Isaías Campaña C.
Del auge a la caída de los precios de los commodities
Los precios de los commodities, entre 2006 y 2015, crecieron sostenidamente hasta alcanzar niveles nunca registrados -petróleo, cobre, plata, gas, productos agrícolas-, principales bienes de exportación de América Latina. Países emergentes como China, India, Rusia, para mantener altas tasas de crecimiento económico demandaban cada vez más materias primas, lo que provocaba el incremento de sus precios. El precio del barril de petróleo marcador WTI subió en promedio de 50,6 en 2005 a USD 110 en 2012.
En este entorno económico favorable, sectores de ingresos bajos de la población pasaron a ubicarse en el sector de ingresos medios. La clase media en general aumentó cuantitativamente en América Latina, la misma que demandaba nuevas viviendas, mejores autos, vestimenta, mayor acceso a la educación secundaria y universitaria, servicios de salud, turismo; en general mejoraron las condiciones de vida de la población.
Los estados de la región que explotaban y exportaban directamente petróleo, cobre, plata, hierro, gas, a través de empresas estatales, alimentaban sistemáticamente los ingresos de las finanzas públicas. Los gobiernos de la región de diversas corrientes políticas mejoraron la infraestructura, destinaron mayores recursos a salud, educación, vivienda, que permitieron sacar a decenas de millones de personas de la pobreza.
Los grupos empresariales incrementaron dinámicamente sus ingresos y, por ende, sus utilidades, una parte invertían en la expansión de sus empresas y la otra destinaban a inversiones inmobiliarias en el exterior, así como a paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos o en el mejor de los casos pagar lo mínimo.
Sin embargo, a raíz de la desaceleración de la economía China y la sobreproducción de determinados commodities, sus precios empezaron a descender rápidamente. En los mercados internacionales, en 2012, el precio del barril de petróleo marcador WTI se llegó a cotizar en más de USD 110, pero en 2016 se desplomó a USD 26. América Latina empezó a sufrir el impacto de la caída de los precios del petróleo, cobre, hierro y de otras materias primas. Los estados recibían menores ingresos, impuestos y para contrarrestar empezaron a contratar aceleradamente deuda tanto interna como externa. Los sueldos y salarios que recibían empleados y trabajadores, público y privado, se deterioraban rápidamente como consecuencia de los procesos inflacionarios, como en los casos de Venezuela, Colombia y Argentina.
La ralentización y/ o deterioro de la economía en varios países provocó el aumento de los niveles de desempleo, pobreza, conflictos sociales y violencia. No obstante, los grupos económicos seguían acumulando mayores capitales y consecuentemente riqueza. América Latina es la región más inequitativa en cuanto se refiere a la distribución del ingreso. El estancamiento de la economía y las actividades ilícitas como el narcotráfico han convertido a Venezuela, Colombia, México como los estados más violentos de la región.
Las políticas de austeridad fiscal no fomentan las actividades productivas.
En Ecuador, los sectores empresariales tradicionalmente no desarrollaron los procesos productivos, no cotizaron las acciones en bolsa para financiarse, no realizaron actividades de investigación, no innovaron los bienes, no ejecutaron una gestión de calidad, no colocaron nuevos productos en mercados internacionales, hechos que a la postre determinaron que importantes empresas productivas cerraran sus puertas y/o derivaran a actividades de importación de bienes, puesto que les era más rentables importar que producir localmente, lo que a su vez generó una menor demanda de mano de obra.
En la administración del gobierno de la “revolución ciudadana” se planteó como objetivo nacional el “Cambio de la matriz productiva”, esto es, darle un mayor valor agregado a la producción nacional. En el sector energético se alcanzó parcialmente, particularmente en el campo hidroeléctrico.
En la misma línea, se pretendió construir la refinería del Pacífico para procesar 300 mil barriles diarios de petróleo. En el proyecto emblemático se invirtió USD 1.200 millones únicamente en nivelar los terrenos, y se cayó por la falta de financiamiento y por el lastre de la corrupción.
El presidente Moreno, el 2 de abril de 2018, presentó el “Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva”, como uno de los ejes estratégicos del Plan se establecía: “fortalecer al sector privado como motor de crecimiento económico”. Además, se planteaba como meta aumentar en siete puntos el empleo adecuado, reducir la pobreza extrema por ingresos en al menos cinco puntos, sacando a más de 800 mil personas de esta situación (SGCP, 2018).
La política “el sector privado motor de la economía”, se tradujo en la designación de dirigentes o relevantes miembros de los gremios empresariales como ministros de las carteras más importantes del Estado y en el giro radical de la política económica.
Los flamantes ministros promovieron la firma de la carta de intención con el FMI, donde se compromete a aumentar impuestos, flexibilización laboral, concesión de las empresas públicas, sistemática reducción de subsidios, disminución de la masa salarial en el sector público, medidas que contraen la demanda agregada y, por tanto, son recesivas.
La participación del sector manufacturero en el Producto Interno Bruto (PIB) bajó de 12,2% en 2010 a 11,7% en 2019. La participación de la agricultura en el PIB pasó de 7,7 a 8,1% y la construcción de 8,2 a 8,7%, en el mismo periodo (BCE, 2019). De la información se infiere que las actividades productivas se mantuvieron estancadas en la última década.
El recorte drástico de las inversiones públicas por parte del “Gobierno de todos” provocó la contracción de varios sectores de la economía y el incremento dramático del desempleo y pobreza. En 2019, la refinación de petróleo, básicamente pública, se estima que registre una tasa negativa de crecimiento de 9,8%, suministro de electricidad y agua se prevé una tasa anémica de 0,1%, construcción 0,7%, manufactura 1,2%, agricultura 1,4% y el PIB en su conjunto 0,2% (BCE, 2019).
Un estudio de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), de enero a agosto de 2019, determina que las ventas de la industria manufacturera registran una caída de 4.7% y de la construcción de 9,9% (Expreso, 2019). Los datos son más coherentes con las estimaciones del FMI, en 2019, prevé que Ecuador entrará en recesión con una tasa de negativa de crecimiento del PIB de 0,5%.
Ecuador sigue exportando básicamente productos primarios -petróleo, banano, café, cacao, camarón, flores, atún-, cuyos precios en los mercados internacionales registran drásticas variaciones, lo que afecta a la balanza comercial, ingresos tributarios y, por ende, a las actividades del Estado.
Las reiteradas reformas tributarias que se han ejecutado en los últimos años han fomentado el consumo de la población de bienes importados, pero en detrimento de los sectores productivos como agricultura, agroindustria, manufactura en sus distintas categorías que generan valor agregado. El incremento de las importaciones representa una incesante salida de capitales que debilitan el sistema de dolarización, y fomenta una sociedad de consumo, en perjuicio de los sectores productivos.
En Venezuela, a pesar de ser uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo, el colapso de su economía estriba precisamente en que las demandas de la población de bienes y servicios eran cubiertas básicamente a través de importaciones y su aparato productivo se atrofió. Ecuador va por el mismo camino.
El sector financiero no fomenta las actividades productivas
El sistema financiero nacional está constituido por bancos nacionales y extranjeros -públicos y privados-, bancos off shore, sociedades financieras, almacenes generales de depósitos, emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, entre otras.
El sector financiero privado capta los recursos a través de depósitos a la vista, plazo, restringidos y de garantía, tanto de personas naturales como jurídicas. A septiembre de 2019, los depósitos ascendieron a USD 31.447 millones. Los bancos Pichincha, Pacífico, Produbanco y Guayaquil captan el 62,6% del total de los depósitos (SB y S, 2019).
El volumen de la cartera bruta subió de USD 26.653 millones en agosto de 2018 a 28.960 millones al mismo mes de 2019, registrando una tasa de crecimiento de 8,7%. El destino de la cartera fue a crédito comercial 45%, consumo 40%, vivienda 8%, microempresa 7%. Los créditos destinados por la banca privada al comercio y consumo concentraron el 85% del total de la cartera (Asobanca, 2019).
Según el documento “Radiografía Económica y Social” del Servicio de Rentas Internas (SRI), “Composición del crédito por sector de negocio”, entre enero y agosto de 2019, el crédito productivo representó en promedio el 4% del total del crédito, el comercial 45,6% y consumo 32,5% (Ver cuadro N.º 1).
El sector financiero privado ha suministrado financiamiento preferentemente en actividades que no generan valor agregado, pero donde se genera mayor rentabilidad por las altas tasas de interés. A septiembre de 2019, las tasas activas efectivas se ubicaban: consumo 17%, comercial empresarial 10%, comercial PYMES 12%, microcrédito minorista 28%, microcrédito de acumulación ampliada 23% (Asobanca, 2019).
Es frecuente que desde las instituciones financieras llamen a los ciudadanos para ofrecer créditos de consumo, créditos pre aprobados, tarjetas de crédito. El spread -diferencia entre tasas activas y pasivas-, es demasiado alto en el país, son recesivas para las actividades productivas, y se ubican entre las más altas de América Latina.
Los recursos financieros disponibles del sistema bancario privado en el exterior subieron de USD 779 millones en agosto de 2018 a 1.093 millones al mismo mes de 2019, registrando una tasa de crecimiento de 40,3%. En el mismo periodo, las inversiones pasaron de 3.557 a USD 3.638 millones, con un crecimiento de 2,3% (Ibidem).
El reporte de Asobanca, a diciembre de 2018, señala que los bancos privados registran una utilidad neta de USD 554 millones y hasta agosto de 2019, obtienen una utilidad de USD 412 millones que, comparado con el mismo mes de 2018, registra un crecimiento de 14% (Cuadro N. 2).
El sistema bancario privado, que centraliza los recursos de diversos sectores de la población y de empresas en sus distintas categorías, canaliza los recursos, a través de créditos e inversiones, en función del “mercado”, esto es, en base a la rentabilidad, pero no en función del desarrollo productivo.
Llama la atención el hecho de que los gremios empresariales de los sectores productivos no se hayan pronunciado a favor de políticas de fomento industrial como si los han hecho los gremios comerciales para beneficiar a su sector.
El problema central no es el déficit fiscal
Ecuador históricamente ha registrado déficits fiscales, pero en determinados años también ha estado inmerso en estancamiento y/o recesión económica, al igual que muchos países en desarrollo e incluso estados desarrollados.
El FMI, desde decenios atrás, para corregir los desequilibrios fiscales promueve políticas de austeridad fiscal que implica reducir gastos públicos, especialmente sueldos y salarios, e incrementar los ingresos, a través de mayores impuestos, eliminación de subsidios, concesión de empresas públicas.
Las políticas de austeridad fiscal que impone el FMI, a través de cartas de intención, apuntan a garantizar el servicio de la deuda externa y no incentivan el crecimiento sustentable de la economía. El ejemplo más cercano y de actualidad es Argentina, sumida en una aguda recesión económica e incremento dramático del desempleo y pobreza.
En la línea política del FMI, las élites empresariales nacionales consideran como si fuese la panacea que, para conseguir el crecimiento económico, previamente se debe alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos fiscales. Los directivos de los gremios empresariales reiteradamente han exigido la flexibilidad laboral, el desenrolamiento de empleados del Estado, la concesión de empresas públicas al sector privado, eliminación o reducción de impuestos, como a la salida de capitales y el anticipo del impuesto a la renta.
En el “Gobierno de todos”, el poder del Estado ha sido cooptado por las élites empresariales. El Ejecutivo mediante decreto 883 pretendió eliminar el subsidio a los combustibles, el mismo que fue derogado como consecuencia de las masivas movilizaciones, paros, protestas de las organizaciones indígenas, transportistas, sindicales y sociales. En los doce días de las movilizaciones se registraron actos violentos que superaron a la fuerza pública, se vivió un estado de anomía social.
Pocas semanas después, el primer Mandatario envió a la Asamblea Nacional el proyecto denominado “Ley de Crecimiento Económico” que pretendía reformar 22 leyes con el propósito supuestamente de fortalecer el régimen tributario, la transparencia fiscal, fomentar el emprendimiento y la actividad de exportación en el país, no obstante, el proyecto fue rechazado por los asambleístas de diferentes corrientes políticas.
El Ejecutivo nuevamente envió con el carácter económico urgente a la Asamblea Nacional, 21 de noviembre de 2019, el proyecto titulado “Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaría”, donde, entre otras cosas, se mantiene el impuesto de 2% a los ingresos brutos para las microempresas, mientras que a las grandes empresas se establece el impuesto simbólico temporal, con tarifas que van desde 0,1 hasta 0,2%, en función de sus ingresos, que a su vez lo van a trasladar a los precios de los bienes y servicios ofertados. La llamada “progresividad tributaria” es un eufemismo.
Las políticas de austeridad fiscal, que supuestamente se orienta a fortalecer el sistema de dolarización, en los hechos, lo debilitan porque promueven la salida de capitales.
Da la impresión de que para ciertos dirigentes empresariales apuntan en esa dirección. Antes de que se implante la dolarización, los productos de exportación se volvían competitivos por las sistemáticas devaluaciones o depreciaciones de la moneda nacional.
En Ecuador, en años anteriores, también se ejecutaron políticas económicas excesivamente intervencionistas que degeneraron en actos de corrupción, con lo cual deslegitimaron las políticas neokeynesianas, como aquellas inversiones que debe realizar el Estado en condiciones de recesión económica para generar fuentes de empleo y dinamizar la demanda agregada.
Adecuada intervención del estado en la economía
Las élites empresariales y políticas insistentemente han pregonado a diestra y siniestra que el principal problema del país es la excesiva intervención del estado en la economía que genera crecientes déficits fiscales, es decir, supuestamente a menor gasto público, mayor desarrollo económico. En las administraciones de los gobiernos conservadores de León Febres Cordero, Sixto Duran Ballén, Jamil Mahuad se ejecutaron políticas liberales, cuyos resultados en el mejor de los casos fueron pobres.
A nivel internacional hay experiencias positivas acerca de una adecuada intervención del estado en la economía. En China, a fines de los años 70, los principales medios de producción estaban en manos del estado, era un país subdesarrollado.
El régimen diseño una política de apertura gradual al capital extranjero, especialmente empresas multinacionales, pero bajo la modalidad de joint venture, empresas conjuntas, a fin de asimilar tecnología y generar fuentes de empleo.
La planificación económica del Estado, las empresas públicas, el ingreso de capital extranjero y la cultura de trabajo de la población fueron factores determinantes en el crecimiento económico. En los últimos 35 años, registró tasas de crecimiento entre el 9 y 10 % anual y logró sacar de la pobreza a cientos de millones de personas. Actualmente la República Popular China tiene una economía capitalista y se ubica como la segunda mayor economía del mundo.
Estados Unidos, en la década de los años 20, registró un auge económico sin precedentes, se desarrollo aceleradamente la industria, construcción, comercio y banca, industriales y banqueros acumulaban rápidamente riqueza, eran admirados por la población.
El presidente del National City Bank abrió oficinas de corredores de bolsa en todo el país para incursionar en el mercado de valores. A mediados de los años 20, tres millones de estadounidenses eran dueños de acciones, seducidos por los altos rendimientos y la aspiración de enriquecerse rápidamente. La burbuja financiera siguió expandiéndose. Los ciudadanos seguían comprando acciones con “margen”, es decir, en parte mediante préstamos de los corredores (BBCMundo, 2019).
A fines de octubre de 1929, estalló la burbuja financiera, los bonos perdieron valor y se volvieron “bonos basura”, millones de personas perdieron lo que habían invertido. En pocos meses, el desempleo se ubicó en 3,3 millones de personas. Los desempleados hacían largas filas frente a los comedores comunitarios.
El “crack financiero de Wall Street” derivó en la gran depresión de la economía. En aquellos años, el presidente republicano Herbert Hoover era reacio a que el gobierno interviniera frente a la crisis, creyendo que una postura más laissez-faire, laissez, passer –dejar hacer, dejar pasar-, alentaría a las empresas y los bancos a enderezar la economía (Ibidem).
En 1932, Hoover perdió las elecciones frente al candidato demócrata Franklin Roosevelt con una diferencia del alrededor del 18%. En los primeros meses de su gestión se aprobaron leyes destinadas a crear empleos, reactivar la industria y la economía. La Ley de Banca de Emergencia tenía como objetivo estabilizar el sistema bancario, a través de la creación del Seguro Federal de Depósitos. El Cuerpo Civil de Conservación colocó a los desempleados en campamentos, trabajando en proyectos de conservación de parque naturales y reforestación (Ibidem).
Además, se incorporaron trabajadores en la Administración de Obras Públicas, creada para mejorar la infraestructura del país. Al final de su administración, se había empleado a 2,5 millones de personas. El programa Roosevelt conocido como New Deal abrió el camino para reconstruir rápidamente la economía y volvió la confianza de la población en el sistema financiero.
El inquilino de la “Casa Blanca”, actualmente, desarrolla una política proteccionista para defender a los sectores industriales, mantiene una guerra comercial con la República Popular China mediante incrementos drásticos de aranceles. Igualmente, por el mismo tema mantiene conflictos con algunos países de la Unión Europea, e inesperadamente hace pocos días anunció el incremento de aranceles a Brasil y Argentina. En Estados Unidos, la política proteccionista ha permitido registrar altas tasas de crecimiento económico y bajar los niveles de desempleo a niveles históricos.
¿Qué hacer?
Naciones pequeñas como Singapur, Hong Kong, Taiwán en los años 70 tenían economías similares a Ecuador, no obstante, con políticas adecuadas de intervención del estado en la economía, una cultura empresarial y de trabajo, en pocos decenios, consiguieron incorporarse al grupo de los países desarrollados.
El conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur, durante 1950 y 1953, fue escenario del enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, dejaron más de 3 millones de muertos, devastaron y destruyeron sus respectivas economías. Sin embargo, en pocos años, Corea del Sur desarrolló una economía altamente industrializada.
Ecuador, no puede estar predestinado a quedarse rezagado entre los países más pobres de América Latina con todos los recursos naturales que posee como capital natural: petróleo, cobre, plata, oro, biodiversidad, recursos hídricos. Tanto las políticas liberales como las políticas excesivamente intervencionistas que derivaron actos de corrupción han sido negativas para promover el desarrollo sustentable de la economía.
El tema central de Ecuador no es el problema del déficit fiscal, es la falta de un proyecto nacional que promueva el desarrollo productivo que genere valor agregado: agricultura, manufactura, construcción. Bajo esta premisa, se debería llegar a un consenso mínimo entre los principales actores sociales -empresarios, trabajadores, indígenas, montuvios, negros- para en función de ello definir la visión del país que se pretendería alcanzar a mediano y largo plazo, establecer la misión, objetivos, metas, políticas, programas y proyectos estratégicos para generar sinergias.
El desarrollo de un estado está determinado por el nivel de cultura que tiene un país. Por tanto, Ecuador no podrá alcanzar el crecimiento sustentable de la economía si no se puede erradicar y/o reducir a su mínima expresión la llamada “viveza criolla”, “hora ecuatoriana”, la corrupción e impunidad que se ha vuelto lastre, entre otras taras.
Del mismo modo, se requiere una actitud más propositiva por parte de las élites políticas, empresariales y sociales. Quejarse por todo ha sido una constante en los últimos decenios, echar la culpa del descalabro económico a los gobiernos que les precedieron, atribuir los problemas a factores externos, no asumir su propia responsabilidad.
En esa línea, desde la escuela, se debe formar a los niños en valores como el respeto a la naturaleza, tradiciones culturales, diversidad social, solidaridad; honradez, puntualidad. Si realmente hubiese el compromiso por transformar el país, se debería empezar por mantener las ciudades limpias, mitigar la contaminación ambiental y visual, reubicar las actividades informales que se realizan en calles, avenidas y en general en espacios públicos, reducir los niveles de violencia.
Los organismos multilaterales promovieron el sistema de “bonos” para matizar los efectos de las políticas de austeridad fiscal en los sectores de menores ingresos de la población. En el país se ha institucionalizado la canalización de recursos para mitigar los niveles de pobreza, a través de bonos, “Bono de Desarrollo Humano” hasta USD 150 mensuales, “Pensión Mis Mejores Años” USD 100, “Pensión Toda Una Vida” USD 100, entre otros.
A fines de 2019, el total de beneficiarios de los bonos asciende a cerca de 900 mil personas y tiene un costo de más de USD 800 millones; sin tomar en consideración los cuantiosos recursos económicos que el Estado destina a los “subsidios” que benefician especialmente a los sectores de mayores ingresos de la población.
En una economía eminentemente de consumo y deteriorada, sería más productivo que los beneficiarios de los bonos, que estén en condiciones de hacerlo, sean incorporados a proyectos públicos destinados a la reforestación, emprendimientos agrícolas, mantenimiento de parques, plazas, calles, avenidas, en general espacios públicos, con el objetivo de adecentar las ciudades a nivel urbano y rural, y fomentar la cultura del trabajo.
Bibliografía:
– Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2018: Versión disponible en: https://www.comunicacion.gob.ec/sin-paquetazos-sin-afectar-a-los-mas-pobres-presidente-de-la-republica-presento-el-programa-economico/#
– Banco Central del Ecuador, 2019. Versión disponible en: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
– Diario Expreso, 2019. Versión disponible en: https://www.expreso.ec/economia/sector-construccion-ventas-actividad-XK3297808
– Superintendencia de Bancos, 2019. Captaciones: disponible en: http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2019/04/ES_BP_dic_2018.pdf/
– Asobanca, 2019. Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana, agosto 2019.
– SRI, 2019. Radiografía Económica y Social. Versión disponible en: Radiografía Económica y Social, octubre 2019. Versión disponible en: ttps://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/16551/mod_page/content/193/RADIOGRAFIA ECONOMICA Y SOCIAL III TRIMESTRE 2019.pdf
– Superintendencia de Bancos, 2019. Versión disponible en: http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2019/10/comportamiento_crediticio_sectorial_jun_19.pdf
– BBCMundo, 2019. Versión disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50189619
– BBCMundo, 2019. Versión disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50645115
CUADRO N.º 1
DESTINO DEL CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA
CUADRO N.º 2
CUENTAS DE LA BANCA PRIVADA
Ex Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE). También ha asesorado en instituciones como el Instituto de la Democracia (IDD), entre otras.
