La llama verde se ha encendido con fuerza en varias latitudes de latinoamérica, las voces muchas veces silenciadas van recobrando su fuerza frente a la posibilidad de continuar con la lucha por el aborto libre en Ecuador. Este artículo pretende brindar algunos argumentos para reflexionar sobre las implicaciones del aborto desde su práctica clandestina hasta la persecución que viven las mujeres procesadas por este tipo penal; para finalizar visibilizando algunas de las estrategias feministas, que han surgido tanto para acompañar a las mujeres criminalizadas, como para cristalizar el derecho al aborto seguro, libre y gratuito.
Efectos del aborto clandestino
Interrumpir un embarazo es un proceso físico-emocional que requiere de asesoría adecuada, atención médica e inclusive cuidados hospitalarios. Sin embargo, la ilegalidad del aborto condiciona tales requerimientos, obligando a las mujeres diversas a utilizar otros métodos abortivos, que en muchos de los casos, ocasionan su muerte, así como provocan daños físicos irreparables para su salud e integridad.
Según Salud Mujeres 125.000 mujeres ecuatorianas deciden interrumpir sus embarazos cada año, convirtiéndose en el país con el mayor número de casos en la región.
Las condiciones inseguras de esta práctica han provocado que, acorde a la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN), el aborto clandestino sea la segunda causa de mortalidad materna. Además, como lo sostiene Fundación Desafío, alrededor de 15.000 mujeres visitan centros médicos por complicaciones en su salud, provocando que este hecho sea uno de los primeros motivos de morbilidad materna.
Además, en nuestras sociedades, este tipo penal ha asegurado un proceso de exclusión, rechazo social y culpa para las mujeres que deciden abortar, produciendo habitualmente graves implicaciones en su salud psico-emocional. Finalmente, los datos demuestran que la interrupción del embarazo en condiciones inseguras ha generado repercusiones en la sociedad y en el estado, ya que la muerte y las complicaciones post-abortivas de las mujeres afectan a sus núcleos familiares, así como, inciden en el presupuesto estatal.
Sin embargo, su ilegalidad aqueja con mayor intensidad a las mujeres pobres, adolescentes y aquellas pertenecientes a pueblos y comunidades. Se ha denunciado por ejemplo, la manera en que el aborto se ha convertido en un negocio rentable para el mercado, e inaccesible para las mujeres con escasos recursos económicos.
Esta circunstancia ha obligado a que las mujeres empobrecidas busquen alternativas riesgosas para cumplir esta finalidad, tales como el uso de alambres, sondas, palillos, detergentes, vinagre, raíces, ácidos, dosis inadecuadas de pastillas anticonceptivas, entre otros mecanismos.
Respecto a las adolescentes, estas reciben con especial incidencia los efectos de la criminalización del aborto consentido, tanto por las afectaciones que viven quienes interrumpen su estado de gestación en circunstancias inseguras, como por el considerable porcentaje de embarazos forzados a causa de la ilegalidad de esta práctica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se generan 2 millones de partos de mujeres menores de 15 años en el mundo, y muchos de estos embarazos son el producto de escenarios de violencia.
Estos breves datos evidencian que la penalización de aborto genera una realidad inaceptable, donde solo triunfan los sistemas opresores dominantes como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y adultocentrismo, mientras que las mujeres, las sociedades y el mismo estado discriminador son los afectados.
Las mujeres criminalizadas
En los últimos años el índice de persecución a las mujeres que abortan es alarmante. Desde enero de 2013 a enero de 2018 se han activado más de 320 casos, en medio de múltiples denuncias por las irregularidades surgidas en los mismos, la violación a varias normas del debido proceso, al derecho a la tutela efectiva de las mujeres procesadas por este “delito”, y la inobservancia de un enfoque de género y de derechos humanos, entre otros vicios.
La penalización del aborto se convierte en una criminalización que sostiene la desigualdad social, ya que afecta con mayor incidencia a las mujeres empobrecidas y racializadas que viven en los sectores rurales y periféricos, por cuanto estos grupos de mujeres, habitualmente no cuentan con los recursos suficientes para asegurar un adecuado patrocinio profesional. Las investigaciones adicionalmente evidencian que 6 de cada 10 mujeres procesadas por aborto son menores de 19 años.
Estrategias sociales y feministas
Las teorías feministas han denunciado la manera en que la penalización del aborto voluntario ha constituido una forma de control y disciplinamiento social de la mujer en el marco de los intereses que surgen desde el hombre masculino hegemónico, el mercado, la sociedad y el estado patriarcal. Por ejemplo, históricamente no siempre la vigencia de este tipo penal se justificaba en la necesidad de la “protección del no nato”, sino que de acuerdo a cada época, su configuración se apoyaba en diversas construcciones discursivas, que implicaban cuidar la decencia de la mujer, el derecho de descendencia de los hombres, e inclusive en otros estados se ha obligado a abortar a las mujeres por justificaciones de carácter demográfico.
En este sentido, si bien la Constitución ecuatoriana prevé la tutela de la potencial vida del no nato, entendido como bien jurídico, la criminalización del aborto es un mecanismo anacrónico e ineficaz que no cumple dicha finalidad. Los datos demuestran que más allá de la penalización, su práctica clandestina continúa en aumento cada año, circunstancia que visibiliza un uso arbitrario del derecho penal, que recurre al discurso de protección del no nacido para sostener una situación de exclusión y control sobre el cuerpo de las mujeres y con ello asegurar su papel en el sistema patriarcal.
Por lo tanto, resulta paradójico que mientras el marco constitucional ecuatoriano prohíbe cualquier forma de discriminación, la penalización de la interrupción voluntaria de la gestación, se instituye en un mecanismo que atenta contra la vida, integridad, salud, autonomía reproductiva, dignidad y libertad de las mujeres diversas.
Más aún cuando los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han emitido varias recomendaciones respecto a la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, a asegurar el acceso a una salud integral y a omitir normativas que impongan embarazos forzosos. Así como, han pedido a los estados no emitir medidas represivas, como la penalización del aborto, cuyos efectos anulan totalmente los derechos de las mujeres diversas.
Finalmente, desde la organización social se ha construido un proyecto potente que lucha por el aborto libre en Ecuador, entendido como una propuesta contra hegemónica que busca generar fisuras en un sistema patriarcal que cosifica los cuerpos de las mujeres, en el marco de un contrato sexual y reproductivo todavía vigente en nuestra realidad.
Estas estrategias tienen por lo menos dos campos de lucha. El primero, busca soportar las graves afectaciones que viven las mujeres que abortan en condiciones de clandestinidad. En este contexto, se han impulsado proyectos para brindar un acompañamiento integral y de sororidad para las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, desde espacios como Salud Mujeres y Las Comadres. Así como, se han generado iniciativas como la línea de asesoría jurídica gratutita para mujeres criminalizadas, abogadxs y médicxs. Este proyecto impulsado por el Centro de Protección de los Derechos Humanos Surkuna, pretende asegurar el ejercicio de los derechos constitucionales y humanos de los actores involucrados en este tipo de casos, con especial énfasis en el derecho a la defensa justa, digna y técnica de las mujeres acusadas de practicarse un aborto, tomando en cuenta su confidencialidad.
El segundo campo ha significado suscitar espacios estratégicos para exigir desde una democracia deliberativa, tanto la erradicación de los efectos del aborto clandestino, como la materialización de los derechos de las mujeres en el marco de sus características identitarias y condición social, para cristalizar su autodeterminación sexual y reproductiva en sus proyectos de vida. Estos escenarios implicarían en primera instancia derogar esta tipificación en el derecho penal, así como transitar hacia el reconocimiento y pleno ejercicio del derecho a un aborto seguro, libre y gratuito, sin imposiciones que permitan nuevos mecanismos de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres.
Cabe destacar, que la despenalización o su legalización no obliga a las mujeres a abortar; la experiencia comparada ha demostrado que en aquellos estados donde el acceso a un aborto seguro y gratuito es reconocido como una política prioritaria, las afectaciones a la vida e integridad de la mujer son notoriamente menores, e inclusive la práctica del aborto disminuye por el grado de conciencia en la autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. En cambio, la penalización arroja a las mujeres a la muerte.
Estas y otras acciones además pretenden lograr un proceso de despenalización social de esta práctica, que abra la puerta hacia la construcción de un imaginario social que valore a las mujeres como fin en sí mismas, y aporte en la erradicación de las manifestaciones de opresión que han vivido históricamente.
El patriarcado se va a caer porque cada vez somos más quienes nos hemos convencido que solo la acción conjunta, puede liberar sus rastros en los dispositivos sociales, culturales y jurídicos, y abrirnos un horizonte hacia la posibilidad de disputar la construcción de un mundo otro donde quepan todos los mundos.
Mujer andina y feminista. Docente investigadora de varias universidades a nivel nacional e internacional. Ph.D. en Derecho y magíster en Derecho, mención derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Activista por la defensa de los derechos.
