Berenice Cordero
En Ecuador, desde la vigencia del tipo penal de femicidio en agosto del año 2014, las organizaciones sociales de mujeres han registrado 870 víctimas hasta el 07 de marzo del año 2021. En 8 meses durante el año 2019, la Fiscalía General del Estado recibió 9.158 denuncias por violación y abuso sexual, dato que es sistemático en el último quinquenio; el 64,9% de mujeres ecuatorianas mayores de 15 años han sufrido cualquier tipo de violencia o varios de ellas a lo largo de sus vidas. En el año 2018, al menos 148 adolescentes de 15 a 19 años dieron a luz cada día y se produjeron 7 partos diarios de niñas entre 10 y 14 años por violación y las cifras de la trata de personas no deja lugar a dudas sobre la crueldad con que niñas y, especialmente adolescentes mujeres, son sometidas a este crimen.
Ignorar esta realidad como parte central de las obligaciones del Estado para con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, constituye una grave omisión.
Los costos de las violencias de género hacia las mujeres y las niñas alcanzan el 4,28% del producto interno bruto del país y representan 4.680 millones de dólares anuales, de los cuales, el 50% son asumidos por las propias mujeres, al ser ellas mismas quienes pagan su atención sanitaria y los resultados de la violencia que sufren.
La violencia contra mujeres y niñas crea una deuda multidimensional e intergeneracional cada vez más severa.
La pandemia adicionalmente, tal como lo sostiene la CEPAL (2020) no solo ha aumentado la pobreza, sino que las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares pobres; son las más desempleadas debiendo recurrir a estrategias de búsqueda de medios de vida en el trabajo informal, precario e incluso en condiciones de explotación; las brechas de acceso a recursos financieros y no financieros persisten; la brecha digital se cierne sobre ellas así como la educativa y formativa; y la pobreza del tiempo se multiplica en contextos concretos en que ellas son las más entre las personas que otorgan servicios sanitarios, las más en las actividades económicas de mayor riesgo de contracción, las más en trabajos menos calificados, las más violentadas estructuralmente por el orden económico, social y de género.
El pacto fiscal es un imperativo[1]. La riqueza social generada por mujeres y hombres en el Ecuador incluye el doble dividendo del ser mujeres en sociedades que aún persisten en reproducir los órdenes de discriminación, exclusión y desigualdades. Del total de mujeres ecuatorianas económicamente activas (3.3 millones personas), apenas el 26,4% tienen un empleo pleno; en los hechos, todas ellas generan ingresos a sus hogares y trabajan al menos 26.03 horas más que los hombres cada semana de su vida. Y lo hacen, sosteniendo y cuidando la vida de sus hijos e hijas y las de los parientes que comparten los arreglos familiares en condiciones de opresión y violencias intolerables que, incluso, albergan la sistematicidad de la violencia sexual intergeneracional e intrafamiliar y el riesgo cotidiano de la violencia feminicida en sus propios hogares.
El Pacto Fiscal por los derechos de las niñas y mujeres se impulsa con la participación de ciudadanas y ciudadanos no partidistas, no asociados a un grupo de interés en particular que promueven una visión concertada y estratégica en la política fiscal. El diálogo y la construcción de consensos de largo plazo entre personas o grupos con posiciones diversas, es un mecanismo estratégico para sostener la igualdad de género y erradicar la discriminación cultural, social, económica y política que viven las mujeres y las niñas en el país. Somos un grupo ciudadano con autonomía y la opción de generar evaluaciones y propuestas y de difundirlas. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas propone objetivos de interés para cumplir con las normas constitucionales y asegurar vínculos positivos entre la política económica y la política social. Más aún en estos momentos de una crisis planetaria que ocurre por los impactos de la pandemia, causada por la COVID 19 y sus graves repercusiones en los desequilibrios sociales y económicos que el país arrastra. Por ello la primera medida útil es un diálogo abierto sobre la estructura de gasto e ingresos del presupuesto 2021, que permita transparentar las prioridades y redefinirlas, para concretar, en este nuevo escenario, lo dispuesto en el Art. 85, literal 3. de la Constitución. En este sentido, la política fiscal[1] es el único marco para asegurar los derechos de las niñas y mujeres en una economía dolarizada. Los objetivos relevantes son:
- Impulsar consensos y lograr acuerdos nacionales sobre políticas fiscales progresivas y específicamente sobre los lineamientos del presupuesto nacional del 2021, para asegurar un piso mínimo de protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país, que contribuyan de forma activa a corregir las graves desigualdades sociales que afectan a las mujeres y niñas, especialmente en el ámbito de las violencias y la exclusión.
- Monitorear y evaluar la política fiscal, con énfasis en la divulgación de información sobre la política fiscal y sus impactos en el ejercicio de los derechos de las niñas y las mujeres.
Este Pacto Fiscal busca una Política Fiscal Procíclica: el país viene experimentando severas dificultades para hacer frente a los shocks externos a los que ha estado expuesto. Uno de ellos son las fluctuaciones en los precios del petróleo. Los bajos precios del crudo han contraído la economía pues ha variado en los últimos cinco años de 100 a 55 dólares el precio del barril. La única herramienta con la cuenta actualmente el Ecuador, siendo como es una economía dolarizada, es la política fiscal que debe no solamente buscar reducir el déficit fiscal, sino especialmente corregir las desigualdades sociales y priorizar a las niñas y mujeres en particular.
Ecuador registra inaceptables índices de pobreza, en un escenario agravado por la pandemia de la COVID 19. Los últimos datos de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2020, reflejan un retroceso muy grave que precariza particularmente la vida de las mujeres y las niñas, por el incremento de la carga de cuidado, la prevalencia de la violencia de género y la exclusión económica.
La expansión de la pobreza y el retroceso alarmante: se considera a una persona pobre cuando su ingreso mensual percibido es menor a $ 84,82 y pobre extremo si recibe un ingreso por debajo a $ 47,80. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza en septiembre de 2020 asciende a 29,3% (un incremento de 4,6% con respecto a diciembre de 2019). Y la pobreza extrema registrada fue del 11,8%, un 2,9% por encima de diciembre de 2019.
Las cifras son claras y luego de una revisión histórica de los datos se pueden comparar con las cifras registradas en 2011, que indican un retroceso de 9 años en materia de reducción de la pobreza.
El shock causado por la COVID19 y la inserción del Ecuador en el mercado mundial reflejan las dificultades de respuesta estructural que mantiene la economía ecuatoriana y el impacto fallido del proyecto de cambio de la matriz productiva.
La Desigualdad en la Distribución de los Ingresos: Según Unicef, “el cambio en pobreza producto del choque Covid-19 es explicado en más del 60% por el efecto de la distribución” de los ingresos. El índice de Gini mide la desigualdad de ingresos entre los hogares ricos y pobres. En Ecuador, a nivel nacional, en los últimos años se venía reduciendo la desigualdad. Hoy la desigualdad en la distribución permite que el 5% más rico capte el 51% del total de los ingresos nacionales, mientras el quintil más pobre capta apenas el 5% de dichos ingresos.
La Pobreza Multidimensional: En términos multidimensionales, la pobreza aumentará de 38,20%, en 2019, a 43% en 2020, es decir, 7,4 millones de hogares sufrirán privaciones de bienes y derechos básicos. Los hogares con niños, niñas y adolescentes son los que más afectados se verán, pero la Unicef calcula que es necesaria una inversión del 2,4% del PIB para atender a las necesidades de estas familias.
El Decrecimiento de la Economía Ecuatoriana: las previsiones del BCE estima que se cierre el 2020 con un decrecimiento del PIB del -8,9%. En términos nominales, esta caída representa una pérdida de $ 10.759,12 millones respecto al PIB del 2019. Es decir, se espera terminar el año con un PIB de $ 96.676,5 millones a precios corrientes. En el contexto de la pandemia, la caída del Producto Interno Bruto se explica por: i) decrecimiento de 18,5% de la inversión; ii) disminución de 15,7% de las exportaciones de bienes y servicios; iii) reducción del gasto de consumo final de los hogares de 11,9%; y, iv) contracción de 10,5% en el gasto de consumo final del gobierno general, causada por la grave restricción de los gastos de inversión.
La Reducción del Ingreso Laboral: En septiembre de 2019, en el país 407 mil personas estaban desempleadas; en septiembre de 2020, esa cifra incrementó en 28,5%, dando como resultado 523 mil personas en condición de desempleo. La estructura del mercado laboral en el país se deterioró hasta septiembre. Alrededor de 4,8 millones de personas en septiembre (100 mil personas más que en el año anterior) tienen un empleo inadecuado, es decir, perciben menos que el salario básico o trabajan menos de la jornada laboral y no están afiliados a la seguridad social. El empleo pleno se redujo de septiembre de 2019 a 2020 de 3,2 millones a 2,5 millones. Adicional, 700 mil personas dejaron de buscar trabajo y se las considera en estado de inactividad, y un millón de personas ya no cuentan con un empleo pleno y bajó el aporte a la seguridad social.
La Disminución del Gasto de Consumo de los Hogares: este rubro presentó un decrecimiento de 11,9% en el segundo trimestre del presente año en relación con igual período de 2019. Incidieron la reducción del 61,6% de las importaciones de bienes de consumo y la disminución de 16,3% de las remesas recibidas, que pasaron de USD 809,6 millones en el segundo trimestre de 2019 a USD 677,5 millones en el segundo trimestre de 2020. A esto se suma el decrecimiento del 44,7% de las operaciones de crédito de consumo (ordinario y prioritario) otorgadas por el Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria.
El presupuesto general del Estado codificado o previsto en el 2020 fue de 35.498 millones de dólares, el del 2021 refleja una reducción a 32.000 millones de dólares, una reducción del 10%. Se trata de un Presupuesto prorrogado que se basa en la ejecución presupuestaria del 2020. El Ministerio de Finanzas estimó que el precio promedio por barril de crudo sería de USD 51, en el 2020, pero en la práctica estuvo bajo los USD 40. En el 2021 el precio promedio podría estar en USD 35.
El Pacto Fiscal por el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es una iniciativa de las organizaciones sociales de mujeres diversas que comprometió a los candidatos a la presidencia de la República en la transformación de las condiciones de desigualdad y de violencia estructural y de género a la que están sometidas mujeres y niñas en Ecuador, e incluye, a aquellas mujeres que conforman los flujos migratorios mixtos y que son víctimas también de diversas formas de violencia y explotación.
Busca detener el traslado de los costos sociales, económicos de la crisis fiscal a las mujeres y su integridad, protegiendo la inversión pública necesaria para respaldar la política pública de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas, en un contexto político institucional que persiste en proteger intereses que se distancian de la progresividad de los derechos humanos de las personas así como del empleo, la redistribución del ingreso, la reactivación económica, la reinstitucionalización del país, la promoción y fortalecimiento de formas asociativas y económicas solidarias y la cabal comprensión de la relación entre desarrollo y la gestión de las desigualdades estructurales económicas, sociales y de género; entre democracia y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente a una vida libre de violencias y a su participación real, efectiva y paritaria en la toma de decisiones del Estado, las empresas, las comunidades y las familias; y entre viabilidad del sistema y la inclusión de los derechos de la naturaleza y la mitigación del calentamiento global como base del modelo energético y productivo.
El shock causado por la COVID19 y la inserción del Ecuador en el mercado mundial, reflejan las dificultades de respuesta estructural que mantiene la economía ecuatoriana y el impacto fallido del proyecto de cambio de la matriz productiva.
| El problema de las Finanzas Públicas está determinado por varios factores:
a) Un alto porcentaje del Presupuesto, destinado al pago de la Deuda Pública b) Un déficit fiscal permanente que obliga a contratar nueva deuda c) Una alta dependencia del petróleo en los ingresos presupuestarios. d) Una fuerte desigualdad tributaria, por la prevalencia de los impuestos indirectos frente a los directos. e) Una alta evasión tributaria f) Una distribución desigual de los ingresos, debido a una alta concentración de la riqueza. g) Un permanente ajuste fiscal en deterioro de los sectores sociales y crecientes problemas de violencia contra las niñas y mujeres h) Una amplia discusión nacional por el peso de los subsidios; y, i) Una muy débil red de protección social |
El Estrangulamiento del Gasto Social como variable de ajuste: en los últimos cuatro años, el Gobierno ecuatoriano redujo el presupuesto destinado a educación, salud y trabajo. Conforme los registros de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, 2020 fue el año en el que menos recursos se destinaron para las instituciones que conforman estos tres sectores. En contraste, se asignó un presupuesto mayor para bienestar social.
En términos generales, el presupuesto total destinado para los cuatro sectores mencionados se incrementó en 2018 y 2019, pero se redujo en 2020. Los sectores sociales captaron como presupuesto codificado en 2018, 9.377 millones de dólares, para 2020 bajó a 8.926 millones. Incluso Salud, cerró en 2020 con 1.990 millones, de los 2.245 previstos.
Impacto de la política fiscal restrictiva selectiva y residual en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas
Reducción de la capacidad institucional del mecanismo de adelanto para la mujer y de derechos humanos. El presupuesto 2020 había previsto una asignación presupuestaria de 11.400 (once millones cuatrocientos mil dólares) para la Secretaría de Derechos Humanos, incluyendo gasto corriente y un proyecto de inversión denominado “Proyecto para la Prevención de Violencia de Género y Fortalecimiento de los servicios de atención a Víctimas” por 876.862 dólares. De esta asignación y por ajuste fiscal, se han ejecutado tan solo 4 millones 500 mil dólares. El Consejo de Igualdad de Género, tuvo una asignación de 895.172 dólares, la más baja asignación entre los Consejos de Igualdad. Mientras se han asignado 4.500 millones de dólares al pago de la deuda pública, sólo se destinaron 4 millones 500 mil dólares para luchar contra las violencias que afectan a las niñas y mujeres.
Espacio fiscal para proteger a las mujeres y las niñas en el Ecuador
La evidencia se ha encargado de mostrar en forma reiterada, lo inadecuado del enfoque que privilegió la resolución de los desequilibrios económicos y financieros, dejándose la resolución de los desequilibrios sociales para una etapa posterior de eventual crecimiento esperado. La equidad y el desarrollo económico, con su dimensión de desarrollo sostenible, son, en este sentido, elementos de una misma estrategia integral, que se entrecruzan de manera compleja. El desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social; tampoco el crecimiento y la política económica pueden asegurar objetivos sociales sin tomar en cuenta cómo se construye la política social.
Por ello urge un acuerdo nacional que defina en el Presupuesto Público las metas económicos y sociales prioritarias respecto a los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes y de beneficio común para el país y con ello los gastos fundamentales para la sociedad.
Y que, al mismo tiempo, haga transparentes los esfuerzos que los distintos sectores deben hacer para financiar el logro de esas metas y definir los mecanismos con los cuales se vigilará el buen uso del Presupuesto.
Referencia:
[1] Política fiscal es el conjunto de políticas sobre ingreso y gasto que determinan el monto de los recursos disponibles y los fines en los que se invierten para el desarrollo de las actividades estatales. Esta política es uno de los instrumentos esenciales del Estado para redistribuir la riqueza, corregir fallas en el mercado, garantizar los derechos humanos y avanzar progresivamente en la erradicación de la pobreza y la disminución de las desigualdades.
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.
