Enrique Ayala Mora
Cuando el entonces candidato presidencial Guillermo Lasso ofreció que promovería una reforma universitaria, hizo un serio compromiso con el país, que debe comenzar a cumplirlo de inmediato. Ojalá dentro del plazo de un mes, que el propio presidente se autoimpuso, envíe el proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior (LOES) a la Asamblea Nacional.
El candidato concretó su oferta de reforma con la promesa de suprimir la SENESCYT. Pero, una vez en el poder, se ha dado cuenta de que esa supresión es apenas una parte de una reforma radical que requiere la educación superior, sujeta ya por largos años a un control vertical y burocrático que coarta su naturaleza y funcionamiento. Por ello, ha hablado más bien de esperar treinta días antes de concretar su proyecto.
En la oferta de Lasso hay dos elementos que deben cumplirse. Primero, devolver a las universidades su plena autonomía, que actualmente está empandillada con la muletilla de “autonomía responsable”, lo cual pone a las instituciones a merced del poder. Segundo, echar abajo el examen único de ingreso que violenta el derecho a la educación de cientos de miles de jóvenes y les lanza a estudiar lo que se les impone o a no hacer nada.
Por ello, la reforma debe comenzar por suprimir eso de “responsable” y declarar que las universidades son autónomas sin más. La fórmula constitucional es la adecuada: “El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, que debe ser ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable, en el marco de la calidad académica y la responsabilidad social.”
En cuanto al examen de ingreso, ya el gobierno ha anunciado un cambio cuyo contenido no se ha explicado suficientemente. Pero para que ello funcione, se debe reformar la Ley echando abajo el sistema centralizado y perverso con su examen único, remplazándolo con un proceso de evaluación y nivelación justo y adecuado, en el que las propias instituciones superiores públicas tengan decisiva participación y no sean meras ejecutoras pasivas de decisiones que se toman en Quito desde los escritorios de quienes no tiene idea de lo que es la educación superior. Además, hay que elevar sustancialmente el número de cupos para jóvenes bachilleres que aspiran a la universidad.
Paralelamente, se debe ampliar las alternativas de educación superior para que el incremento de alumnos no colapse a las universidades públicas. Estas deben ampliar su capacidad de ingreso, pero también es necesario, por ejemplo, reabrir los institutos superiores que funcionaban en el marco de los colegios técnicos, y que fueron suprimidos o mutilados.
Hay que reabrir los normales, grandes centros de consolidación del laicismo que se cerraron, dejando a las escuelas más lejanas sin profesores formados.
Hay que refuncionalizar el SECAP para capacitaciones cortas. Y, desde luego, hay que echar abajo ese “bachillerato único”, para que los jóvenes alumnos puedan tener alguna capacitación laboral antes de los 18 años, que les permita trabajar apenas sean bachilleres y no tengan como única alternativa entrar en la universidad.
Pero también es preciso que se reorganice el Consejo de Educación Superior (CES), para que sea representativo y legítimo. Que vayan a ese organismo personas elegidas por las propias instituciones superiores y no gente que no representa a nadie y se escoge con el método del “carpetazo”. El presidente Lasso dará una gran muestra de apertura y democracia si propone ese cambio del CES y así se devuelve a la educación superior su autonomía y al sistema su representitividad democrática.
Hay mucho que hacer para rescatar la educación superior, para dignificarla y democratizarla, para que sirva al país de veras y no siga siendo espacio de frustración para muchos. Por ello, mientras más temprano se comience, más pronto se pondrán en marcha las anheladas soluciones que el país necesita.
Historiador, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
