Bolivia: Del Estado con “huecos” al Estado plurinacional

Manuel Salgado Tamayo

La nueva victoria electoral del Movimiento al Socialismo en Bolivia

La victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el 18 de octubre del 2020, que consagra como jefes de Estado y de gobierno a Luis Arce y David Choquehuanca, con el 55.10 % de los votos, han dado lugar a las más diversas interpretaciones teóricas, entre ellas la de que habría terminado la reacción termidoriana que puso fin a la mayoría de los gobiernos progresistas y a que América Latina está viviendo un nuevo ciclo de reacomodo de las fuerzas sociales y políticas con las victorias de Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, a la que algunos suman como un hecho de similar tendencia política el categórico pronunciamiento del 78 % de los electores chilenos que decidieron sepultar la Constitución pinochetista que marcó el inicio del ciclo neoliberal en América Latina.

Todavía se mantienen frescas en nuestra memoria las circunstancias que se crearon en Bolivia luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en las que Evo Morales intentó mantenerse en el poder, desoyendo el pronunciamiento popular del referéndum del 21 de febrero del 2016, en el que el 51.3 % de los electores se pronunció contra la “reelección indefinida”. Este constituyó un grave error político del MAS, en sus 14 años de gobierno, pues demostraba que los movimientos sociales, pese a su amplitud y diversidad, en cuyo seno participan indígenas, campesinos, vecinos, maestros, intelectuales, estudiantes, artesanos, obreros, mineros, comuneros, amas de casa, ecologistas, feministas, entre otros, no había sido capaz de desmontar las viejas tendencias antidemocráticas, de derecha e izquierda, que no entienden la importancia de la renovación y alternabilidad de los liderazgos. Observadores del proceso político boliviano señalan que la tensión puesta por los partidarios de Evo para lograr su tercera reelección llevó a descuidar otros aspectos del buen gobierno y entregó la bandera de la alternabilidad democrática a la oposición oligárquica que, en Bolivia, es de clase y es también racista. Todo eso creó las condiciones para que se desaten las graves movilizaciones urbanas que se vivieron a partir del 20 de octubre de 2019, día de las elecciones en que Evo Morales obtuvo el 47.08 % de los votos, que hacían innecesaria una segunda vuelta, pero una oposición irracional y violenta acusó de fraude y fue acompañada de una sublevación policial en los 9 departamentos que tiene Bolivia, clima de violencia extrema en el que el pronunciamiento arbitral de las Fuerzas Armadas obligó a la renuncia del presidente Morales el 10 de noviembre de 2019, su asilo en la embajada de México, y su posterior salida a México y Argentina. Recordar estos hechos no anula la tesis del golpe de Estado difundida por los medios oficiales; no obstante, permite entender cómo se crearon las circunstancias sin las cuales no habría sido posible derribar a un gobierno considerado como uno de las más exitosos del ciclo progresista.

El 12 de noviembre de 2019, sectores de ultraderecha se hacen del poder a través del nombramiento de la senadora Jeanine Añez Chávez como presidenta interina. Su gobierno es reconocido por los Estados Unidos de América, Brasil, Ecuador y Colombia. Hay que decir en honor a la verdad histórica que buena parte de los movimientos sociales no salieron a las calles en defensa de Evo Morales y que tampoco hubo una reacción política contundente de las mayorías que tiene el MAS de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa.^[1]

Observadores nacionales e internacionales consideran que el gobierno de Jeanine Añez fracasó, en primer lugar, por la incapacidad de las élites racistas bolivianas de entender que el gobierno del MAS había construido, como resultado de décadas de lucha y movilización  de los movimientos sociales, la posibilidad de que  sectores sociales subalternos, explotados y excluidos históricamente, logren poner en la presidencia de la república a uno de sus miembros y participar activamente en las principales decisiones políticas del Estado, dejando atrás una historia de racismo, discriminación y exclusión,  factores a los que se sumaron la violencia irracional ejercitada por el gobierno de Añez contra las autoridades y militantes del MAS, el abuso del poder, la corrupción y la incapacidad que se desnudaron por los impactos adicionales de la pandemia del Covid-19 que explican el derrumbe de una economía que había mantenido importantes niveles de crecimiento durante las tres administraciones de Evo Morales.

La derrota electoral contundente de la derecha oligárquica demuestra el fracaso del gobierno de Añez que evidencia además que la derecha política boliviana carece de un proyecto alternativo de economía, Estado y sociedad. Sin embargo, sería un error de interpretación no intentar un balance de lo que fue el gobierno de Evo Morales en sus casi tres lustros de gestión, para poder destacar sus realizaciones, pero también sus límites a fin de poder avizorar los retos que tiene por delante el gobierno de Luis Arce que procede de las filas del Partido Socialista.

El gobierno de Evo Morales

El 18 de diciembre del 2005, el dirigente indígena Evo Morales Ayma alcanzó la victoria electoral en Bolivia con el 53.7 % de los votos, en la que era su segunda participación como candidato presidencial, apoyado por una coalición de movimientos sociales agrupados en el Movimiento al Socialismo, cuyo ingrediente fundamental son los indígenas y campesinos pobres. Su victoria se produce en el contexto de una profunda crisis de Estado, que algunos historiadores bolivianos consideran la mayor de su accidentada historia. Su primera reelección se produce en el año 2009 con el 64.2 % de los votos; la segunda reelección se lleva a cabo en el año 2014 con el 61.3 % de los votos. El 21 de febrero de 2016, ya en el contexto global del fin del “largo ciclo de las materias primas”, se lleva a cabo el referéndum que derrota la tesis de la reelección indefinida; y, finalmente, el 20 de octubre de 2019, triunfa Morales con el 47.08 % de los votos, el resultado electoral más bajo que da lugar a las protestas y al “golpe de Estado”, según versiones oficiales.

Los gobiernos neoliberales.

Como sucedió en varios países de América Latina, la victoria del MAS fue el resultado de una larga lucha de resistencia contra las políticas neoliberales que se venían ejecutando en ese hermano país. Las élites bolivianas empezaron la aplicación de las políticas neoliberales en 1985 cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dejó atrás el capitalismo de Estado y firmó el Decreto 21060 que dio inicio a la llamada Nueva Política Económica. El origen de la crisis parece estar en la decisión del gobierno del “gringo” Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 – 1997) de transferir las empresas estratégicas estatales al capital transnacional.

Bolivia hizo un pésimo negocio al entregar el petróleo, los ferrocarriles, su línea aérea y las telecomunicaciones quedándose apenas con el 20 % de sus ingresos, en una operación que llenó de coraje e indignación a amplios sectores del pueblo.

Adicionalmente, en 1998, el presidente Hugo Banzer pone en marcha el llamado “Plan Dignidad” para erradicar por la fuerza los cultivos de coca e instalar bases militares del Comando Sur en el territorio boliviano. Las clases sociales subalternas rurales opusieron una firme resistencia y le perdieron el respeto y el miedo al poder. La crisis gubernamental se agravó en abril del 2000, cuando una combativa movilización de campesinos obligó al gobierno de Banzer a cancelar los contratos con la transnacional Bechtel Corporation. En septiembre del mismo año, la oposición campesino indígena interrumpió la carretera La Paz, Cochabamba, Santa Cruz en una guerra de resistencia contra la erradicación de la coca, la privatización del agua y la instalación de la base militar yanqui.

En 2001, Hugo Banzer, acosado por un cáncer, renuncia a la presidencia antes de cumplir su periodo. Su sucesor, Jorge Quiroga, endurece la legislación contra los campesinos y desata un proceso represivo en el que mueren dos policías, hecho que se toma como motivo para arrebatar su curul al entonces diputado Evo Morales.

En 2002, Evo Morales participa como candidato presidencial y queda en segundo lugar. El 13 de abril de 2003, la crisis del Estado boliviano entró en su etapa más alta al conjugar una protesta social y un motín policial contra el intento gubernamental de imponer un paquete de impuestos antipopulares. El 14 de abril francotiradores del ejército, bajo las órdenes del ministro de gobierno, causan una masacre de civiles, lo que incrementa el descontento popular. Sánchez de Lozada se propone, en esas condiciones, exportar gas a los Estados Unidos de América, repitiendo la vieja y antinacional práctica de las oligarquías: poco para Bolivia (18 por ciento) y la troncha para las empresas extranjeras (82 %). La indignación se generalizó entre los movimientos campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, vecinos y entre la propia clase media, lo que pretendió ser detenido con una masacre en la ciudad de El Alto el 8 de octubre de 2003. La explosión popular obligó a Sánchez de Lozada a huir del país y refugiarse en los Estados Unidos de América el 17 de octubre del 2003.

La crisis del Estado boliviano tenía una doble dimensión estructural: era por un lado el agotamiento del modelo neoliberal; pero también expresión de rechazo al Estado “excluyente, racista, antinacional y antipopular que imperó, salvo raras excepciones, durante toda la historia republicana”.^[2]

El “Estado con huecos”

Como ocurrió en casi todos los países latinoamericanos después de la Independencia, en Bolivia se construyó un Estado republicano aparente, incompleto, parcial, como dicen algunos autores “un Estado con huecos”, es decir, con notorios vacíos de legalidad y legitimidad. Expliquemos algunos aspectos de la configuración de ese Estado: primero, no pudo penetrar y ejercer la soberanía sobre el territorio heredado de la Audiencia de Charcas de 2.363.769 km², la pérdida de territorios se inicia con la guerra del Acre de 1860 y concluye con la guerra del Chaco de 1935. Todos sus vecinos (Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil) en diferentes momentos de su historia, se beneficiaron de la pérdida de territorios que suman 1.265.188 km2. La herida más dolorosa fue la pérdida de su salida al mar en la Guerra del Pacífico de 1879.

Segundo, René Zavaleta Mercado caracterizó como un “Estado aparente” porque no existen mínimas nociones de igualdad social ni democracia. Silvia Rivera Cusicanqui precisa el concepto al señalar que colonialismo interno que atraviesa toda la historia de Bolivia y significa, en esencia, “la negación de la humanidad de los indios”.^[3]Hecho social que de paso niega también la vigencia de la forma republicana al desconocer la presencia mayoritaria de los indios como sujetos sociales.^[4]

El Estado boliviano ha sido siempre el escenario de la superposición de varios modos de producción, de varias formas de diferenciación social, de distintos niveles de autoridad, de enormes vacíos de legalidad y legitimidad. Para superar esta larga y profunda crisis de este tipo de Estado, el gobierno de Evo Morales ha decidido que un mecanismo importante de lucha es la repotenciación del Estado, como lo explica el vicepresidente Alvaro García Liniera:

“La consolidación de un Estado fuerte en lo económico, fuerte en lo político y fuerte en lo cultural, permite a los movimientos sociales…un blindaje internacional que ha de permitir la expansión de las luchas sociales”. Pero, aclara, “tiene que ser un potenciamiento de un Estado subordinado, permanentemente controlado y atravesado por la impronta, por la insurgencia, por la actividad de los movimientos sociales, que son la única manera de que ese Estado no sea una nueva coartada de nuevos empresarios o nuevos privatizadores”.^[5]

Adviértase que García Liniera plantea un Estado fuerte que actué como blindaje internacional que permita la expansión de las luchas sociales. El propio García Liniera sabe que una dificultad no resuelta por los gobiernos progresistas es la de cómo lidiar con los militares y con la potencia regional que se niega a dejar de intervenir en los asuntos internos de nuestros pueblos.

Pero el objetivo estratégico de “construir un Estado fuerte”, en el contexto de los procesos electorales vigentes es en sí misma una noción problemática pues corre el riesgo de ser entendida como construcción burocrática, como crecimiento del aparato se seguridad, descuidando los cambios estructurales que hagan posible “resolver un conjunto de problemas importantes y complejos: presión social sobre los recursos naturales, servicios sociales expandidos, y políticas interculturales, en la esfera pública, entre otros”.^[6]

Empero, como lo veremos más adelante y aprovechando la experiencia histórica, el primer problema que debe resolver Bolivia es el problema de la tierra para dotarse de una política de seguridad y la soberanía alimentaria, en segundo lugar, dar un impulso decisivo al desarrollo industrial para abandonar el carácter primario de su economía y sobre esa base de trabajo y mayor productividad construir los consensos necesarios sobre las políticas de conservación de los recursos naturales, de respeto a la biodiversidad y de uso racional y justo de las tierras agrícolas. De la información disponible se desprende que Bolivia es en la actualidad un país en el que la tercera parte de toda su población es migrante temporal o permanente lo que implica un desafío en el diseño de las políticas sociales que no pueden ser reducidas a las transferencias monetarias o bonos ideados por el Banco Mundial. La construcción de la interculturalidad es otro de los enormes desafíos que debe emprender el conjunto de la sociedad boliviana pues el aparecimiento de posiciones etnocéntricas radicales atraviesa todo el tejido social y puede impedir la construcción de los consensos necesarios que permitan avanzar en el debate y solución de las tensiones irresueltas luego de 18 asambleas constituyentes y 195 años de existencia republicana.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

Esta vuelta al Estado fuerte, que es una característica central de los gobiernos progresistas, para diferenciarse del Estado mínimo proclamado por los neoliberales, está presente en la Constitución boliviana aprobada en referendo en enero del 2009. La lectura de los siguientes fragmentos del Preámbulo nos permite percibir las tensiones de un proyecto que se apoya en el Estado sin dejar de lado el esfuerzo por transformarlo:

“Construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad de todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien (…)”; “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”; “Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país”.^[7]

Es claro que el proceso boliviano busca construir un nuevo Estado basado en el respeto e igualdad de todos donde predomine la búsqueda del vivir bien, un Estado Unitario Plurinacional Comunitario que mantenga la integridad del país.

Revisemos cómo se define este modelo de Estado en el Capítulo Primero de la Constitución Política del Estado.

Artículo 1.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Artículo 2.- Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la Unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, el autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Artículo 3.- La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.^[8]

En el Artículo 5 se declaran como idiomas oficiales el castellano y los 35 idiomas de las nacionalidades y pueblos indígenas originario campesinos.

Aunque algunos académicos sostienen que muchas de las formulaciones sobre el carácter del Estado son retóricas, no cabe duda que plantean elementos para un largo debate: ¿Se construyeron naciones en las sociedades precolombinas?, ¿el Estado pluri o multinacional que fracasó en la URSS, Yugoeslavia y Checoeslovaquia tiene elementos positivos que pueden servir de hoja de ruta para la construcción de ese nuevo Estado?, ¿un pueblo que tiene un idioma propio se constituye per se en una nación?, ¿qué elementos históricos y sociológicos llevan a suponer que en Bolivia existen las condiciones necesarias para la construcción de la nueva “comunidad imaginaria” que propone el movimiento indígena de construir un Estado plurinacional comunitario?

La “rebeldía” de las élites de la “Media luna”

Entre el año 2006, en que se inicia la Asamblea Constituyente y su finalización en el 2009, la sociedad boliviana parecía “un volcán a punto de estallar”, debido a la resistencia que presentan las élites, especialmente las que habitan en la denominada “Media Luna” en la región oriental (Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz) que se declararon en abierta rebeldía contra el nuevo orden político institucional establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Dos factores determinaron el fracaso del proyecto de quienes llegaron a plantear la secesión del Estado boliviano: primero, la decisión de las Fuerzas Armadas de no apoyar la insurrección de las élites y, segunda, la movilización de los gobiernos latinoamericanos que ejercieron una enorme presión contra del proyecto separatista.^[9]

La coherencia entre los objetivos de lucha y el gobierno

De lo que no cabe duda es que el gobierno de Evo Morales se construye desde una base social bastante amplia y sólida constituida por los miles de movimientos que integran el MAS. También se advierte que hay un esfuerzo por construir una democracia participativa y coherente con los objetivos de lucha que se plantearon cuando no estaban en el poder. El primero de mayo del 2006, tres meses después de la posesión presidencial, en medio de una explosión de júbilo social, Evo firma el decreto de nacionalización de los hidrocarburos. “Se acabó el saqueo de los recursos naturales” dijo enfático. Tres días después, en el puerto de Iguazú, Morales, acompañado por los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, anuncia que las compañías petroquímicas extranjeras pagarán cuatro veces más de lo estipulado en los viejos acuerdos. Las empresas transnacionales no tuvieron otra opción que firmar nuevos acuerdos. Esta decisión soberana permitió un importante incremento de los ingresos fiscales que dependen en más de un tercio de las exportaciones de petróleo y gas a sus vecinos Argentina y Brasil. En los primeros 8 años de gobierno los ingresos por hidrocarburos aumentaron en siete veces, pasando de 731 millones de dólares anuales, a 4.95 mil millones de dólares.

Además, en los dos primeros años de gobierno, se incrementaron los salarios en un l8 %, se estableció la “tarifa dignidad” del servicio eléctrico para las familias más pobres y se puso en marcha una política agraria a través de un plan de distribución de tierras fiscales, mecanización y apoyo crediticio y de mercado a los pequeños y medianos agricultores.

Simultáneamente se puso en marcha una política social, con la colaboración de Cuba y Venezuela, que prestó asistencia médica a 5 de los 9 millones de habitantes y devolvió la vista a 200 mil personas. Con la ayuda técnica cubana Bolivia se declaró territorio libre de analfabetismo.

El problema de la tierra

Sin duda hay problemas: en una consulta simultánea, que se realizó junto a la de la Asamblea Constituyente, se aprobó que el límite máximo de las propiedades agrícolas o ganaderas, que se creen a partir de la aprobación de la nueva Carta Política, será de 5.000 hectáreas, de modo que no se puede modificar la estructura actual del sistema de propiedad de la tierra. Este es una dificultad muy grave para el gobierno del MAS si tomamos en cuenta que en Bolivia la pobreza extrema está asociada de modo indisoluble al problema de la propiedad de la tierra.

Bolivia, después de la Guerra del Pacífico, se transformó en un país mediterráneo que tiene una superficie de 109 millones de hectáreas.^[10] La mitad de ese territorio está formado por bosques y una tercera parte es semidesértica o desértica, de modo que apenas unos ocho millones de hectáreas son de potencial uso agropecuario. En los últimos años la superficie realmente cultivada fue de un millón cuatrocientas mil hectáreas, de las que ochocientas mil se dedican al cultivo de soya. Existen, por lo tanto, unos seis millones de hectáreas que no cumplen ninguna función social, que están ubicadas en la región oriental y la Amazonía.

Bolivia tiene unas 660 mil unidades agrícolas, de las cuales el 87 % corresponde a los pequeños productores, calculados en unas 2 millones 700 mil personas. La gran mayoría de estos campesinos – indígenas viven en las regiones de altura.  Estas unidades agrícolas ocupan apenas el 14 % de la tierra arable del País. Los ingresos familiares provienen en un 85 % de las actividades agropecuarias que les generan unos 300 dólares anuales, lo que significa que esa población minifundista vive con menos de un dólar por día.

Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en 2010, 3 millones 945 mil 641 hectáreas fueron redistribuidas a 56 mil familias a un promedio de 70 hectáreas para cada familia. Al momento en que se escribe este informe no disponemos de información para saber los impactos económicos de este proceso de redistribución de tierras.

La revolución de 1952

En los años 50 del siglo XX, Bolivia vivió una profunda conmoción social causada por la ocupación de las haciendas, de los valles y el altiplano, por la población indígena. Como consecuencias de esas luchas se produjo la Revolución del 9 de abril 1952, en la que los mineros insurreccionados, dinamita en mano, derrotaron al ejército profesional y obligaron al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a disolverlo. Más tarde, para calmar la agitación de los campesinos indígenas, se dictó la primera ley de reforma agraria, en 1953, que formó algunas cooperativas sobre la base de las tierras de las comunidades indígenas, pero no se atrevieron a afectar a las propiedades de los grandes terratenientes.^[11] La pequeña burguesía que formaba la base social del MNR tenía el objetivo de transformarse en burguesía y ello llevó al fracaso el intento revolucionario.

El fracaso de la revolución encabezada por el MNR dio paso, en la década del 60 y 70 a una serie de dictaduras militares que buscaron ahogar en sangre las luchas de los mineros y los campesinos pobres, fue en éste contexto que el comandante Ernesto “Ché” Guevara, escogió a Bolivia como el escenario desde el cual podría iniciar una lucha guerrillera de carácter continental como lo  explicó en el Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, dirigido desde las selvas bolivianas el 16 de abril de 1967.^[12]

La ausencia de una reforma agraria profunda

Desde la reforma agraria de 1953 han pasado 67 años y ninguno de los gobiernos bolivianos, pese a sus diferentes orientaciones ideológico – políticas, ha tenido la capacidad y la decisión para emprender en una profunda reforma agraria que resuelva el problema de la propiedad de la tierra, la pobreza extrema y garantice la seguridad alimentaria para el conjunto de la población. Para mayor desgracia, en los años 70, durante la dictadura de Hugo Banzer, se repartieron gigantescos territorios, en la región Oriental, a supuestos hacendados, que dieron origen a una profundización del latifundismo, mientras en el Altiplano y los Valles, debido al crecimiento poblacional y la sucesión hereditaria se multiplicaron los minifundios y se consolidó la sobreexplotación de la tierra.

La cuestión de la propiedad de la tierra está además en el centro del conflicto de competencias con los departamentos de la Región Oriental que, como sucede con el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, han conferido potestades que no tiene ningún Estado Federal del mundo, para “definir sobre la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del Departamento”^[13]

Desde enero del 2009, en que, como hemos mencionado, se aprobó en referéndum la Nueva Constitución, los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz y los de la Media Luna quedaron al margen de la ley. Como reacción los gremios de los terratenientes han instruido el desacato de la Nueva Constitución, lo que genera otro enorme “hueco” en la vigencia del Estado boliviano.

Adicionalmente, los campesinos e indígenas del Altiplano, expulsados por el minifundismo, mantienen un proceso de emigración a la Región Oriental, sumando un nuevo conflicto al problema de la tierra.

El Estado y el gobierno boliviano han logrado sortear estás dificultades a través de un modelo neoextractivista que conlleva un Estado compensador, que despliega políticas redistributivas, pero sin frenar el modelo de explotación y exportación de la naturaleza y, como hemos visto, con una imposibilidad legal de resolver el problema de la tierra. Por las razones expuestas, podemos afirmar que, desde el punto de vista teórico, en Bolivia y la subregión existe poca capacidad para dar forma a Estados del bienestar “a la sudamericana” y hay pocos avances en la elaboración de una agenda pos extractivista.^[14]

Los ingresos fiscales se elevaron como consecuencia de la renegociación de los impuestos, las regalías y los precios referenciales de los contratos con las Empresas hidrocarburíferas. Por un azar de la historia estas medidas coincidieron con el incremento de los precios internacionales del petróleo y el gas durante el denominado “largo ciclo de las materias primas”. Un balance del período gubernamental de demuestra que el PIB per cápita creció en un 50 % , cifra que equivale al doble de la registrada en el mismo período en América Latina y el Caribe.  En tal situación el gobierno pudo diseñar y ejecutar varios planes de transferencia monetaria directa como: la “Renta Dignidad”, para los miembros de la Tercera Edad, a los que se les entrega un monto anual de 340 dólares; el “Bono Juancito Pinto”, para los niños en edad escolar, por la suma de 29 dólares anuales; y, el “Bono Madre Niño – Niña”, para las madres embarazadas y sus hijos menores de dos años, por un monto de 257 dólares, que se pagan en un periodo de dos años y nueve meses.^[15] El incremento de los salarios estuvo acompañado del doble aguinaldo, el pago de un salario extra en Navidad, que se pagó a través de un crédito en aplicación móvil que sólo se podía gastar en la adquisición de productos nacionales. Todas las medidas que hemos mencionado mejoraron la capacidad adquisitiva, aumentaron el consumo de los hogares en un 4.7 %, aunque como lo reconocen investigadores que simpatizan con el proceso: El gasto social, como porcentaje del PIB, en realidad disminuyó entre el 2005 y el 2013.^[16]

La riqueza se convierte en pobreza

Las políticas sociales que hemos mencionado no han logrado, como hemos dicho, los cambios estructurales que demanda el País considerado el más pobre y desigual de América del Sur. Por lo que podemos decir que el gobierno de Evo Morales y el MAS tiene que ser evaluado no tanto por las transformaciones económicas, que dependerán en última instancia de la correlación de fuerzas nacional e internacional, sino por los cambios sociales y culturales que entraña el reconocimiento de la diversidad y la emergencia protagónica de los sectores sociales subalternos que habían sido invisibilizados por el dominio de la rosca oligárquica colonial y racista.

Hay que recordar que desde el punto vista histórico, Bolivia es el caso típico de un enorme país en el que la pobreza es el fruto de su riqueza. Como lo recuerda Marco Romero los ciclos de auge y de crisis de la economía y la sociedad boliviana están marcadas por su inserción subordinada y sumisa en la economía mundial. Desde mediados del siglo XVI hasta su virtual agotamiento en la primera mitad del siglo XIX, las minas de plata bolivianas hacen un aporte decisivo al proceso de la acumulación originaria del capital en Europa.^[17] “Vale un Potosí advierte Don Quijote a Sancho” relievando las riquezas que, como por arte de magia, habían hecho de la ciudad de Potosí, hacia 1650, una de las ciudades más grandes y ricas del mundo.^[18]

Bolivia era una región arrasada por la guerra y la depresión

Empero, el agotamiento de las minas de plata lleva al historiador Herbert S. Klein a recordar que: “Al ingresar en su vida republicana (1825) Bolivia era una región arrasada por la guerra y en depresión económica, que había de experimentar en los primeros años de su vida un estancamiento económico que duró casi medio siglo”.^[19] La crisis del polo minero y los impactos negativos de la guerra de la independencia que había durado tres lustros no eran los únicos obstáculos para llegar a ser un país, como lo señala Heraclio Bonilla: “pocas regiones de la América Latina mostraban tal grado de aislamiento.

Antes del drama de 1879, la vinculación de Bolivia con el mundo externo era muy débil, posibilitada solo por el mantenimiento de dos tenues nexos de origen colonial. Hacia el Atlántico, la ruta tradicional que ligaba Potosí a Buenos Aires dejaba de tener la importancia que revistió durante la época colonial. Hacia el Pacífico, probablemente la apertura más importante, el acceso al puerto de Cobija era posible después de una penosa travesía del desierto de Atacama, mientras que el intercambio a través de Arica estuvo supeditado a los humores cambiantes que normaron las relaciones políticas entre Perú y Bolivia.”^[20]

El mismo autor señala que este aislamiento externo estuvo acompañado de una profunda desarticulación interna: entre Potosí y sus satélites económicos como Cochabamba, en la fase del auge minero, y las economías encerradas en sí mismo que se construyen en las regiones de Santa Cruz y Beni. En las condiciones descritas el Mariscal Antonio José de Sucre que forma el primer gobierno le dice proféticamente a Bolívar en una carta: “Estoy persuadido que el terreno sobre el que trabajamos es fango y arena: que sobre tal base ningún edificio puede subsistir”. Para mayor desgracia la historia política de Bolivia hasta la guerra con Chile en 1879 es una cadena interminable de golpes de estado y cuartelazos, de cuyo desastre sólo se libran las administraciones de Sucre (1825 – 1827) y la del Mariscal cholo Andrés de Santa Cruz (1829 – 1836).

Sucre y Santa Cruz las excepciones del siglo XIX

Sucre era un liberal del siglo XVIII que busco crear un orden económico y social viables. Trató de emprender una reforma de las injustas relaciones entre las masas indias y la población blanco mestiza. Era un republicano ferviente que buscó destruir el papel de la Iglesia en la nueva república. “La confiscación del patrimonio eclesiástico fue realmente una acción terrible y revolucionaria, de la que la Iglesia boliviana ya no se recuperaría jamás” afirma Herbert Klein.^[21] “Es a Santa Cruz a quien Bolivia debe el primer intento de ordenamiento administrativo en el gobierno y en la economía, al igual que la búsqueda de nuevas rutas para romper el aislamiento externo”, pero además Santa Cruz es recordado como el ejecutor de la unidad andina entre Bolivia y Perú, no sólo para mantener los vínculos económicos, políticos y sociales que se habían creado durante el período colonial, sino también para mantener el equilibrio de fuerzas frente a sus vecinos. ^[22] Diego Portales les escribió a Blanco Encalada el 10 de septiembre de 1836: “Unidos estos dos Estados serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias”.

El 26 de diciembre del mismo año, Chile le declaraba la guerra a la Confederación Peruano Boliviana “por amenazar la independencia de otras naciones americanas” y el 9 de mayo de 1837, cuatro meses más tarde, Argentina toma una decisión similar. La primera campaña de 1837 fue favorable a las tropas de la Confederación, pero el 20 de enero 1839, el ejército chileno dirigido por el General conservador Manuel Bulnes, apoyado por oficiales y tropa peruanas, derrotó a las fuerzas de la confederación, lo que puso fin al proceso de integración de las dos naciones y determinó el exilio en el Ecuador de Santa Cruz. La Confederación cerró su ciclo no sólo por los embates de Chile y Argentina, sino también por la oposición interna de las élites bolivianas y peruanas que, jamás imaginaron, que serían víctimas iguales durante la Guerra del Pacífico de 1879-1883, como lo había previsto proféticamente Santa Cruz.

El ciclo del estaño en el siglo XX

En la primera mitad del siglo XX se produce el ciclo del estaño controlado por la familia de Simón Patiño. Como recuerda Galeano: “Aquel hombre se convirtió en el rey del estaño, y cuando murió, la revista Fortune afirmó que era uno de los diez multimillonarios más multimillonarios del planeta. Desde Europa, durante muchos años alzó y derribó a los presidentes y a los ministros de Bolivia, planificó el hambre de sus obreros y organizó las matanzas, ramificó y extendió su fortuna personal: Bolivia era un país que existía para él, a su servicio”.^[23] La revolución de los mineros de 1952 nacionalizó el estaño. Pero la revolución fue traicionada y Bolivia siguió exportando el mineral en bruto y, como sabemos, los países exportadores de materias primas están condenados al subdesarrollo y la pobreza. Esta lección de la historia debería llevar a la constatación de que no es suficiente la nacionalización de los recursos naturales y tampoco las políticas de transferencia monetaria directa, de raíz banco mundialista, que no pueden alterar la realidad social de un país que con 10 millones de habitantes tiene 6 millones de pobres de los cuales 3 millones sobreviven en la extrema pobreza.

De la oligarquía boliviana su pueblo no puede esperar nada, pues como lo señala René Zavaleta Mercado “es una clase condenada a vivir a vivir en nuestro país”, “porque sus ojos, su sentir y todos sus intereses se hallan fuera”. “La oligarquía nos impone un desarraigo y nos enajena… nos quiere mansos y sin astucia en una cueva de miedo, materia prima incapaz de sí misma, extraños a nuestra propia naturaleza, a nuestra historia, a nuestros intereses, a nosotros mismos, babiecas, sumisos a las formas ajenas”.^[24]

La construcción de una nueva Bolivia unida en la diversidad es el gran desafió de las clases sociales subalternas cuya existencia había sido ignorada por las clases dominantes. El desafío sigue siendo grande como lo demostraron los resultados del referendo constitucional del 25 de enero del 2009 en que ganó el NO en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando y el desacato de la nueva Carta Política por las élites de la Media Luna, la derrota en la consulta que promovía la reelección indefinida, y la obligada renuncia de Evo Morales, demostrando que en la Bolivia actual además de las contradicciones étnicas y la lucha de clases existe el escenario de una tensión regional que no puede ignorarse ni minimizarse.

Los desafíos del gobierno de Luis Arce

Los desafíos que tiene por delante el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca son enormes y dependerán de la capacidad de rectificar errores y multiplicar las energías creadores de su propio pueblo para salir del atraso y romper el círculo de hierro de la pobreza. Por suerte en el proceso boliviano existen todavía reservas para el pensamiento crítico y autocrítico, Alvaro García Liniera ha señalado que hay 5 debilidades en el ciclo de los gobiernos progresistas, forma elegante de no decir en Bolivia: primero, el económico, que ponga en primer lugar a los postergados, lo que implica, en mi opinión, ir más allá del capitalismo que, por sus propias leyes internas genera desigualdad; segundo, mejorar el nivel cultural e ideológico de nuestros pueblos, a fin de que no sean víctimas del engaño propio y el ajeno;  tercero, emprender en una profunda reforma moral que destierre la corrupción de las filas de los movimientos y organizaciones populares; cuarto, resolver el problema de los liderazgos, es decir, construir organizaciones que practiquen la democracia interna; quinto, construir una integración regional que encuentre soluciones a los problemas de nuestros pueblos y aproveche sus potencialidades recíprocas.^[25]

Notas:

^[1] Pablo Stefanoni, Las lecciones que nos deja Bolivia, Revista Nueva Sociedad, 3 de noviembre del 2020, http://www.nuso.org/articulo/bolivia-Evo-Morales-elecciones.

^[2] Hugo Moldiz Mercado, Bolivia: Crisis estatal y proceso de transformación, en Cuadernos de Izquierda en América Latina. Balance Político, (Bogotá, Ediciones Aurora, 2007), 160.

^[3] Dino Palacios Dávalos, Bolivia plural, diversa y unida, (Quito, Corporación Editora Nacional, Universidad Andina “Simón Bolívar”, 2014) p.p..86-87.

^[4] Mark Thurner, Los indios y las repúblicas entre 1830 y 1880, en Varios autores, Historia de América Andina, (Quito, LIBRESA, Universidad Andina “Simón Bolívar”, primera edición, diciembre del 2003) p. 175.

^[5]Alvaro García Liniera, Discurso en el Primer Encuentro de Pueblos y Estados Progresistas, Sucre, Bolivia, 29 de octubre del 2006, en Ecuador y América Latina. Socialismo del siglo XXI, (Quito, Talleres NINA Comunicaciones, noviembre del 2007),  72.

^[6] George Gray Molina, Relaciones Estado/sociedad en Bolivia: la fuerza de la debilidad, en Varios Autores, Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente, (La Pazm Plural Editores, primera edición, julio del 2009) p. 126.

^[7] Salvador Schavelzon, El nacimiento del Estado Plurinacional en Bolivia, Etnografía de una Asamblea Constituyente, (La Paz, Plural Editores, primera edición, octubre del 2012).  63.

^[8]Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, www.ftierra.org

^[9] Juan Carlos Gómez Leyton, Bolivia: Un Estado, una Nación y una Democracia: ¿Poscolonial o Anticolonial? Biblioteca virtual de la CLACSO.

^[10] La superficie territorial de Bolivia es de 1.098.581 km2 -equivalente a 3.8 veces el territorio del Ecuador. Según el Censo del 2012 tiene 10.389.913 habitantes.

^[11] Alberto Prieto Rozos, Crisis burguesa e imperialista en América Latina, (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1988)  92 – 93.

^[12] Ernesto Che Guevara, Obras Escogidas, 1957 – 1967, (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, tercera reimpresión, 2007) p.p. 555-569.

^[13] Citado por Miguel Urioste, La “revolución agraria” de Evo Morales: desafíos de un proceso complejo, en Nueva Sociedad No. 223, Septiembre – Octubre del 2009, p. 122.

^[14] Eduardo Gudynas, “Estados compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del extractivismo sudamericano”, en Nueva Sociedad No. 237, 1 – 2 – 2012.

^[15] Horst Grebe López, Estado y Mercado en Bolivia: una relación pendular, p. 146, en Revista Nueva Sociedad No. 221, Mayo – Junio 2006.

^[16] Andrés Arauz, Mark Weisbrot, Andrew Bunker y Jake Johnston, La transformación económica de Bolivia: Políticas macroeconómicas, cambios institucionales y resultados, Center for Economic and Policy Research, Washington D.C. Traducción de Francesca Emanuele

^[17] Marco Romero Cevallos, Entre la esperanza y los desafíos de la globalización subordinada, en Varios autores, Amanecer en Bolivia, los movimientos sociales y el cambio, (Quito, Ediciones La Tierra, primera  edición, 2007) p. 159.

^[18] Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, (Buenos Aires, Siglo XXI Editores, décimo segunda edición, diciembre de 1975) p. 31.

^[19] Herbert  S. Klein, Historia General de Bolivia, (La Paz, Librería Editorial Juventud, 1988, segunda edición, versión castellana de Josep M. Barnadas) p. 135.

^[20] Heraclio Bolilla, Un siglo a la deriva, Ensayos sobre Perú, Bolivia y la guerra, (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1ª edición, 1980) p. 110.

^[21] Herbert Klein, Op. Cit. P. 144.

^[22] Heraclio Bonilla, Op.cit. p.p. 117-123.

^[23] Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, (Buenos Aires, Siglo XXI Editores, décimo segunda edición, diciembre de 1975) p.p. 227 – 228.

^[24] René Zavaleta Mercado, Bolivia: el desarrollo de la conciencia nacional, (Montevideo, Diálogo, 1967) p. 25.

^[25] Entrevista a Alvaro García Liniera, realizada por Mario Santucho, el 23 de Octubre del 2000, Revista Crisis.