“Donroe Doctrine”, Venezuela y el dilema ético-político de la izquierda global

Heidi Galindo

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la madrugada del 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses reactivó un debate clásico de teoría política y el derecho internacional, a saber: la tensión entre soberanía, derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. La administración Trump presentó la operación como dirigida contra redes de narcotráfico, corrupción transnacional y amenazas a la seguridad hemisférica. Sin embargo, más allá de la controversia jurídica inmediata, el episodio evidencia una fractura previa y más profunda del orden normativo internacional.

El problema no se agota en la legitimación del intervencionismo estadounidense; su irrupción evidencia un vacío ético previo, prolongado y estructural, resultado de años de tolerancia, relativización y silencios frente a la represión sistemática y la captura del Estado. La reaparición de una reinterpretación personalista de la Doctrina Monroe —denominada recientemente “Donroe Doctrine” (BBC, 2026)— ocurre en un contexto donde convergen la inoperancia de los organismos multilaterales y la crisis moral de amplios sectores de la izquierda global ante un régimen responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Intervencionismo y límites del orden internacional

La Doctrina Monroe no requiere aquí una reconstrucción histórica detallada; su función como principio político flexible, más que como norma jurídica, ha sido ampliamente analizada. Noam Chomsky, en su ensayo The Responsibility of Intellectuals, destacó que “es responsabilidad de los intelectuales decir la verdad y exponer las mentiras” (Chomsky, 1967), refiriéndose a quienes durante la Guerra de Vietnam justificaban las acciones del Estado estadounidense. Aunque escrito en otro contexto, este imperativo ético interpela hoy a cualquier sector intelectual que, por acción u omisión, legitima abusos de poder. Bajo esta lógica, la Doctrina Monroe ha operado como una estructura para proyectar el poder hemisférico, sostenida por una retórica defensiva que históricamente ocultó prácticas de dominación y contó con la anuencia de intelectuales dispuestos a justificarlas.

La “Donroe Doctrine” no constituye una lógica de poder ontológicamente inédita; su singularidad reside en la abdicación explícita de los marcos de legitimación multilateral. Al prescindir de las mediaciones diplomáticas convencionales, esta doctrina manifiesta la vigencia de una tradición de subordinación del derecho internacional a la razón de Estado, priorizando una unilateralidad estratégica e intervencionista. Tal despliegue, caracterizado por su naturaleza declarativa y directa, se ejecuta bajo una lógica de excepcionalidad ante un escenario de reconfiguración geopolítica y riesgo sistémico.

Desconstitucionalización del orden internacional

No obstante, reducir el análisis a la unilateralidad estadounidense resultaría analíticamente insuficiente. Previo a los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano acumulaba más de una década de erosión sistemática del Estado de derecho, sustentada en una vasta documentación sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y patrones de persecución política. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2019), particularmente bajo la gestión de Michelle Bachelet, acreditaron la existencia de estructuras de represión institucional y la responsabilidad directa de los órganos de seguridad. La evidencia no solo apunta a la detención arbitraria, sino a una metodología del dolor sistemática: el uso de descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ejecución y violencia sexual como herramientas para quebrantar la voluntad del detenido y forzar declaraciones autoinculpatorias. Estas prácticas, ejecutadas en centros de reclusión clandestinos, revelan que la represión ha sido una política de Estado diseñada para el aniquilamiento moral y físico de la disidencia.

Esta dinámica se vio complementada por un proceso de desinstitucionalización electoral, caracterizado por la opacidad en el escrutinio, la ausencia de garantías de verificación independiente y la apelación a la violencia coercitiva como mecanismo de preservación del poder. Esta retórica de la intimidación se hizo explícita cuando Nicolás Maduro advirtió sobre un “baño de sangre” y un posible enfrentamiento fratricida si su permanencia en el cargo se veía amenazada (DW, 2024). Ante este hecho, surge una interpelación necesaria: ¿fue acaso aquel anuncio de violencia menos condenable por provenir de un micrófono autodenominado revolucionario? ¿Qué queda de la categoría de “revolución” cuando esta se despoja de su esencia emancipatoria para reducirse a una tecnología de preservación del mando?

La crisis social venezolana trasciende la categoría de daño colateral para constituirse como una consecuencia sistémica de la cleptocracia y la descapitalización del Estado. Si bien las sanciones externas han exacerbado las privaciones materiales y profundizado el aislamiento económico del país, estas operan sobre una base de destrucción institucional previa. El colapso de la matriz productiva y el deterioro de los servicios públicos coexistieron con una acumulación de capital privado en manos de la élite gobernante. Este proceso de transferencia de riqueza se evidencia en la intervención de redes financieras transnacionales y el congelamiento de activos por parte de autoridades federales en Suiza, donde se han identificado fondos vinculados a la corrupción administrativa y al enriquecimiento ilícito de sectores estratégicos (France24, 2026). En este escenario, la brecha entre el empobrecimiento estructural de la población y la opulencia de la cúpula estatal es la prueba de una economía de extracción que priorizó la preservación de la élite sobre la estabilidad macroeconómica.

Este proceso de extracción y opulencia institucionalizada derivó en una crisis humanitaria compleja, cuya manifestación más disruptiva es la desarticulación del tejido social y demográfico. El éxodo masivo, una migración forzada de proporciones transcontinentales, constituye el testimonio final del fracaso del contrato social en Venezuela. Este desplazamiento responde a una estrategia de supervivencia frente a la anomia institucional —en el sentido durkheimiano del término—, donde el ciudadano fue despojado de su derecho a la permanencia y al desarrollo en su propio territorio.

Arquitectura de la injerencia: Militarización, tutela externa y el colapso del relato de soberanía

Durante décadas, la retórica oficial de Caracas y La Habana circunscribió la cooperación bilateral a dimensiones estrictamente civiles y humanitarias. No obstante, el saldo de bajas de efectivos cubanos durante el operativo del 3 de enero de 2026 constituye una evidencia empírica irrefutable de una injerencia estructural previamente desestimada como narrativa propagandística. Este hallazgo desarticula la pretensión de autonomía del Estado venezolano y revela una doble vulneración de la soberanía: por un lado, la agresión unilateral estadounidense y, por otro, una tutela militar externa que ha servido como soporte logístico para la violencia interna. En esta convergencia de fuerzas, el ciudadano venezolano queda reducido a una víctima instrumentalizada entre la acción directa extranjera y una represión doméstica sostenida por quienes, desde la relativización moral, ignoraron la profundidad del control social ejercido sobre la población.

En este contexto, el papel de los organismos internacionales expone una fractura ontológica en el sistema multilateral al otorgar reconocimiento de soberanía a aparatos estatales que han anulado toda representación efectiva. La reiteración de diagnósticos sin consecuencias políticas convirtió la documentación del horror en un ejercicio burocrático; una parálisis funcional que delata la captura de la diplomacia por una agenda de pragmatismo económico e intereses corporativos, donde el flujo de capitales se prioriza sobre la integridad humana. Esta dinámica de validación formal reduce la producción de informes a una protocolización ritualista. Al sostener la interlocución con una élite deslegitimada, se produce un vaciado de la autodeterminación de la población, degradada a la categoría de objeto de asistencia humanitaria en lugar de ser reconocida como sujeto de derecho político.

Ante esta arquitectura de la represión —resultado de la simbiosis operativa con el régimen cubano— resulta imperativo cuestionar bajo qué lógica de «solidaridad» se justifica la injerencia de La Habana en Venezuela. Bajo el lenguaje de la protección mutua, lo que se ha ejecutado es una tutela estratégica sobre los órganos de control social, exportando una tecnología de vigilancia y castigo que constituye el modelo totalitario perfeccionado en la isla. El «deber» del que habla el castrismo no es hacia la soberanía venezolana, sino hacia la preservación de su propia estructura de poder, cuya viabilidad económica y política depende de la permanencia del sistema represivo en Caracas. ¿En qué categoría ética ubican los sectores que defienden estas prácticas la tortura sistemática y la presencia de inteligencia extranjera en los calabozos? ¿Es que, en el cálculo de la estabilidad regional, la dignidad de los pueblos es un activo sacrificable siempre que el verdugo comparta la misma genealogía ideológica?

La asimetría ética de la izquierda global: Universalidad versus excepcionalismo ideológico

Es en este escenario donde se manifiesta el dilema ético de la izquierda global como una crisis de consistencia doctrinaria. Amplios sectores denunciaron el carácter jurídicamente problemático de la acción estadounidense; no obstante, esa misma militancia incurrió durante años en la minimización de la tortura y la anulación de la competencia política en Venezuela, así como en los sistemas de Cuba y Nicaragua. Bajo un relato emancipatorio excluyente, la soberanía fue invocada de manera selectiva mientras se negaba sistemáticamente la existencia de presos políticos. Sin embargo, tras los sucesos de enero de 2026, la liberación de los primeros detenidos de centros como El Helicoide desarticula definitivamente la narrativa oficial, sus condiciones físicas y sus testimonios constituyen una evidencia empírica irrefutable de la represión.

Si bien las advertencias sobre la deriva autoritaria fueron tempranas, la decisión política de marginalizarlas permitió una “aquiescencia funcional”, una jerarquización de las víctimas donde el costo de la opresión fue transferido a la población civil en aras de una supuesta estabilidad regional. Este sostenimiento del régimen revela que la indignación frente a la acción estadounidense no surge ante una injusticia inédita, sino que es la externalización fáctica de una crisis de legitimidad que el multilateralismo protocolar fue incapaz de arbitrar, dejando el campo abierto a la discrecionalidad de la fuerza; una lógica de poder que no solo ejerce la potencia extranjera en su incursión, sino que el régimen doméstico institucionalizó previamente como único lenguaje de preservación estatal.

Bajo la premisa de Chomsky (1967), surge una interpelación ineludible para aquellos intelectuales que, mientras denuncian los riesgos de la “Donroe Doctrine”, guardaron un silencio instrumental o se sirvieron de la estructura estatal para beneficios personales, legitimando de facto una tiranía. Exponer esta mentira es hoy un imperativo: no se puede defender la soberanía de una nación si previamente se ha sido cómplice de la anulación del ciudadano, que es quien le otorga sentido. Desde un rigor democrático radical, no existen dictaduras excepcionales. La Resolución 1514 (XV) de la ONU (1960) establece el derecho inalienable a la libre determinación; por tanto, cuando una estructura secuestra la voluntad ciudadana, incurre en una negación de este derecho original. Todo proyecto totalitario es, por definición, ontológicamente incompatible con la soberanía y la dignidad humana.

Como mujer cubana y migrante, me resulta imposible observar este escenario sin advertir la recurrencia de una patología política que nuestra nación ha denunciado, a menudo en el vacío, durante décadas. La historia de Cuba se ha convertido en un espejo de advertencia ignorado, remitiéndonos a la amarga vigencia del registro audiovisual Nadie escuchaba (Almendros & Ulla, 1987), una obra que ya entonces sistematizaba los testimonios de tortura y presidio político que el mundo prefirió ignorar bajo el velo de la excepcionalidad revolucionaria. Existe un agotamiento profundo en una ciudadanía que asiste a la romantización de su propia opresión por parte de observadores externos, quienes validan una épica revolucionaria a costa del sacrificio ajeno. La omisión ante la deriva venezolana no es un hecho aislado, sino la continuación de esa sordera histórica hacia el drama cubano. Ante este colapso, persiste una deuda ética insalvable por parte de aquellos sectores que prefieren sostener el dogma antes que reconocer la dignidad del ciudadano real. No habrá soberanía legítima mientras se persista en ignorar la voz de quienes reclamamos el derecho elemental a la verdad y a la justicia.

El alivio del cautivo y la persistencia del sistema

Por otro lado, resulta necesario confrontar la incomprensión de quienes juzgan la alegría de los venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Para el observador externo, este entusiasmo se lee como una capitulación ante el poder estadounidense; sin embargo, esa lectura ignora la sociología de una sociedad bajo asedio. El chavismo no ha caído como sistema, pues su estructura de control territorial y militar permanece intacta, pero el quiebre de la invulnerabilidad de sus líderes representa un alivio existencial. Más allá del debate sobre el rigor procesal de la captura, para el ciudadano reducido a rehén, el hecho constituye un hito psicológico irreversible; es la colisión entre el formalismo jurídico internacional y la urgencia existencial de quien sobrevive bajo un sistema que institucionalizó la asfixia.

Este alivio inmediato convive con una incertidumbre estructural: ¿es este operativo el preludio de una democratización real o la formalización de una nueva etapa de subordinación estratégica? Al desmantelarse el mando interno por una fuerza externa, el horizonte se llena de interrogantes sobre la soberanía de los recursos y la consolidación de la región como un territorio bajo administración directa.

El pueblo venezolano, sin embargo, ha venido manifestando una voluntad inequívoca de reconstruir su ciudadanía, una aspiración sistemáticamente saboteada por el robo electoral y la desprotección global. Si la lucha civil se ve hoy eclipsada por el estallido de la fuerza externa, no es por falta de convicción democrática del oprimido, sino porque el asedio y la impunidad del mando le arrebataron toda posibilidad de autodeterminación institucional. En Venezuela, como en toda dictadura, el vacío de legalidad reduce la política al ejercicio de la fuerza bruta. En ese estado de excepción, la libertad deja de ser una facultad ciudadana para convertirse en un residuo ontológico que sobrevive entre las ruinas de lo que un día fue una nación.

Hacia una reconstitución del sujeto político

En última instancia, los sucesos del 3 de enero de 2026 no deben interpretarse como el triunfo de una justicia restauradora ante el atropello imperial, sino como el síntoma terminal de un sistema internacional que abdicó de sus responsabilidades. La «Donroe Doctrine» no es la causa del colapso del orden soberano en la región, sino la consecuencia fáctica de un vacío creado por la inoperancia institucional y la complicidad intelectual. Mientras el derecho internacional siga siendo un ejercicio de ritualismo burocrático y los sectores llamados a defender la universalidad de los derechos humanos persistan en su excepcionalismo ideológico, la soberanía continuará siendo una abstracción vacía.

La verdadera soberanía solo podrá reconstituirse cuando el ciudadano deje de ser un rehén de la geopolítica para volver a ser el sujeto central del derecho político. El destino de Venezuela, y por extensión el de Cuba y el de toda la región, depende hoy de nuestra capacidad para romper la inercia del silencio y exigir que la ética no vuelva a subordinarse a la conveniencia del poder. No se trata de una aspiración ingenua hacia la justicia ideal; se trata de reconocer que, mientras se permita que una dictadura domestique a su pueblo en nombre de la soberanía, se estará validando el escenario para que la fuerza externa decida el destino de la nación. Aunque hoy la libertad se pretenda negociar en los despachos de las potencias, en las juntas directivas de los grandes conglomerados corporativos o bajo los dogmas de las élites, su fundamento real reside en la restitución de la autonomía; esa facultad de decidir por cuenta propia que solo emerge cuando se expone la mentira que sostiene a los tiranos. Mientras el destino de las naciones se siga tratando como una transacción en mesas ajenas, la soberanía será —y hay que decirlo con toda su crudeza— una ficción institucional. Solo enfrentando esa realidad, por descarnada que resulte, el mundo dejará de percibir a nuestras naciones como un tablero de disputa para reconocerlas, finalmente, como sujetos de su propia historia.

Referencias

Almendros, N., y Ulla, J. (Directores). (1987). Nadie escuchaba [Documental]. YouTube. https://youtu.be/Vo-A9ExHj-0

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1960, 14 de diciembre). Resolución 1514 (XV). Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

BBC News Mundo. (2026). Estados Unidos bombardeó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores [Artículo]. BBC. https://www.bbc.com/mundo/articles/c997g82jzvro

Chomsky, N. (1967). The responsibility of intellectuals. Nueva York, NY: Harper & Row.

DW. (2024). Maduro advierte sobre un “baño de sangre” y guerra fratricida [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/shorts/DCGGySf3vfY?si=yQ0aWiH6fPgQ6nwn

France 24. (5 de enero de 2026). Suiza ordena bloquear los posibles activos de Maduro en el país alpino. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260105-suiza-ordena-bloquear-los-posibles-activos-de-maduro-en-el-pa%C3%ADs-alpino

Foro Penal. (2025). Reporte sobre la represión en Venezuela y el estado de los presos políticos. https://foropenal.com/

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2019, 4 de julio). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/41/18). Asamblea General de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/A_HRC_41_18_SP.pdf