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Del 21 N al 21 E, panorama del paro nacional en Colombia

Julián García

La actual coyuntura de movilización social en Colombia no surge de la noche a la mañana, por el contrario, muchas de las reivindicaciones que enarbolan los diversos sectores sociales vienen de tiempo atrás. Hay que recordar que durante los años 2018 y 2019 se dieron un sin número de protestas en relación a temas como: el fracking, el asesinato de líderes/as sociales, el desmonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (en adelante Esmad), el desfinanciamiento de la educación pública, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, la no discriminación hacía la población LGBTIQ, entre otras. Estas sirvieron de caldo de cultivo a lo que se viene dando desde el llamado 21N (21 de noviembre), esto sumado a la crisis de gobernabilidad de la administración Duque, el efecto trasnacional de las protestas en Ecuador, Chile, Haití, Honduras, Venezuela y Bolivia, fueron algunos factores que permitieron detonar el malestar social.

La conformación del Comité Nacional del Paro estuvo precedido por una serie de reuniones en el mes de octubre, entre el conjunto de centrales sindicales junto a las organizaciones de pensionados, representantes de diversas organizaciones sociales estudiantiles Uness y Acrees, organizaciones indígenas y campesinas como el Cric, la Onic, la Cumbre Agraria y otras organizaciones sociales.

Producto de estas reuniones y encuentros se programó la primera jornada de movilizaciones a nivel nacional, a continuación, se desglosan los elementos de la presente coyuntura.

Fuente: Colombia informa

Multiplicidad de actores y repertorios, el efecto “bola de nieve” y la crisis de representación

Si bien en un inicio las demandas que exigían los sectores convocantes estaban relacionadas con lo que se denominó el “paquetazo” de Duque[1] y la exigencia del cumplimiento integral de los acuerdos de paz y de los demás acuerdos con sectores sociales (indígenas, afros, campesinos, estudiantes, y sindicales); no obstante, después de varios días de continuas movilizaciones se dieron dos fenómenos particulares, el primero de ellos fue la articulación de una diversidad de sectores sociales (movimientos urbanos, trabajadores independientes, colectivos de víctimas, grupos feministas, ambientalistas, animalistas, entre otros), y segundo, el aumento de demandas dentro del pliego de peticiones (entre ellas la eliminación del Esmad, la violación de derechos humanos, la depuración de la policía, la definición de las políticas ambientales con las organizaciones del sector, las deudas con el ICETEX, el trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción, respeto a los Derechos Humanos, etc). La explicación de esta multiplicidad de actores y repertorios[2] radica en dos asuntos, por un lado, los efectos del acuerdo de paz de La Habana el cual ha permitido que se inicie un proceso en el cual se busca hacer política sin armas, es decir, tramitar los disensos y antagonismos mediante conductos institucionales, pero también recurriendo a la calle como aquel espacio donde se hace política y se juega la democracia.

Por otro lado, es evidente la crisis del neoliberalismo en Latinoamérica en donde medias como la flexibilización laboral, el modelo de desarrollo extractivista y la desregularización del mercado han generado mayores niveles de desigualdad y desempleo en Colombia[3].

Producto de lo anterior, sectores que no era común ver en estos espacios se hicieron presentes como una suerte de bola de nieve o efecto contagio.

Fuente: El Tiempo

Con respecto al aumento de las demandas en el pliego de peticiones, este es un hecho frecuente en los paros cívicos por las características de los mismos: no es un solo actor el que convoca sino una convergencia de actores sociales, lo que posibilita la participación de diversos sujetos. Algunas de estas demandas apuntan a problemas estructurales de la sociedad colombiana y otras son más coyunturales, no obstante, el hecho que la ciudadanía demande a la clase política desde las calles es diciente de la percepción que tienen del sistema político y los partidos políticos. En este orden de ideas, el paro ha dejado entrever la aguda crisis de la democracia representativa ya que los partidos políticos, concebidos como los mecanismos de representación política de la democracia liberal, resultan tener poca legitimidad entre la ciudadanía.

Ninguno de los partidos políticos ha logrado tramitar las exigencias del paro, y a su vez, los intentos de capitalizarlo el paro han resultado ineficientes, pues las protestas evidencian la brecha entre dirigencia política y los ciudadanos.

El paro no solo ha desbordado las estructuras partidistas, sino que también ha hecho lo propio con el comité del paro y sus formas organizativas. Recientemente se pudo conocer las diferencias entre los sectores sindicalistas y del MOIR con organizacionales estudiantiles. Tal parece que lo que está en juego en el paro, es la punga entre viejas formas organizacionales de representación frente a formas más horizontales y asamblearias de participación directa.

Fuente: Sputnik Mundo.

El tratamiento del estado y los medios de comunicación frente a la movilización social

Debido a la inexperiencia de Duque para gobernar y al estar sometido al mandato del jefe de su partido, Álvaro Uribe Vélez, el tratamiento que le ha dado a la movilización social se ha caracterizado por la represión, la infiltración, la estigmatización y la criminalización. Previo al 21N se desplegaron una serie de acciones policivas: “en concreto 27 diligencias de allanamiento que adelantó dos días antes del paro, la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en distintas ciudades del país, a medios alternativos y universitarios de comunicación, a centros culturales y colectivos artísticos a lo que se sumaron amenazas colectivas de distintos tipos que intentaban infundir miedo y frenar la movilización nacional” (Archila y García 2019, 3).

Posterior al inicio del paro, las acciones del Esmad se han caracterizado por el exceso del uso de la fuerza, violando los protocolos de derechos humanos e hiriendo de gravedad y asesinando a varios civiles[4].

Otra de las estrategias que ha usado el gobierno es la llamada conversación, es decir, convocar al comité del paro a dialogar sobre sus demandas, pero nunca se negocia nada de fondo, de forma paralela el ejecutivo logra pasar varios puntos de su agenda política al consolidar ciertas mayorías en el Congreso de República (vía clientelismo), caso de la reforma tributaria y el partido Cambio Radical. Claramente es una estrategia de desgaste en la cual se busca dar una imagen al público de apertura a las reivindicaciones ciudadanas, mientras que avanza en la consolidación de su agenda[5], se conversa, pero no se negocia.

Como era de esperarse, lo medios de comunicación hegemónicos han estado en sintonía con los intereses del gobierno; es común que, en los cubrimientos que hacen los medios de las jornadas de movilización, se centren en los hechos de violencia de ciertos sectores, por ejemplo, los encapuchados lanzando piedras y “papas bomba” al Esmad o rayando bienes públicos.

Sin embargo, no se cuestionan otras formas de violencia como la estatal, ya que lo que se busca es la normalización de esas otras formas de violencia, de esas violencias “legales”.

Los pocos análisis que se hacen giran en torno a los costos del paro, o sea, los costos que implican el parar la economía del país por unos días, sin fijarse en los costos que la corrupción o la guerra han traído al país durante décadas. De esta forma, los medios buscan deslegitimar el paro, despolitizar sus demandas e insinúan que se debería regular la protesta social para que no se presenten hechos de violencia. No obstante, el paro ha servido para que los medios de comunicación alternativa se visibilicen más, lo cual es algo bastante positivo para tener una ciudadanía informada y claro está, para agrietar el cerco mediático.

Conclusiones

Después de haber esbozado los elementos más llamativos de la coyuntura de movilización social, hay una pregunta que merece la pena plantearse para intentar una respuesta, ¿qué significa la protesta social en un país que busca avanzar hacía la paz?

Considero que la protesta es sintomática de los procesos de transformación social que como sociedad estamos viviendo, si se pretende radicalizar la democracia es necesario que el antagonismo político siga existiendo y sea el eje bajo el cual se construya democracia, ya sea por los conductos institucionalizados o por otras vías que buscan disputar el sentido común.

También resulta sintomático el tratamiento que se le da a la protesta social, los toques de queda, la represión, los helicópteros sobrevolando las ciudades, se vuelven el común denominador en Latinoamérica. Señales de que los sectores pro statu quo se niegan a ceder poder, sin embargo, parece que esto les está socavando capital político como en el caso del uribismo y su baja popularidad y derrota en las pasadas elecciones regionales.

REFERENCIAS:

[1] El “paquetazo” se refería  a un conjunto de iniciativas gubernamentales (algunas anunciadas y otras ya en curso) tendientes a profundizar el neoliberalismo entre ellas: la reforma tributaria, la reforma laboral y pensional, la creación de un “holding financiero” estatal con 19 entidades del sector público.

[2] Dentro de los nuevos repertorios se encuentra el cacerolazo, el cual ha servido de forma simbólica para resistir frente a medidas represivas como el toque de queda, de esta forma la ciudadanía ha tomado este repertorio como un ejercicio de desobediencia civil. Con este repertorio muchos sectores que no se protestaban tradicionalmente se han sentido identificados, ha servido de aglutinador o condensador de significantes.

[3] Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo superado por Haití y Angola, y según la Ocde se requieren 11 generaciones para que un niño nacido en la pobreza alcance un ingreso medio.

[4] Uno de los casos más sonados fue el de Dylan Cruz a manos de un agente del Esmad el sábado 23 de noviembre en Bogotá.

[5] En el caso del gremio de taxistas y transportadores, los cuales son claves para paralizar una ciudad o vías, estos accedieron a beneficios gracias al poder corporativo que tienen. Los taxistas lograron que el gobierno sacara del mercado los servicios ofrecidos por la plataforma digital llamada Uber, disminuyendo así la competencia, esta jugada le asegura al gobierno que los taxistas no se articularan al paro.

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Julián Esteban García Romero
Julián Esteban García Romero
Politólogo con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz y Antropólogo con énfasis en cultura y poder de la Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá). Candidato a Magister en Sociología Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Investigador del Centro en Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (Cinep/PPP). Dentro de mis temas de interés están: la antropología política y jurídica, la ecología política, la sociología política y la etnografía del estado.

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