PRONUNCIAMIENTO ANTE LA GRAVE SITUACIÓN EN ECUADOR
octubre 8, 2019
Las paredes se limpian, las muertas no vuelven
octubre 15, 2019
Mostrar todo

Toda una vida… de infame cinismo

 Drama de un gobierno sumiso al FMI

 

Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro

Octubre 08 de 2019

 

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”

Groucho Marx

El Ecuador vive tiempos sombríos, sobre todo desde los últimos años correístas y en casi todo el morenismo. En lo económico, hay graves estancamientos – por cinco años – en ingresos, empleo y demanda interna. Mientras, la deuda externa crece con la emisión imparable de bonos, pese a que el acuerdo firmado en marzo de 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros multilaterales indicaba que el país no haría más emisiones. Por su parte, y en paralelo, el autoritarismo y la represión aplicados en el gobierno de Correa, ahora con Moreno se han redoblado para cargar la crisis al pueblo.

Si bien el morenismo aplica políticas neoliberales con más empeño que ningún otro gobierno, queda prohibido olvidar que fue el propio correísmo el que saltó del “progresismo” a un “neoliberalismo transgénico”, retornando al Consenso de Washington con medidas como:

  • TLC con la Unión Europa;
  • más extractivismo (explotación del ITT, megaminería);
  • alianzas público-privadas y – fallidas – propuestas privatizadoras;
  • entrega a capitales transnacionales de campos petroleros (Auca) y puertos (Posorja, Puerto Bolívar y Manta);
  • cuasi-privatización de la salud vía clínicas privadas y de la educación superior al implementar un sistema de ingreso discriminatorio;
  • retorno a los mercados financieros con emisión de bonos de deuda externa desde 2014;
  • uso del terremoto de abril 16 de 2016 como pretexto para retornar a los créditos del FMI;
  • apoyo a que grandes grupos económicos acumulen millonarias utilidades;
  • reducción del impuesto a la renta para sociedades de 25% a 22% entre 2010-2013;
  • remisiones tributaria para grandes grupos en 2008 y 2015;
  • reintroducción de la flexibilización laboral desde 2016[2];
  • fracaso en la “transformación de la matriz productiva”;
  • niveles históricos de despilfarro y corrupción;
  • entre otros abusos e irresponsabilidades, a los que cabe añadir el agresivo endeudamiento y entreguismo al imperialismo chino.

El correísmo – que sobre todo en sus últimos años amplió la criminalización de la protesta social – significó una década desperdiciada sin transformaciones estructurales[3]; desperdicio cuyo resultado se ve en la grave crisis que actualmente afronta el Ecuador.

Además, Correa prácticamente impuso a Moreno como candidato presidencial, de modo que el correísmo incluso tiene en este punto una responsabilidad política.

Para colmo, al inicio el gobierno morenista se concentró más en la disputa política con el correísmo, y lo económico quedó en segundo plano. Eso ha provocado que luego el gobierno tome medidas económicas apresuradas y muchas veces improvisadas.  Pero, aun así, el morenismo supo acelerar la marcha neoliberal con medidas como:

  • millonarios beneficios a grandes grupos económicos con la remisión tributaria de 2018;
  • continuidad del proceso privatizador con alianzas público-privadas y monetización de activos estatales;
  • eliminación del subsidio a la gasolina súper;
  • agresivo ajuste fiscal contrayendo la inversión pública (tal como en el correísmo);
  • expansión aún más agresiva del endeudamiento externo;
  • entrega del dinero electrónico a la banca privada (que sigue lucrando millonariamente);
  • impedimento de que el Banco Central adquiera títulos del Estado (herramienta útil en crisis y dolarización, pero abusada por el correísmo);
  • TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio, ingreso a la Alianza del Pacífico e interés en un TLC con Estados Unidos;
  • reinstalación de los Tratados Bilaterales de Inversión;
  • ampliación de la explotación del ITT y continuidad de un entreguismo megaminero que no generará grandes ingresos al país;
  • próximo despido masivo de funcionarios públicos en vez de revisar integralmente los salarios de la burocracia dorada;
  • gabinete formado por representantes directos de múltiples grupos económicos;
  • entre otras acciones, enmarcadas en una creciente sumisión al imperialismo norteamericano (incluso a nivel militar) y debilitamiento de la integración regional.

Este devenir neoliberal de Moreno fue tortuoso pero persistente. Si bien sus primeras medidas en octubre de 2017 aún eran “progresistas”, en abril de 2018 el hedor neoliberal se volvió inocultable y se consolidó en agosto con la “ley de fomento productivo” (que eliminó el impuesto a la renta por varios años a “nuevas inversiones”).

También en 2018, se retiró el subsidio a la gasolina súper bajo criterios fiscales, sin un análisis integral (provocando un efecto sustitución que aumentó el consumo de la gasolina extra). Para diciembre, hubo más medidas, insistiendo en la “optimización de los subsidios a los combustibles”.

Finalmente, en marzo de 2019 se dio el acuerdo con el FMI, poniendo al país de rodillas ante los anhelos transnacionales de mantenerlo como apéndice primario-exportador del capitalismo global.

En efecto, con la bendición del fondo, el morenismo presentó a inicios de octubre de 2019 un duro paquete económico que puede interpretarse en tres niveles.

Medidas de poca relevancia: Eliminar impuestos para importar bienes de tecnología (celulares, computadoras) y bajar impuestos a vehículos de menos de 32 mil dólares.

Medidas aceptables, aunque insuficientes: Pago por tres años de una contribución especial de empresas con ingresos anuales por más de 10 millones de dólares (que según el gobierno sumaría en total unos 300 millones a usarse en seguridad, educación y salud); reducción o eliminación de aranceles para maquinaria e insumos de pequeños y medianos emprendedores; mil millones de dólares adicionales en créditos hipotecarios; impulso a una ley de extinción de dominio; incremento, en 300 mil familias, al millón que ya reciben alguno de los bonos del gobierno, los cuales subirán 15 dólares (aunque ésto más parece una respuesta apurada ante el incremento de la pobreza vista desde fines de 2017); ajuste salarial en el sector público[4], pero aún sin enfatizar en los ingresos de la burocracia dorada.

Medidas claramente cuestionables: Eliminación de subsidios al diésel y a la gasolina extra, solo por razones fiscales. Un primer punto cuestionable es que la medida fue sorpresiva, pues todo apuntaba a que en su lugar se incrementaría el Impuesto al Valor Agregado en dos o tres puntos porcentuales. De hecho, es probable que hasta último momento el gobierno quería aumentar el IVA pero, como en la Asamblea no había los votos suficientes para aprobar la medida, el morenismo a última hora prefirió cargarse directamente al pueblo eliminando de golpe y vía decreto los subsidios a los combustibles; todo muy seguramente para mantener el respaldo del FMI (y asegurarse los desembolsos luego del anuncio de las medidas).

Otro punto criticable es que la eliminación del subsidio se haga de forma indiscriminada. Hay grupos que pueden pagar combustibles a precios altos sin sufrir afectaciones relevantes en su ingreso real; a ellos se debió retirar el subsidio en primera instancia, sin golpear a los sectores más vulnerables.[5] La cuestión era evitar la especulación y el alza abrupta de los pasajes, lo cual golpea a una población cuyos ingresos se encuentran estancados por años.

Antes de tomar cualquier medida sobre combustibles, también era vital estimar los efectos en precios y cantidades producidas y demandas de bienes y servicios. El transporte influye en casi toda la economía, de modo que la eliminación de subsidios incrementaría los precios.[6]

Sin embargo, el Ecuador es un país dolarizado que vive un estancamiento económico, lo cual complica el escenario. A corto plazo, podrían subir los precios en productos que no pueden dejarse de consumir (p.ej. alimentación), reduciéndose el poder adquisitivo y la demanda para comprar otros bienes; además, sobre esos bienes de demanda reducida sería insostenible alzar los precios en medio del estancamiento. Así, en algunos casos habría inflación, pero en otros el estancamiento persistirá. Por ende, se reduciría el ingreso real de la población incluso de forma más aguda que en épocas normales (algo exacerbado por la dolarización). Para colmo, esas mayores presiones recesivas deteriorarían las ya débiles condiciones laborales[7].

La reforma laboral que se aplicaría si la Asamblea aprueba las medidas morenistas también es criticable e inaceptable. Dicha reforma incluye nuevas modalidades de contratación como: contrato eventual de reemplazo en caso de licencia de maternidad, paternidad, y enfermedades catastróficas; retorno del contrato por obra y por plazo fijo; introducción de un contrato por emprendimiento donde las “nuevas inversiones” pueden contratar personal hasta por tres años, período en el cual no existiría indemnización por despido intempestivo (casi equivalente a extender por tres años el “período de prueba”); introducción del teletrabajo en modalidades permanente, ocasional y parcial (pocos días de la semana).

Asimismo, puede mencionarse entre las reformas laborales: la eliminación del recargo del 35% para contratos eventuales y ocasionales; modificación del empleo juvenil; creación de una jornada especial y una jornada parcial de trabajo de 40 y de entre 20 y 36 horas semanales respectivamente, en ambos casos con la posibilidad de tener hasta 10 horas diarias de trabajo sin reconocimiento de horas extra; eliminación de la jubilación patronal a cambio de que los empleadores hagan un aporte mensual de 2% de la remuneración de los trabajadores, valor que podrá ahorrarse en el IESS o en fondos privados; entre otras medidas propias de una drástica flexibilización laboral que aumenta la explotación a la fuerza de trabajo en beneficio del capital.

Así, las clases trabajadoras terminan cargando el grueso del ajuste económico, más cuando el país se encuentra incapacitado de devaluar.

También se incluyen entre las medidas cuestionables del morenismo: la reducción del impuesto a la renta único a la exportación bananera así como simplificación de la devolución automática de tributos para exportadores, medidas generalizadas cuando en realidad deberían enfocarse a sectores específicos (hay grandes exportadores de banano, atún o camarón que no las necesitan, más cuando ya se han beneficiado, por ejemplo, del TLC con la Unión Europea); eliminación generalizada del anticipo al impuesto a la renta, cuando lo mejor era eliminarlo solo para empresas pequeñas y medianas; reducción a la mitad del impuesto de salida de divisas para insumos y bienes de capital, el cual también debió aplicarse solo a empresas pequeñas y medianas, no a las grandes empresas que sí lo podrían pagar.

Este empeño por profundizar el ajuste con menos costos laborales y tributarios -es decir reducir el ingreso de los trabajadores y la carga impositiva sobre todo de las grandes empresas- para conseguir una supuesta recuperación de competitividad se complementa con los deseos manifiestos de exacerbar los extractivismos: megaminero y petrolero; en este punto cabe la decisión de salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para ampliar las cuotas de extracción del hidrocarburo (decisión que en realidad sirve más para ganar simpatías con el imperialismo norteamericano, como ya lo hizo el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén).

En resumen, las medidas económicas del gobierno de Moreno representan una continuidad de la noche neoliberal que tímidamente reinauguró el correísmo hace algunos años, y en donde es cada vez más evidente las ansias de sobreexplotar al ser humano y a la Naturaleza para recuperar la rentabilidad capitalista.

Así, pese a sus diferencias políticas, el morenismo continúa por la senda neoliberal arrancada por el correísmo, siendo ambos gobiernos cómplices en la debacle nacional. Y no solo eso. En el caso morenista, casi todas las medidas se han tomado desde un cinismo infame, carcomiendo la vida del pueblo ecuatoriano mientras se le pide “comprensión”.

Ahora ese pueblo lucha en las calles, cansado de tanto abuso, cansado de que sus élites políticas y económicas los menosprecien al tiempo que destruyen su futuro, sus sueños y sus aspiraciones. Esa lucha, que no debe ser cooptada por el oportunismo correísta ni por ningún otro oportunismo, es quizá de las últimas oportunidades para evitar que el país reedite las pesadillas del autoritarismo neoliberal y capitalista, liberándose de las garras del FMI.-

Referencias:

[1] Economistas ecuatorianos.

[2] Con reformas como la posibilidad de reducir la jornada laboral de 40 a 30 horas (con la respectiva reducción salarial), distribución irregular de horas de trabajo en la semana, pasantes con estipendio de 122 dólares mensuales (y no salario mínimo), consideración como “empleo juvenil” a personas empleadas de entre 18 a 26 años (antes el límite era de 24), uso de fondos de cesantía de los trabajadores para financiar un “seguro de desempleo” en vez de financiarlo con aportes patronales.

[3] Eso pese a los ingentes recursos obtenidos por el Estado sobre todo por exportaciones petroleras durante la época (más de 86 mil millones de dólares).

[4] Aquí las medidas incluyen la renovación de contratos ocasionales con 20% menos de remuneración, la reducción de 30 a 15 días de vacaciones para empleados públicos – excepto la fuerza pública y los prestadores de servicios sociales – y el aporte mensual de un día de salario de los trabajadores de empresas públicas. Una vez más consideramos que una medida clave sobre la masa salarial del sector público es la imposición, por tiempo de crisis, de un salario máximo de 3 mil dólares mensuales para todo funcionario (quizá con la excepción del área de salud, para no perder especialistas).

[5] Por tanto, antes que el retiro total del subsidio hubiera sido mejor un retiro focalizado, usando mecanismos progresivos (subsidio para quienes menos tienen, precios altos para quienes tienen más) que a la vez desincentiven el contrabando. Asimismo, era crucial analizar la estructura de costos del transporte público y definir alternativas de financiamiento. Por ejemplo, se podría financiar un transporte público gratuito para estudiantes, personas de tercera edad y de escasos recursos (p.ej. quienes reciben el bono de desarrollo humano) con un aumento drástico del impuesto al rodaje: quien quiera usar un auto particular debería subvencionar a quienes usan transporte público, pagando más quienes usen un vehículo de alta gama o de alto consumo de gasolina (aquí la reestructuración del “impuesto verde” hubiera sido una opción, en vez de su eliminación).

[6] Por cierto, la eliminación del subsidio a los combustibles – y la presión al incremento de los pasajes – serían cuestiones de menor gravedad si, en el correísmo, se hubiera efectuado con seriedad y honestidad el proyecto de la Refinería del Pacífico. Si en vez de aplanar un terreno por más de 1.500 millones de dólares realmente el Ecuador ampliaba sus capacidades de refinación, se ahorrarían miles de millones de dólares en importaciones de derivados de petróleo (aliviando en algo incluso las presiones sobre la dolarización).

[7] Un efecto económico un tanto diferente hubiera sido de esperar a través del incremento del IVA, en especial porque todos los bienes de la canasta básica no están afectados por dicho impuesto.

 Autores:

Comparte:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *