Berenice Cordero
Ante la caída del 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Informe Especial COVID-19, N° 2; se estima que en 2020 la pobreza en América Latina aumentó al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región) (CEPAL, 2020b). La pandemia tiene efectos en la salud, la economía y las capacidades fiscales del país, así como las dificultades para ampliar el acceso a mercados financieros. La brecha de necesidades de financiamiento continúa su ascenso: según el Ministro Pozo asciende a 8.700 millones de dólares.
La deuda pública de Ecuador pasó de USD 57.316 millones a USD 63.163 millones entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.
Siguiendo el mismo Informe de CEPAL, en Ecuador el 2019, la pobreza fue de 25% y en el escenario más alto se proyectó al 31.9% en 2020, ahí se afirma que en todos los escenarios la pobreza crecerá. Particularmente en Ecuador, México y Nicaragua.
La expansión de la pobreza es alarmante: se considera a una persona pobre cuando su ingreso mensual percibido es menor a $ 84,82 y pobre extremo si recibe un ingreso por debajo a $ 47,80. Según datos del INEC, la pobreza en diciembre de 2020 ascendió al 34% superando las previsiones de la CEPAL. En el caso ecuatoriano, una sociedad históricamente desigual por ingresos, pertenencia étnica, condiciones de edad y género, la desigualdad en la distribución de los ingresos, se explica según UNICEF “en más del 60% por el efecto de la distribución” de los ingresos. El índice de Gini mide la desigualdad de ingresos entre los hogares ricos y pobres. Ecuador, al igual que los países de nuestra región presenta como característica central de la economía una severa desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen.
La desigualdad en la distribución del ingreso se ahondó con un crecimiento de casi el 6%., es decir el 10% más rico capta el 60% de los ingresos nacionales, mientras el 10% más pobre capta apenas el 2% de dichos ingresos En términos multidimensionales, la pobreza aumentó al 40%, es decir, 7,4 millones de hogares sufrirán privaciones de bienes y derechos básicos. Los hogares con niños, niñas y adolescentes son los que más afectados se verán. UNICEF calcula que es necesaria una inversión del 2,4% del PIB para atender a las necesidades de estas familias y de acuerdo a la Coalición Nacional de Mujeres el incremento de la violencia de género tiene un costo cercano a los 4.608 millones de dólares, y se calculan pérdidas de 1.8 mil millones de dólares en empresas medianas y grandes, por las violencias contra las mujeres.

En septiembre de 2019, 407 mil personas estaban desempleadas; en septiembre de 2020, esa cifra se incrementó en 28,5%, dando como resultado 523 mil personas en condición de desempleo. La estructura del mercado laboral en el país se deterioró. Alrededor de 4,8 millones de personas en septiembre (100 mil personas más que en el año anterior) tienen un empleo inadecuado, es decir, perciben menos que el salario básico o trabajan menos de la jornada laboral y no están afiliados a la seguridad social, según el INEC el empleo adecuado es del 34% a marzo 2021. El empleo pleno se redujo de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 de 3,2 millones a 2,5 millones. Adicional, 700 mil personas dejaron de buscar trabajo y se las considera en estado de inactividad, y un millón de personas ya no cuentan con un empleo pleno. Por tanto, el aporte a la seguridad social ha disminuido.
Los estratos medios se han visto severamente afectados y se sostienen a base de endeudamiento, mientras que los menos afectados son los estratos altos por la prevalencia de un modelo de desigualdad en la concentración del ingreso, acceso al crédito, al mercado laboral y posesión de activos.
La pandemia ha afectado de forma desigual a la población, se pueden identificar claramente mayores efectos, entre la población en el hábitat urbano de hacinamiento poblacional, sin acceso a agua, dificultades de distanciamiento social, falta de acceso a seguridad social, carencia de ingresos para proteger la salud, deserción educativa, dificultades de acceso a la conectividad y evidentemente la urgencia de procurar ingresos para la familia. Hasta 2016, según el Programa Nacional de Vivienda Social, el 45% de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitaban en viviendas precarias. Son 1,37 millones de hogares que residían en viviendas construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos y/o con problemas de hacinamiento. Y esa situación no ha cambiado; es más, con las tendencias recesivas desde 2015 deben haberse agravado (Acosta, 2020). Se calculan 3 personas por dormitorio en el decil más pobre (Llerena, 2020).
La protección social de toda la población es un derecho. Particularmente de los más pobres y vulnerables; y, de aquellas niñas, adolescentes y mujeres adultas cuya carga de cuidados se ha triplicado en clara condición de desventaja, así como las personas con discapacidad y los adultos mayores. Según ONUMUJERES, el 76% de las mujeres en Ecuador indica que se ha incrementado su carga de trabajo durante el confinamiento y 48 de cada 100 mujeres que estaban en relación de dependencia declaran haber sido separadas, despedidas o suspendidas de sus labores, mientras que el 68,5 de cada 100 mujeres empresarias no ha podido reabrir su negocio.
Las desigualdades preexistentes se profundizaron de forma alarmante por la pandemia, hay grupos poblacionales que no pueden entrar en cuarentena o quedarse en casa, debido a la vulnerabilidad laboral por el riesgo de inseguridad alimentaria y tampoco cuentan con ingresos para adquirir alimentos.
Muchos de estos hogares reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH), la Pensión Mis Mejores Años y el Bono Joaquín Gallegos Lara: un análisis reciente sobre la precisión de la selección de varios programas sociales, realizado por el Banco Mundial, muestra los siguientes datos: al momento, el 59,6% de los beneficiarios de BDH se encuentran en extrema pobreza, el 100% en el caso de BDH-Variable y el 99,9% en el caso de la Pensión Mis Mejores. Según el sistema actual, en el 2020, el país logró añadir 14% de hogares pobres a los programas de transferencias monetarias regulares, llegando al 54% de cobertura de la población pobre. Sin embargo, los hogares pobres todavía representan solo el 65% del total de hogares beneficiarios de transferencias monetarias. Los ejercicios de micro simulación, realizados por organismos multilaterales, muestran que la ampliación de la cobertura reduciría la incidencia de la pobreza extrema casi a la mitad (de 8.4% a 4.6%). Por consiguiente, aumentaría también la efectividad del gasto de las transferencias monetarias. Por eso recomiendan que debe perseverarse en mantener actualizada esta información del nivel socio-económico de todos los hogares de Ecuador.

Son varios los retos para mejorar la eficacia y eficiencia de la protección social: revisar el monto de la transferencia monetaria del BDH, actualmente la línea de pobreza alimentaria es de 50 usd por persona, las transferencias insuficientes son inefectivas. Hay que mejorar la captación de información sobre las familias más pobres. Las encuestas demoran, tienen operativos complejos. Hay mucha información administrativa en el sector bancario, en la seguridad social y los municipios que permitiría cruzar información para descartar a las familias con acceso a ingresos y seleccionar a las familias más pobres para un Plan de Recuperación Inmediata en medio de un muy lento proceso de vacunación. Todos los servicios de educación, salud e inclusión social también tienen amplia información administrativa que puede ser utilizada. La identificación de las familias debe ser permanente y en base a registros administrativos. No podemos hacerlo cada 4 años. Muchos se quedan atrás y las ventanas de oportunidad sobre todo para la infancia simplemente no se aprovechan. En el caso peruano, esta información se levanta a través de los gobiernos municipales.
El acceso a transferencias monetarias es un derecho y protege el consumo de estos hogares, pero no es suficiente para eliminar las brechas entre pobres y no pobres en el desarrollo de la primera infancia, la inclusión educativa, la disminución de la violencia intrafamiliar o el embarazo adolescente. La expansión y eficacia de la Red de Protección Social, es actuar simultáneamente en el corto y largo plazo.
Persiste un bajo nivel de integración entre los programas de transferencias monetarias y los servicios de cuidado, de educación y de salud. Esto se evidencia cuando solo el 18% de beneficiarios del BDH recibe también los servicios de cuidado infantil públicos. Por este motivo, la mejora en la integración de los programas de transferencia con los servicios de desarrollo infantil, educación, salud y vivienda (incluido agua y saneamiento) a los hogares pobres es un objetivo de política a ser alcanzado. Recordar que las vacunas para la primera infancia, sólo han llegado al 60% de niños y niñas en ese grupo de edad. El crecimiento de la desnutrición crónica refleja justamente la falta de integración de los servicios de salud y protección social. Es esencial que todos los servicios de cuidado, salud y educación se empaqueten y lleguen integralmente a las mismas familias, de forma nominal, para incrementar la efectividad de la protección inmediata de las familias más pobres. Los hogares afectados por la violencia dejan de invertir cerca de 544 millones de dólares en salud, escolaridad y alimentación; y, las mujeres gastan de su bolsillo por atención en salud, justicia y protección cerca de 68 millones de dólares. De igual forma pierden 214 millones de dólares en ventas netas de sus emprendimientos. La integralidad de los servicios debe priorizar la erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes.
Las políticas de protección social no se reemplazan con el microcrédito y el emprendimiento. Tampoco reemplazan la inversión social y los servicios sociales que redistribuyen los ingresos.
El emprendimiento es una política complementaria, que deben entenderse en el marco de la inclusión productiva y sus resultados son de largo plazo. Estas políticas de acceso al crédito deben prevenir el incremento del trabajo infantil y la disminución del consumo de los hogares, así como la deserción educativa y especialmente las violencias que afectan a las mujeres. Este es otro reto, la Red de Protección Social debe incluir una estrategia integral de inclusión económica. Actualmente las mujeres son las principales beneficiarias del Crédito de Desarrollo Humano, éste se muestra más efectivo acompañada de escuelas de capacitación, educación financiera, acceso a mercados y acciones públicas de prevención de la violencia de género.
Un Plan de Recuperación de las Familias debe incluir la acción inmediata, integrada y coordinada del sector social. Se entiende que su capacidad de financiamiento es uno de los retos mayores de la política fiscal y económica del país en estos momentos. Este es será una señal muy clara de la voluntad de encuentro con todas y todos. El Encuentro es especialmente con ellas y ellos para quienes aún no se logra un piso mínimo de protección ante la pobreza, la pandemia y las violencias cuyos efectos son de largo plazo. La dignidad de las niñas, las mujeres, los adultos mayores y la personas con discapacidad, exige metas, plazos, financiamiento y acuerdos de prioridad. En las peores condiciones económicas y fiscales, las decisiones son esencialmente éticas y políticas.
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.