Julián Esteban García Romero
El pasado 07 de agosto, se cumplió un año de ser electo el presidente Iván Duque, el balance de su administración en relación a la implementación del acuerdo de paz es preocupante, lo cual no debe sorprender a nadie. Ya que, pese a que en campaña prometió en repetidas ocasiones, que continuaría con este proceso iniciado por el entonces presidente Santos, era evidente que las intensiones del sector político que representa eran totalmente opuestas. En un excelente ejercicio de ventriloquia, sectores terratenientes y del conservadurismo recalcitrante han torpedeado continuamente lo pactado en el acuerdo, lo cual ha generado una serie de dinámicas que tienen de nuevo al país sumergido en una profunda crisis. A continuación, un breve panorama de los aspectos más relevantes de este fenómeno.
El asesinato a líderes/as sociales, cuando el horror se rutiniza
Cabe aclarar, que cada una de las organizaciones que le hace seguimiento al asesinato de líderes/as sociales tiene distintas fuentes de información, de verificación y hasta de criterios para definir quién es y quién no es un “líder social”, diferencias que hacen que la cifra no coincida. Sumado a esto, el sub-registro es un obstáculo que impide tener datos “objetivos”; no obstante, al observar y comparar algunos de los informes es imposible no alarmarse.
Según el reciente informe “La naranja mecánica” de la ONG Somos Defensores, en el transcurso del año 2018 se registraron 805 agresiones contra líderes/as sociales, 245 más que en 2017.
Esto representa un incremento del 43%. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), recopiló las cifras de asesinatos de líderes sociales desde la posesión de Iván Duque. Según ese informe, van 229 defensores de derechos humanos asesinados, de los cuales 40 eran mujeres, y 189 hombres. Los departamentos con mayor número de asesinatos en lo que va de 2019 son: Cauca con 21, Antioquia con 12, Nariño con 14, Valle de Cauca con 16, Norte de Santander registra 7, y Córdoba con 9.
Si bien el acuerdo de paz de La Habana incluyó una serie de mecanismos normativos especialmente dirigidos a brindar garantías para la defensa de los Derechos Humanos; el gobierno Duque se ha negado a implementarlos y en lugar de esto crea otras instancias que resultan poco operativas. Un ejemplo de esto es la creación del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales (PAO), que tiene como fin impulsar una estrategia articulada para garantizar la seguridad y la promoción de sus derechos. Este plan ha resultado ser “más cámara que acción”, ya que no hay claridad en la articulación de instituciones ni mucho menos en las medidas que se toman para impactar el problema, por lo cual no ha tenido mayor incidencia en el escenario de violencia generalizada. Al igual que al expresidente Santos, a Duque también le está costando parar esta barbarie, y es que para hacerlo tendría que desmantelar una serie de redes criminales locales imbricadas con elites políticas y económicas. Por su parte, varios y heterogéneos sectores sociales se movilizan continuamente con el fin de presionar al gobierno, y a su vez a la misma sociedad para que cese la indolencia.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, desprestigiado y desfinanciado
Como en todo proceso de paz, el dilema entre verdad y justicia es algo central, en el caso del acuerdo de paz de La Habana se optó por un modelo de justicia transicional restaurativa. Este modelo busca medidas que tiendan al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, resarcir los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante SIVJRNR), está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales, entre ellos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (en adelante CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Espacial para la Paz (en adelante JEP). Finalmente, las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto serían el resultado de la implementación de los diferentes mecanismos y medidas del sistema integral.
Durante el gobierno Duque, este sistema se ha visto desprestigiado y desfinanciado, en el mes de marzo objetó por inconveniencia política seis artículos de la ley estatuaría de la JEP, ley que le daba vida a este órgano del sistema y la cual la Corte Constitucional ya había declarado exequible.
Sin lograr mayorías en el congreso y con una legislatura completamente desgastada, dicha ley fue devuelta a la Corte para que nuevamente la declarara exequible, a regañadientes Duque tuvo que firmarla.
Sin embargo, en el mes de julio a la JEP, la CEV y la Unidad de Búsqueda les aprobaron un presupuesto para 2019 que es, respectivamente, un 28%, 40% y 68% menor al que pidieron para su funcionamiento[1]. Esto ha traído consecuencias negativas para la labor de estos órganos en los diferentes territorios, ya que se ha visto reducido su capacidad. Sumado a esto, el caso Santrich fue utilizado como una campaña de desprestigio hacía la JEP, dejando en entredicho la neutralidad de este órgano ante la opinión pública.
La reintegración de excombatientes de las Farc, una fractura interna que se agudiza
Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (en adelante ARN), 13.000 excombatientes de las Farc fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). De estos el 25% (3.246) reside en algún de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (en adelante ETCR), el 67% (8.720) reside fuera del ETCR y el 8% (1.052) se desconoce su ubicación. Dentro de los motivos por los cuales los excombatientes no permanecieron en los ETCR están: por problemas de preparación de estos espacios, por la incertidumbre frente al incumplimiento del gobierno, por débil liderazgo al interior de los ETCR, el ritmo lento de los proyectos productivos (reincorporación económica), las ofertas económicas de otros grupos armados y los continuos asesinatos a excombatientes, entre otros.
Desde la implementación del acuerdo, al día de hoy, se han presentado 126 agresiones contra excombatientes[2], según la ARN van 85 homicidios, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia van 123 y según el partido Farc van 132.
Sumado a esto, varios dirigentes de las Farc están desaparecidos. Es el caso de Jesús Santrich, Iván Márquez, alias “El Paisa” y alias “Romaña” quienes participaron activamente en las negociaciones por la paz. Esto último refleja la grieta que hay al interior de las Farc, producto de las diferencias acerca de cómo se tenía que llevar a cabo el tránsito a la vida civil. Sumado a esto, la falta de voluntad política del gobierno actual ha permitido un escenario de violencia generalizado en el cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) bandas criminales, disidencias de las Farc[3] y grupos herederos del paramilitarismo, se disputan los antiguos territorios de las Farc. A todo esto, se agrega el problema de las drogas ilícitas, que aún está lejos no solo de resolverse, sino incluso de ser abordado integralmente, ya que en la última década, los cultivos cocaleros se cuadruplicaron y hoy superan las 200.000 hectáreas
La ilusión teleológica de la transición
En resumidas palabras hay que tomar nota sobre los desafíos políticos de un proceso de paz que implica una transición política de largo aliento, una paz negociada. Más que pensar las negociaciones y acuerdos como algo lineal, que va del conflicto y termina en la paz, en estas se presentan rupturas y continuidades de diferentes formas de violencia (estructural, directa, simbólica, etc), es un momento liminal. Sectores allegados al uribismo y al partido centro democrático buscan que el ajuste de las relaciones de poder que tiene como objetivo el acuerdo no se lleve a cabo, por esto entorpecen y tienen como meta impedir que se sepa la verdad del conflicto armado y que haya formalidad sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra. De esta forma, lo pactado en La Habana tendrá que soportar el embate del gobierno actual, van a ser tres años en el cual el pulso político variaría de acuerdo con la correlación de fuerzas de diversos actores.
[1] La JEP solicitó $372.000 millones de pesos y le entregaron $292.465 millones; la Comisión pidió $135.000 millones y le dieron $81.481 millones; y la Unidad de Búsqueda solicitó $104.109 millones y le entregaron $33.332 millones de pesos.
[2] Durante el mandato del presidente Duque han asesinado a 33 excombatientes de las Farc.
[3] Según informes de varias ONG´S el número estimado de combatientes estaría entre los 1.500 y 2.000.
Politólogo con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz y Antropólogo con énfasis en cultura y poder de la Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá). Candidato a Magister en Sociología Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Investigador del Centro en Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (Cinep/PPP). Dentro de mis temas de interés están: la antropología política y jurídica, la ecología política, la sociología política y la etnografía del estado.
