Pandemia, protesta social y represión: la receta perfecta para un cocktail molotov

Pandemia, protesta social y represión: la receta perfecta para un cocktail molotov

Julián Esteban García 

El miércoles 09 de septiembre el país conoció las imágenes en las cuales dos agentes de la policía metropolitana de Bogotá golpeaban brutalmente a un ciudadano, de nada sirvieron la suplicas de Javier Ordóñez en el suelo para que los agentes cesaran de electrocutarlo con un taser. Posterior a esto, se supo que Javier había sido trasladado a un Comando de Acción Inmediata (CAI) ubicado en el barrio Villa Luz, de allí fue llevado a una clínica el jueves 10 en donde falleció. Detalles de la autopsia han revelado que Javier ingresó sin signos vitales a la clínica, sumado a esto, se evidencian múltiples contusiones en su cráneo y cuerpo, lo que significa que murió en el CAI debido a la golpiza, algo que lamentablemente no es nuevo[1].

Ante este caso de brutalidad policial las manifestaciones no se hicieron esperar, ciudadanos auto convocados protestaron en diferentes CAI de Bogotá. La rabia e indignación llevaron a que se varios de estos espacios fueran quemados por completo (17 en total), la respuesta de la policía fue una represión que no tenía precedentes desde el paro nacional de 1977. El choque entre agentes de la policía y ciudadanos dejó un saldo de 14 civiles muertes por arma de fuego (una masacre), 87 policías lesionados y 58 civiles heridos por arma de fuego. Claramente parecen ser cifras dignas de una guerra civil más que de una jornada de protestas, en redes sociales abundaron los videos de policías disparando indiscriminadamente a las multitudes, golpeando con sevicia a transeúntes, rompiendo los vidrios de las casas y carros, entre otros hechos repudiables. A continuación, algunas claves para comprender lo sucedido

Pandemia, desgobierno y estallido social

El reciente estallido social debe ser analizado como una réplica de las movilizaciones que se enmarcaron en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las cuales tuvieron una continuidad intermitente en los meses de enero y parte de febrero del año en curso. No obstante, debido a la emergencia sanitaria producida por la pandemia del virus SARS–CoV–2 (Coronavirus), estas movilizaciones se detuvieron dadas las restricciones impuestas por la cuarentena nacional. No obstante, la falta de políticas universalistas, como la renta básica, para afrontar la recesión económica en mercados laborales altamente informales como el colombiano, generó la exacerbación de los mecanismos[2] que perpetúan viejas y nuevas desigualdades sociales. Esto afectó en especial en la población joven, la cual es la protagonista de las actuales movilizaciones.

En Bogotá previo a los sucesos del 09 de septiembre hubo una serie de manifestaciones en barrios marginalizados, los repertorios de estas manifestaciones variaron entre bloqueos, marchas y los llamados trapos rojos[3]. Las razones del descontento eran que los subsidios focalizados de la alcaldía distrital no eran suficientes o simplemente no habían llegado, el desalojo de cientos de familias de sus residencias en arriendo, el aumento del desempleo[4], la desescolarización de niños, niñas y adolescentes, entre otros. La respuesta de la alcaldía frente a estos repertorios de acción colectiva en la mayoría de los casos fue la represión, nuevamente se repitieron las imágenes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios golpeando y disipando a la ciudadanía.

Mientras esto ocurría en la capital, el panorama en las zonas rurales era aún más cruda. El aumento exponencial del asesinato de líderes\as (1.000 desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta agosto 21 de 2020) y masacres fue una muestra clara del recrudecimiento del conflicto armado (al día de hoy van 56 masacres ocurridas durante lo corrido del 2020). Los lugares donde han ocurrido estos sucesos configuran una geografía del terror, es decir, espacios en los que confluyen conflictos territoriales, disputas entre grupos armados, rutas de narcotráfico, altos niveles de pobreza multidimensional, cultivos de uso ilícito y una pésima implementación de acuerdo de paz de La Habana[5]. Zonas como el bajo cauca antioqueño, bajo putumayo, Tumaco, el norte del cauca y el Catatumbo son territorios en los cuales la población civil se encuentra en medio del fuego cruzado ante la mirada de una sociedad indolente y un gobierno complice que se limita a usar eufemismos y tecnicismos para decirle a las masacres homicidios colectivos.

Fuente: Udgtv

De la mano de estas aberrantes cifras se hizo público el escándalo por compra de votos del actual presidente Iván Duque, el cual habría consolidado una maquinaria electoral en asociación con el reconocido narcotraficante alias “Ñeñe Hernández”. Los audios interceptados por error evidenciaban un secreto a voces, la estrecha relación entre la ilegalidad y el sistema político que permite mantener aceitado el engranaje de este narco estado. Como era de esperarse el partido de gobierno, Centro Democrático, salió en defensa del presidente, mientras que la fiscalía capturaba a los oficiales que llevaron a cabo las interceptaciones. Por su parte los entes de control del Ministerio Público como la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo recientemente quedaron en manos de funcionarios cercanos al ejecutivo, lo cual implica una peligrosa concentración de poder. Debido a este panorama, era evidente que posterior a que se levantaran las medidas sanitarias las movilizaciones volverían a ser el pan de cada día. De esta manera, el asesinado de Javier Ordóñez fue un detonante que catalizó el descontento generalizado y reactivó las manifestaciones en diferentes ciudades de Colombia.

¿Quién nos cuida de la policía?

Los sucesos del 09 de septiembre hicieron aún más explícito varios asuntos. El primero que la policía en Colombia no depende del Ministerio del Interior o de Justicia, sino del Ministerio de Defensa, lo cual tiene serias implicaciones tanto para el castigo de los crimines cometidos como para la cadena de mando de este cuerpo castrense.

De esta manera, los delitos de los que son acusados los agentes de policía se investigan y sancionan en la justicia militar (la cual deja mucho que desear en términos de imparcialidad al ser juez y parte), pese a que en la Constitución (artículo 221) y en el Código Penal la policía está configurada como un ente civil.

Ya Umaña, Guzmán y Fals Borda (2005) en su obra “La Violencia en Colombia” rastreaban esto desde El Bogotazo[6] en 1948, en donde evidencian que debido al manejo que se les dio a los disturbios de aquella época actualmente tenemos una policía militarizada, la cual es un ente autónomo, que se reforma y se controla a sí mismo y ve en la protesta social una amenaza casi subversiva (la doctrina del enemigo interno). Esta trayectoria histórica ha marcado el desenvolvimiento de la institución policial, lo cual fue reforzado por las lógicas del conflicto armado interno.

Fuente: DW

El segundo asunto, es que, si bien el artículo 315 de la Constitución les da a los alcaldes/as las funciones de máxima autoridad de policía, lo cual implica que es el mandatario/a quien establece el marco regulatorio y la aplicación de las normas de policía en las ciudades, dicho artículo choca con el 218 de la Constitución. En este último se plasma que la policía depende jerárquicamente del nivel nacional, de esta manera el director de la policía depende del Ministro de Defensa, quien, a su vez, sigue las órdenes del presidente. Este arreglo institucional no permite que los alcaldes/as logren controlar las acciones de la policía, lo cual no los hace estar excentos/as de la responsabilidad política por los crimines que cometan.

El tercer asunto es que la discusión sobre la policía no debe quedarse solamente en futuras reformas al diseño institucional, en las cuales esta institución pase al Ministerio del Interior o Justicia y se pueden consolidar protocolos claros de control, sanción y capacitación en derechos humanos que respondan a criterios civiles en lugar de militares[7]. Ya que como se manifestó en las protestas de hoy 21 de septiembre, la demanda no es solo para reformar la policía: es para que Colombia supere la violencia, la desigualdad y la corrupción. En este orden de ideas, las manifestaciones que se derivaron del caso de Javier Ordóñez son una muestra del descontento que se cuece dentro de nuestra sociedad, generadas por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el recrudecimiento del conflicto y la incapacidad del actual gobierno para tramitar el disenso.

Cierre

El manejo que le ha dado el presidente a tan delicada situación ha dejado entrever los alcances de la extrema derecha. Por ejemplo, decidió no asistir al acto simbólico de reconciliación llevado a cabo por la alcaldía de Bogotá, en el cual se buscaba resarcir a las víctimas del 9 de septiembre, en lugar de eso, asistió a un CAI vestido de policía, estrechó algunas manos y comentó “rechazamos las situaciones de violencia, pero vimos actitud gallarda de la policía”. También uso la vieja confiable, es decir, asegurar que las marchas estaban infiltradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, posterior a esto se hicieron algunas capturas de supuestos vándalos que de seguro serán falsos positivos judiciales[8]. En efecto, la respuesta del gobierno Duque ante los hechos violentos en septiembre y en general ante la protesta social es una brutal represión y un espaldarazo a la fuerza pública, prácticas fascistas por excelencia.

Referencias:

[1] En el CAI de Bosa Laureles policías abusaron de una mujer. En el CAI de Codito policías torturaron y obligaron a detenidos a jugar ruleta rusa. En el CAI de Soledad los policías torturaron y robaron a defensores de derechos humanos. En el CAI de La Gaitana se denunció que secuestraron y torturaron a un joven. En el CAI de Britalia doce policías fueron vinculados con micro tráfico de drogas. 6. En el CAI de Oneida policías extorsionaban a los residentes. En el CAI de Las Américas cuatro policías violaron a una niña de 13 años que fue a usar el baño. En el CAI de San Diego, dos mujeres de 22 y 23 años denunciaron abuso sexual por parte de uniformados durante las protestas del 10 de septiembre.

[2] Según Therborn (2015): distanciación, exclusión, jerarquización y explotación.

[3] Estrategia en la cual familias con necesidades básicas insatisfechas, colgaban trapos rojos en sus ventanas buscando la solidaridad de sus vecinos en particular y de la sociedad en general.

[4] Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 43,5 % de la población desocupada perdió el empleo por la pandemia. La tasa de 21,4 % en mayo es una cifra histórica.

[5] Según el reciente informe del instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (instituto que está encargado de hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz) sobre implementación del Acuerdo Final de La Habana entre el Gobierno y las FARC, el ritmo de implementación ha venido disminuyendo en los últimos meses, lo que coincide con el inicio del gobierno Duque y su política de “paz con legalidad”. Política que va en contravía del espíritu del acuerdo y militariza la presencia del estado en las regiones.

[6] Se conoce como El Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948

[7] Debido a lo prolongado del conflicto armado en Colombia, este ha permeado las relaciones cívico-militares pues ha obligado a las fuerzas armadas a asumir de forma exclusiva la seguridad interna del país. Ello ha establecido una indefinición entre las funciones de la policía y el ejército, ha impulsado la autonomía militar en el manejo de la política de seguridad y defensa.

[8] Casos en los cuales se incriminan a ciudadanos inocentes por hechos violentos, es una táctica del estado para tener un chivo expiatorio que por lo general es una organización o movimiento político de oposición.

+ posts

Politólogo con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz y Antropólogo con énfasis en cultura y poder de la Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá). Candidato a Magister en Sociología Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Investigador del Centro en Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (Cinep/PPP). Dentro de mis temas de interés están: la antropología política y jurídica, la ecología política, la sociología política y la etnografía del estado.

Comparte:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *