María Paula Granda Vega
No es ninguna novedad que Quito, la capital del Ecuador, está viviendo una crisis multidimensional que se ha visto agravada en este último tiempo por los últimos escándalos dentro del Municipio que llevaron a una insólita y obscura destitución del alcalde que todavía tenía un poco más de un año de gestión.
Si bien para algunos expertos en desarrollo urbano, la crisis de Quito viene desde hace 20 años, donde el proyecto de ciudad ha sido inexistente, para otros urbanistas, la crisis llega en 2014 con la pérdida de Augusto Barrera a la alcaldía y la entrada de Mauricio Rodas. Independientemente de quien tenga la razón, la lista de problemas que aquejan a los quiteños y quiteñas es muy larga y grave, y las autoridades al mando no presentan soluciones claras, dejándonos a la deriva de la ineficiencia y de los intereses privados, fundamentalmente de grupos inmobiliarios, que no paran de crecer.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ya anunció el inicio de un nuevo periodo electoral para elegir autoridades locales a nivel nacional. A pesar de que estas elecciones son en 2023, en la opinión pública han empezado a aparecer una serie de actores y actoras que se perfilan para disputar la alcaldía. Debido a la altísima fragmentación de partidos y movimientos políticos locales y nacionales, el escenario no es alentador, ya que se espera muchas candidaturas, pero lo más preocupante es que muy pocos aspirantes han presentado un proyecto serio para la ciudad y para la provincia de Pichicha.
Hasta ahora, quienes anhelan estar al mando hablan generalidades. Nos dicen lo que ya sabemos: el país, en general, está en picada, más aún con la pandemia del Covid-19, el incremento de impuestos para las clases medias, el crecimiento de múltiples violencias y delitos asociados al crimen organizado y al narcotráfico y desastres naturales que han afectado fuertemente a diversas provincias. Luego, también, estos personajes que intentan a toda costa posicionarse con miras a las elecciones seccionales, en el caso de Quito, nos hablan de unidad, de respeto, de democracia, cuestiones absolutamente necesarias para enfrentar y salir de la crisis, pero no suficientes. Asimismo, están quienes hablan de problemas puntuales que tiene la ciudad, pero de planes específicos y no de un proyecto integrado que deje de ser un parche y se convierta en soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo. En todo caso, nadie, ni ahora ni antes, aborda en sus propuestas de campaña el eje central de planificación urbana y el uso y gestión del suelo urbano y rural, cuya ausencia nos ha costado caro a quienes habitamos la ciudad.
La triste realidad- la ausencia de control del Municipio y el proyecto de ciudad de las inmobiliarias
A simple vista, el hipercentro de Quito (la denominada zona financiera), los valles y otros puntos de la ciudad han ido transformándose espacialmente a través de una gran expansión de proyectos inmobiliarios de edificios y casas mediante un proceso que ha ido creciendo aceleradamente específicamente en las zonas vinculadas a grandes proyectos urbanos como el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el inacabado Metro. Aunque no hay un consenso de la fecha exacta en que el Municipio de Quito perdió las riendas de la planificación de la ciudad, pues para unos, los grandes planes “rectores” no se han ejecutado nunca y para otros, en cambio, el punto de quiebre se da a finales del siglo XX marcado por la crisis económica y la dolarización; para quienes tienen conocimiento en la materia, urbanistas, arquitectas, cientistas sociales, planificadores territoriales, quienes, hoy, llevan la batuta en la planificación urbana son las inmobiliarias, lideradas por la empresa Uribe & Schwarzkopf (U&S).
Estas desarrolladoras y constructoras han burlado el incipiente control municipal y han impuesto sus proyectos mediante ordenanzas paralelas aprobadas por diversos concejos metropolitanos y los alcaldes que han desfilado en los últimos años, incluidos los denominados de centro izquierda y los progresistas, tomando un rumbo dramático en las últimas administraciones desde Mauricio Rodas hasta Santiago Guarderas, quienes han dejado en manos de estos grupos de poder la Secretaría de Territorio y otras instancias municipales claves.
A pesar de la resistencia ciudadana a algunos de estos proyectos, los cuales hasta han tenido fuertes impactos ambientales, ya que se ubican en zonas de protección y de riesgo, los medios de comunicación y en general la denominada “opinión pública” han mirado también para otro lado o han descubierto por conveniencia la “alianza” del exalcalde Jorge Yunda con U&S a raíz de la publicación de un video de su hijo, auspiciado por esta empresa, cuando desde hace varios años, algunos proyectos que hace poco están viendo la luz ya tenían los permisos y estaban planificados en determinados terrenos privados y la infraestructura pública municipal adecuada para servir a estas construcciones.
Mientras tanto, el resto de la ciudad que no está ligada a estos enclaves de inversión, ha estado en el olvido. Un claro ejemplo de esto es el barrio de Solanda en el sur de Quito, un barrio popular por donde también va a pasar el Metro, pero cuyo proyecto nunca fue socializado con sus habitantes y donde la construcción de la parada ha implicado afectaciones a la infraestructura de varias casas, comercios y negocios, sobre las cuales el municipio no ha hecho nada y está esperando que ocurra una tragedia (otra más) para tomar cartas en el asunto.
Otro ejemplo claro de este desarrollo desarticulado y desigual de la ciudad es la falta de recursos destinados a proteger, por ejemplo, las laderas del Pichincha y otros puntos críticos donde no solo se asientan barrios empobrecidos, sino también urbanizaciones de clase media y alta que irresponsablemente fueron aprobadas por las autoridades de turno. El último aluvión ocurrido por el colapso en la quebrada donde se asientan los sectores de La Comuna, El Armero, y la Gasca no solo nos dio un triste baño de realidad, sino que develó el modus operandi del municipio cuando se trata de aprobar o retirar permisos para ciertos proyectos (como Urkupamba), según las relaciones económicas que los alcaldes y concejales mantengan con los mismos.
A todo esto, hay que aumentar la depredación del Ilaló, la pretensión de construir sobre otras áreas que deberían protegerse como las quebradas en Cumbayá, el abandono de edificios en zonas centrales y bien equipadas mientras se desplaza a las periferias o a zonas inseguras a la mayoría empobrecida y precarizada que no puede pagar precios estrambóticos del metro cuadrado, agravando aún más los problemas acuciantes de tráfico, violencia, pobreza, delincuencia, que tiene la ciudad.
¿Qué hacer? – A forma de conclusión
En este contexto desolador, como habitantes de la ciudad no podemos permitir que el Municipio de Quito siga en manos de cualquier improvisado o improvisada que va a seguir siendo cómplice de este proyecto de ciudad desigual y al servicio de los mercados.
Debemos seguir organizadas y organizados defendiendo nuestros derechos, pero también exigir a las organizaciones políticas madurez y responsabilidad para que quienes sean candidatas y candidatos implementen un proyecto de ciudad para todas y todos, cuidadora, que fortalezca a los diversos barrios y no solo a unos pocos sectores, que proteja a la población vulnerable y responda a los retos de una capital acoplada a los nuevos tiempos.
A las constructoras privadas, por su parte, también debemos exigirles que hagan productos que apoyen a un tipo de ciudad diversa. Necesitamos promover un urbanismo democrático que construya ciudad y no un montón de edificios con piscinas, y variedad de otros servicios privados, que impidan a la ciudadanía conectarse con las necesidades de otras personas y de la ciudad misma.
Entonces, es urgente poner sobre la mesa el desarrollo urbano y la planificación de Quito, no como algo secundario como hasta ahora ha sido, sino como algo prioritario. Necesitamos tener una agenda política al respecto y posiciones claras para hacer cumplir las nuevas normas, como el nuevo Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) que, aunque no sea perfecto, regula en buena medida a las inmobiliarias e intenta poner un orden al enorme desorden existente.
Socióloga. Investigadora feminista. Militante de izquierdas. Magister por The New School for Social Research. Estudiante de doctorado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona.https://twitter.com/paulitagran
