Manuel Salgado Tamayo
El historiador y militante socialista Enrique Ayala Mora, fiel a una de las pasiones de su vida, ha decidido publicar en un libro “Lucha social, autoritarismo y crisis” una selección de “textos de análisis y reflexión sobre la política de nuestro país, escritos desde hace cincuenta años”. El autor advierte que se trata de “obras de carácter militante, destinadas a la información y el debate”.
El libro se inicia con dos artículos escritos en los tensos años 70, cuando el autor frisaba los 19 años, en los que el Ecuador vivió la violenta represión del quinto y último velasquismo que intentaba mantenerse en el poder en medio de las tensiones desatadas por el petróleo. Enrique iniciaba sus estudios universitarios cuando escribe “La campaña electoral, epopeya criolla”, texto que se mueve entre la ironía y el folklore, al contarnos la forma en que se llevaban a cabo las campañas electorales destinadas a precautelar los “sagrados intereses de la Patria”. En esos ritos se conjugan los instintos del zoon politikon con los de carácter lúdico, parodiados con el verso de un gran poeta: “Gritos, alcohol y plata todo el día, hacen las campañas de la Patria mía”.
La dictadura velasquista.
El segundo artículo intitulado “Los partidos políticos y la dictadura”, fue escrito luego de la proclamación de la dictadura del profeta, el 18 de junio de 1970. Tres premisas controversiales arrancan el análisis de las posiciones de los partidos políticos frente a la dictadura: Primera, “Esta dictadura puede ser buena, mala o pésima”. Segunda, “Todos los partidos han apoyado o patrocinado dictaduras alguna vez.” Tercero, “La democracia constitucionalista no rinde mayores frutos”. La revisión de los pronunciamientos de los dirigentes políticos demuestra que hubo las siguientes posiciones: Conservadores, Socialcristianos y Liberales coquetean con el régimen velasquista. El CFP de Asaad Bucaram se niega a comentar la situación para no crearse conflictos con el régimen dada su reciente elección como alcalde de Guayaquil. La Democracia Cristina evade un pronunciamiento categórico. La Izquierda Democrática y el CID de Otto Arosemena sugieren una oposición tímida. El Partido Socialista Revolucionario, que puso en esa coyuntura la mayor cuota de sacrificio, y, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Carlos Julio Arosemena llaman a la lucha frontal contra la dictadura.
La sucretización de la deuda privada.
El tercer artículo “La deuda maldita. Nosotros fiamos y el pueblo paga”, publicado en el Diario “La Verdad” de Ibarra, comenta la decisión del gobierno de Oswaldo Hurtado Larrea que significó para el pueblo ecuatoriano el “poner de su bolsillo como subsidio cerca de 20 mil millones de sucres, la cuarta parte del presupuesto del estado para ese año”, para beneficio de un puñado de grandes deudores privados. Con el agravante de que el siguiente gobierno de León Febres Cordero amplió las ventajas de la sucretización para los deudores, acto que dio inicio a larga crisis económica y social que se prolongará hasta fines del siglo.
En 1989 hace un breve balance de la “década perdida” en América Latina; aborda también fracaso del proyecto socialdemócrata en el Ecuador de Borja, en el Perú de Allan García y en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, a la vez que toma nota del fin de las dictaduras de Pinochet y Stroessner en Chile y Paraguay y de la caída del muro de Berlín que dio inicio al derrumbe del denominado “socialismo real” en Europa Oriental.
Desde una visión descriptiva se analiza el desarrollo de las fuerzas políticas en el Ecuador entre 1960 y 1990 décadas en las que se advierte como fenómenos relievantes el ascenso del desarrollismo orientado por la CEPAL, que tiene paradójicamente su momento más reformista en la dictadura de Rodríguez Lara, el agotamiento del largo ciclo dictatorial, la gestación del endeudamiento externo y el retorno al régimen democrático alentado por la lucha popular, pero también por el Imperialismo norteamericano.
La debacle de la partidocracia.
El balance de los partidos políticos que iban a dirigir los destinos del país en el ciclo constitucional presenta un panorama desalentador: el viejo partido liberal se fisura en tres fracciones: la Izquierda Democrática, el Frente Radical Alfarista de Abdón Calderón y el Partido Demócrata de Pancho Huerta.
El añejo partido conservador sufre varias divisiones, pero la estocada final la dio el conservadorismo progresista impulsado por Julio César Trujillo que culminará con la fusión de la Democracia Popular con la Unión Demócrata Cristina que en alianza con el CFP ganará las elecciones de 1978.
Enrique ve en la conducta de la izquierda en el retorno a la democracia electoral “un serio intento de unificación” que da lugar a la formación del Frente Amplio de Izquierda, FADI, que será deslegitimado por las posturas hegemonistas del Partido Comunista pro soviético, por la ancestral tendencia de la izquierda a la atomización y por la no participación de los dirigentes más destacados del Partido Socialista Revolucionario que habían estado en los hechos a la vanguardia de la lucha antidictatorial.
El Partido Comunista Marxista Leninista, a la época pro chino, formará su propia estructura electoral con el Movimiento Popular Democrático que tiene una participación exitosa con la candidatura de Jaime Hurtado González.
Más adelante realiza una crónica sobre una jornada de lucha exitosa del socialismo imbabureño, desarrollada entre 1982 y 1991, por los comuneros de Tumipampa, en el cantón Cotacachi, que lograron la adjudicación de 123 hectáreas de tierras ancestrales, en uno de los pocos actos de aplicación de la ley de reforma agraria vigente.
Mahuad lleva al país a la mayor tragedia social del siglo.
Sigue el libro con la revisión de la crisis de fines de siglo entre 1999 y el 2000 en los que el gobierno de Yamil Mahuad busca cerrar el largo proceso de negociación territorial con el Perú que culmina con la firma del acuerdo de paz, firmado con jefe de estado peruano Alberto Fujimori, en un acto que fue mirado como necesario, aunque sacrificado, para el pueblo ecuatoriano.
Pero la gestión gubernamental fue seguida por un acto de complicidad con los peores apetitos de la burguesía bancaria y financiera que le llevaron a Mahuad a congelar los ahorros de cientos de miles de ecuatorianos que dieron paso a un mayor empobrecimiento y una diáspora dolorosa de más de un millón de ecuatorianos que se fueron hacia Europa.
La tragedia social, considera con la mayor del siglo, dio lugar a la movilización de la CONAIE y de un grupo de oficiales del Ejército que culminaron con la caída del gobierno de Yamil Mahuad. Sobre este hecho Enrique sostiene que el 21 de enero hubo 3 golpes de Estado: el primero que habría intentado Mahuad, el segundo, que protagonizaron los dirigentes indígenas con un grupo de militares, fue el más publicitado, y, el tercero, promovido por el alto mando militar. Sobre el primer intento de golpe no se ha filtrado ninguna información que demuestre que Yamil estaba en capacidad de hacer ese intento. Sobre el segundo y el tercero creo que son momentos de la misma secuencia, pues en el libro “La cuarta vía al poder” de Heinz Dieterich hay varias entrevistas a los dirigentes indígenas que demuestran que Lucio Gutiérrez, oficial de inteligencia, traicionó al movimiento al entregar el poder al general Mendoza, jefe del Comando Conjunto, que a su vez lo transfirió, en el Ministerio de Defensa, al vicepresidente Gustavo Noboa.
Lucio y la “Pichi corte”.
En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el año 2004, se produjo la polémica destitución de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso y su reemplazo por la denominada “Pichicorte”, en una acción considerada como una agresión al sistema jurídico y a la democracia. Como sabe el pueblo ecuatoriano la administración de justicia ha estado casi siempre politizada y desde los años 80 casi bajo el control del Partido Social Cristiano y del caudillo León Febres Cordero que utilizaba las salas de lo penal para perseguir a sus adversarios. El bloque socialista integrado por Guadalupe Larriva, Segundo Serrano y Enrique Ayala se opusieron en forma tajante a la decisión de la mayoría argumentando que “el Congreso no tenía atribución constitucional para ingerir en otra función del Estado, menos para destituir y nombrar a los miembros de la Corte”.
Los hechos llevaron al Partido Social Cristiano y a Febres Cordero “a desatar un feroz campaña de persecución y desinformación” contra los diputados que buscaban un poder judicial independiente y en esas condiciones se produjo un grave atentado contra Enrique Ayala, el 5 de marzo del 2005, en una de las avenidas de circunvalación de Quito, sujetos desconocidos hicieron cuatro disparos contra el vehículo en el que se movilizaba Enrique Ayala, provocando un accidente de tránsito y varios traumatismos en el cuerpo del legislador que fue internado en un hospital para un complicado proceso de recuperación. El hecho causó una ola de indignación en las filas socialistas y entre los sectores populares que apoyan la conducta política intachable de Enrique Ayala.
Partidos de Estado y partidos de izquierda.
En un artículo publicado en febrero del 2009, en la revista política de la derecha ecuatoriana, Vistazo, Enrique sostiene una tesis curiosa: que los partidos políticos en el Ecuador se dividen en: Partidos de Estado y partidos de izquierda, los primeros son aparatos “asentados en redes de clientela, con intereses fundamentalmente burocráticos, que expresan al gran poder económico y que han mantenido un cuasi monopolio de la representación, mediante el manejo del sistema electoral”. En este grupo ubica al Partido Social Cristiano, a la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, el CFP, el PRE y nuevas estructuras populistas y de mando vertical como el PRIAN y “Sociedad Patriótica”; en un segundo grupo estarían los partidos de izquierda, caracterizados por su dispersión, que no pueden considerarse como “partidos de Estado”. En este mismo documento observa que las llamadas fuerzas alternativas a la “partidocracia”: Sociedad Patriótica, PRIAN, RED o Alianza País”, “han mantenido o empeorado los mismos mecanismos de clientela, las decisiones verticales, la inexistencia de mecanismos internos de participación”.
Los militares son los árbitros del poder.
Al analizar el papel de los militares en la configuración del poder Enrique hace una constatación explosiva, que pone en entredicho el verdadero papel de las movilizaciones populares no solo en el Ecuador sino también en América Latina: “Como árbitros de la política, los militares han mantenido o depuesto presidentes. No es cierto que a Bucaram y a Mahuad los derrocaron las movilizaciones indígenas, o que a Gutiérrez lo echó abajo un movimiento ciudadano. Desde luego que los golpes no se dieron en “frío”. No es que los soldados pudieran sacar del poder a una persona cuando desearan. Pero en coyunturas de desestabilización y protesta, han terminado por decidir quién se queda y quien se va del gobierno”. Su afirmación contradice el papel histórico cumplido de modo singular por el pueblo quiteño desde la Colonia y fortalece el papel de los militares.
A fines de la primera década del siglo XXI ve el futuro de las organizaciones políticas como incierto: “Dispersión del PSC; la ID no puede recoger sus pedazos, la DP no se repone de la pesadilla de Mahuad; el PRE y su líder ya no son protagonistas” … “Las desunidas fuerzas de izquierda podrán mantener, arrinconadas, sus espacios organizativos”. No ve futuro para el PRIAN y Alvarito. Pero sostiene que el coronel Gutiérrez, que trabaja en los sectores más pobres de la población, puede consolidarse como contradictor del régimen. Y agrega: “Quizá será, algún momento, la figura no deseada pero necesaria de un frente de derecha”.
La reciente experiencia constitucional del Ecuador.
Un extenso ensayo, preparado para ser presentado en un evento internacional organizado por la Universidad de Navarra, España, Enrique analiza la reciente experiencia constitucional del Ecuador tomando nota de los aspectos más relevantes, recuerda que se han convocado 24 asambleas constituyentes y se han promulgado 20 constituciones. Desde 1997 han caído tres presidentes por golpes de Estado implementados en medio de acciones de masas.
Con el retorno a la vida constitucional en el 78-79 quedó atrás el viejo enfrentamiento laico – clerical de conservadores y liberales y se estableció un nuevo eje definitorio en que lo determinante fue el papel del Estado frente a la economía. Los historiadores económicos consideran que desde 1982 hasta el 2006, sin importar que partido esté en el gobierno, se impusieron las recetas del Fondo Monetario Internacional que desembocó en la crisis de fines del siglo. Durante las décadas de los 70 y los 80 el FUT protagonizó la resistencia popular, pero las políticas de privatización y desregulación laboral debilitaron al movimiento obrero, circunstancia en la que se gesta el movimiento indígena agrupado en la CONAIE que asumirá un papel cada vez más protagónico.
Ayala recuerda que entre diciembre de 1997 y julio de 1998 se redactó una nueva constitución, que en medio de la crisis económica agudizada por las políticas de ajuste estructural que obligaban al país a destinar al pago de la deuda pública más del 40 % del presupuesto, se operó un proceso de devaluación monetaria que llevó el sucre de 25.25 por dólar en 1981 a 25.000 en el año 2.000. En 1988 había cuatro millones de pobres, en 1999 la cifra se había duplicado. Esos fueron los antecedentes de la crisis de fines del siglo considerada más grande del País en más de un siglo. Crisis agravada por la constitucionalización del neoliberalismo realizada por la Constituyente de Sangolquí.
La vigésima carta política de Correa.
En las elecciones del 2006, Rafael Correa al gobierno, impulsado por un acumulado histórico de lucha social en la que el no había participado. En los años 2007 – 2008 se escribe la vigésima Constitución que robustece el papel del Estado, extiende las garantías y derechos ciudadanos, adopta el avanzado paradigma del Buen Vivir, pero en la parte Orgánica establece un régimen centralista y autoritario, dotado de cinco poderes; elimina el debate legislativo y la fiscalización, en un diseño que parece destinado a facilitar el autoritarismo y el robo del que forma parte “Un presidencialismo exacerbado, absorbente y vertical, que elimina la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos”.
El 30 S.
En un análisis de la insurrección policial del 30 S sostiene que las causas de fondo de la violencia policial fueron originadas porque el gobierno de Correa intentó frenar y sancionar los abusos y corruptelas que se producen al interior de la Institución, por suerte no hubo ni magnicidio ni golpe de Estado, pero si una presión que le llevó al gobierno a dejar de lado la reforma policial y también los contenidos del informe de la “Comisión de la Verdad”.
La LOES 2010.
Sobre la Ley Orgánica de Educación Superior, dictada en el 2010 sostiene que se trata de un cuerpo jurídico que se justifica porque había que parar el mercantilismo y el facilismo que se habían instaurado en algunas universidades, especialmente privadas, pero que contiene también graves errores como consecuencia de la negativa de Correa a tomar en cuenta la tradición histórica de universidad ecuatoriana y las opiniones de los académicos que fueron ignoradas después de un largo debate.
El quinto poder del Estado.
Sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sostiene que es un poder que está demás, que nació como imitación de la fracasada experiencia de Venezuela y que es un instrumento antidemocrático instalado para la concentración del poder y la cuasi destrucción de los mecanismos de fiscalización y control político.
La criminalización de la protesta social.
Sobre la conducta política del jefe de Estado, Rafael Correa, Enrique Ayala considera que se configuró un caudillismo regresivo, de los tantos de que ha vivido América Latina, que se mantuvo en poder en base a la manipulación, la represión y lo más grave “la criminalización de la protesta social”. Con un detalle que nadie debe olvidar y es el de que el supuesto revolucionario reprimió con particular crueldad a la militancia del movimiento indígena, a los ecologistas, a las mujeres organizadas, al movimiento obrero, y al periodismo crítico.
El FUT: Trayectoria y perspectiva.
Ayala recuerda que el FUT lleva más de cuatro décadas de lucha no solo en defensa de los derechos de los trabajadores, sino de los derechos humanos, las libertades ciudadanas, una vida digna para el pueblo. En la actualidad, anota en noviembre del 2017, el FUT es un puntal en la lucha contra la corrupción, el autoritarismo y la vigencia plena de las libertades y la justicia social.
La paz con el Perú.
En un estudio elaborado para recordar los 20 años del tratado de paz con el Perú, Ayala admite que el Ecuador “tuvo que aceptar la realidad de que había perdido un extenso espacio amazónico históricamente reclamado”. Pero que los acuerdos suscritos en Brasilia por Ecuador y Perú “fueron beneficiosos y potenciaron a los dos países en su entrada en el siglo XXI”.
Un balance demoledor sobre el gobierno de Correa.
Al plantear la necesidad de la institucionalización democrática del Ecuador, en julio del 2019, hace un balance demoledor del gobierno de Correa, que terminó en mayo del 2017, dejando “al país en medio de una profunda crisis. Su gobierno no la había provocado, pero la profundizó por el despilfarro, el crecimiento burocrático, el endeudamiento externo suicida, y sobre todo, la corrupción, orquestada por el propio caudillo y su círculo”. Por ello las tareas más urgentes del nuevo gobierno debían ser la lucha contra la corrupción y la institucionalización del Ecuador. Con ese objetivo de convocó a una consulta de febrero del 2018 en las que el si ganó en todas las preguntas.
Ayala propone una radical reforma legislativa que implante un sistema bicameral de amplia representatividad democrática.
En las elecciones del 2021, realizadas en medio de la crisis económica, agravada por los efectos de la pandemia, la dispersión política y el miedo, los grandes triunfadores fueron la derecha neoliberal encabezada por Lasso, el correísmo que logró un importante bloque parlamentario y Pachakutik que tuvo como candidato al ecologista Yaku Pérez.
El sobreprecio del edificio de UNASUR.
El libro finaliza con un artículo en el que Enrique Ayala sostiene que la UNASUR “terminó como instrumento de las políticas internacionales del chavismo”. La afirmación es polémica porque existe una amplia literatura que demuestra que el MERCOSUR y UNASUR son parte de una estrategia regional de las elites brasileñas empezada en el gobierno de Cardoso a la que dieron continuidad Lula y Dilma. Más aún, en el Ecuador Germánico Salgado, en uno de sus últimos escritos, abogó por la confluencia entre el MERCOSUR y la CAN. De modo que la comparación de costos entre el edificio de la UNASUR, en la mitad del mundo, que tuvo un costo total de 45’815.247,63, es decir, 2’345.53 dólares el metro cuadrado y el costo del edificio más complejo de la Biblioteca de la Universidad Andina “Simón Bolívar” que tuvo un costo de 15’130.673,31 dólares, es decir, 700 dólares el metro cuadrado, es un caso más de los hechos de corrupción en el gobierno de Correa, que no puede vincularse a la dinámica de la UNASUR.
A manera de epílogo.
En resumen, vemos que el nuevo libro de Enrique Ayala analiza las dictaduras civiles y militares que operaron en los años 70 y las peripecias de los gobiernos democráticos que han prevalecido, en medio de sobresaltos, desde 1979 hasta el 2021 en que se escribe uno de los últimos artículos. Simultáneamente, se sitúan los modelos de desarrollo que han estado vigentes en el mismo período: primero el desarrollismo cepalino que, paradójicamente, impulsó importantes reformas en la dictadura de Rodríguez Lara, después, el viraje al neoliberalismo que profundizó el carácter desigualitario de nuestra formación social; luego, como consecuencia de la resistencia popular, la vigencia por una década de una revolución ciudadana que no fue a ningún lado, detrás de un discurso populista que se deslegitimó por los graves hechos de corrupción, y, para seguir en la noria, la vuelta al neoliberalismo de Moreno y Lasso. El resultado económico es la pobreza generalizada, el surgimiento de una ola de violencia delincuencial y el aparecimiento de niveles alarmantes de narcotráfico y sicariato, que eran fenómenos desconocidos en la sociedad ecuatoriana.
Profesor Emérito de la Universidad Central del Ecuador. Ex legislador. Literato. Mgs. en Relaciones Económicas Internacionales mención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolivar. Phd en estudio latinoamericanos en UASB
