Elsa Guerra Rodríguez
Es lamentable que el peso de las medidas para resolver la crisis en Ecuador, recaiga sobre las personas trabajadoras, obviando el papel de las élites económicas para contribuir a solventarla, circunstancia que se empeora con la decisión gubernamental de recortar el presupuesto a las universidades públicas.
Esta medida profundizará las limitaciones preexistentes en la accesibilidad a la educación de los sectores más empobrecidos (mujeres diversas, indígenas, afros, entre otros grupos sociales históricamente discriminados) y generará una oleada de despidos a docentes y personal administrativo, un descenso en la calidad educativa y, sobre todo, menos investigación y proyectos de vinculación con la colectividad.
Al ser la educación un derecho habilitante para el ejercicio de otros derechos, su afectación o menoscabo produce efectos directos en el ensanchamiento de las brechas socioeconómicas de la población. Por ello, la educación amplía las posibilidades para la consecución de una vida digna, brindando mayores oportunidades para acceder a derechos como el trabajo, la vivienda y la alimentación.
Investigaciones sobre el retorno escolar en el mercado laboral, evidencian que las personas que acceden a estudios universitarios tienen 86% más ingresos que quienes llegan a un nivel primario.
La reducción del Presupuesto General del Estado de este año llega a USD 2.929 millones, de los cuales 831 fueron recortados de los recursos destinados a la educación, causando una súbita interrupción de proyectos educativos de alta sensibilidad como los relacionados a alfabetización y primera infancia.
El gobierno debió destinar los recursos del pago de la deuda externa para resolver algunos de los tantos problemas estructurales del sistema educativo develados por la pandemia.
Uno de los datos alarmantes que con seguridad influyen en términos de acceso y permanencia, es que solo el 11,7% de la población empobrecida puede acceder a internet y únicamente el 15,1% posee una computadora o laptop; estos datos se acentúan en localidades con presencia de pueblos y nacionalidades indígenas.
Finalmente, en el campo de lo jurídico, la decisión del ejecutivo es contraria a la Constitución ecuatoriana porque afecta el valor otorgado a la educación como derecho en sí mismo y medio para la cristalización de otros; condición que se refleja en su protección reforzada en periodos de estado de excepción. Primero, porque se entiende como un derecho intangible al no constar en el listado de derechos susceptibles de suspensión o limitación; y, segundo, porque el poder constituyente resolvió que en el desarrollo de un estado de excepcionalidad se podrá recurrir a presupuestos designados inicialmente para otras finalidades, salvo aquellos rubros destinados a educación y salud, evidenciando que estas son áreas prioritarias de la inversión estatal, inclusive, y sobre todo, en este tipo de crisis. Este último mandato se articula con la obligación constitucional del Estado de financiar de forma efectiva y regular a la educación pública.
¿Cuál es el sur de la defensa a la universidad pública?
La historia del mundo, y especialmente latinoamericana, ha demostrado que la educación en general y la pública en particular, ha sido fundamental para repensar la sociedad, las formas de conocimiento, el poder, el sentido de la humanidad y las alternativas de cambio.
Por ello, tanto el Estado como la sociedad deben apostar por la consolidación de la universidad como un espacio transformador donde se potencie el pensamiento crítico, creativo y propositivo como propuesta ética, en su construcción desde abajo.
El proceso educativo y la investigación son, en este sentido, caminos de liberación, condición que implica una ruptura con la epistemología y las metodologías dominantes como la única forma de producir conocimiento, reflexionar sobre las realidades y elaborar propuestas.
Es imperativo, además, romper la lógica homogeneizante y colonial del prototipo de estudiante y docente occidental, para impulsar centros educativos pluriversos, comunitarios e interculturales que, desde perspectivas críticas, visibilicen y revitalicen otras formas de conocimiento, prácticas, saberes y filosofías que se entretejan dialógicamente.
Esta defensa no es un cheque en blanco, es más bien una apuesta por la construcción de alternativas de superación de esta emergencia y de las crisis estructurales vinculadas al sistema de salud, al papel estatal en la regulación del mercado, al valor de la naturaleza, al modelo económico y productivo. No hay que olvidar a aquellas pandemias naturalizadas y ocultas que han sostenido históricamente las brechas sociales basándose en el género, sexo, orientación sexual, identidad cultural de las personas y colectivos, entre otras condiciones y autodeterminaciones que se intersectan mutuamente.
Por ello, esta decisión inconstitucional de reducir el presupuesto a la universidad pública es, en realidad, un recorte a las posibilidades de salir de la iniquidad y la desigualdad desde la educación.
Mujer andina y feminista. Docente investigadora de varias universidades a nivel nacional e internacional. Ph.D. en Derecho y magíster en Derecho, mención derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Activista por la defensa de los derechos.
