Víctor Granda Aguilar
En las últimas semanas se ha incrementado en ciertos medios de comunicación nacionales una campaña a favor de la imagen de Jamil Mahuad que coincide con la ratificación de la sentencia de casación por abuso de fondos públicos y privados (peculado) en la Corte Nacional de Justicia, y con el trámite de una Acción Extraordinaria de Protección interpuesta por Mahuad en la Corte Constitucional.
La dolarización y la firma de la paz con el Perú fueron decisiones trascendentes del expresidente que, sin embargo, ocasionan polémica. La dolarización es vista hoy como positiva, pero produjo, en su momento, el recrudecimiento de la pobreza en la mayoría de la población y, hoy por hoy, ha generado rigideces monetarias que provocan no pocas dificultades en el manejo macroeconómico. Fue además un proceso en el que se dieron manejos turbios para beneficiar a los círculos de poder previamente informados que hasta ahora no se han esclarecido. La paz con el Perú y la instalación de la Base militar norteamericana en Manta formaron parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el conflicto colombiano y sacrificaron, de manera definitiva, los derechos amazónicos del Ecuador y su soberanía.
La campaña publicitaria no dice que Mahuad fue procesado y sentenciado por PECULADO, luego de un largo y tortuoso proceso judicial, en distintas instancias judiciales en las que intervinieron más de 20 jueces nacionales.
No se trata de la sentencia de una Jueza Nacional (2014), como sostiene Mahuad, sino de decisiones adoptadas por el ex presidente de la Corte Suprema que reabrió el sumario (2006-2007) y de varias salas de ésta que conocieron el auto y apelación del llamamiento a juicio, y de las sentencias emitidas en apelación por una Sala de la Corte Nacional (2017) y en la casación por otra Sala de la actual Corte Nacional de Justicia (06/01/2021).
Es falso que Mahuad haya sido víctima de Rafael Correa en este caso, ya que el expresidente formuló otra denuncia y acción penal para obstruir este juicio (2006) que luego fueron abandonadas y archivadas (2009). Reiteradamente Correa emitió pronunciamientos exculpatorios a favor de Mahuad durante y después de este juicio. Durante los 10 años de su gobierno, el proceso que finalmente lo sentenció se inmovilizó esperando la oportunidad para desestimarlo con numerosas maniobras y dilaciones procesales de su defensa y la complicidad de fiscales y ciertos jueces correistas.
Jamil Mahuad y sus abogados de manera repetida argumentan que el juicio es nulo por no haber tenido autorización del Congreso Nacional y por no existir auditoría e informe de indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado, pero estos no eran requisitos de procedibilidad en este caso. Sin embargo, no han podido desvirtuar la prueba de los denunciantes y de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción sobre el beneficio económico que obtuvieron los banqueros beneficiarios del congelamiento de fondos privados de decenas de miles de ecuatorianos con las diferencias económicas entre las tasas que se pactaron y las que se pagaron mediante las autorizaciones presidenciales, al igual que el saqueo de los fondos de la CFN en la negociación de los CDRS (Certificados de Depósitos Reprogramados). Estos perjuicios fueron estimados en más de 8.000 millones de USD por la AGD en 2006. De igual manera, la CCCC demostró los aportes millonarios a la campaña presidencial de Mahuad por parte de los beneficiarios de su gestión y del feriado bancario.
Con la finalidad de tergiversar la sentencia emitida contra Mahuad, su abogado y él mismo, en varias intervenciones en medios de comunicación y redes sociales, acusaron a la Jueza que emitió la sentencia original en su contra, de haber sido colaboradora del alcalde de Cuenca Paúl Granda y expresaron su satisfacción y exigencia pública que sea procesado por “corrupción” por contratos de adquisiciones hospitalarias en el IESS que no eran de su competencia de acuerdo con la ley y sobre las que solicitó las investigaciones respectivas para que la Contraloría y Fiscalía inicie los respectivos procesos penales.
No es pues mera coincidencia que se me haya negado el acceso a varios medios de comunicación para replicar las falsedades del expresidente y se haya involucrado injustamente a Paul Granda en un juicio por “delincuencia organizada” mientras arrecia la campaña publicitaria a favor de un supuesto nuevo héroe nacional. Ambos hechos son parte de un entramado político y empresarial, de quienes se sienten afectados por la inclaudicable labor fiscalizadora de la corrupción bancaria que realizamos con Jorge Rodríguez y Alfredo Alvear (CCCC). Son esos mismos intereses los que se ven afectados por una administración decente del IESS que se propuso el combate a la corrupción y el desmantelamiento de las mafias que manejaban y manejan sus adquisiciones y que buscó soluciones a la crisis institucional que interesa profundizar a los grupos económicos que quieren privatizar la seguridad social en su beneficio.
Docente de derecho en la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB). Doctor por la Universidad de Salamanca (España). Ex diputado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
