El papel cumplido por la bancada de UNES, al favorecer la entrada en vigencia del programa de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional, es nefasto para los intereses del pueblo ecuatoriano. Ni siquiera la derecha tradicional ecuatoriana, representada por el Partido Social Cristiano (PSC), se atrevió a hacerle el juego a un gobierno que emprende, en el orden económico, en un modelo de ajuste estructural caracterizado por su apego fanático al dogma del mercado.
El proyecto de ley con carácter de urgencia en materia económica denominado “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19”, no solo agudiza las desigualdades socio económicas con el establecimiento de impuestos de carácter regresivo, sino que blanquea los capitales que las clases más acaudaladas del país tienen hasta el momento en paraísos fiscales, incluyendo una parte del patrimonio del mismo presidente Lasso, en una clara muestra de cinismo y conflicto de intereses.
Mientras organismos internacionales como CEPAL, recomiendan emprender en reformas fiscales progresivas para combatir la pobreza, reanimar a la clase media y proteger a los sectores más golpeados por la crisis (es decir, para que paguen más quienes más tienen, y menos quienes tienen menos), el proyecto de Guillermo Lasso golpea con especial agudeza a la clase media, pues para citar un ejemplo concreto, quien gana USD 2.500 al mes, salario promedio de un profesional de clase media en el sector público y privado, estará obligado a pagar un valor 11 veces mayor de lo que pagaba antes de este proyecto de reforma, mientras una persona con un salario de 4.500 USD, solamente pagará 1,4 veces más de lo que pagaba en impuesto a la renta antes de la reforma.
De acuerdo al artículo 140 de la Constitución de la República, una vez entrada en vigencia esta nociva ley (por el ministerio de la ley), la Asamblea Nacional del Ecuador puede derogarla, pero siguiendo el trámite ordinario; es decir, una vez aprobada la ley derogatoria por el legislativo, esta deberá pasar a consideración del presidente de la República como colegislador, quien podrá vetarla parcial o totalmente. Es decir, el daño al país causado por el gobierno y la bancada de UNES, puede ser irreversible, si la Corte Constitucional no declara su inconstitucionalidad, escenario nada seguro por sus antecedentes.
Lo grave del comportamiento de UNES es que deja la puerta abierta para que el gobierno inicie la metida de mano a los bolsillos de la clase media y de los sectores populares desde este 2022, toda vez que, si la pretensión era que la reforma rija en todo el año fiscal 2022, debía ser aprobada hasta antes del 26 de diciembre, como finalmente ocurrió. Esto quiere decir que, si el correísmo habría votado por el archivo del proyecto de ley, el gobierno no habría contado con el tiempo para plantear otro texto alternativo con miras a su vigencia desde el 2022. De ahí que el repudio a la bancada de CREO y UNES irá en ascenso conforme el pueblo ecuatoriano empiece a padecer la severidad de la reforma. Lo cierto es que cuando las élites pierden la vergüenza, el pueblo pierde la paciencia.
