A un año de octubre: contexto económico, «ajuste» y convulsión social

A un año de octubre: contexto económico, «ajuste» y convulsión social

Gabriela Montalvo

Las imágenes, las consecuencias y, sobre todo, las emociones que vivimos los ecuatorianos durante el paro y las protestas que ocurrieron en nuestro país en octubre del año anterior, difícilmente se irán de nuestra memoria.

El 1 de octubre de 2019, Lenín Moreno anunció en cadena nacional la firma del Decreto No. 883 en el cual se dispuso la eliminación de los subsidios a dos de los principales combustibles: la gasolina extra y el diésel. Con ello, el gobierno preveía un ahorro de aproximadamente mil 400 millones de dólares, pero, sobre todo, pretendía lograr el beneplácito del Fondo Monetario Internacional – FMI para concretar la firma de un nuevo acuerdo con ese organismo (algo que se consiguió a finales de septiembre de este año).

El subsidio a los combustibles fósiles es una medida que ha estado vigente desde 1974. Durante los primeros años de su aplicación, el Estado no tuvo mayores inconvenientes para asumir este gasto. Sin embargo, la creciente importación de derivados por parte del Ecuador y la alta fluctuación de los precios internacionales han tenido repercusiones importantes en el peso de los subisidios sobre el Presupuesto General del Estado – PGE.

Actualmente, este rubro representa aproximadamente el 7% del gasto público total, dos terceras partes del déficit fiscal global, y cerca del 3% del Producto Interno Bruto – PIB[1]. Si bien esta medida beneficia en mayor medida a las personas que se encuentran en los quintiles superiores y que poseen un automóvil, al incidir directamente en la industria del transporte y el almacenamiento, su manejo afecta prácticamente a la totalidad de la producción y de la población nacional.

Al estar estos subsidios vigentes por más de 40 años, es evidente que su retiro requiere de dos condiciones mínimas: por un lado, un contexto económico en el que se pueda asegurar el mínimo impacto a la población, y por otro, la capacidad y el tacto políticos suficientes para evitar una grave reacción social. La sensibilidad de una medida como esta ha sido ampliamente documentada y reconocida, inclusive por los organismos financieros internacionales que la impulsan.

La literatura académica y técnica al respecto ha sido enfática al recomendar su aplicación progresiva concentrándose en los subsidios menos conflictivos de eliminar, al sugerir acompañar la eliminación con mecanismos de compensación para la población más vulnerable y al señalar la necesidad de iniciar esta labor con una campaña de comunicación y un profundo proceso de negociación con los actores involucrados.

¿En qué condiciones se emitió el Decreto No. 883?

Sin considerar las recomendaciones de gestión política que se requieren para tomar una decisión como esta, el Decreto No. 883 fue anunciado de modo imperativo y urgente. A pesar de que el presidente Moreno aclaró que no se subiría el Impuesto al Valor Agregado – IVA, que tampoco se retiraría el subsidio al gas licuado de petróleo y afirmó que los recursos que se ahorren por concepto de subisidios “deben invertirse en salud, educación, vivienda y seguridad social”, el descontento popular ya estaba sembrado.

Mientras para el sector privado estaban previstos más incentivos que aportes: la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas – ISD, del 5% al 2,5% para la importación de materias primas y bienes de capital y una contribución por tres años, del 0,1% sobre los ingresos para las empresas que facturen más de 10 millones de dólares al año; el Decreto No. 883 incluía más ajustes para el sector público: una reducción de la quinta parte en los salarios de los trabajadores con contratos y nombramientos provisionales, la disminución del 50% en los días de vacaciones de los funcionarios y una contribución extraordinaria equivalente a un día de sueldo por parte de los empleados de las empresas públicas. El mismo gobierno reconoció que con estas medidas se verían afectadas 65 mil personas y sus familias[2]. Todo esto después de haber despedido, hasta ese momento, a más de 23 mil funcionarios públicos.

Fuente: Revista Crisis

Esto, en un contexto en el que solamente cuatro de cada diez personas accedían a un empleo adecuado, en el que casi la cuarta parte de la población debía sobrevivir con menos de 85 dólares cada mes y el 8,7% subsistir con menos de 48 dólares.

Situación aún más grave en el sector rural, donde solamente una de cada cinco personas accede a un empleo adecuado, cuatro de cada diez reciben menos de 85 dólares mensuales y 17,4% sobrevive con menos de 48 dólares al mes. Estos datos se refieren únicamente a la pobreza por ingresos. La pobreza, medida por necesidades básicas insatisfechas – NBI, o considerando el índice de pobreza multidimensional, en el que se hace una evaluación de las mínimas condiciones de vida de un ser humano, es mucho más grave.

Hasta diciembre de 2018, la pobreza por NBI a nivel nacional fue de 39,9% y en el sector rural llegó al 59,5% de la población; la pobreza multidimensional, que mide la calidad de las condiciones de vida a través de indicadores de calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica de los hogares, registró una tasa nacional de 37,9%, mientras que la de la población rural llego al 67,7%.  A nivel nacional, desde 2016 hasta 2019 se registra un aumento de 10,7% en la tasa de pobreza multidimensional[3].

Pensar que la eliminación de los subsidios, una medida tradicionalmente considerada impopular, se podía aplicar sin haber cumplido ninguna de las recomendaciones para que tenga una mínima posibilidad de éxito es una clara muestra de arrogancia e inexperiencia política, pero además, resultó en un gravísimo error de política económica pues, tras el paro y las protestas, se obtuvo resultados exactamente opuestos a los deseados: incremento del déficit fiscal y mayor desconfianza por parte de organismos e inversores internacionales.

El argumento ambiental

Al ver que los argumentos de racionalidad macroeconómica no calaban en los sectores populares ni en la dirigencia indígena que impulsó el paro y la protesta, la estrategia se dirigió hacia las razones ambientales.

Varios analistas y comunicadores afines al gobierno, o por lo menos a sus objetivos, arremetieron a favor de la eliminación de los subsidios alegando la necesidad de aplicar desincentivos al uso de combustibles fosiles. Empezaron a circular artículos y notas a favor de la reducción de emisiones tóxicas provocadas por la gasolina y el diésel, se citó a la Constitución y su capítulo de los Derechos de la Naturaleza y, en una actitud por lo menos desinformada, se acuso a dirigentes y activistas ambientalistas de hipocresía y contradicción por oponerse a las medidas del gobierno.

Fuente: Radio La Calle

Lo que no se mencionó fue que el gobierno del presidente Moreno anunció justamente el 1 de octubre de 2019 la salida del Ecuador de la OPEP con el fin de tener la libertad de producir y vender al menos 16 mil barriles de petróleo por sobre los 524 mil que su compromiso le permitía al ser miembro[4]. No es la primera vez que el país excedía su cuota. En 2017 sobrepasó el límite de producción asignada, con las consecuentes llamadas de atención por parte del cártel del petróleo.

Un país que no ha demostrado acciones concretas y efectivas para mejorar sustancialmente su sistema de transporte y que pretende producir y vender petróleo por sobre acuerdos previamente establecidos, no es precisamente un ejemplo de preocupación ambiental por lo que la hipocresía y la contradicción quedan en otro lado.

El ajuste, ¿la única vía para cerrar el déficit?

El principal argumento del gobierno para aplicar su paquete de ajuste es la urgencia de equilibrar las cuentas fiscales para disminuir y evitar el endeudamiento así como la carga fiscal sobre el sector privado. Se señala la necesidad de cerrar el déficit y se presenta, como única posibilidad, el recorte agresivo de los egresos fiscales. Sin embargo, no tiene las mismas consecuencias para un país disminuir lo que se considera como un gasto que aquello que es parte de la inversión.

El gobierno de Lenín Moreno ha recortado progresivamente los desembolsos del Estado, pero no precisamente aquellos destinados al gasto, sino que se ha concentrado en evitar la inversión.

Contrariamente a lo que proponen incluso organismos como el FMI respecto de la importancia de la inversión pública para reactivar la economía, en nuestro país este rubro ha experimentado una drástica disminución. Desde 2016, la inversión pública ha disminuido progresivamente. El Programa Anual de Inversiones ha caído en un 65% de 2016 a 2019, mientras que para el período 2018 a 2019 la caída en la inversión pública representó el 84% de la reducción total del flujo presupuestario[5].

Así, en lugar de emprender acciones y redoblar los esfuerzos para: 1) escoger proyectos de inversión rentables; 2) reasignar racionalmente el gasto por medio de un rediseño de la estructura y las funciones del Estado, y; 3) recaudar eficazmente los ingresos que por derecho le pertenecen al Estado a través del cobro de deudas con el Servicio de Rentas Internas (estimadas en cerca de mil 500 millones de dólares para las deudas en firme por la misma institución[6] y en más de 4 mil 200 millones para las deudas no cobradas  según lo afirmó la economista Wilma Salgado en una entrevista[7], IESS, aduanas y otros, el gobierno decidió recortar los egresos aduciendo una necesidad urgente de austeridad e incapacidad para seguir financiando los subsidios.

Considerando los montos de deuda del sector privado al Estado, pretender negar que la remisión de deudas tributarias implica en la práctica un subsidio al sector privado, beneficiando con ello a los principales grupos económicos, mientras se pretende eliminar sin ninguna consulta ni negociación previa un subsidio de histórica delicadeza política resulta por lo menos ingenuo, sino perverso.

En una evidente maniobra de desplazamiento del sector público, se apuesta a que sea la inversión privada la que reactive la economía. Pero este sector no siempre reacciona de la forma ni con la velocidad esperada. Es evidente que este sector está esperando a tener las condiciones que considera suficientemente favorables en términos de legislación laboral y de movilidad de divisas. Es decir, un contexto de flexibilidad laboral en el que la precariedad, en tanto ausencia de seguridad y estabilidad, sea la norma, al mismo tiempo que se abra la posibilidad para la salida de capitales.

Fuente: El Universo

Es ante este panorama que ocurrieron las protestas y el paro de octubre pasado. Es en medio de estas condiciones de pobreza y vulnerabilidad que una parte de la población reaccionó masivamente.

Para plantear medidas de política económica en pos del equilibrio fiscal, es imprescindible detenerse en el término “política”. Orientar la economía de un país requiere de suma habilidad en el manejo del poder. Para implementar medidas de ajuste sin provocar un nuevo estallido social es preciso reconocer las legítimas demandas por una vida digna y el ejercicio de los derechos más básicos, respetar la fuerza de los diversos actores políticos, además de un efectivo cobro de deudas al Estado, un reajuste de los impuestos directos y progresivos, una priorización técnica y profesional del gasto y la inversión pública, lejos de enfoques asistencialistas y populistas.

Y antes de volver a usar el argumento ambiental, se necesitaría un gobierno que asuma su responsabilidad con el cuidado del entorno natural y con el sostenimiento de la vida.

Referencias:

[1]https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pueden_las_transferencias_del_gobierno_hacer_que_la_reforma_de_los_subsidios_energ%C3%A9ticos_sea_socialmente_aceptable_Un_estudio_de_caso_sobre_Ecuador.pdf

[2] https://www.primicias.ec/noticias/economia/elimina-subsidio-extra-diesel-anuncia-medidas/

[3] https://es.scribd.com/document/479275871/Co-mo-esta-el-Desarrollo-en-Ecuador#fullscreen&from_embed

[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias-49901057#:~:text=El%20gobierno%20de%20Ecuador%20anunci%C3%B3,razones%20de%20%22sostenibilidad%20fiscal%22%20

[5] https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/

[6] https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/03/12/500-empresas-en-ecuador-le-deben-al-estado-usd-1-449-millones/

[7] https://www.facebook.com/revistaPlanV/videos/779759842818782/

https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49901057#:~:text=El%20gobierno%20de%20Ecuador%20anunci%C3%B3,razones%20de%20%22sostenibilidad%20fiscal%22%20

https://es.scribd.com/document/479275871/Co-mo-esta-el-Desarrollo-en-Ecuador#fullscreen&from_embed

https://www.primicias.ec/noticias/economia/elimina-subsidio-extra-diesel-anuncia-medidas/

https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/03/12/500-empresas-en-ecuador-le-deben-al-estado-usd-1-449-millones/

https://www.facebook.com/revistaPlanV/videos/779759842818782/

+ posts

Feminista. Economista.
Trabaja y estudia temas de Economía Feminista, Arte y Economía y Economía de la Cultura. Su trabajo se ha centrado en el análisis económico con enfoque de género, trabajo reproductivo y de cuidados, trabajo en el arte, estudio de brechas, análisis estadístico y diseño y cálculo de indicadores.
Desarrolla su campo de investigación académica en el cruce entre Economía, Cultura y Feminismo.

Comparte:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *