Berenice Cordero
Todos los niños y niñas tienen derecho al mejor comienzo posible, en el inicio de la vida; y, al mayor apoyo de su familia, el Estado y la sociedad, para desarrollar su máximo potencial.
Invertir en primera infancia significa visibilizar y comprender que el éxito temprano de niñas y niños, sin distingo alguno, afianza el desarrollo integral del ser humano y por consiguiente de la sociedad en su conjunto, por los impactos que tienen las intervenciones y las inversiones en los primeros mil días de la vida de los niños y niñas.
La redimensión de la atención integral en el concepto de desarrollo infantil coloca a la niña y al niño en el centro de la atención y fin de la gestión pública del Estado. Se sustenta en el enfoque de derechos consignados en la legislación nacional e internacional y por tanto toda actuación o servicio debe tener la capacidad de transformar las inequidades desde el comienzo de la vida y facultar el ejercicio del derecho a la protección prioritaria, el desarrollo neuronal, afectivo, social, vincular y del estado de desarrollo nutricional y de salud. Los primeros mil días, desde la gestación hasta los 2 años son la única ventana de oportunidad disponible. Actuaciones posteriores afectarán el hambre, pero no revierten el daño.
La intersectorialidad es un aspecto característico de la atención de la primera infancia. Sin embargo, Ecuador en el Artículo 40 de la vigente LOEI, la definió como un proceso educativo curricular: la atención de la primera infancia de 0 a 3 años, se denominó Subnivel Uno de Educación Inicial. Pese a esto, la integralidad, propia de la indivisibilidad de los derechos humanos, tuvo impacto. Se inició la verificación de la medición de peso y talla y la anemia para reducir la desnutrición crónica, en los servicios de desarrollo infantil de 0 a 3 años en el MIES.
Los resultados se manifestaron así: insuficiencia de vacunación oportuna y en dosis completas, madres gestantes sin controles obligatorios, niños y niñas sin control nutricional, sin medición de peso y talla.
Lo más grave es que sin estas atenciones simultáneas, dirigidas todas, al mismo niño y sin información que lo verifique, es imposible actuar concreta, eficaz y efectivamente en los primeros 1.000 días de cada niño y niña menor de 2 años.
El Ministerio de Salud Pública, aún no cuenta con un sistema de información que acopie y reúna datos simultáneos de cada niño y niña de forma nominal, es decir identificados con su nombre completo y número único de identificación (que será su número de cédula de identidad). Así José, por ejemplo, de 1 año, tiene 3 vacunas, de las 8 obligatorias para esa edad, no tiene control de anemia y recibió sólo una dosis de micronutrientes de Vitamina A y no recibió la dosis de hierro. Pero también está María que tiene 6 meses y no cuenta con número único de identificación y no es posible seguir su trayectoria de control de salud y estado nutricional.
Cerca de 300.000 niñas y niños, menores de 3 años, hacen parte de los servicios de desarrollo infantil integral del MIES a esta fecha. Para 2019 al cruzar los datos de intersectorialidad con el Ministerio de Salud Pública, en relación a desnutrición, se identificó que la desnutrición crónica afectaba al 33,2% de niños y niños pobres extremos, al 24.1% de los vulnerables y al 19.2% de los no vulnerables. Pero también se encontró que de los 300.000 niños y niños atendidos por el MIES, sólo 193.493, menores de 3 años, eran parte eventual de los registros del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional operado por el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, el 87% tenía Libreta Integral de Salud, pero el 78% no tenía datos de vacunas, medición de peso y talla, y sólo un 51% tuvo algún control de anemia.
Los resultados de ENSANUT 2018, en el módulo de salud, demostraron una vez más que la desnutrición crónica afecta a 3 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años, y los resultados del módulo de desarrollo infantil temprano, aún están por indagarse e interpretarse.
El Decreto Ejecutivo No. 31 suscrito por el señor presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, el 24 de mayo de 2021, establece que la Estrategia Nacional de Primera Infancia para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil: Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (ECSDI), considera como su meta disminuir de manera sostenible la prevalencia de desnutrición crónica en personas de dos años. Esta decisión política, podría cambiar el costo de la desnutrición crónica para el país que llega al 4.1% del PIB. Esta es una deuda que el Estado no ha podido saldar desde 1986, cuando el país definió a la desnutrición crónica infantil como un problema de salud pública. Entre 1990 y 2011 el índice bajó a 24%. Actualmente, está en 24% en menores de 5 años y 27,2% en menores de 2 años. Es decir, en 30 años, la brecha no ha disminuido. El perfil de desnutrición es particularmente severo, en familias autodefinidas como indígenas, asentadas en el sector rural de la Sierra y la Amazonía.
La inversión en la disminución de la desnutrición crónica es una obligación ética pero también trae consigo réditos económicos y productivos: incrementos en la escolaridad, empleabilidad futura, mejora el aprendizaje y de modo general, se ahorran costos futuros para los sistemas de salud, educación e incluso seguridad pública. La tasa de retorno se calcula en un 12%, el ahorro implica, en el caso de Ecuador, 400 millones de dólares al año (CEPAL, PMA), para el gasto social. A pesar de los grandes esfuerzos de Ecuador por incrementar la inversión en la salud y universalizar sus servicios, los hogares ecuatorianos asumen más del 40% de su gasto total en salud: esto duplica el gasto que se registra en países cercanos como Colombia e iguala al caso venezolano (Castillo, 2020).
El Decreto Ejecutivo es una decisión para centrar la actuación coordinada y monitoreada de las autoridades públicas y su gestión, para reducir la desnutrición crónica. La Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, busca cambiar la gobernanza y la discrecionalidad en la articulación de los servicios y la oferta de prestaciones esenciales para reducir la desnutrición crónica infantil: registro de nacimiento del recién nacido, vacunas universales, oportunas y completas para la primera infancia, control de peso y talla, control de anemia, educación familiar, provisión de micronutrientes, agua segura para el consumo humano, control de la mujer gestante.
En suma, se requiere mayor innovación, seguimiento nominal transparente y oportuno para identificar si cada niño y niña, que nace en el Ecuador, accede completa y simultáneamente a este paquete mínimo que prevenga y actúe en la disminución eficaz y efectiva de la desnutrición crónica infantil, a tiempo y de forma completa, en los primeros 1000 días, como ya lo ha hecho Perú, Brazil y Colombia.
La falta de alimentos es una determinante de la desnutrición crónica infantil, pero también lo son la falta de vacunas, agua segura y saneamiento, la educación familiar, la violencia en las pautas de crianza y sobre todo la oportunidad y suficiencia de los controles de salud en los primeros 1000 días.
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.
