Paolo Ponce
Con un rostro visiblemente estresado, una sonrisa poco convincente y con débiles argumentos, la noche del pasado martes 27 de noviembre, la Vicepresidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña, ofreció una conferencia de prensa sin preguntas de los medios, con la finalidad de exponer su posición frente a la denuncia pública hecha a través de un canal de televisión nacional, en la que se ve involucrada en posibles cobros indebidos a uno de sus asesores para mantener su cargo, cuando se desempeñaba como Asambleísta.
Luego de 24 horas de esta aparición aceptó que recibió depósitos del denunciante, enfatizando que se trataban de “aportes voluntarios” para el partido político que en ese entonces, se encontraba en proceso de formación.
Más allá de sus intentos de justificar los hechos, al parecer la segunda mandataria tiene las horas contadas, porque en la Función Legislativa, se están sumando votos para iniciar un juicio político que probablemente desemboque en su destitución.
Y para complicar el panorama de Vicuña, a más del rechazo ciudadano que se viraliza en las redes sociales, destacadas organizaciones sociales como la Comisión Nacional Anticorrupción, se han pronunciado públicamente exigiendo su renuncia. Sólo el tiempo nos dirá el desenlace de este embrollo político, en el cual se espera que las instituciones que imparten justicia, cumplan un rol eficiente que nos muestre la verdad.
Este nuevo escándalo continúa empañando la imagen de nuestro país, ya que hace menos de un mes, Norma Vallejo (AP), fue destituida por la Asamblea Nacional con 89 votos, una vez que la Comisión Multipartidista determinara responsabilidades de la ex legisladora en el cobro de “aportes voluntarios” a funcionarios públicos; una práctica conocida como “los diezmos”.
Pero estas acciones abusivas no serían aplicadas exclusivamente en la Función Legislativa, recientemente se difundió un caso de similares características registrado posiblemente en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Según reveló un reportaje del programa televisivo Visión 360, el rector estaría obligando a contribuir económicamente a los trabajadores, vía rol de pago inclusive, para financiar las actividades político – electorales de una familia que dirige este centro de estudios en la provincia fronteriza.
Se trata tan sólo de algunos de los bochornosos sucesos que se han podido conocer y que nos muestran como el servicio público en nuestro país, se ha convertido en sinónimo de beneficio personal. El cobro de “diezmos” sería una práctica común que acecha las entidades estatales y que es aceptada por los funcionarios, a sabiendas que es una completa ilegalidad, para mantener sus fuentes de trabajo.
“Peajes”, “diezmos”, “impuesto al trabajo” “aportes voluntarios” o cualquier nombre que se le quiera poner al cobro injustificado de dinero, se configura en un delito de extorsión, tipificado en el Artículo 185 del Código Integral Penal (COIP), y sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Para el servicio público estas fechorías se juzgan con el nombre de Concusión y su pena puede llegar hasta los siete años tras las rejas, según el Art. 281 del mismo cuerpo legal.
A pesar de la existencia de una normativa que castiga estas conductas, en nuestro país parece que aún reina la desconfianza en el sistema judicial y el temor a presentar las denuncias para no ser víctimas de las mafias que acostumbran aprovecharse de la necesidad de los personas. En este tema no tiene mayor relevancia los partidos políticos, porque cualquiera sea su ideología, nadie tiene derecho a extorsionar a nadie.
Es importante destacar que los medios de comunicación han jugado un papel trascendente en todos los casos hasta ahora conocidos. Sin ellos, resultaría casi imposible que los ecuatorianos abran los ojos respecto a una realidad enquistada en el estado. Por ello hacemos un llamado, para que se deje a un lado el temor y se denuncien estas transgresiones a la moral y honradez, que tanta falta nos hacen para que el país pueda desarrollarse; quizá ésta es la única forma en la que se puede iluminar este casi normalizado, lado obscuro del servicio público.
Comunicador social con amplia trayectoria en periodismo, medios digitales y consultoría política.
El artículo de P.P. es un entretenido Resumen de lo que ya está escrito en la prensa y en redes sociales. Opción Socialista entiendo está en la línea de combate,no de las medias tintas que deja entrever el artículo de marras.