COMISION NACIONAL ANTICORRUPCION DENUNCIA:
“COMPRAS DE INSUMOS MÉDICOS A DEDO Y CON SOBREPRECIO FUERON PERPETRADOS DESDE ALGUNOS SECTORES DE LA RED PÚBLICA DE SALUD.”
La denuncia presentada ante la Contraloría General del Estado, se refiere al periodo 2016- 2018 (etapas de las Ministras de Salud Margarita Guevara y Verónica Espinosa) y da cuenta de la adquisición dolosa, por parte de algunos sectores de la red pública de salud, de los dispositivos médicos: instrumentos, equipos materiales, reactivos, o artículos incluyendo software, usados solos o en combinación, con el propósito de prevenir, detectar, tratar, curar y controlar enfermedades, discapacidades y para la investigación en medicina.
La contratación de bienes, servicios y obras que realice cualquier entidad del Sistema de Salud Pública del país se debe sujetar a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y a su Reglamento; también estas contrataciones deben cumplir con las Resoluciones e Instructivos expedidos por el ARCSA(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, controlada por el Ministerio de Salud) que es el ente moderador en materia de la salud y que además regulariza el Registro Sanitario, y ejerce control de dispositivos Médicos de uso Humano.
Del análisis de la información del SERCOP, es decir de los procesos normados por la Ley de Contratación Pública en el período 2016 -2018, hubo un total de 6.448 procesos de compras de dispositivos médicos y una base de 898 proveedores adjudicados; de estos 465 tienen permiso y 433 no lo tienen; es decir casi el 50% de los proveedores incurrieron en un grave atropello a la ley.
De los 433 proveedores sin permiso, el 64% de ellos son personas naturales y las demás son “personas jurídicas”; todos ellos “ganaron” los denominados procesos de adjudicación, sin cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas, así como lo establecido en las normas secundarias de control sanitario.
En resumen: 275 personas naturales y 158 “empresas” han logrado adjudicaciones entre los años 2016-2018, sin estar habilitados ni autorizados para contratar con el sector público, al incumplir expresas disposiciones legales, inobservancias que se refieren a no tener licencia ni registro sanitario específicamente para poder comercializar los dispositivos médicos.
El monto de los procesos de contratación adjudicados a proveedores sin cumplir los requisitos de ley asciende aproximadamente a los setenta y seis millones de dólares (US$ 76´000.000) entre los años 2016-2018.
Algunos de los hospitales, que efectuaron las compras a proveedores sin licencias y sin registro sanitario son: Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil; Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito; Hospital Universitario de San Juan Guayaquil, Hospital General de Quevedo (IESS); Hospital General Norte de Guayaquil; Hospital Móvil No 1 de Guayaquil; Hospital General de Milagro; Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena; Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín; Hospital Enrique Garcés de Quito. A parte de lo señalado, la CNA denuncia que la venta de los insumos a los hospitales ha ocurrido con sobreprecio, con el consiguiente perjuicio al estado. Para el efecto proporcionamos a la Contraloría el análisis de tres casos, cuyos contratos suman tres millones de dólares y en donde el sobreprecio bordea los US$ 2.5 millones, lo que equivale al 82% de sobrecosto. Estos sobreprecios se produjeron en los hospitales Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta y Matilde Prócel de la ciudad Guayaquil.
En la denuncia, entregada a Contraloría, hemos referido de manera explícita los nombres de las “empresas” y de los proveedores beneficiados con este asalto al país, varios de los cuales tienen actividades como la venta de materiales de papelería, construcción de edificios; tienen un capital social mínimo (US$ 800-US$ 1600), no pagan impuesto a la renta o su pago es mínimo, tampoco pagan impuesto a la salida de divisas o su pago es mínimo, a pesar de que el 99% de los dispositivos médicos o insumos que se comercializan en el Ecuador, son importados, lo cual induce a suponer que además ha habido contrabando de los productos ofertados.
En todo este contexto, a la CNA le ha preocupado la inacción del SERCOP, para vigilar, supervisar, auditar, observar y notificar a los organismos de control sobre las incorrecciones detectadas.
“Haciendo uso del convenio existente entre la Contraloría General del Estado y la CNA, concurrimos donde el Contralor para pedirle que actué la Institución a su cargo para sancionar a quienes, al haber construido una red para delinquir en las estructuras de salud, han abusado de los recursos del pueblo ecuatoriano y en la perspectiva, además, de recuperar los dineros mal habidos, así como para impedir que esta corruptela siga afectando los intereses del país” expusieron los miembros de la CNA.
“En su oportunidad la CNA denunció procedimientos dolosos en la compra de medicinas. Hoy nos hemos referido a las adquisiciones fraudulentas de insumos médicos; todo lo cual solamente nos deja la constatación que la salud del pueblo se pospone en medio de la corrupción, más allá de los esfuerzos de los verdaderos profesionales de la salud” dijeron finalmente los miembros de la CNA.
Quito, 2 de Octubre del 2019.
