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Las nuevas reglas del juego electoral: actores, procedimientos y discurso. ¿Está todo listo para el 2021?

Marcela Paredes Encalada.

Si un organismo electoral no cuenta con mecanismos formales e informales para influir en los procesos de reforma electoral, por más que se trate de un proyecto técnico necesario, no pasará si no actúa como actor inserto en el entramado de las negociaciones de la reforma, de acuerdo a lo que plantea el catedrático costarricense Hugo Picado León.

Para finalizar el año 2019, la Asamblea Nacional resolvió reformar 168 artículos del Código de la Democracia.

En la reforma se incluyen una serie de elementos de fondo y forma que indiscutiblemente aportarán en la próxima jornada electoral, como resultado de la capacidad de cabildeo del organismo electoral con cada uno de los asambleístas.

Los actores que posibilitaron este resultado fueron principalmente consejeros y asambleístas que priorizaron sentidas demandas sociales en cuanto a mayor equidad de género, garantizando que a partir de 2021 las mujeres podamos encabezar el cincuenta por ciento de las listas para candidaturas uni y pluripersonales, mayor representatividad con el método Webster, en lugar del D´Hont y mejor control en la promoción electoral.

Fuente: El Comercio, 03/12/2019. “La Asamblea Nacional aprueba reformas para próximas elecciones”.

Resulta complejo caracterizar cual es el procedimiento que funcionó para contar con estos resultados, si analizamos retrospectivamente, desde 1945 se creó en el país el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que un año después fue reformado en cuanto a su composición, y que de acuerdo al régimen que regía en el país dictatorial o democrático se ha adecuado en cuanto a integración, funciones y competencias.

Con esta estructura institucional se han presentado en diferentes momentos, varias reformas a la Ley de Elecciones y al Código de la Democracia. En la Ley de Elecciones de 1947 se consideró la participación de militantes de partidos pero también de los llamados “independientes”, opción que se reguló en 1967 permitiendo únicamente a los partidos registrados en el TSE promover candidaturas.

Entre 1976 y 1979, previo al retorno a la democracia, se propuso un nuevo proyecto de Constitución que tras el referéndum de la época fue negado y años más tarde, aprobado.

Solo por citar un par de ejemplos de que tan “a la medida” ha sufrido cambios nuestra Constitución, y su ley electoral.

La nueva concepción de 2008 perseguía contar con una función electoral conformada por dos organismos: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), dotándole a éste último, de las funciones administrativas con el mismo nivel jerárquico que influiría en su independencia, expectativa que no se consolidó.

Fuente: El Comercio, 23/09/2019. “258 días para debate de reforma electoral”

El último intento por aportar con reformas al Código de la Democracia, fue presentado en 2017 por el entonces Consejo Nacional Electoral e incluía una propuesta de alrededor de 50 reformas que en resumen buscaba: fortalecimiento del control político y social, procedimientos administrativos y legales (corrección en deficiencias en cuanto a plazos y sanciones técnicas), y fomento a la inclusión social de grupos vulnerables a través de la normativa. Recordemos que ese CNE suscribió un convenio de colaboración con el colectivo LGBTI para el respeto de sus derechos. Algunas de esas reformas fueron acogidas en el presente paquete de reformas.

En cuanto al discurso tras la reforma, es necesario analizar la dinámica electoral ecuatoriana que nos llevó a las urnas en marzo de este año y nos dejó algunas preguntas por resolver:

¿es normal en una democracia contar con 11.069 candidatos entre principales y suplentes?, ¿es ese abanico de opciones sinónimo de pluralismo?, Y finalmente, ¿cómo fue posible llegar a este punto de caos informativo para el electorado y dentro del organismo electoral?

En alguna medida, las presentes reformas persiguen superar los cuestionamientos de la última jornada. Sin embargo, el tema de fondo pendiente sigue siendo el tema informático que requiere de espacios permanentes de reflexión.

Fuente: El Comercio, 12/09/2019. «Propuesta de reforma electoral tiene siete componentes”.

Las recientes reformas son el fruto de continuos diálogos entre consejeros y asambleístas que priorizaron los temas citados en el párrafo inicial. Y aunque cubren parte de la problemática democrática-electoral, es aún necesario reflexionar cuándo será el momento para abordar temas como: la innovación tecnológica en el voto, principalmente aplicable a las juntas en el exterior, donde los costos del voto son muy altos para el Ecuador, en función del costo del alquiler de recintos electorales, la elaboración de material electoral adicional (actas, certificados de votación, guías de capacitación, material genérico, urna y biombo), así como la contratación del courier para el envío de los paquetes a través de valija diplomática. Abrir esta posibilidad, significa el desarrollo de nuevas tecnologías también para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra democracia directa, contando, por ejemplo con un aplicativo móvil que reemplace la responsabilidad centralizada de un solo auditor.

Por otro lado, respecto a la profesionalización de los funcionarios electorales, es necesario decir que, parte de los problemas técnicos, que de una u otra manera hemos sido testigos, se deben en gran medida a la volatilidad de quienes, como servidores, no reflejan un rol de promotores y facilitadores de una democracia de calidad.

Nuevamente, en 2021 nos veremos avocados a una elección, en la que no todas las responsabilidades pueden recaer únicamente en los actores mencionados, hay al menos dos factores que de acuerdo a Manuel Alcántara son necesarios para fortalecer un proceso democrático: en primer lugar la igualdad para los electores y elegibles, indistintamente del sistema electoral que se adopte en cada país. En segundo lugar debe existir un involucramiento de la sociedad, pues «la política dentro de lo social, dentro del mundo, es muy marginal, porque a la gente no le interesa el tema político, pues sus problemas tienen que ver más con su entorno familiar y las obligaciones diarias de ciudadanos comunes». Además,

Fuente: La Hora, 04/12/2019. «Asamblea de Ecuador elimina el voto entre listas».

Alcántara considera que el ciudadano común debe involucrarse más en política diaria y no solo el día de convocatoria a comicios, «el deber de los ciudadanos es elegir a sus representantes y no solo hacer uso del voto por obligación o costumbre de acudir».

Aspiremos que la nueva cita electoral nos encuentre con mejores condiciones y reglas asumidas por todos con un sentido de corresponsabilidad, en la que la reflexión permanente y el intercambio de experiencias nos permitan contar con reglas mejor sintonizadas con la realidad ecuatoriana.

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Marcela Paredes Encalada
Marcela Paredes Encalada
Doctora en Estados de Derecho y Gobernanza Global, Universidad de Salamanca, España. Máster en Administración Pública, Maxwell School, Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Profesora investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Coordinadora de la Maestría en Derecho, Mención en Derecho Electoral y Régimen Democrático.

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