Manuel Salgado Tamayo
El 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció el Decreto 883 con el cual eliminaba el subsidio a los combustibles, como parte de los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, hecho que desató un levantamiento indígena y/o una insurrección popular que se prolongó durante 13 días.
El ajuste viola los derechos constitucionales
Conviene recordar que las medidas anunciadas no sólo implicaban la elevación del precio de los combustibles, con efectos inflacionarios imparables en todos los sectores de la economía; sino también otras políticas recesivas como la renovación de los contratos ocasionales con un 20 % menos de remuneración, que afecta a decenas de miles de empleados públicos y maestros sometidos a esta forma de precarización laboral por el correismo; la reducción de las vacaciones anuales de los trabajadores públicos y privados de 30 a 15 días; el aporte obligatorio de los trabajadores públicos de un día mensual de su salario; la reducción de la inversión pública, sector en el que ya se habían perdido 260 mil plazas de empleo adecuado; y, la exigencia de que se “moneticen los activos públicos”, es decir, concesionar o privatizar las empresas públicas más rentables del País, lo que podría determinar que el Ecuador se transforme en un Estado fallido que no pueda atender las necesidades básicas de nuestro pueblo.
El gobierno de los empresarios
“El gobierno de todos” publicitado por Moreno, para tratar de legitimarse, demostró con éstas medidas que está al servicio de los empresarios y capital transnacional, siguiendo la hoja de ruta de la llamada “revolución ciudadana” que hizo, durante una década, de los grandes grupos económicos sus mayores beneficiarios. Ahora, Lenín Moreno, luego de entregar la conducción de la política económica al representante de las Cámaras Richard Martínez, condonó más de 3.000 millones de dólares a los grandes deudores del SRI.
Dato que significa que si el gobierno cobraba esas deudas a los empresarios no habría sido necesario el crédito condicionado del Fondo Monetario Internacional.
Pero la voracidad de la gran burguesía no tiene límites y por ello también se les eliminó el pago del anticipo del Impuesto a la Renta; se eliminan o reducen los aranceles para la importación de equipos, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial; se eliminan los aranceles para la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras; se reduce y simplifica el pago del Impuesto a la Renta de los bananeros; se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas, para materias primas, insumos y bienes de capital; y, las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares, pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza unos 300 millones, es decir la décima parte de lo que recibieron por condonación de deudas.
En las condiciones descritas, el movimiento indígena organizado en la CONAIE, las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y los sectores empobrecidos del país se acogieron al derecho a la resistencia, consagrado en el Artículo 98 de la Constitución de Montecristi.
El gobierno de Lenín Moreno pudo cobrar las deudas establecidas por el SRI, pero además decía “hacer una cirugía mayor contra la corrupción”, y como parte de la misma formar una comisión internacional, con especialistas de la ONU, siguiendo el ejemplo de Guatemala, para recuperar los 70 mil millones de dólares que se robaron en el gobierno anterior; pero, a esas alturas de la historia, esas promesas, como lo dijo Jorge Rodríguez de la Comisión Cívica Anticorrupción, fueron “un chiste de mal gusto que nos repiten para ocultar una inacción manifiesta” y para colmo quedó para el juicio de la historia la decisión de los asambleístas se negaron a tramitar una ley que permita la incautación de los bienes y dineros robados al Estado.
El Estado de Excepción
El nuevo levantamiento indígena o insurrección popular que empezó con el paro de los transportistas y la decisión de la CONAIE de movilizar a sus bases se fue extendiendo con el pasar de las horas a diversas provincias del país. Según un informe del Ecu 911 del 8 de octubre: 84 vías de 21 provincias estaban bloqueadas por los manifestantes, lo que fue interpretado por el gobierno como un casus bellis para decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional, por 60 días, acogiéndose a lo dispuesto en los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República, lo que le permitió a Moreno trasladar la sede del gobierno a Guayaquil, para ponerse a salvo de la centenaria tradición volcánica del pueblo quiteño, militarizar el país y ejecutar una represión violenta que dejó en los 13 primeros días de octubre, un saldo 11 muertos, 1507 heridos y 1128 detenidos según el informe: “Ecuador: Lecciones de las protestas del 2019”, de Human Rights Wastch, publicado el 6 de abril del 2020.
La lucha de clases al desnudo
El 9 de octubre, coincidiendo con la fecha de la independencia de Guayaquil, se llevó a cabo el Paro Nacional, decretado por el FUT y otras organizaciones populares que, en los hechos, significó una enorme sumatoria de fuerzas a las movilizaciones indígenas y populares que se venían realizando en las provincias de la Sierra Central y Norte y su extensión a todo el país.
El Paro Nacional del pueblo se convirtió en un plebiscito sobre el paquete de medidas económicas dictadas por el gobierno. El país se paralizó en las 24 provincias. La magnitud de la movilización y el apoyo popular fue ratificada días después por la empresa encuestadora CEDATOS que informó que el 76 % de los ecuatorianos piden que se suspenda la vigencia del Decreto Ejecutivo 883.
La jornada del 9 de octubre del 2019 presentó por un lado la enorme marcha pacífica del Movimiento Indígena y el Frente Unitario de Trabajadores, en la ciudad de Quito; y, por otro lado la movilización de la derecha política, organizada por el Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil, cuyo orador principal fue el ex Alcalde Jaime Nebot, quien se pronunció porque los indios retornen a los páramos andinos y advirtió que, a veces: “Hay que hacer la guerra para lograr la paz”. El pronunciamiento tenía sin duda un ingrediente racista y regionalista que fue rechazado por los sectores populares. No es exagerado pensar que ese exabrupto le llevó a abstenerse de participar como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo mes de febrero.
La violación de los predios universitarios
En horas de la noche, demostrando la influencia que tiene Nebot sobre el gobierno, el primer acto de guerra fue la invasión a los predios de la Pontificia Universidad Católica de Quito y la Universidad Salesiana, convertidos por los estudiantes y profesores democráticos en “zonas de paz” que decidieron dar refugio a las familias indígenas, en las que habían una numerosa presencia de niños, mujeres y ancianos. La violencia fue tan irracional y desmedida que la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, se vio obligada a pedir disculpas al pueblo ecuatoriano por los excesos policiales.
Moreno invita al diálogo desde su refugio en Guayaquil
El 11 de octubre, en horas de la tarde, el Presidente Lenín Moreno, desde la nueva sede del gobierno en Guayaquil, hizo una invitación al diálogo, pero, de manera simultánea, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, ordenó un nuevo y violento operativo policial contra los manifestantes que se habían ubicado en la Avenida Yaguachi, frente al Palacio Legislativo. La represión fue tan cruel que grupos de estudiantes universitarios de las facultades de medicina hicieron un enorme cordón humano, con sus mandiles y banderas blancas para proteger a los indígenas y gente del pueblo que se había refugiado en las universidades.
La ministra de gobierno inventa una fábula
Dada la magnitud del levantamiento popular y su carácter espontáneo, inesperado incluso por sus dirigentes, la ministra de la política que hace unos años aparecía como una figura nueva del movimiento Ruptura, ahora quedó entrampada en la vieja política de inventar la fábula de que una conspiración internacional coordinada desde Caracas por Nicolás Maduro y Rafael Correa estaba detrás del intento de “golpe de Estado”.
Los medios de comunicación en los informativos de la noche, dieron a conocer que un grupo de venezolanos que habían sido detenidos en el aeropuerto Mariscal Sucre, para tratar de confirmar la versión gubernamental. Ellos mismo fueron puestos en libertad pues los jueces comprobaron que eran ciudadanos venezolanos que trabajaban como taxistas de la empresa UBER de Quito.
El 12 de octubre, durante el llamado “día de la raza”, se producen varios actos de provocación contra las instalaciones de la Contraloría General del Estado, Teleamazonas y el Diario “El Comercio” de Quito. La respuesta del gobierno fue decretar el toque de queda en la ciudad de Quito y en los valles de los Chillos, Tumbaco y Calderón donde las manifestaciones fueron masivas y violentas.
Una victoria con sabor a derrota
En horas de la tarde y noche del domingo 13 de octubre se produce la reunión del Presidente de la República y varios de sus ministros con los delegados de la CONAIE y sus organizaciones regionales, en la que participan como mediadores representantes de la ONU y de la Iglesia Católica. El presidente Moreno apareció pálido y nervioso pues había tenido que aceptar que la reunión se hiciera de manera pública y en transmisión directa por los medios de comunicación.
Curiosamente, la única demanda del movimiento indígena fue la de que se derogue el Decreto 883 que eleva el precio de las gasolinas y el diésel. Pedido que, finalmente, fue aceptado por el presidente. El carácter público de la reunión, las intervenciones claras y firmes de los dirigentes indígenas y la derogatoria del decreto ejecutivo 883 fueron celebradas como una victoria del movimiento popular.
Un año después, encerrados en el caracol de las políticas neoliberales y las amenazas de muerte de la pandemia global del covid-19, los que buscamos nuevos derroteros para nuestra Patria tenemos la obligación de hacernos algunas interrogantes fundamentales que nos permitan leer ese acontecimiento cercano como parte de nuestra historia.
Primera pregunta:
¿Octubre de 2019 fue un movimiento estructurado y dirigido por una dirección estratégica o fue en mayor medida un movimiento espontáneo de masas de un pueblo que conoce sus tradiciones de lucha y los impactos perversos de las políticas neoliberales?
Segunda pregunta:
Dada la magnitud y fuerza de la movilización social y el grado de violencia con que respondió el gobierno, ¿fue correcto reducir las demandas populares a la derogatoria del decreto 883 o se pudo arrancar algunas conquistas adicionales de un gobierno débil?
Tercera pregunta:
Partiendo de la premisa de que el movimiento indígena organizado en la CONAIE logró ubicarse en la primera línea de resistencia, ¿cómo explicar que un año después, frente al desafío de las elecciones nacionales, aparezcan divididos entre su brazo político y su estructura fundacional y sin capacidad para formular una convocatoria de fuerzas más amplia que enfrente a la derecha política y al populismo corrupto y regresivo?
La crisis del sistema político incluye a la izquierda
Podemos ver entonces que la crisis del sistema político tiene su nivel de corresponsabilidad en las propias fuerzas populares y de izquierda que, en el Ecuador de nuestros días, no han sido capaces de renovar sus propuestas programáticas, sus formas de lucha, sus estilos de negociación y persisten en esas viejas desviaciones del vanguardismo, el individualismo, el oportunismo y el sectarismo que ha impedido la construcción de un sujeto político colectivo capaz de recoger las múltiples demandas populares y conducirlas a la victoria por la vía electoral.
Cuesta trabajo constatar que en el Ecuador de 2020 la vieja derecha oligárquica, fiel a la defensa de sus intereses nativos y transnacionales, gira como la noria en el fracasado esquema de las políticas neoliberales, pero lo peor ocurre cuando sectores que se consideran de izquierda y progresistas parecen cerrar filas en torno a la figura de un caudillismo regresivo cuyas propuestas no van más allá de un retorno a un capitalismo de estado, extractivista y predatorio, que se muestra inviable frente a los desafíos de la crisis ambiental que parece estar en el origen de la pandemia global y de sus terribles impactos económicos.
Profesor Emérito de la Universidad Central del Ecuador. Ex legislador. Literato. Mgs. en Relaciones Económicas Internacionales mención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolivar. Phd en estudio latinoamericanos en UASB
