Bloqueando al fascismo: los campesinos de los Valles de Cochabamba durante la crisis política post electoral en Bolivia

Oliver Alvarado Choque

La crisis post electoral en Bolivia concentra, en la actualidad, la mirada de políticos, activistas y académicos nacionales e internacionales. Existe un debate acerca del carácter de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional. Entre las posiciones encontramos, por un lado, aquella que articula la renuncia de Morales al “fraude electoral” (amparada en el informe preliminar y final de la OEA). Por otro, está la posición acerca de un “golpe de estado” perpetrado por los policías, militares y grupos cívicos fascistas. Mi posición en lo particular es que sí hubo un golpe de estado con un matiz particular y no convencional (sobre todo comparando con sucesos del siglo pasado); este golpe de estado estuvo amparado en la idea de “fraude electoral” instituida mediante el informe de la OEA, informe que en la actualidad es objeto de numerosas críticas por parte de expertos en economía y estadística de varias partes del mundo.

Más allá de este debate existe un hecho evidente e incontrastable: la ola de violencia y la vulneración de los DDHH. Es de conocimiento público que, durante los días posteriores a la renuncia de Morales, las FFAA y la Policía Nacional desataron un proceso de represión inhumana hacia la población civil que se movilizó y protestó contra el gobierno de la presidenta en ejercicio Jeanine Añez.

Como resultado de aquello se registraron el fallecimiento de más de 30 personas de diferentes partes de Bolivia, centenares de heridos hospitalizados, y cerca de 1500 personas detenidas acusadas de “terrorismo” y “sedición”.

Para medios de comunicación y analistas políticos la protesta sólo estuvo concentrada en tres localidades: El Alto, Chapare y Yapacaní. Estos lugares fueron focos de resistencia al golpe de estado y la militarización – represión del gobierno de Añez. Sin embargo, considero que la movilización social y la resistencia estuvo presente en varias partes del territorio nacional. Un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras destacó, en las primeras semanas del gobierno de Añez, la existencia de más de 70 puntos de bloqueo en las principales carreteras de siete departamentos de Bolivia. Los responsables de estos bloqueos fueron en su mayoría campesinos originarios afiliados sindicalmente a la CSUTCB[1].

El objetivo de este escrito es evidenciar otro foco de conflictividad social que existió durante la crisis post electoral en Bolivia: los Valles de Cochabamba. Analizaremos las formas de acción y movilización asumidas por el campesinado “valluno” durante las diferentes etapas de la crisis post electoral. Nos interesa sobre todo visualizar como el golpe de estado activó en las organizaciones campesinas un proyecto de autogobierno y control sobre el territorio.

Base mi argumentación en la observación participante que realice en las comunidades campesinas de los Valles de Cochabamba durante los días anteriores y posteriores a la elección nacional del 20 octubre de 2019.

Caracterización de la región del Valle cochabambino

El Valle de Cochabamba es una región compuesta por 14 municipios, los cuales, a su vez, se agrupan en dos subregiones: el Valle Alto y Bajo. El número de población, según el último censo, es de 135.000 personas. En esta región predominan dos lenguas: el quechua, como lengua “originaria”, y el castellano. La actividad socioeconómica sobresaliente es la agrícola – campesina, aunque en las últimas décadas se vio un incremento de la “pluri – actividad”, es decir, actividades no agrícolas que complementan los ingresos de las familias campesinas.

Antecedentes históricos

La región del Valle de Cochabamba mantiene una tradición de organización ligada al sindicalismo campesino. En esta región nació el primer sindicato campesino en Bolivia en 1936 en la localidad de Ana Rancho (Dandler 1983). Participó, junto a la región Andina, en la toma masiva de haciendas rurales que desembocaron en la Revolución de 1952 (Gotkowitz 2011). El campesinado valluno presionó al gobierno revolucionario para la promulgación de la Reforma Agraria en 1953 (firmada simbólicamente en Ucureña – Valle Alto). Durante los primeros años de la revolución nacional los campesinos de Cochabamba y, sobre todo, del Valle Alto constituyeron la base social del MNR y del Estado del 52 (Véase Rivera 2003; Gordillo 2000). A partir de aquello, los Valles empezaron a participar, mediante dirigentes como José Rojas, en espacios estatales importantes.

Durante el gobierno de Rene Barrientos formaron parte del denominado “Pacto Militar Campesino” (1964) convenio establecido para fortalecer el área rural, empero, en términos políticos representó una pérdida de su autonomía sindical. En 1974 el gobierno de Banzer reprimió brutalmente a los campesinos de Epizana y Tolata (Valle Alto), a este hecho se lo conoce como la “masacre de los Valles”; aquello motivo a los campesinos de Cochabamba a recuperar su autonomía e independencia sindical frente al Estado, logrando, posteriormente, junto a los kataristas (de La Paz y Oruro) crear la CSUTCB en 1979.

En el periodo neoliberal, los campesinos del Valle y Trópico de Cochabamba lucharon contra los partidos políticos tradicionales, la Ley INRA y la Ley de Participación Popular; un hecho importante fue la organización del Instrumento Político (IP), es decir, la construcción de un proyecto de auto – representación campesina para las elecciones nacionales y municipales (Véase Stefanoni 2002; Burgoa 2015; García et al. 2014). El IP posibilitó a los campesinos en 1995 la toma de 10 alcaldías municipales, y en 1997 obtener cuatro diputaciones nacionales. En las elecciones de 2002 el IP, mediante la forma de MAS –IPSP[2], consiguió posicionarse como segunda fuerza nacional a la cabeza de Evo Morales.

A finales de 2005 el MAS IPSP consigue el 54% de los votos nacionales, lo cual permitió a Evo Morales posicionarse como presidente de la república. Los campesinos durante este nuevo periodo, “profundizaron” una política que conjugaba participación electoral con movilización social.

Ellos lo denominaron como la articulación entre lo orgánico (sindical) y lo político (estatal). Esta forma de hacer política estribó, en última instancia, del liderazgo de Evo. Evo garantizó la unidad y articulación entre estos dos ámbitos (orgánico – político), además, las organizaciones sindicales empezaron a depender cada vez más de la figura de Evo en la resolución de sus conflictos internos (Véase Do Alto y Stefanoni 2010). Sin embargo, durante los últimos 14 años de gobierno de Evo las organizaciones sindicales de Cochabamba, y talvez de Bolivia, emprendieron un paulatino proceso de pérdida de su autonomía sindical, entendida como capacidad de autogestión sindical en la resolución de sus problemas sociales y políticos.

Describiendo la crisis post electoral

La crisis post electoral del 20 de octubre tuvo tres etapas: la primera (del 20 octubre al 8 noviembre) estuvo caracterizada por el protagonismo de los grupos cívicos de clase media y alta, ellos mantuvieron la iniciativa de movilización social acompañada con acciones de choque mediante grupos organizados como, para el caso de Cochabamba, la “juventud cochala por la democracia” o los “motoqueros” (un grupo de 500 personas que se movilizaban en motocicleta por toda la ciudad). Estos grupos fueron los encargados de incendiar la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Los cívicos reivindicaban, en esta etapa, la “segunda vuelta” en las elecciones nacionales (sin considerar el total del cómputo nacional), y el cambio de los vocales del Tribunal Electoral Plurinacional (aquello debido al corte de la transición del TREP[3]).

En la segunda etapa (del 8 al 10 de noviembre) los grupos cívicos radicalizaron sus acciones y, además, se dio el motín de la policía nacional.

Los cívicos empezaron a implementar acciones de corte fascista sobre sectores de la sociedad civil vinculados al MAS. Los grupos de choque cívicos acecharon a los principales dirigentes campesinos nacionales y departamentales, por ejemplo, en Quillacollo secuestraron y humillaron públicamente a Feliciano Vegamonte[4] (obligándolo a pedir perdón de rodillas por los actos del presidente Morales).

Estas acciones cívicas estuvieron acompañadas de un marco racista hacia la población rural campesina (la base política del MAS), reapareció el clivaje étnico cultural entre la “gente decente” (población blanca y mestiza, urbana, no filiada al MAS, acomodada económicamente) y “las hordas campesinas” (campesinos, quechuas, pobres económicamente, políticamente afines al MAS). En esta última categoría ingresaban también los sectores urbanos de la zona sud de Cochabamba, dado que eran migrantes de las provincias rurales del departamento y de otros.

El motín de la Policía Nacional fue dado el 9 de noviembre y fue pieza clave en la consolidación del golpe de estado el 10 de noviembre. Este motín no solo comprendió una ruptura con el orden de mando del gobierno nacional, sino también una articulación con la acción cívica fascista. En Cochabamba los policías amotinados empezaron a coordinar actos de corte “para militar” con la “juventud cochala por la democracia” y los “motoqueros”. Fruto de aquello quemaron las principales sedes sindicales campesinas en la ciudad. Además, secuestraron a los familiares de los diputados y senadores nacionales, con la intencionalidad de provocar una renuncia masiva hacia sus curules.

En esta segunda etapa los cívicos cambiaron repentinamente su objetivo de la acción: pasaron de pedir “la segunda vuelta” a la “renuncia del Presidente”. En ese instante, como si todo estuviese articulado, la OEA entregó tempranamente su informe parcial sobre la auditoria hacia el proceso electoral, informe que estableció la existencia de “irregularidades” en el conteo preliminar de las actas nacionales e internacionales. Frente a este escenario Morales anuló las elecciones del 20 de octubre y convocó a nuevas elecciones. A pesar de aquello las acciones cívicas – policiales persistieron hasta conseguir su nuevo objetivo.

Los militares dieron la estocada final al gobierno de Morales, el General de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, “sugiere” de manera pública que Morales abandone el cargo. De esta manera, el 10 de noviembre Evo Morales presentó su renuncia a la presidencia.

La tercera etapa (10 de noviembre al 26 de noviembre) estuvo caracterizada por la movilización y acción social de las organizaciones populares campesinas originarias contra el golpe de estado en varias partes del país. Frente a este escenario de movilización el gobierno en ejercicio estableció una política de militarización y represión de la protesta. La represión trajo como resultado el fallecimiento de personas, sobre todo, en las localidades de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La ola de movilización terminó forzando al gobierno de Añez al dialogo, un cese a la militarización, y una indemnización hacia las víctimas de la represión.

Los campesinos de los Valles de Cochabamba durante la crisis post electoral

Durante la primera y segunda etapa de la crisis la participación de las organizaciones campesinas fue bastante modesta, por no decir reducida. Solo se protagonizaron dos marchas campesinas departamentales hacia la ciudad de Cochabamba. Estas tuvieron el objetivo de respaldar a Evo Morales, y fueron organizadas desde “arriba”, es decir, desde la CODECAM[5], la FSUTCC[6] y la dirección departamental del MAS – IPSP. Ambas fueron concurridas y pacíficas. La reivindicación campesina fue el “respeto al voto rural indígena” (a las actas de las áreas rurales que todavía no eran computadas) construida en oposición al planteamiento cívico de la “segunda vuelta”. Después de cada marcha los campesinos en su totalidad regresaban a sus respectivos municipios ubicados en el área rural. En su última marcha fueron gasificados por cívicos infiltrados en su movilización, además, ese mismo día, empezó el enfrentamiento entre campesinos y cívicos.

Cuando la policía declaró motín policial los grupos cívicos radicalizaron sus acciones secuestrando dirigentes campesinos, autoridades municipales, y campesinos de base, las organizaciones campesinas del Valle solo establecieron un repliegue de sus afiliados, esperando determinaciones provenientes de sus organizaciones nacionales como la CSUTCB.

Algunos dirigentes campesinos esperaron que el conflicto fuera resuelto desde el gobierno nacional. Aquello estuvo lejos de suceder.

En la tarde del 10 de noviembre se consolidó el golpe de estado hacia Evo. Los campesinos empezaron a comunicarse vía celular los unos con los otros para corroborar la información, entre preocupación y, en algunos casos, llanto confirmaron la consumación del golpe. Exigieron una respuesta de sus organizaciones departamentales frente a la situación, empero, no hubo tal respuesta. El dirigente de la dirección departamental del MAS – IPSP desapareció literalmente (su teléfono ya no respondió ninguna llamada, y la gente no sabía dónde se encontraba). El dirigente departamental de FSUTCC, por su parte, también eclipsó, no llamó a reunión de emergencia, como se suele hacerse frente a situaciones similares. Las regiones de igual manera quedaron incomunicadas, la región Andina (véase imagen 1, en color café claro) y el Trópico de Cochabamba (véase imagen 1, en color verde) todavía esperaban algún “haz sobre la manga” del gobierno frente a esta crisis, escuche decir a un dirigente “que Evo no pudo salir así no más, debe estar planeando algo”.

Conforme pasaban las horas, la segunda vice presidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, junto a las Fuerzas Armadas impulsaban una sesión de la Asamblea Plurinacional para la “sucesión constitucional”. Un video empezó circular en las redes en el cual efectivos policiales, por encargo del Comando Nacional, tenían la “orden de aprehender” a Evo debido al “fraude electoral”. Después de unas horas, se confirmó la salida de Evo del país hacia México en calidad de asilado político. Frente a este panorama los ministros empezaron a renunciar en los medios de comunicación, autoridades municipales en el Valle Alto, como el alcalde de Punata y Arani, también renunciaron a sus cargos.

Los cívicos y sus motoqueros envalentonados, por la consolidación del golpe, pretendieron viajar hacia los principales municipios rurales más cercanos con el objetivo de expandir la ola de renuncias a nivel local de las autoridades del MAS. En varios municipios los comunarios avizoraron y alertaron la presencia de la avanza de los motoqueros.

Algunas personas que habían pintado sus casas con los colores del MAS y el nombre de Evo, rápidamente despintaron sus paredes, temían que los motoqueros identifiquen a sus domicilios como sedes del MAS.

De esta manera inicia la tercera etapa de la crisis post electoral. El escenario estuvo marcado por golpe de estado a Evo, desarticulación entre dirigentes sindicales nacionales y departamentales – locales, y una ofensiva del grupo de cívicos – motoqueros en los territorios rurales. La respuesta campesina fue la auto organización en sus territorios. Una primera acción fue el establecimiento de puntos de vigilia en los principales accesos a sus municipios. Por ejemplo, en la entrada a Santivañez existió uno de puntos de vigilia más importantes del Valle, reunieron alrededor de 100 personas para realizar un control sobre los vehículos que ingresaban al municipio. La vigilia no significó, todavía, bloqueo de caminos. Las personas que realizaron la vigilia estuvieron armadas de palos y machetes, hubo un campesino que manejó en su espalda un arma de caza llamada “salón” (arma que funciona a base de presión de aire). Gracias a estas vigilias el grupo de motoqueros de la ciudad no logró ingresar a ninguno de los municipios de los Valles.

Al siguiente día después del golpe, Bolivia amaneció sin autoridad nacional. Las organizaciones campesinas en los Valles empezaron a auto-convocarse para definir otras acciones frente a tal situación. Una de ellas fue la inmediata expulsión de la policía de sus respectivos municipios. Tomaron primero los módulos policiales del municipio de Araní. Los policías rápidamente emprendieron la fuga de este municipio, alertaron a sus camaradas de los otros municipios sobre la acción campesina. En esa misma tarde, vislumbramos juntamente con otros dirigentes campesinos la fuga de 8 vagonetas de la policía con equipos antimotines y gasolina hacia la ciudad de Cochabamba. Los dirigentes campesinos de Araní y Punata rápidamente alertaron a los dirigentes campesinos de los otros municipios sobre la fuga de los policías, aquello activo rápidamente puntos de bloqueo. Cuando los policías llegaron a los puntos de bloqueo empezó el enfrentamiento, hubo disparos de parte de los uniformados y piedras de parte de los campesinos. Al final de la tarde, el escape fue truncado por el sistema de comunicación y bloqueo campesino. Se recuperaron las vagonetas (propiedad de los municipios) y se detuvieron a los policías (algunos se escaparon corriendo hacia los cerros). Los policías detenidos fueron liberados, posteriormente, durante la noche.

Después de estos sucesos, se masificó y consolidó los puntos de bloqueo en todos los municipios de la región Valles.

La gente se convocaba a bloquear mediante el toque de campanas de las iglesias y el sonido de los pututus (instrumento originario). En cada municipio existieron al menos 20 puntos de bloqueo (en carreteras principales, secundarias y de herradura). En cada punto de bloqueo participaron por lo menos de 30 a 50 personas, realizaban ollas comunes (cocinaban colectivamente) para alimentar a los bloqueadores, cada 10 horas había relevo de bloqueadores, el sistema de relevo estaba organizado por el sindicato campesino.

Estos puntos de bloqueo únicamente permitieron el ingreso a sus territorios de los profesores o maestros de las unidades educativas. También permitieron la salida de las ambulancias que transportaban personas en estado crítico.

Durante el día los bloqueadores andaban armados de palos y machetes. En la noche en algunos puntos de bloqueo la gente caminaba armada con fusiles máuser y salones (armas heredadas del periodo revolucionario del 52); cabe recalcar que estas armas no fueron utilizadas en los enfrentamientos, sólo fueron utilizadas simbólicamente para rememorar el poder campesino construido en el pasado en base al sindicato y las milicias campesinas.

Cuando Añez asumió la presidencia la CSUTCB declaró bloqueo nacional indefinido. Sin embargo, en la región de los Valles ya existían más de 200 puntos de bloqueo. La semana siguiente los campesinos vallunos llamaron a ampliados regionales para coordinar acciones con la finalidad de profundizar la resistencia desde sus territorios hacia el golpe de estado. En el primer ampliado establecieron una estrategia que podríamos denominar como la “ruralización de la resistencia”. Esta estrategia consistió en realizar bloqueos en sus territorios con la finalidad de generar desabastecimiento en la ciudad de Cochabamba (los Alteños también persiguieron lo mismo mediante el cerco a la ciudad de La Paz) y también atacar la economía de los grandes empresarios dedicados a la exportación vía carretera (ellos identificaron a los empresarios como los responsables del golpe).

En el siguiente ampliado se estableció profundizar el bloqueo de caminos y ejercer un control total sobre su territorio. Se firmó un acta entre organizaciones campesinas para la expulsión de la policía, también firmaron un acuerdo para el manejo de los módulos policiales acorde a los requerimientos de la población. De igual manera, formaron una comisión para exigir a los tres centros militares, que existían en la región, su “incorporación” al nuevo poder campesino sindical, caso contrario, asumirían acciones correspondientes. Los campesinos mencionaban el peligro de tener unidades militares en sus territorios dado que el gobierno podría utilizarlos en su contra en un posible desbloqueo.

Para suplir el vació en cuanto a la administración de la justicia (debido a la expulsión de la policía) los campesinos propusieron reactivar la “justicia comunitaria” a cargo de las autoridades sindicales en ejercicio y también de las personas más ancianas de la comunidad (los más sabios).

Como un acto de repudio a la quema de la whipala (bandera originaria) por los golpistas en la sede de gobierno, los campesinos establecieron que todos sus afiliados coloquen la whipala en sus respectivos domicilios y en los actos públicos. De esta manera, se empezó a embanderar todas las comunidades campesinas en los Valles.

En los puntos de bloqueo también colocaron la whipala como el símbolo que los representaba como campesinos y, sobre todo, como originarios pertenecientes a la nación quechua.

Los puntos de bloqueo fueron bastante efectivos en sus objetivos. Por un lado, el desabastecimiento de la ciudad empezó a sentirse, el precio de los productos empezó a elevarse. Por otro, los empresarios sufrieron bastantes perdidas económicas al no poder transportar sus mercaderías. Aquello obligó al gobierno de Añez al desbloqueo militar. Hubo varias intervenciones hacia los puntos de bloqueo, los campesinos no fueron al enfrentamiento, sino replegaron a sus bases cuando ingresaron los militares. No obstante, durante la noche volvían a bloquear. Así sucedió durante tres días. Luego Añez decidió negociar con los campesinos. Se inició mesas de diálogos con dirigentes nacionales y departamentales. Se llegó a un acuerdo de 13 puntos que establecieron la desmilitarización, la indemnización de las víctimas en las masacres, garantías constitucionales para los dirigentes campesinos, entre otros.

El bloqueo en los Valles duro alrededor de 14 días. Las pérdidas económicas no solo vinieron de los sectores empresariales, sino también del campo popular, varios actores se vieron perjudicados como los lecheros, transportistas, comerciantes, estudiantes, entre otros. Algunas personas de los pueblos más grandes (como Punata) empezaron a cuestionar la acción campesina, aquello terminó en conflictos internos entre campesinos bloqueadores y la gente del pueblo.

A manera de cierre

Según Rene Zavaleta la crisis constituye en sociedades heterogéneas como la boliviana una oportunidad para vislumbrar facetas ocultas, escondidas o poco visibles en contextos de aparente regularidad.

La crisis post electoral nos debeló dos facetas en el campesinado valluno. La primera faceta es la de un campesinado pasivo y dependiente del gobierno de Evo Morales, esta faceta fue construida durante los últimos 14 años de gobierno del MAS. La segunda faceta es la de un campesinado activo y autónomo caracterizado por el manejo y control del territorio.

Los campesinos en las dos primeras etapas de la crisis desplegaron una acción dependiente del gobierno de Morales y, también, de las organizaciones nacionales y departamentales. Ellos durante esta etapa carecieron de iniciativa para la movilización y sólo fueron expectantes del levantamiento cívico – motoquero que se adueñó de las ciudades y de la opinión publica (mediante los medios de comunicación). Durante este periodo se desarrolló un plan entre policías, cívicos y militares destinado a la restitución del poder de la oligarquía boliviana. La tercera etapa de la crisis estuvo marcada por el golpe de estado hacia Evo Morales. La renuncia forzada de Evo desencadenó un “schock” entre las organizaciones campesinas que posibilitó la reactivación de acciones autónomas e independientes (del MAS, de los dirigentes nacionales y departamentales) destinadas a la autogestión del territorio frente a la expansión del fascismo organizado de la sociedad civil y, posteriormente, del gobierno de Jeanine Añez. Existió dos acciones centrales desarrolladas durante este periodo: puntos de vigilia (en una primera instancia) y puntos de bloqueo.

El bloqueo campesino fue una de las principales acciones que posibilitó la contención del fascismo en Bolivia. Los bloqueos persiguieron poner un alto a la movilización fascista de los motoqueros, la militarización, el respeto de su cultura (mellada con la quema de la whipala) y garantías constitucionales para los líderes campesinos (debido a la criminalización de la protesta).

El bloqueo operó en el marco de un proyecto de autogobierno sindical campesino. Este proyecto pretendió constituir a los sindicatos, en los Valles, como los principales órganos de poder y decisión. La expulsión de la policía, la propuesta de “reactivación” de la justicia comunitaria, y la utilización simbólica de sus viejos máusers maniobraron en ese sentido. Ellos definieron durante este breve periodo quienes podían o no ingresar a sus territorios.

Los resultados de estos bloqueos fueron la incomunicación y desabastecimiento de la ciudad de Cochabamba. Los empresarios presionaron al gobierno para una intervención militar. Los militares intentaron desbloquear con poco éxito las carreteras principales. La firma de un acuerdo (entre dirigentes y gobierno de Añez) y la presión interna (transportistas, comerciantes, lecheros, entre otros) posibilitaron el desbloqueo de los municipios de la Región Valles.

El empoderamiento campesino solo duró un par de semanas. La policía retornó a los municipios, exceptuando en los municipios donde el conflicto fue más agudo (ahí todavía se vive sin la autoridad policial). Los campesinos del Valle volvieron a coordinar actividades y acciones con sus dirigentes nacionales y departamental entorno a una salida democrática electoral. Sin embargo, esta salida democrática electoral está lejos de ser percibida como un vuelco hacia su faceta pasiva (construida durante el gobierno de Morales), el fascismo y racismo desplegado por el golpe de estado marcaron la necesidad de recuperar su autonomía y articularla en la lucha electoral.

Bibliografía

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[1] Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

[2] Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

[3] Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

[4] Ex secretario ejecutivo de la CSUTCB.

[5] Coordinadora Departamental por el Cambio.

[6] Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.