron procesos de movilización social que en su esencia demandaban alianzas entre el MINEDUC y la sociedad organizada, en la que los municipios, prefecturas y parroquias cumplían un rol determinante, junto a las organizaciones sociales, organizaciones religiosas y el sector privado”.
La evidencia acumulada destaca la importancia de que los territorios cuenten con información detallada y relevante, sobre factores múltiples asociados a la exclusión el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual o el trabajo adolescente e infantil que se incrementó desde 2018.
Las alianzas locales se asumieron como política educativa, hace muy poco, en 2016. Así se lograba incluir a muchos niños en alto riesgo. La educación requiere más sociedad, más territorio, más movilización para buscar a niños y adolescentes, que dejan la escuela. El escenario es la desconcentración, ahí están los territorios, ahí están los niños que ya no ejercen su derecho a educarse.
Ecuador mantiene una amplia discusión pública sobre la seguridad cuando la falta de escuela y la exclusión educativa son predictores de la violencia. Cuáles serán las medidas que se tomarán para que todos los niños ejerzan su derecho a vivir con dignidad, es decir al desarrollo de su potencial, la educación faculta el ejercicio de todos los derechos. Este es un cambio sistémico. Supone profundizar la transformación de las escuelas y la interacción de todos los actores de la comunidad educativa para servir a cada niño y su contexto especifico.
La política de inclusión educativa requiere información para la toma de decisiones a nivel local, eco social, para incidir en la gestión y la dinamización de la oferta educativa, también es esencial renovar las relaciones entre el nivel nacional y local.
El centralismo se mantiene con una crisis de legitimidad particularmente en lo que se refiere a las relaciones entre Estado y sociedad. Pero también queda claro que la descentralización reproduce formas tradicionales del “hacer política”, con claras manifestaciones de dificultades esenciales para promover relaciones democráticas, rendición de cuentas y decisiones de interés general: como el retorno de todos los niños y niñas a la educación, la seguridad de los establecimientos educativos y la importancia del seguimiento nominal de cada niño y su trayectoria dentro del sistema nacional de educación.
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.
