María Rosa Zury
Después de atravesar 15 meses llenos de incertidumbre y polarización, el Ecuador y sus ciudadanos son optimistas del presidente entrante, su equipo y su discurso democrático. No obstante, el Gobierno encuentra un país lleno de retos y en completa crisis. Si bien, la salud y la economía son la prioridad, no es una novedad. Aunque, en el contexto actual de la pandemia estas prioridades deben repensarse en el relevo de Gobierno, es ahí donde surgen varios cuestionamientos sobre cómo será dirigida la política económica y social bajo la nueva administración de corte liberal.
Vale recordar que el presidente Guillermo Lasso ha prometido vacunar al 75% de los ecuatorianos (9 millones) en los primeros 100 días de su mandato. Este plan ambicioso, además de conllevar un poderoso simbolismo en su gestión, sentará las bases de qué lugar tendrá la política pública de salud que está lastrada durante años y, además, marcará su eje de legitimidad y confianza ante los ciudadanos.
Asimismo, importa saber qué hará el nuevo Gobierno en relación a la política de recuperación macroeconómica. ¿Con qué aliados buscará tejer relaciones? ¿Cómo será traducido su plan de optimización y austeridad en un país que ya no da más con el endeudamiento público?
El equipo económico y financiero jugarán un papel trascendental en las decisiones del nuevo mandatario y deberán tomar en cuenta las diferencias sociales y la diversidad de este país si en realidad lo quiere sacar adelante. Pues, no deben olvidar observar que entre sus decisiones se encuentran ciudadanos carentes de ingresos, con necesidades y con hambre.
De hecho, una de las medidas que ha sonado entre el Gobierno para atenuar ante este problema es la tercerización del trabajo. Si bien, ante la situación actual algunos analistas han dicho que “es preferible trabajar 4 horas a ninguna” viene a ser necesario cuestionar y analizar a profundidad esta medida. En definitiva, es indispensable que el Gobierno vele por los derechos y garantías mínimas que se necesitan para un trabajo digno, más cuando la pandemia ha volcado a cientos de ciudadanos a cambiar su forma de laborar.
Por otro lado, y en el trasfondo de la asunción del Gobierno de Lasso, aparece uno de los desafíos más importantes y criterios indispensables para asegurar la gobernabilidad, y tiene que ver con reconstruir la institucionalidad en un país que ha perdido confianza en la justicia y en el Estado de Derecho debido a los múltiples casos de corrupción que han plagado la esfera pública incluso con vínculos con la mafia y la delincuencia organizada. Sin duda el nuevo Gobierno busca atenuar esta situación refrescando los perfiles dentro administración pública, una renovación necesaria para el país y de la cual se espera que respondan con la mayor transparencia y eficiencia.
El Ecuador, el segundo país de la región en el que más ha subido la tasa de pobreza tras la pandemia, encara un futuro desafiante con instituciones frágiles, credibilidad baja de sus representados, transparencia limitada y una ciudadanía optimista pero expectante de los cambios que puedan surgir.
Vale entonces alentar al nuevo Gobierno, sin dejar de mantenernos vigilantes de las decisiones del nuevo mandatario, de la composición de sus equipos técnicos y la prudencia en el manejo de los recursos. De las decisiones de estos meses ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Cuándo?, ¿Por qué? ,¿Con Quién? depende el rumbo que adoptará el Ecuador en los próximos años.
Politóloga apasionada por la lectura, la escritura y la defensa de causas justas. Columnista en Diario La Hora. Ha colaborado en proyectos de inclusión educativa tanto en Ecuador como en Argentina.