Evitar la impunidad: un imperativo nacional

Evitar la impunidad: un imperativo nacional

En su discurso inaugural, hace más de año y medio, el presidente Lenin Moreno ofreció promover una “cirugía mayor” a la corrupción del pasado, del presente y de la “que podría venir”. La promesa involucra una acción conjunta y eficaz de todas las funciones del Estado en contra de los altos funcionarios de los gobiernos pasados, todo lo cual resulta imposible si sus principales personeros fueron designados y controlados por los “dueños” del país y últimamente por Rafael Correa.

En los primeros meses del actual gobierno fue imposible detener las acusaciones directas de corrupción en contra del ex vicepresidente Glas y su tío Rivera develadas internacionalmente por el departamento de justicia de los Estados Unidos y por los delatores de Odebrecht en Brasil, por lo que los propios correístas decidieron como mal menor entregar “la cabeza” del tesorero de los negocios turbios de Correa, para que fuera acusado de un delito menor (“asociación para delinquir”), con la finalidad adicional  de blindarse de las acusaciones de fondo por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Saneada la Contraloría con la fuga de Pólit y por acción diligente y eficaz del Contralor Subrogante Pablo Celi se pone en evidencia que Rafael Correa y sus cercanos colaboradores, al igual que sus antecesores, están involucrados también en delitos de corrupción en toda la gran contratación pública de sus años de gobierno en obras de infraestructura vial, portuaria, eléctrica, educativa y sanitaria; en los abusivos y gravosos contratos de endeudamiento público externo; en las negociaciones con las empresas petroleras; en las adquisiciones militares y de equipamiento  y en la provisión de servicios públicos, de comunicación y consultoría. En los diez años del correato no hay área  de la actividad del Estado en la que no se encuentre la mano sucia y la uña larga del expresidente, de su “secretario jurídico” desvergonzado mentalizador de los fraudes legales y contractuales y de sus principales allegados en las más altas esferas, algunos de los cuales inevitablemente ya se encuentran o deben ser inminentemente procesados.

Pese a las decisiones del Presidente Moreno existe la sensación en el país de que no existe voluntad política global de erradicar la corrupción, pues la denominada “oposición” parlamentaria o liderada por Lasso o Nebot no han desarrollado iniciativas eficaces para enjuiciar y  sancionar a la corrupción y muchos menos para recuperar activos pues tienen una serie de compromisos y relaciones solapadas con las empresas nacionales y extranjeras relacionadas con la corrupción correista y la del pasado. La institucionalidad del Estado, especialmente

la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, que fueron superficialmente modificados por el Consejo de Participación Ciudadana, se encuentran finalmente secuestrados por los intereses políticos tradicionales y se han convertido en un dique que  impide el procesamiento a Correa y sus principales colaboradores

No se puede confiar en el Consejo de la Judicatura Transitorio controlado por elementos allegados a los socialcristianos que han bloqueado la reestructuración de las cortes y que continúan ejerciendo controles “disciplinarios” a los jueces y fiscales, según conveniencias políticas y mediante mecanismos de corrupción. Los Fiscales de carrera encargados transitoriamente  de las atribuciones de promover las acciones penales no se atreven a desbloquear los procesos penales por corrupción contra Correa, sus antecesores y sus allegados y las empresas corruptoras por temores y cálculos personales, llegando incluso a abandonar de manera irresponsable y con dosis de complicidad las funciones y atribuciones especiales que tienen conforme a la Constitución y el COIP.

Sin embargo, si bien los proceso penales por corrupción se encuentran bloqueados hay casos recientes que no pueden ser detenidos por los operadores de justica pues resultan inevitables como el surgido de las revelaciones de dos agentes policiales en el secuestro del político Fernando Balda, allegado primero a Correa y luego  su enemigo personal, al que el ex presidente, herido en su orgullo personal y ejerciendo su conocida prepotencia, ordenó que lo secuestren y lo trasladen ilegalmente al país, ordenando, a la vez, que pagaran para cometer el primer delito fondos de la Presidencia de la República, consumando torpemente también el  delito de peculado.

De igual manera, el asesinato del general Gabela cada vez resulta más evidente que fue tramado, ejecutado y ocultado por todos los que se encuentran involucrados en la adquisición y sobornos en la adquisición de helicópteros y otros equipos militares.

Reiteradamente los supuestos “opositores políticos” promocionan, sin embargo, nuevos escándalos, como los de los “diezmos” que involucran a asambleístas, a personajes de gobiernos locales  y luego, actualmente a  la Vicepresidenta de la República que si bien son actos de corrupción  tratan de impedir y  ocultar con delitos menores los juicios que se deben instaurar contra las empresas corruptoras y  los corrompidos del círculo íntimo de Correa y de los grupos empresariales extranjeros y nacionales asociados a quienes han ejercido el poder.

Se requiere romper el círculo vicioso hábilmente urdido por Correa, los socialcristianos y Creo en el que involucran a los medios de comunicación y a ciertos voceros del propio gobierno para bloquear indagaciones, procesos y sanciones, contra las empresas extranjeras, la oligarquía nacional y los corrompidos del pasado pertenecientes a la “partidocracia” y a la mafia correista, protagonistas todos ellos del abuso de fondos públicos y privados en el feriado bancario y en la contratación de la obra pública nacional en los últimos treinta años.

No se puede permitir que los delitos y la corrupción permanezcan en la impunidad. Las organizaciones sociales y la Comisión ciudadana de lucha contra la corrupción que se encuentra permanentemente activa, tienen la palabra y la convocatoria para que con la movilización social y la opinión pública, una vez más, no se pierda la oportunidad de regenerar al país y la política nacional.

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Un comentario en «Evitar la impunidad: un imperativo nacional»

  1. Y PORQUE NO HABLAMOS DE LA IMPUNIDAD QUE HAN TENIDO LOS QUE HAN MASACRADO ESTE PAÍS Y QUE HAN SIDO LOS CORRUPTOS DE SIEMPRE COMO SON LOS SOCIAL CRISTIANOS Y EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN CIUDADANA QUIEN FUE DEL PARTIDO DE OSWALDO HURTADO DE OSCURAS CORRUPCIONES COMO LA SUCRETIZACION. Y DEL MISMO PARTIDO DE MAHUAD, COMO EL CASO DEL FERIADO BANCARIO. QUE DECIMOS SOBRE ESTO SEÑOR GRANDA. HOY QUIEREN TOMAR LA BANDERA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN LOS DELICUENTES CORRUPTOS DE SIEMPRE Y QUIENES NOS CREEMOS SOCIALISTAS LES ESTAMOS HACIENDO VENIA. SEAMOS DIGNOS Y NO VASALLOS.

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